Tema 19. Delitos: Concepto y clases. Grados de ejecución. Formas de resolución manifestada. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema desarrolla la teoría general del delito desde la perspectiva de su concepto y clasificación, los grados de ejecución (actos preparatorios, tentativa y consumación), las formas de resolución manifestada (conspiración, proposición y provocación), la intervención de varios sujetos en un mismo hecho (autoría y participación) y las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (atenuantes, agravantes y circunstancia mixta de parentesco), que permiten atenuar o agravar la pena atendiendo a las circunstancias concurrentes en el hecho o en su autor. Se completa con el régimen de concurso de delitos y de leyes, por su incidencia directa en la determinación y el cumplimiento de la pena.
El delito: concepto y elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad)
El delito puede definirse, siguiendo la concepción analítica dominante en la dogmática penal, como toda acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. La acción u omisión es el comportamiento humano voluntario, base de todo el sistema (no hay delito sin una conducta humana externa); la tipicidad es la adecuación de esa conducta a la descripción legal contenida en un tipo penal concreto; la antijuridicidad es la contradicción de la conducta típica con el ordenamiento jurídico en su conjunto, que se excluye cuando concurre una causa de justificación (legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo); y la culpabilidad es el juicio de reproche personal que se dirige al autor por la realización del hecho antijurídico, que exige imputabilidad, conocimiento de la antijuridicidad y exigibilidad de una conducta distinta. La punibilidad añade que la ley asocie al hecho una pena, sin que concurra una excusa absolutoria. Sobre este esquema operan los principios de legalidad (art. 1 CP: nadie puede ser castigado por acciones u omisiones que no estén previstas como delito por ley anterior a su perpetración), de irretroactividad de las normas desfavorables (art. 2 CP, con retroactividad de las favorables) y de culpabilidad (art. 5 CP: no hay pena sin dolo o imprudencia).
Clasificación de las infracciones penales: delitos graves, menos graves y leves
El art. 13 del Código Penal, tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 que suprimió las faltas, clasifica las infracciones penales en delitos graves, delitos menos graves y delitos leves, en atención a la pena que la ley señala para cada uno de ellos. Son delitos graves los castigados con pena grave (art. 33.2 CP: prisión permanente revisable, prisión superior a cinco años, inhabilitación absoluta, inhabilitaciones especiales superiores a cinco años, privación del derecho a conducir o a la tenencia y porte de armas superior a ocho años, entre otras); delitos menos graves los castigados con pena menos grave (art. 33.3 CP: prisión de tres meses hasta cinco años, multa de más de tres meses, trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año, entre otras); y delitos leves los castigados con pena leve (art. 33.4 CP: multa de hasta tres meses, localización permanente de un día a tres meses o trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días, entre otras). Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las graves y las menos graves, el delito se considera, en todo caso, grave; y cuando pueda considerarse leve y menos grave, se considera, en todo caso, leve (art. 13.4 CP). La clasificación tiene consecuencias penales y procesales: competencia del órgano de enjuiciamiento (Juzgado de lo Penal, Audiencia Provincial, jurado), plazos de prescripción (art. 131 CP) y de cancelación de antecedentes (art. 136 CP), punibilidad de la tentativa y de los actos preparatorios, o régimen de la responsabilidad de las personas jurídicas.
Clasificaciones doctrinales de los delitos
Junto a la clasificación legal por gravedad, la doctrina distingue: delitos de resultado (exigen un resultado material separable de la conducta, como la muerte en el homicidio) y de mera actividad (se consuman con la realización de la conducta, como el allanamiento); delitos de lesión (daño efectivo al bien jurídico) y de peligro (concreto, si exigen que el bien jurídico haya corrido un riesgo real, o abstracto, si basta la peligrosidad genérica de la conducta); delitos instantáneos (la consumación se agota en un momento), permanentes (la situación antijurídica se mantiene en el tiempo por la voluntad del autor, como la detención ilegal) y de estado; delitos comunes (cualquiera puede ser sujeto activo) y especiales (solo quien reúne una cualidad determinada, como autoridad o funcionario público); y, dentro de los especiales, los propios (la cualidad fundamenta la existencia del delito, como la prevaricación) e impropios (la cualidad solo agrava o atenúa un delito común, como la detención ilegal cometida por funcionario). Por la forma de persecución se habla de delitos públicos (perseguibles de oficio), semipúblicos (requieren denuncia del ofendido) y privados (requieren querella del ofendido, como la calumnia y la injuria contra particulares). Estas categorías son de gran utilidad para analizar los delitos cometidos por funcionarios públicos, que son en su mayoría delitos especiales.
