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Tema 31. Prestaciones de la Administración Penitenciaria. Asistencia sanitaria. Higiene y alimentación. Asistencia religiosa. Acción Social Penitenciaria.

Convocatoria 2026, turno libre · Índice oficial del BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226).

Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.

Este tema estudia las prestaciones que la Administración Penitenciaria debe garantizar a las personas privadas de libertad como contrapartida de la relación de sujeción especial y de su posición de garante: la asistencia sanitaria (equivalencia con el sistema sanitario general y proceso, todavía inconcluso, de integración en el Sistema Nacional de Salud), la higiene y la alimentación, la asistencia religiosa, derivada de la libertad religiosa y de los acuerdos de cooperación del Estado con las confesiones, y la Acción Social Penitenciaria, dirigida a los internos, a sus familias y a las personas excarceladas, con especial atención a la prevención de suicidios y a la salud mental.

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Prestaciones de la Administración Penitenciaria: fundamento y enumeración

La privación de libertad coloca a la Administración Penitenciaria en posición de garante respecto de las personas que custodia: el interno no puede procurarse por sí mismo determinadas necesidades básicas y la Administración debe satisfacerlas. De ahí que la actividad penitenciaria comprenda, junto a la custodia y al tratamiento, un conjunto de prestaciones: asistencia sanitaria, condiciones de higiene y vestuario, alimentación, asistencia religiosa y acción social. El fundamento legal general es el art. 3.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP): la Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos. Se completa con el art. 25.2 CE (el condenado conserva los derechos fundamentales salvo los limitados por el fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria) y con el art. 1 LOGP, que atribuye a las instituciones penitenciarias, además de la reeducación y reinserción y la retención y custodia, una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados. El Tribunal Constitucional (STC 120/1990) ha explicado este deber como una consecuencia de la relación de sujeción especial: la Administración limita derechos y, correlativamente, asume obligaciones positivas de protección.

Marco normativo del tema

Normas principales: la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria (LOGP), cuyos arts. 36 a 40 regulan la asistencia sanitaria y cuyo art. 54 garantiza la libertad religiosa de los internos; el Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996 (RP), en cuyo Título IX se regulan las prestaciones de la Administración penitenciaria (asistencia sanitaria, higiene y alimentación, acción social y asistencia religiosa; el art. 230 RP se ocupa de la asistencia religiosa). En el plano sanitario general: Ley 14/1986, General de Sanidad; Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (cuya disposición adicional sexta prevé la integración de la sanidad penitenciaria); Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; Ley 33/2011, General de Salud Pública; y la normativa de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018). En materia religiosa: art. 16 CE, Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa, los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y las Leyes 24, 25 y 26/1992. En el plano internacional: Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela, 2015), Reglas penitenciarias europeas (Recomendación Rec(2006)2 del Consejo de Europa, actualizada en 2020) y Reglas de Bangkok (2010) para el tratamiento de las reclusas.

La asistencia sanitaria penitenciaria: principios

La asistencia sanitaria penitenciaria se rige por varios principios. Equivalencia asistencial: el interno tiene derecho a una atención de calidad equivalente a la que recibiría en libertad, sin que la privación de libertad suponga merma en prestaciones, medios o cartera de servicios. Continuidad asistencial: el tratamiento no se interrumpe al ingreso, en los traslados, en las salidas ni en la excarcelación (con derivación a la red sanitaria de la comunidad y entrega de medicación y de informe clínico). Integralidad: comprende atención primaria, especializada, urgente, preventiva, de salud mental y de drogodependencias. Confidencialidad de los datos de salud. Autonomía y consentimiento informado del paciente. No discriminación por razón de patología, situación procesal, nacionalidad o situación administrativa. Voluntariedad del tratamiento, salvo las excepciones legales. El interno puede además, a su costa, ser asistido por médicos ajenos a la Administración, con las condiciones de seguridad que se determinen. Su desarrollo reglamentario se encuentra en el Título IX del RP.

