Tema 33. El Régimen Penitenciario (2). La seguridad en los Establecimientos Penitenciarios. La seguridad exterior: Competencia y fines. La seguridad interior: Principios generales, medidas preventivas y medidas de control. Los medios coercitivos y su aplicación.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Segundo tema dedicado al Régimen Penitenciario. Estudia la seguridad de los establecimientos: la seguridad exterior (competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fines) y la seguridad interior (competencia del personal penitenciario), con sus principios generales de necesidad y proporcionalidad, las medidas preventivas (recuentos, cacheos y registros, requisas, control de accesos, videovigilancia) y de control, para culminar con los medios coercitivos legalmente previstos, sus supuestos de uso, su autorización y el control administrativo y judicial de su aplicación.
La seguridad en los establecimientos penitenciarios: concepto y marco normativo
Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para lograr la convivencia ordenada que permita el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los internos (art. 71 LOGP; art. 73 RP). La seguridad penitenciaria tiene dos dimensiones que distingue el Reglamento Penitenciario: la seguridad exterior (art. 63 RP), orientada a impedir evasiones y agresiones desde fuera y a proteger el perímetro, y la seguridad interior (art. 64 RP), orientada a mantener el orden y la convivencia en el propio establecimiento. Sus normas básicas son los arts. 23 (registros, cacheos, recuentos y requisas) y 45 (medios coercitivos) de la LOGP y los capítulos del Reglamento dedicados a la seguridad y a los medios coercitivos (arts. 63 a 72). Toda medida de seguridad debe respetar la dignidad de la persona (art. 10 CE), no puede ser una sanción encubierta y debe cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con control posterior del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
La seguridad exterior: concepto y competencia
La seguridad exterior comprende la vigilancia del perímetro, el control de accesos de vehículos y personas desde el exterior y la prevención y respuesta frente a intentos de evasión asistida o de agresión al establecimiento. Conforme al art. 63 RP, corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas con policía propia, y no al personal penitenciario. Esta atribución se funda en que la seguridad exterior conecta con la seguridad ciudadana. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan en colaboración con el Director del establecimiento, a quien corresponde dar la información precisa y establecer los cauces de coordinación, pero mantienen su cadena de mando propia. La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuye las funciones entre ellas; en la práctica la vigilancia exterior de los centros recae sobre la Guardia Civil, y en las Comunidades con policía autonómica integral sobre su policía autonómica (por ejemplo, los Mossos d'Esquadra en Cataluña o la Ertzaintza en el País Vasco).
Fines de la seguridad exterior
La seguridad exterior persigue dos fines. Primero, evitar evasiones: protegiendo el perímetro frente a intentos de fuga desde dentro (escalamiento, túneles, uso de vehículos) o con ayuda externa (rescate, introducción de medios para la fuga). Segundo, proteger el establecimiento y a las personas que lo ocupan (internos, funcionarios, visitantes) de agresiones o intromisiones externas, entre ellas la introducción de armas, drogas, teléfonos u otros objetos prohibidos por lanzamiento sobre el perímetro, por drones o por otros procedimientos, fenómeno que ha llevado a reforzar los dispositivos de vigilancia y de detección tecnológica. Los medios habituales son los puestos de vigilancia fija, las patrullas, las barreras físicas (muros, vallas, cerramientos), la iluminación, los sistemas de detección y la videovigilancia perimetral, que se coordinan con los de control de accesos.
La seguridad interior: concepto y personal competente
La seguridad interior es el conjunto de medidas dirigidas a garantizar el orden, la convivencia y la integridad de personas e instalaciones dentro del establecimiento. Se ejerce por el personal penitenciario y, en particular, por el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, bajo la dirección de los Jefes de Servicios y del Director (art. 64 RP). Sus medidas pueden ser preventivas (recuentos, cacheos, registros, requisas, control de accesos y de objetos, observación y videovigilancia) o de control (intervención de comunicaciones, seguimiento reforzado de internos de riesgo) y, en último término, de reacción (medios coercitivos y aislamiento provisional, sin perjuicio del régimen disciplinario). La Dirección del centro planifica y supervisa estas medidas, los funcionarios las ejecutan y deben documentar sus incidencias (partes de incidencias). La formación específica en mediación, primeros auxilios, autoprotección y uso proporcionado de la fuerza es un elemento esencial de la profesionalidad del servicio interior.