Delitos dolosos y delitos imprudentes
El art. 10 del Código Penal dispone que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, excluyendo así toda forma de responsabilidad penal puramente objetiva (art. 5 CP: no hay pena sin dolo o imprudencia). El dolo consiste en la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo penal (conocer que se está matando a otro y querer hacerlo, en el homicidio doloso), admitiéndose distintas modalidades: dolo directo de primer grado (el resultado es el fin perseguido), de segundo grado o de consecuencias necesarias (el resultado no se persigue, pero se sabe seguro) y dolo eventual (el sujeto se representa el resultado como probable y lo acepta). La imprudencia consiste en la infracción de un deber objetivo de cuidado que causa un resultado lesivo no querido por el autor, previsible y evitable. Desde la reforma de 2015 el Código distingue entre imprudencia grave e imprudencia menos grave (la imprudencia leve ha dejado de ser punible penalmente), y conforme al art. 12 las conductas imprudentes solo se castigan cuando expresamente lo disponga la ley (sistema de incriminación cerrada o numerus clausus). El error de tipo invencible excluye la responsabilidad penal y el vencible se castiga como imprudencia si el delito admite esa forma (art. 14.1 CP); el error de prohibición invencible exime y el vencible atenúa en uno o dos grados (art. 14.3 CP).
Delitos de acción y delitos de omisión
Los delitos de acción son aquellos en los que la conducta típica consiste en un hacer positivo, un movimiento corporal que causa el resultado lesivo o pone en peligro el bien jurídico protegido (por ejemplo, el homicidio mediante un disparo). Los delitos de omisión son aquellos en los que la conducta típica consiste en no hacer algo que el ordenamiento jurídico exigía realizar, distinguiéndose entre la omisión propia o pura (el tipo penal describe directamente la conducta omisiva, sin exigir la producción de un resultado material, como la omisión del deber de socorro del art. 195 CP) y la comisión por omisión u omisión impropia (el sujeto, mediante su inactividad, causa un resultado que el tipo penal describe habitualmente en forma activa, exigiéndose para su punibilidad que el sujeto tenga una específica posición de garante respecto del bien jurídico protegido).
La comisión por omisión
El art. 11 del Código Penal regula la comisión por omisión, estableciendo que los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación, exigiendo además que el omitente ocupe una posición de garante: bien porque exista una específica obligación legal o contractual de actuar, bien porque el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente (injerencia). En el ámbito penitenciario, esta institución tiene especial relevancia respecto de la posición de garante que ostentan los funcionarios de vigilancia en relación con la vida e integridad física de los internos bajo su custodia, cuya omisión de actuación ante un riesgo grave y conocido podría, en determinados casos extremos, dar lugar a responsabilidad penal en comisión por omisión.
Los actos preparatorios punibles
Los actos preparatorios son aquellas conductas anteriores al comienzo de la ejecución del delito, dirigidas a facilitar o hacer posible su posterior comisión, que como regla general son impunes, salvo que el propio Código Penal los eleve expresamente a la categoría de delito autónomo, dada su especial peligrosidad para determinados bienes jurídicos. El art. 17.3 del Código Penal establece que la conspiración y la proposición para delinquir solo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley, regla que el art. 18.2 CP extiende en los mismos términos a la provocación, siendo por tanto excepcionales dentro del sistema penal español, y aplicándose únicamente respecto de los delitos más graves (como el homicidio, los delitos contra la Corona, el terrorismo o el tráfico de drogas) o de especial trascendencia para la seguridad colectiva.
La conspiración, proposición y provocación
El art. 17.1 CP define la conspiración como el acuerdo de dos o más personas para la ejecución de un delito y su resolución de ejecutarlo; el art. 17.2 CP define la proposición como el ofrecimiento de una persona a otra u otras para ejecutar un delito, invitándolas a participar en él, siempre que exista ya la resolución de ejecutarlo por parte del proponente. El art. 18.1 CP define la provocación como la incitación directa, por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito. La apología (exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor) solo es delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castiga como inducción (art. 18.2 CP). Por regla general, estas conductas se castigan con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito (como ocurre, por ejemplo, en los delitos de tráfico de drogas, art. 373 CP), siempre que la ley las prevea expresamente.