Los servicios médicos de los establecimientos penitenciarios

Cada establecimiento cuenta con un servicio médico, integrado por facultativos (medicina general con formación o conocimientos en salud mental y, según centro, especialistas), personal de enfermería, auxiliares y, en su caso, farmacia. El art. 36 LOGP atribuye al médico el cuidado de la salud física y mental de los internos y la vigilancia de las condiciones de higiene y salubridad del establecimiento, con deber de informar al Director de las deficiencias que observe. Funciones típicas: reconocimiento médico del interno al ingreso (para detectar patologías, riesgos de suicidio, lesiones o consumo de sustancias) y a la salida; consulta ordinaria y de urgencia; seguimiento de enfermedades crónicas; prescripción de dietas; control sanitario de las cocinas y economato; y visita diaria a los internos aislados en celda como sanción, con informe sobre su estado. Allí donde la sanidad penitenciaria ha sido transferida, este personal pertenece al servicio de salud de la Comunidad Autónoma; en el resto depende de la Administración Penitenciaria (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior).

Atención primaria, atención especializada y hospitalización

Como en el sistema general, hay dos niveles: la atención primaria, prestada en la enfermería del propio centro, y la atención especializada, que se presta en los hospitales y centros de especialidades de la red pública a los que se deriva al interno cuando el centro no puede ofrecerla. La asistencia hospitalaria exige la conducción del interno con las medidas de custodia que correspondan a su situación (custodia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en hospitales de referencia, unidades de custodia hospitalaria). Entre los establecimientos especiales de carácter asistencial figuran los hospitales psiquiátricos penitenciarios (Alicante y Sevilla), donde se cumplen las medidas de seguridad de internamiento psiquiátrico impuestas por los tribunales a personas declaradas inimputables o semiimputables (arts. 101 y siguientes del Código Penal). Las urgencias vitales se derivan a los servicios de urgencia hospitalarios sin demora, y el interno hospitalizado conserva el régimen de custodia propio de su situación penal o procesal.

La integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud

La disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, dispuso que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serían transferidos a las Comunidades Autónomas para su plena integración en los respectivos servicios autonómicos de salud, con el fin de asegurar la equivalencia asistencial. El proceso ha sido muy desigual: Cataluña (que desde el traspaso de la ejecución penitenciaria en los años ochenta gestiona su sistema) y el País Vasco (que asumió la sanidad penitenciaria en 2011) la gestionan con medios propios. En el resto de Comunidades el traspaso se ha retrasado de manera prolongada o se ha completado más recientemente, por lo que conviven centros con sanidad autonómica y centros con sanidad dependiente de la Administración General del Estado. Los problemas más citados son la falta de profesionales sanitarios en prisión, la dispersión de situaciones y la necesidad de coordinar la historia clínica y las citas con la red general. Conviene contrastar en cada convocatoria el estado de los traspasos, pues cambia con el tiempo.

La historia clínica y la confidencialidad

La historia clínica del interno se rige por la Ley 41/2002 (contenido, usos, conservación —como mínimo cinco años desde el alta de cada proceso asistencial—, acceso por el paciente y por los profesionales que intervienen en su asistencia) y por la normativa de protección de datos, que califica los datos de salud como categoría especial. Es una documentación sanitaria separada del expediente penitenciario: el personal de vigilancia y régimen no accede a su contenido clínico y la Administración solo recibe la información sanitaria estrictamente necesaria para la seguridad, el régimen o el tratamiento (por ejemplo, restricciones de actividad por motivos de salud, dietas, aislamientos preventivos por enfermedad contagiosa). Existe deber de comunicar a la autoridad judicial las lesiones constatadas (parte de lesiones). La confidencialidad se corresponde con el derecho a la intimidad (art. 18 CE) y su protección no se reduce por la situación de privación de libertad. El traslado entre centros o la excarcelación van acompañados de informe clínico para garantizar la continuidad.