Principios generales de la seguridad interior: necesidad y proporcionalidad
El principio de necesidad exige que las medidas de seguridad interior solo se adopten cuando sean indispensables para preservar la vida y la integridad de las personas o evitar daños graves a las instalaciones, no pudiendo aplicarse de forma rutinaria o generalizada sin causa justificada. El principio de proporcionalidad exige elegir, entre las medidas eficaces, la menos restrictiva de derechos, y que su intensidad guarde relación con la gravedad del riesgo o incidente (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). A ellos se suman el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales (art. 23 LOGP: con el respeto debido a la dignidad de la persona), la motivación de las decisiones restrictivas, la temporalidad, la documentación y el control posterior. El Juez de Vigilancia Penitenciaria revisa la legalidad de estas actuaciones y el Tribunal Constitucional ha anulado actuaciones de registro corporal por falta de motivación suficiente (SSTC 57/1994 y 218/2002).
Las medidas de seguridad preventivas
Las medidas preventivas se orientan a evitar incidentes antes de que se produzcan. Comprenden: los recuentos periódicos de la población reclusa, los cacheos y registros personales y de dependencias, las requisas generales, el control de accesos (de personas, vehículos, paquetes y objetos, mediante detectores de metales, escáneres de rayos X y arcos), el control de las comunicaciones y visitas, la observación sistemática del comportamiento, el control de medios técnicos (telefonía, inhibidores de señal) y la videovigilancia. Se aplican de forma sistemática a toda la población, sin necesidad de sospecha individualizada, con la salvedad de aquellas medidas especialmente invasivas (cacheo con desnudo integral, intervención de comunicaciones) que exigen motivación singular. El art. 23 LOGP prevé que los registros, cacheos, recuentos y requisas se efectúan en los casos y con las garantías que reglamentariamente se establecen, en la medida estrictamente necesaria para la seguridad y el buen orden y con respeto a la dignidad.
Los recuentos de población reclusa
El recuento es la comprobación periódica de que todos los internos se encuentran en el lugar en que deben estar en cada momento. Es la medida de seguridad interior más básica: permite detectar de inmediato ausencias (fugas, incidentes) y mantener control permanente de la población. Se realiza con la frecuencia que fijan las normas de régimen interior (varias veces al día, incluido el recuento nocturno) por el personal de vigilancia de cada módulo, que comunica de inmediato cualquier discrepancia al Jefe de Servicios para activar los protocolos de búsqueda y verificación. Se anotan los resultados en los libros y partes correspondientes, y el recuento general se cierra con la cuadratura de totales del centro, que se comunica a la Dirección.
Los cacheos y registros personales
El art. 68 RP regula los registros, cacheos y requisas. El cacheo personal consiste en la inspección de la persona del interno y de sus efectos para detectar objetos o sustancias prohibidas. Existe el cacheo superficial (por encima de la ropa o con medios técnicos, de uso corriente) y el cacheo con desnudo integral, de carácter excepcional, que solo puede acordarse por necesidades específicas de seguridad y cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta objetos peligrosos o prohibidos. El cacheo con desnudo integral exige orden motivada del Jefe de Servicios, se practica por funcionarios del mismo sexo, en lugar cerrado, sin presencia de otros internos y preservando en lo posible la intimidad, con respeto a la dignidad de la persona. El Tribunal Constitucional (SSTC 57/1994 y 218/2002) ha declarado que los cacheos con desnudo integral afectan a la intimidad corporal y requieren proporcionalidad y motivación; su práctica rutinaria y generalizada sin causa individual es contraria a la Constitución. El cacheo no puede ser humillante ni utilizarse como sanción.
Registros de celdas, pertenencias y dependencias
Los registros de celdas y dependencias, regulados junto a los cacheos en el art. 68 RP, consisten en inspeccionar las celdas, pertenencias y espacios utilizados por los internos para localizar objetos o sustancias prohibidas. Pueden ser rutinarios y periódicos, por razones de seguridad general, o extraordinarios por sospechas fundadas. La celda de un interno no goza de la protección del domicilio del art. 18.2 CE, pero sus pertenencias personales y, en especial, la correspondencia y los documentos de defensa tienen protección propia, por lo que su examen exige cautelas (por ejemplo, no leer comunicaciones con el abogado). Los registros deben practicarse, en la medida de lo posible, en presencia del interno afectado, dejando constancia de su resultado en el parte de incidencias, y la localización de objetos prohibidos puede dar lugar a procedimiento disciplinario o a denuncia ante la autoridad judicial si hay indicios de delito.