La tentativa: concepto y punibilidad
El art. 16.1 del Código Penal define la tentativa como aquella conducta en la que el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. Se distingue tradicionalmente entre la tentativa inacabada (el sujeto no llega a realizar todos los actos ejecutivos necesarios para consumar el delito) y la tentativa acabada o delito frustrado (el sujeto realiza todos los actos ejecutivos, pero el resultado no se produce por causas ajenas a su voluntad). El art. 62 CP dispone que a los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado.
El desistimiento voluntario
El art. 16.2 del Código Penal establece que quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, ya desistiendo de la ejecución ya iniciada, ya impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por los actos ya ejecutados si estos fueran ya constitutivos de otro delito. Cuando en el hecho intervengan varios sujetos, quedan exentos de responsabilidad por el delito intentado aquel o aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ya ejecutados (art. 16.3 CP). El fundamento de esta exención, que constituye una excusa absolutoria sobrevenida, se encuentra tanto en razones de política criminal (ofrecer al autor un «puente de plata» para retroceder) como en la desaparición del peligro para el bien jurídico. La voluntariedad exige que el desistimiento no venga motivado por circunstancias externas que hagan imposible o muy difícil la consumación. El desistimiento solo es posible durante la tentativa; una vez consumado el delito, la reparación o el arrepentimiento posteriores solo operan, en su caso, como atenuantes (art. 21 CP).
La consumación del delito
La consumación del delito se produce cuando concurren todos los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el correspondiente tipo penal, esto es, cuando el sujeto ha realizado la totalidad de la conducta descrita en el tipo y, en su caso, se ha producido el resultado exigido por este (en los delitos de resultado). A partir de la consumación, el delito despliega la totalidad de sus efectos jurídicos: se aplica la pena correspondiente al delito consumado (sin la atenuación propia de la tentativa), comienzan a correr los plazos de prescripción del delito (salvo en los delitos permanentes o continuados, en que el cómputo se difiere), y se determina, en su caso, el momento y el lugar de comisión del delito a efectos de aplicación de la ley penal en el tiempo y en el espacio.
El delito consumado y el delito agotado
Se distingue doctrinalmente entre el delito consumado, que es aquel en que se han realizado todos los elementos del tipo penal correspondiente, y el delito agotado, que es aquel en que, además de la consumación formal, el autor ha alcanzado efectivamente el fin último que perseguía con la comisión del delito (por ejemplo, en el hurto, la consumación se produce con el apoderamiento de la cosa mueble ajena, mientras que el agotamiento se produce cuando el autor obtiene el aprovechamiento económico de dicho apoderamiento, por ejemplo vendiendo el objeto sustraído). El agotamiento del delito carece, con carácter general, de relevancia autónoma a efectos de la determinación de la pena (que se fija en función de la consumación), si bien puede tener incidencia en otros aspectos, como la valoración de la gravedad del hecho o el cálculo de la responsabilidad civil derivada del delito.
Formas de resolución manifestada
Las formas de resolución manifestada son aquellas conductas mediante las cuales el sujeto exterioriza su propósito criminal antes de comenzar la ejecución del delito, sin llegar todavía a realizar actos ejecutivos propiamente dichos: son, precisamente, la conspiración, la proposición y la provocación reguladas en los arts. 17 y 18 del Código Penal ya estudiadas como actos preparatorios punibles. Se denominan «de resolución manifestada» porque, a diferencia de la simple ideación interna del delito (que nunca es punible, conforme al principio cogitationis poenam nemo patitur), suponen ya una exteriorización de la voluntad delictiva, bien mediante un acuerdo con otros (conspiración), bien mediante una invitación a otros a participar (proposición), bien mediante una incitación pública a la comisión del delito (provocación), justificándose su excepcional punición en la especial peligrosidad de estas conductas para determinados bienes jurídicos de primer orden.