Cartera de servicios, salud mental y programas específicos

En aplicación del principio de equivalencia, la cartera de servicios debe aspirar a coincidir con la cartera común del Sistema Nacional de Salud, a la que da cobertura el Real Decreto 1030/2006. La población reclusa presenta una prevalencia superior a la general de enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis virales, tuberculosis), trastornos por consumo de sustancias y patología mental, lo que justifica programas específicos: detección precoz y tratamiento de infecciones, vacunación, programas de mantenimiento con metadona, programas de intercambio de jeringuillas (España fue uno de los países pioneros en aplicarlos en prisión) y programas de reducción de riesgos y daños, atención a las adicciones, atención a la salud mental, odontología básica, atención específica a mujeres (salud sexual y reproductiva, embarazo) y a las personas mayores o con discapacidad. La vigilancia epidemiológica se coordina con la red de vigilancia de salud pública. Los centros deben aplicar medidas de aislamiento sanitario y de prevención ante brotes de enfermedades transmisibles, con proporcionalidad y garantías.

Consentimiento informado y huelga de hambre

La Ley 41/2002 exige el consentimiento libre y voluntario del paciente, previa información adecuada, para cualquier actuación en el ámbito de su salud (art. 8), y también rige en prisión. Las excepciones (art. 9) son: riesgo para la salud pública en los casos previstos por la ley y riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo cuando no es posible obtener su consentimiento. La huelga de hambre reivindicativa es el supuesto más complejo. El Tribunal Constitucional, en las SSTC 120/1990 y 137/1990 (reiteradas en la STC 11/1991), analizó la asistencia médica forzosa a presos del GRAPO en huelga de hambre y concluyó que no vulnera la prohibición de tratos inhumanos ni la libertad ideológica ni el derecho a la integridad física, cuando se impone por resolución judicial para proteger la vida (bien constitucional que la Administración debe salvaguardar en virtud del art. 3.4 LOGP) y se limita a lo indispensable para evitar el peligro. Doctrinalmente se debate el alcance de esta doctrina tras la Ley 41/2002; en la práctica la intervención se condiciona a la existencia de riesgo vital grave y a la autorización judicial (Juez de Vigilancia Penitenciaria).

La higiene en los establecimientos penitenciarios

La LOGP y el RP exigen que los locales destinados a los internos satisfagan las necesidades de la higiene, con ventilación, iluminación y temperatura adecuadas, y que los internos dispongan de los medios necesarios para su aseo personal y la limpieza de sus dependencias. La Administración debe facilitar vestuario y ropa de cama a quienes carezcan de medios, mientras que el interno que quiera usar sus propias prendas puede hacerlo si reúnen condiciones de higiene y decoro; proporciona productos básicos de higiene a los internos sin recursos; y vigila la salubridad general (limpieza de espacios comunes, control de plagas, gestión de residuos), bajo la supervisión del médico del establecimiento, que informa al Director de las deficiencias. Corresponde al interno el deber de mantener la higiene personal y el cuidado de sus dependencias (deberes de los internos, art. 5 RP). Las condiciones materiales degradantes de detención pueden vulnerar el art. 15 CE y el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y son controlables por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

La alimentación de los internos

La Administración debe proporcionar a los internos una alimentación sana, suficiente y convenientemente preparada, que responda en cantidad y calidad a las normas dietéticas y de higiene y a las necesidades de los internos, con acceso permanente a agua potable. Los menús se elaboran bajo supervisión del servicio médico del centro, que valora su aporte nutricional, y habitualmente se distribuyen en desayuno, comida y cena. El servicio médico prescribe las dietas especiales por razón de salud (diabetes, hipertensión, celiaquía, alergias e intolerancias), y la Administración debe prever alternativas compatibles con las convicciones religiosas o culturales del interno (por ejemplo sin cerdo, halal, vegetarianas) en la medida de las posibilidades organizativas, en aplicación de la libertad religiosa y de la no discriminación. Los internos pueden complementar su alimentación adquiriendo productos en el economato del centro con cargo a su peculio. Las Reglas Mandela prohíben utilizar la restricción de alimentos como sanción.