Las requisas
Las requisas son registros generales o de amplio alcance que se practican sobre un módulo, una zona o todo el establecimiento, y que afectan simultáneamente a muchas celdas e internos. Se ordenan por la Dirección o por el Jefe de Servicios cuando hay indicios de existencia de objetos prohibidos en una zona o como medida periódica preventiva. Exigen planificación y coordinación por la Jefatura de Servicios, movilización de personal suficiente, conservación de garantías (respeto a bienes del interno y levantamiento de acta) y comunicación al Director de los resultados. El art. 23 LOGP las somete a las mismas reglas de necesidad, garantías y respeto a la dignidad que los registros y cacheos.
Control de accesos y videovigilancia
El control de accesos regula la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del establecimiento, con identificación, registro y detección mediante medios técnicos. Los visitantes están sometidos a controles de seguridad que pueden incluir registro de efectos y detección corporal con medios técnicos, y a los registros personales que autorice la normativa con las garantías legales. La videovigilancia mediante circuito cerrado de televisión se utiliza en espacios comunes y perímetro, sin perjuicio de la intimidad: no se instala en celdas con carácter general ni en aseos, duchas o espacios de especial intimidad, salvo supuestos excepcionales y motivados (por ejemplo, celdas de observación de internos en riesgo). El tratamiento de las imágenes se somete a la normativa de protección de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018), con información a los afectados y conservación limitada.
Las medidas de control
A diferencia de las medidas preventivas generales, las medidas de control se dirigen a obtener información o a vigilar de manera individualizada a internos concretos con riesgo detectado o sospechado. Destacan: la intervención de comunicaciones orales y escritas (acordada motivadamente por el Director, con comunicación a la autoridad judicial: art. 51.5 LOGP), la observación y el seguimiento reforzado de internos de especial riesgo (fuga, agresión, autolesión o suicidio, pertenencia a grupos organizados), el control del dinero y de los efectos, la ubicación específica en módulos o celdas, y la incorporación a ficheros de internos de especial seguimiento, con las garantías de motivación, revisión periódica y notificación al interno. Estas medidas son excepcionales, temporales y revisables, y no pueden suponer una merma de derechos superior a la necesaria.
Seguridad estática y dinámica: la relación con el interno
La doctrina penitenciaria distingue la seguridad estática (instalaciones y medios técnicos: muros, cerramientos, cámaras, detectores, cerraduras, sistemas de alarma) y la seguridad dinámica (conocimiento de los internos, relación profesional del funcionario con ellos, observación diaria, detección de conflictos y mediación). Un servicio interior eficaz combina ambas: los medios materiales reducen riesgos, pero es la presencia, la comunicación y el conocimiento del módulo lo que permite prevenir peleas, agresiones, autolesiones y suicidios. Por ello las normas de actuación insisten en el trato correcto, la firmeza sin arbitrariedad, la información al interno de las órdenes que se le dan y la anotación objetiva de las incidencias. Esta relación conecta con el tratamiento: los informes de observación del funcionario de interior alimentan las decisiones de clasificación y de progresión de grado.
Coordinación de la seguridad: Director, Jefe de Servicios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El Director es responsable último de la seguridad del establecimiento y adopta las decisiones de mayor alcance (autorizar medios coercitivos, acordar intervenciones de comunicaciones, ordenar requisas generales). El Jefe de Servicios dirige la actividad cotidiana del personal de vigilancia, organiza los turnos y los puestos, supervisa los recuentos, autoriza cacheos con desnudo integral y coordina la respuesta ante incidentes. Los funcionarios de interior ejecutan los servicios, anotan las novedades en los libros de servicio y extienden los partes de incidencias. Con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existen cauces de colaboración y comunicación permanentes para la vigilancia perimetral, las conducciones, los refuerzos en situaciones de crisis y la persecución de evadidos; las decisiones operativas de estas fuerzas siguen su propia cadena de mando.