La autoría: autor directo, coautor y autor mediato
El art. 28 del Código Penal considera autores a quienes realizan el hecho por sí solos (autoría directa o individual), conjuntamente (coautoría) o por medio de otro del que se sirven como instrumento (autoría mediata). El autor directo es quien realiza personalmente todos los elementos del tipo penal. El coautor es quien, junto con otro u otros, realiza conjuntamente el hecho delictivo, existiendo un acuerdo previo (aunque puede ser tácito y simultáneo a la ejecución) y un reparto funcional de tareas que determina el dominio conjunto del hecho, de modo que cada coautor responde del hecho total con independencia de la concreta aportación material que haya realizado. El autor mediato es quien realiza el delito sirviéndose de otra persona como instrumento, generalmente porque esta actúa sin dolo, es inimputable, o actúa coaccionada o engañada, de modo que quien realmente domina el hecho es el hombre de atrás.
La participación: inductores, cooperadores necesarios y cómplices
El párrafo segundo del art. 28 del Código Penal considera también autores, a efectos de su equiparación punitiva con estos, a los inductores (quienes inducen directamente a otro u otros a ejecutar el hecho) y a los cooperadores necesarios (quienes cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado, para cuya determinación la jurisprudencia acude a la teoría de los bienes escasos). El art. 29 CP define a los cómplices como quienes, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos, imponiéndoseles conforme al art. 63 CP la pena inferior en un grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito. La distinción entre cooperación necesaria y complicidad radica, por tanto, en la relevancia causal de la aportación al hecho delictivo, y no en el momento en que se realiza. La inducción exige una influencia psíquica directa, eficaz y dolosa sobre un sujeto que aún no estaba decidido al hecho (omnimodo facturus excluye la inducción); la inducción a la provocación, la conspiración o la proposición no es punible por sí misma. Cuando el delito requiere una cualidad especial en el autor (delito especial), el art. 65 CP permite atenuar la pena del partícipe que carezca de ella (extraneus). Respecto de las personas jurídicas, el art. 31 CP regula la actuación en nombre de otro: quien actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro responde personalmente aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la figura delictiva requiera para poder ser sujeto activo, si tales circunstancias concurren en la entidad o persona en cuyo nombre actúa.
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: concepto
Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal son aquellos elementos accidentales del delito, no esenciales para su existencia (a diferencia de los elementos del tipo penal), cuya concurrencia incide en la determinación de la pena concreta a imponer dentro del marco penal abstracto previsto para cada delito, atenuándola o agravándola en función de que revelen una menor o mayor gravedad del hecho o una menor o mayor culpabilidad del autor. El Código Penal las regula en los arts. 21 a 23, distinguiendo entre circunstancias atenuantes (art. 21), circunstancias agravantes (art. 22) y la circunstancia mixta de parentesco (art. 23), que puede operar como atenuante o como agravante según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito. Su régimen de aplicación se completa con las reglas específicas del art. 66 CP para la determinación de la pena.
Las circunstancias atenuantes
El art. 21 del Código Penal enumera como circunstancias atenuantes: 1ª las causas expresadas en el capítulo anterior (eximentes del art. 20) cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad (eximente incompleta); 2ª la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias señaladas en el número 2º del art. 20 (bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos análogos); 3ª la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante; 4ª la de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades; 5ª la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral; 6ª la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa; y 7ª cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores (atenuante analógica). Las alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia (art. 20.3 CP) no son una atenuante autónoma, sino una eximente que, si no concurren todos sus requisitos, se aprecia como incompleta. Los efectos de las atenuantes sobre la pena se determinan por el art. 66 CP: una sola atenuante obliga a imponer la pena en su mitad inferior; dos o más atenuantes, o una o varias muy cualificadas, permiten imponer la pena inferior en uno o dos grados.
Las circunstancias agravantes
El art. 22 del Código Penal enumera como circunstancias agravantes: 1ª la alevosía (empleo de medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para la persona del culpable pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido); 2ª ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente; 3ª ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa; 4ª cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, aporofobia o exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad; 5ª aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando otros males innecesarios para la ejecución del delito (ensañamiento); 6ª obrar con abuso de confianza; 7ª prevalerse del carácter público que tenga el culpable; y 8ª ser reincidente. Los efectos sobre la pena se regulan en el art. 66 CP: una sola agravante obliga a imponer la pena en su mitad superior; cuando las circunstancias agravantes concurran junto con atenuantes, se valoran y compensan racionalmente. Conforme al art. 67 CP, las reglas del art. 66 no se aplican a las circunstancias que la ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar el delito ni a las que sean de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse. La circunstancia 7ª es especialmente relevante para los delitos cometidos por funcionarios públicos.