La asistencia religiosa: libertad religiosa en prisión

El art. 16 CE garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto sin más limitación que el mantenimiento del orden público protegido por la ley, y el art. 25.2 CE confirma que la condena no priva al interno de ese derecho. La Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa, reconoce el derecho a recibir asistencia religiosa de la propia confesión (art. 2.1.b) y ordena a los poderes públicos facilitarla en los establecimientos públicos, entre ellos los penitenciarios (art. 2.3). El art. 54 LOGP añade que la Administración garantizará la libertad religiosa de los internos y habilitará los medios adecuados para que pueda ejercitarse, y el art. 230 RP concreta su régimen: derecho a participar en los servicios religiosos y a recibir la visita de ministros de su confesión, disposición de espacios adecuados en la medida de las posibilidades del centro, derecho a poseer libros y objetos de culto, respeto de las festividades y del régimen alimentario, y prohibición de obligar a nadie a asistir o participar en actos de culto. Las limitaciones solo pueden fundarse en necesidades de seguridad y buen orden, aplicadas de forma proporcionada y no discriminatoria.

Acuerdos con las confesiones religiosas

La cooperación del Estado con las confesiones se articula, además de por la legislación general, mediante acuerdos: los Acuerdos con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 (el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos garantiza la asistencia religiosa católica en centros penitenciarios, hospitalarios y similares) y los Acuerdos de cooperación con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ley 24/1992), la Federación de Comunidades Judías de España (Ley 25/1992) y la Comisión Islámica de España (Ley 26/1992), todos de 10 de noviembre de 1992, que prevén asistencia religiosa en centros penitenciarios por ministros de culto designados por las respectivas federaciones y comunidades y autorizados por la Dirección. Otras confesiones con declaración de notorio arraigo (entre ellas los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, las comunidades budistas y las ortodoxas) carecen de acuerdo de cooperación propio, lo que no impide que sus miembros reciban asistencia: la LOLR y el art. 230 RP la garantizan a las confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. Conviene no confundir notorio arraigo con acuerdo de cooperación.

Organización de la asistencia religiosa

La asistencia religiosa católica cuenta con la estructura más consolidada, con capellanes penitenciarios designados de acuerdo con el Obispado de la diócesis donde está el centro y que se integran, junto con otros profesionales, en la actividad del establecimiento. Respecto de las demás confesiones, los ministros de culto (imanes, pastores, rabinos) acceden al centro a petición de los internos, previa acreditación por su confesión o federación, y el Director organiza horarios y espacios sin perjuicio de la seguridad. La creciente diversidad de la población reclusa, por el aumento de personas de origen extranjero, ha obligado a ampliar la asistencia islámica, evangélica y ortodoxa. La comunicación del interno con los ministros de su religión está protegida por la LOGP dentro del régimen de comunicaciones con profesionales y ministros de culto (art. 51), sin perjuicio de la posibilidad de intervención motivada. Ningún interno puede ser obligado a declarar sus creencias (art. 16.2 CE), y la solicitud de asistencia es voluntaria y puede retirarse en cualquier momento.

La Acción Social Penitenciaria: concepto, fines y destinatarios

La Acción Social Penitenciaria es el conjunto de actuaciones de la Administración Penitenciaria, con la colaboración de entidades sociales y del voluntariado, dirigidas a atender las necesidades sociales de los internos, de sus familias y de las personas excarceladas, con el fin de paliar los efectos desestructurantes de la privación de libertad y de favorecer la reinserción social (art. 25.2 CE). Se vincula al carácter asistencial que el art. 1 LOGP atribuye a las instituciones penitenciarias respecto de internos y liberados y a las normas de asistencia postpenitenciaria de la LOGP. Actúa en tres momentos: durante el ingreso y el cumplimiento (atención a necesidades personales y familiares, conservación de prestaciones de la Seguridad Social del interno y su familia, conforme al art. 3.2 LOGP), en la preparación para la libertad (permisos, tercer grado, libertad condicional) y tras la excarcelación (derivación a servicios sociales comunitarios, orientación laboral, alojamiento). Sus profesionales principales son los trabajadores sociales de los equipos técnicos y de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas.