Control de objetos y sustancias prohibidas
Los centros mantienen una relación de objetos y sustancias prohibidas o limitadas: armas y objetos peligrosos o punzantes, drogas y psicotrópicos no prescritos, teléfonos móviles y dispositivos de comunicación no autorizados, dinero en efectivo por encima de lo permitido y otros determinados por la normativa interna. El control se efectúa en el acceso del establecimiento (personas, vehículos, paquetes), en los locutorios y salas de visita, en los cacheos y registros, y mediante equipos técnicos de detección. Los objetos decomisados se documentan, se depositan y, si pueden constituir delito, se ponen a disposición de la autoridad judicial; el hecho puede dar lugar a expediente disciplinario del interno o, si procede, a denuncia contra quienes los introducen. La protección de los profesionales sanitarios, que deben tener acceso a las zonas en condiciones seguras, también se garantiza mediante estos controles.
Actuación ante incidentes graves: motines, agresiones y autolesiones
Ante una agresión, riña, motín, intento de fuga o autolesión, el protocolo de actuación comprende: dar la alarma y comunicarla inmediatamente al Jefe de Servicios y al Director; contener la situación empleando primero la mediación y el mínimo de fuerza, y solo después los medios coercitivos reglamentarios; separar a los implicados; prestar asistencia sanitaria inmediata a los heridos; preservar las pruebas del hecho; levantar el parte de incidencias; y comunicar lo ocurrido al Juez de Vigilancia (por el uso de medios coercitivos), a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal cuando haya indicios de delito (lesiones, amenazas, tráfico, evasión violenta), y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si es preciso el refuerzo. Las autolesiones y los intentos de suicidio se abordan con la perspectiva sanitaria y de prevención del suicidio, no solo disciplinaria.
Ficheros de seguimiento de internos y garantías
La Administración Penitenciaria lleva ficheros o relaciones de internos sometidos a seguimiento especial por su pertenencia a organizaciones criminales, por antecedentes de violencia o por riesgos de seguridad, cuya inclusión se regula por instrucciones internas. Estas medidas pueden condicionar la ubicación, el control de comunicaciones o la clasificación, pero no pueden constituir un régimen sancionador al margen del régimen disciplinario ni suponer una restricción de derechos sin motivación individualizada. La inclusión debe ser notificada al interno, revisada periódicamente y puede ser objeto de queja ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Estas ideas enlazan con el régimen cerrado, que se estudia en el tema siguiente de este bloque.
Los medios coercitivos: concepto, finalidad y enumeración
El art. 45 LOGP establece que no podrán utilizarse medios coercitivos sino cuando sea imprescindible para evitar actos de evasión o de violencia de los internos, lesiones de los internos a sí mismos, a otras personas o cosas, o para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo; el personal que tenga que recurrir a la fuerza debe limitarse a emplearla en la medida estrictamente necesaria y dar cuenta inmediata al Director. El art. 72 RP desarrolla estas previsiones y enumera de manera cerrada los medios admitidos: aislamiento provisional, fuerza física personal, defensas de goma, aerosoles de acción adecuada y esposas. No cabe utilizar medios no previstos. Se aplican únicamente cuando no exista otra manera menos gravosa de conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario, y su uso debe ser autorizado por el Director, salvo urgencia, y comunicado al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Aislamiento provisional
El aislamiento provisional consiste en separar al interno del resto de la población, en una celda individual, con carácter cautelar y de forma inmediata, ante situaciones de grave alteración del orden que exigen neutralizar al protagonista. Se diferencia del aislamiento en celda como sanción disciplinaria (régimen disciplinario de los arts. 41 y siguientes LOGP y del RP) en que carece de naturaleza sancionadora: es un medio coercitivo cautelar que cesa cuando desaparece el riesgo y no puede prolongarse como sanción encubierta. La sanción de aislamiento exige expediente, resolución de la Comisión Disciplinaria y visita diaria del médico. Un aislamiento provisional se comunica al Juez de Vigilancia Penitenciaria y se acompaña de reconocimiento médico cuando proceda; si hubiera indicios de infracción disciplinaria, se incoa el expediente correspondiente.