La circunstancia mixta de parentesco
El art. 23 del Código Penal establece que es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines, en el mismo grado, del ofensor o de su cónyuge o conviviente. Se denomina «mixta» porque, a diferencia del resto de circunstancias, no está predeterminada su función atenuante o agravante, sino que corresponde al Tribunal decidirlo caso por caso: puede agravar en delitos contra la vida, la integridad física o la libertad sexual (por el mayor reproche que merece atacar a quien debería recibir protección) o atenuar en delitos patrimoniales (por la menor gravedad social de sustraer bienes dentro del círculo familiar). Debe distinguirse de las excusas absolutorias por parentesco en delitos patrimoniales no violentos (art. 268 CP, entre cónyuges no separados legalmente y parientes próximos).
La reincidencia como agravante
El art. 22.8ª del Código Penal define la reincidencia como la circunstancia de haber sido el culpable condenado ejecutoriamente, al delinquir, por un delito comprendido en el mismo título del Código, siempre que sea de la misma naturaleza. A estos efectos no se computan los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves; las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otro Estado de la Unión Europea producen los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español. Su fundamento reside en la mayor culpabilidad y peligrosidad que revela quien, pese a haber sido condenado, reitera la comisión de delitos de la misma naturaleza. Su efecto general es la imposición de la pena en su mitad superior (art. 66.1.3ª CP). Cuando concurra la reincidencia cualificada, esto es, cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título del Código, siempre que sean de la misma naturaleza, el Tribunal podrá aplicar la pena superior en grado, teniendo en cuenta las condenas precedentes y la gravedad del nuevo delito (art. 66.1.5ª CP). La reincidencia se diferencia de la habitualidad (art. 94 CP) y de la multirreincidencia prevista en algunos tipos patrimoniales.
La eximente incompleta
El art. 21.1ª del Código Penal, en relación con el art. 20 CP, configura la eximente incompleta como circunstancia atenuante que opera cuando concurren los requisitos esenciales de alguna de las causas eximentes de la responsabilidad criminal, pero falta alguno de los necesarios para su aplicación completa. Las eximentes del art. 20 son: 1º la anomalía o alteración psíquica; 2º la intoxicación plena por alcohol, drogas u otras sustancias, o el síndrome de abstinencia; 3º las alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia que alteren gravemente la conciencia de la realidad; 4º la legítima defensa; 5º el estado de necesidad; 6º el miedo insuperable; y 7º el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. A diferencia de la atenuante ordinaria (pena en la mitad inferior), la eximente incompleta permite, conforme al art. 68 CP, imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley, en la extensión que se estime pertinente, atendidos el número y la entidad de los requisitos que falten o concurran y las circunstancias personales del autor. En las eximentes de anomalía, intoxicación y alteración de la percepción el Juez puede además imponer una medida de seguridad (art. 104 CP). Los menores de dieciocho años no son responsables criminalmente con arreglo al Código Penal; su responsabilidad se rige por la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (art. 19 CP).
El concurso de delitos: real, ideal y medial. El delito continuado
El concurso de delitos se produce cuando un mismo sujeto ha cometido varios hechos delictivos enjuiciables conjuntamente. El art. 73 CP regula el concurso real (varios hechos, cada uno constitutivo de delito): al responsable de dos o más delitos se le imponen todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, y, si no, de forma sucesiva por orden de gravedad (art. 75 CP). El art. 76 CP limita el cumplimiento efectivo al triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas, sin que pueda exceder de veinte años; el límite máximo es de veinticinco años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno esté castigado con prisión de hasta veinte años; de treinta años cuando alguno esté castigado con prisión superior a veinte años; y de cuarenta años cuando haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados con pena de prisión superior a veinte años, o por dos o más delitos de terrorismo y alguno con pena superior a veinte años. El art. 77 CP regula el concurso ideal (un solo hecho que constituye dos o más infracciones: se aplica en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin exceder de la suma de las penas separadas) y el concurso medial (una infracción es medio necesario para cometer la otra: se impone una pena superior a la que habría correspondido por la infracción más grave, sin exceder de la suma de las penas concretas separadas). El art. 74 CP regula el delito continuado (pluralidad de acciones u omisiones en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, que infringen el mismo precepto o preceptos de igual o semejante naturaleza), que se castiga como un solo delito con la pena señalada para la infracción más grave en su mitad superior, pudiendo llegar a la mitad inferior de la pena superior en grado; no cabe en los delitos contra bienes eminentemente personales, salvo las ofensas a la libertad e indemnidad sexuales cometidas contra la misma víctima.
El concurso de leyes
El concurso de leyes o concurso aparente de normas, regulado en el art. 8 del Código Penal, se produce cuando un mismo hecho parece encajar en dos o más preceptos penales, pero solo uno de ellos resulta finalmente aplicable, porque los demás quedan desplazados en virtud de los principios de especialidad (el precepto especial se aplica con preferencia al general), subsidiariedad (el precepto subsidiario se aplica solo en defecto del principal), consunción (el precepto más amplio absorbe a los que castigan las infracciones consumidas en aquel) o alternatividad (en defecto de los criterios anteriores, se aplica el precepto que imponga mayor pena). Se diferencia del concurso de delitos (real o ideal) en que en el concurso de leyes solo existe, en realidad, un único delito, aunque aparentemente varias normas pretendan regularlo, mientras que en el concurso de delitos existen efectivamente varias infracciones penales que deben sancionarse todas ellas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El delito exige acción u omisión típica, antijurídica y culpable (art. 10 CP: dolo o imprudencia; la imprudencia solo se castiga en los casos expresamente previstos por la ley, art. 12; no hay pena sin dolo o imprudencia, art. 5).
Clasificación tripartita del art. 13 CP (tras la LO 1/2015): delitos graves, menos graves y leves, según la pena señalada (arts. 33.2, 33.3 y 33.4 CP). Ya no existen las faltas. Si la pena puede ser grave y menos grave, el delito es grave; si puede ser leve y menos grave, es leve (art. 13.4).
Imprudencia: solo se castigan la grave y la menos grave, y únicamente en los delitos que lo prevean (numerus clausus, art. 12). La imprudencia leve no es delito.
Tentativa (art. 16.1 CP): inicio de la ejecución con hechos exteriores sin consumación por causas independientes de la voluntad del autor; pena inferior en uno o dos grados (art. 62). Desistimiento voluntario (art. 16.2): exime de responsabilidad por el delito intentado, salvo por los actos ya ejecutados si son constitutivos de otro delito.
Actos preparatorios (conspiración, proposición, provocación, arts. 17-18 CP): solo punibles en los casos EXPRESAMENTE previstos por la ley (excepcionales); la ideación interna nunca es punible. Si a la provocación sigue la perpetración del delito, se castiga como inducción.
Conspiración = acuerdo de dos o más personas con resolución de ejecutar (art. 17.1); proposición = ofrecimiento a otro de participar, con resolución ya tomada (art. 17.2); provocación = incitación directa y pública (art. 18.1).
Autoría (art. 28 CP): autor directo, coautor (dominio funcional del hecho) y autor mediato (se sirve de otro como instrumento). Inductores y cooperadores necesarios se EQUIPARAN a los autores (art. 28, párrafo segundo).
Cómplices (art. 29 CP): pena inferior en un grado a la de los autores (art. 63 CP), a diferencia de la cooperación necesaria, equiparada a la autoría. Los cómplices cooperan con actos anteriores o simultáneos (no posteriores).
Atenuantes (art. 21 CP): eximentes incompletas, grave adicción, arrebato u obcecación, confesión, reparación del daño, dilaciones indebidas y analógica. Una atenuante: mitad inferior; dos o más o una muy cualificada: pena inferior en uno o dos grados (art. 66). La eximente incompleta permite la pena inferior en uno o dos grados (art. 68).
Agravantes (art. 22 CP): alevosía, disfraz/abuso de superioridad, precio, discriminación, ensañamiento, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público y reincidencia. Una sola agravante: mitad superior (art. 66.1.3ª). Reincidencia: mismo título y misma naturaleza, sin contar antecedentes cancelables ni delitos leves; cualificada con tres condenas (pena superior en grado, art. 66.1.5ª).
Circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP): puede atenuar o agravar según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, a diferencia del resto de circunstancias, que son siempre atenuantes o siempre agravantes.