Fuerza física personal, defensas de goma y aerosoles
La fuerza física personal es el empleo de la propia fuerza corporal por el funcionario para reducir a un interno en situación de violencia o resistencia activa, sin instrumentos adicionales; debe limitarse a la intensidad estrictamente necesaria para neutralizar el riesgo. Las defensas de goma son un instrumento de defensa de uso excepcional cuando la fuerza física personal resulta insuficiente; no pueden utilizarse como castigo y deben dirigirse a zonas del cuerpo que minimicen el riesgo de lesión grave. Los aerosoles de acción adecuada son sustancias irritantes de efecto temporal y reversible, que permiten neutralizar con menor riesgo de lesiones situaciones de resistencia violenta; su empleo exige cautelas en espacios cerrados y con personas vulnerables y la descontaminación y asistencia posterior. En todos los casos, el uso debe documentarse en el parte de incidencias, ser comunicado al Director y al Juez de Vigilancia y, en caso de lesiones, dar lugar a la asistencia sanitaria inmediata y al parte médico de lesiones. El exceso en el empleo de la fuerza puede originar responsabilidad disciplinaria, civil o penal del funcionario.
Las esposas
Las esposas son un medio de sujeción mecánica de las muñecas. Se utilizan para reducir a internos en actitud violenta o con riesgo de autolesión y, sobre todo, en conducciones y traslados para prevenir fugas o agresiones. Su empleo se valora según el riesgo concreto del interno (peligrosidad, antecedentes de fuga, naturaleza del delito) y no puede ser automático ni generalizado. Debe cesar en cuanto desaparezca la necesidad, no debe prolongarse más del tiempo imprescindible y debe respetar la dignidad del interno, evitando exhibiciones innecesarias. Su uso, como el de cualquier medio coercitivo, se somete a los principios de necesidad y proporcionalidad y a la comunicación al Director y, en su caso, al Juez de Vigilancia.
Las armas de fuego en el ámbito penitenciario
Las armas de fuego no figuran entre los medios coercitivos del art. 72 RP. Los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes no las portan en el interior de los establecimientos para el control ordinario de los internos. La vigilancia armada, cuando procede, corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la seguridad exterior y, de modo excepcional, cuando son requeridas por la Dirección para situaciones de extrema gravedad (por ejemplo, motín con riesgo vital o toma de rehenes), con sometimiento a los principios de la Ley Orgánica 2/1986 (congruencia, oportunidad y proporcionalidad) y a su propia cadena de mando. El uso de armas de fuego por los agentes de la autoridad solo es lícito en los supuestos tasados de riesgo racional grave para su vida o integridad o la de terceros. Conviene retener que ni el personal penitenciario de servicio interior ni los medios coercitivos reglamentarios incluyen el arma de fuego.
Autorización, comunicación y control de los medios coercitivos
El empleo de los medios coercitivos requiere autorización del Director del establecimiento, salvo que razones de urgencia lo impidan, en cuyo caso se le da cuenta inmediata para su ratificación; y debe ser comunicado al Juez de Vigilancia Penitenciaria, con expresión de las circunstancias que lo motivaron, su duración y los medios empleados. Se establece así un doble control: el administrativo interno, a cargo de la Dirección, y el jurisdiccional, del Juez de Vigilancia, que puede requerir información, ordenar su cese o adoptar las medidas que correspondan. Se documentan en el parte de incidencias y en el libro de registro de medios coercitivos y, cuando hay lesiones, en el parte médico. Los medios coercitivos no son sanciones y no pueden usarse con finalidad punitiva; su abuso puede ser constitutivo de falta disciplinaria o de delito (lesiones, delitos contra la integridad moral, entre otros).
Responsabilidad derivada del uso indebido de la fuerza
El uso desproporcionado de la fuerza o de medios coercitivos puede generar responsabilidad del funcionario en varias vías: disciplinaria (régimen disciplinario de los empleados públicos: Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), penal (delitos de lesiones, contra la integridad moral y torturas y otros delitos cometidos por autoridades y funcionarios, según la gravedad) y patrimonial de la Administración (arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público). El Estado puede además ser condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración del art. 3 del Convenio, que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes, y por no investigar eficazmente las denuncias de malos tratos. La actuación del funcionario está amparada por la ley cuando respeta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y subsidiariedad (eximente de cumplimiento de un deber del art. 20.7 del Código Penal).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Seguridad exterior (art. 63 RP): competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y policías autonómicas competentes); en la práctica, Guardia Civil. Seguridad interior (art. 64 RP): personal penitenciario (Cuerpo de Ayudantes bajo los Jefes de Servicios y el Director).
Las funciones de seguridad, orden y disciplina son medios y no fines en sí mismas (art. 71 LOGP).
Art. 23 LOGP: registros, cacheos, recuentos y requisas se efectúan en los casos y con las garantías reglamentarias, en la medida estrictamente necesaria y con respeto a la dignidad.