Concurso real (arts. 73-76 CP, acumulación con límite del triple y máximos de 20, 25, 30 y 40 años) frente a concurso ideal/medial (art. 77 CP) y concurso de leyes (art. 8 CP, solo se aplica UNA norma: especialidad, subsidiariedad, consunción y alternatividad). El delito continuado es el art. 74.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Conforme al art. 12 del Código Penal, las acciones u omisiones imprudentes:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 19 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema desarrolla la teoría general del delito desde la perspectiva de su concepto y clasificación, los grados de ejecución (actos preparatorios, tentativa y consumación), las formas de resolución manifestada (conspiración, proposición y provocación), la intervención de varios sujetos en un mismo hecho (autoría y participación) y las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (atenuantes, agravantes y circunstancia mixta de parentesco), que permiten atenuar o agravar la pena atendiendo a las circunstancias concurrentes en el hecho o en su autor. Se completa con el régimen de concurso de delitos y de leyes, por su incidencia directa en la determinación y el cumplimiento de la pena.
¿Qué hay que memorizar del Tema 19 para el examen?
El delito exige acción u omisión típica, antijurídica y culpable (art. 10 CP: dolo o imprudencia; la imprudencia solo se castiga en los casos expresamente previstos por la ley, art. 12; no hay pena sin dolo o imprudencia, art. 5). Clasificación tripartita del art. 13 CP (tras la LO 1/2015): delitos graves, menos graves y leves, según la pena señalada (arts. 33.2, 33.3 y 33.4 CP). Ya no existen las faltas. Si la pena puede ser grave y menos grave, el delito es grave; si puede ser leve y menos grave, es leve (art. 13.4). Imprudencia: solo se castigan la grave y la menos grave, y únicamente en los delitos que lo prevean (numerus clausus, art. 12). La imprudencia leve no es delito. Tentativa (art. 16.1 CP): inicio de la ejecución con hechos exteriores sin consumación por causas independientes de la voluntad del autor; pena inferior en uno o dos grados (art. 62). Desistimiento voluntario (art. 16.2): exime de responsabilidad por el delito intentado, salvo por los actos ya ejecutados si son constitutivos de otro delito. Actos preparatorios (conspiración, proposición, provocación, arts. 17-18 CP): solo punibles en los casos EXPRESAMENTE previstos por la ley (excepcionales); la ideación interna nunca es punible. Si a la provocación sigue la perpetración del delito, se castiga como inducción. Conspiración = acuerdo de dos o más personas con resolución de ejecutar (art. 17.1); proposición = ofrecimiento a otro de participar, con resolución ya tomada (art. 17.2); provocación = incitación directa y pública (art. 18.1). Autoría (art. 28 CP): autor directo, coautor (dominio funcional del hecho) y autor mediato (se sirve de otro como instrumento). Inductores y cooperadores necesarios se EQUIPARAN a los autores (art. 28, párrafo segundo). Cómplices (art. 29 CP): pena inferior en un grado a la de los autores (art. 63 CP), a diferencia de la cooperación necesaria, equiparada a la autoría. Los cómplices cooperan con actos anteriores o simultáneos (no posteriores). Atenuantes (art. 21 CP): eximentes incompletas, grave adicción, arrebato u obcecación, confesión, reparación del daño, dilaciones indebidas y analógica. Una atenuante: mitad inferior; dos o más o una muy cualificada: pena inferior en uno o dos grados (art. 66). La eximente incompleta permite la pena inferior en uno o dos grados (art. 68). Agravantes (art. 22 CP): alevosía, disfraz/abuso de superioridad, precio, discriminación, ensañamiento, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público y reincidencia. Una sola agravante: mitad superior (art. 66.1.3ª). Reincidencia: mismo título y misma naturaleza, sin contar antecedentes cancelables ni delitos leves; cualificada con tres condenas (pena superior en grado, art. 66.1.5ª). Circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP): puede atenuar o agravar según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, a diferencia del resto de circunstancias, que son siempre atenuantes o siempre agravantes. Concurso real (arts. 73-76 CP, acumulación con límite del triple y máximos de 20, 25, 30 y 40 años) frente a concurso ideal/medial (art. 77 CP) y concurso de leyes (art. 8 CP, solo se aplica UNA norma: especialidad, subsidiariedad, consunción y alternatividad). El delito continuado es el art. 74.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 1, 5, 8, 10-14, 16-18, 20-23, 27-29, 31, 33, 62-68, 73-77)
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
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