Cacheo con desnudo integral (art. 68 RP): excepcional, razones individuales y contrastadas, orden motivada del Jefe de Servicios, funcionarios del mismo sexo, lugar cerrado y sin presencia de otros internos (SSTC 57/1994 y 218/2002).
Medios coercitivos: art. 45 LOGP (solo si es imprescindible, medida estrictamente necesaria, cuenta inmediata al Director) y art. 72 RP (lista cerrada: aislamiento provisional, fuerza física personal, defensas de goma, aerosoles de acción adecuada y esposas).
Las armas de fuego no son un medio coercitivo reglamentario del personal penitenciario.
Aislamiento provisional (cautelar, inmediato, sin expediente) no es lo mismo que aislamiento en celda como sanción (expediente, Comisión Disciplinaria, visita médica diaria).
Todo empleo de medios coercitivos se autoriza por el Director (salvo urgencia, con ratificación inmediata) y se comunica al Juez de Vigilancia; se documenta en parte de incidencias.
Principios: legalidad, necesidad, subsidiariedad (no existir medio menos gravoso), proporcionalidad y tiempo estrictamente necesario.
Intervención de comunicaciones: medida de control motivada del Director con comunicación judicial (art. 51.5 LOGP); la del Abogado defensor exige orden judicial y supuestos de terrorismo (art. 51.2 LOGP).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Cuál de los siguientes NO es un medio coercitivo de los previstos en el art. 72 del Reglamento Penitenciario?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 33 de Instituciones Penitenciarias?
Segundo tema dedicado al Régimen Penitenciario. Estudia la seguridad de los establecimientos: la seguridad exterior (competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fines) y la seguridad interior (competencia del personal penitenciario), con sus principios generales de necesidad y proporcionalidad, las medidas preventivas (recuentos, cacheos y registros, requisas, control de accesos, videovigilancia) y de control, para culminar con los medios coercitivos legalmente previstos, sus supuestos de uso, su autorización y el control administrativo y judicial de su aplicación.
¿Qué hay que memorizar del Tema 33 para el examen?
Seguridad exterior (art. 63 RP): competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y policías autonómicas competentes); en la práctica, Guardia Civil. Seguridad interior (art. 64 RP): personal penitenciario (Cuerpo de Ayudantes bajo los Jefes de Servicios y el Director). Las funciones de seguridad, orden y disciplina son medios y no fines en sí mismas (art. 71 LOGP). Art. 23 LOGP: registros, cacheos, recuentos y requisas se efectúan en los casos y con las garantías reglamentarias, en la medida estrictamente necesaria y con respeto a la dignidad. Cacheo con desnudo integral (art. 68 RP): excepcional, razones individuales y contrastadas, orden motivada del Jefe de Servicios, funcionarios del mismo sexo, lugar cerrado y sin presencia de otros internos (SSTC 57/1994 y 218/2002). Medios coercitivos: art. 45 LOGP (solo si es imprescindible, medida estrictamente necesaria, cuenta inmediata al Director) y art. 72 RP (lista cerrada: aislamiento provisional, fuerza física personal, defensas de goma, aerosoles de acción adecuada y esposas). Las armas de fuego no son un medio coercitivo reglamentario del personal penitenciario. Aislamiento provisional (cautelar, inmediato, sin expediente) no es lo mismo que aislamiento en celda como sanción (expediente, Comisión Disciplinaria, visita médica diaria). Todo empleo de medios coercitivos se autoriza por el Director (salvo urgencia, con ratificación inmediata) y se comunica al Juez de Vigilancia; se documenta en parte de incidencias. Principios: legalidad, necesidad, subsidiariedad (no existir medio menos gravoso), proporcionalidad y tiempo estrictamente necesario. Intervención de comunicaciones: medida de control motivada del Director con comunicación judicial (art. 51.5 LOGP); la del Abogado defensor exige orden judicial y supuestos de terrorismo (art. 51.2 LOGP).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (arts. 23, 45, 51, 71).
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (arts. 63, 64, 68, 72, 73).
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (art. 20.7 y delitos de lesiones, contra la integridad moral y cometidos por funcionarios).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (responsabilidad patrimonial, arts. 32 y ss.).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 (videovigilancia y protección de datos).
SSTC 57/1994 y 218/2002 (cacheos con desnudo integral); Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 3.
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