Trabajadores sociales, ayudas y prestaciones

Los trabajadores sociales penitenciarios integran el Equipo Técnico de cada establecimiento y de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas (cuyo marco de funcionamiento regula el Real Decreto 840/2011 para el trabajo en beneficio de la comunidad, la localización permanente y la suspensión de la ejecución con reglas de conducta). Elaboran el informe social del interno, que se incorpora al protocolo de clasificación y a las propuestas de la Junta de Tratamiento; atienden las demandas de los internos y de sus familias (vivienda, situación económica y laboral, menores a su cargo); tramitan prestaciones y ayudas a las que puedan tener derecho (entre otras, el subsidio por desempleo para personas liberadas de prisión previsto en la Ley General de la Seguridad Social, sujeto a sus requisitos, y el Ingreso Mínimo Vital de la Ley 19/2021); coordinan la salida con los servicios sociales de origen; y gestionan los recursos asistenciales y de voluntariado. Las ayudas económicas penitenciarias son excepcionales y subsidiarias, y se conceden en función de la situación de necesidad y de las disponibilidades presupuestarias.

Atención a las familias y al voluntariado

La Acción Social Penitenciaria se extiende a las familias, especialmente a los hijos menores y a las personas dependientes del interno, cuya situación de vulnerabilidad suele agravarse con el ingreso en prisión. Se materializa en la información a las familias sobre el régimen de visitas y comunicaciones, el apoyo para mantener los vínculos familiares, la orientación para acceder a prestaciones sociales y la derivación a servicios sociales de base y entidades del tercer sector. El art. 38.2 LOGP permite que las internas conserven con ellas a sus hijos menores de tres años, y la Administración mantiene unidades de madres (dentro y fuera del recinto penitenciario) con instalaciones adaptadas. Las Reglas de Bangkok exigen especial atención a las mujeres y a las madres reclusas. Las ONG y el voluntariado colaboran en programas de apoyo a internos y familias (alojamiento, formación, acompañamiento) conforme a la Ley 45/2015 de Voluntariado y a los convenios con la Administración Penitenciaria, y ejercen su actividad bajo la autorización y coordinación de la Dirección del centro.

La prevención de suicidios y los programas de salud mental

La prevención del suicidio es una de las concreciones más intensas del deber de velar por la vida e integridad de los internos (art. 3.4 LOGP). La Administración Penitenciaria ha aprobado, mediante instrucciones de la Secretaría General, un Programa Marco de Prevención de Suicidios, de aplicación obligatoria en los centros, cuyos elementos principales son: detección del riesgo desde el ingreso (entrevista del equipo técnico, reconocimiento médico y antecedentes), identificación de internos en riesgo y comunicación inmediata del indicador al equipo multidisciplinar; intervención con medidas de protección y observación proporcionadas (apoyo psicológico, acompañamiento, ubicación en condiciones de menor riesgo, retirada de objetos peligrosos); implicación de los funcionarios de vigilancia en la detección de señales de alerta; participación de internos de apoyo formados para acompañar a los compañeros en situación de riesgo; seguimiento posterior; y evaluación de cada caso. Se completa con programas de atención a la salud mental, a las adicciones y a la discapacidad intelectual.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 3.4 LOGP: la Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos; es el fundamento de todas las prestaciones del tema.
  • Principios de la sanidad penitenciaria: equivalencia asistencial, continuidad, confidencialidad, consentimiento informado, no discriminación e integralidad.
  • La disposición adicional sexta de la Ley 16/2003 prevé la transferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas; el proceso es desigual (Cataluña y País Vasco, que la asumió en 2011, la gestionan con medios propios). No existe el «RD 1088/2017» citado en versiones anteriores del tema.
  • El médico del establecimiento (art. 36 LOGP) cuida de la salud física y mental de los internos y vigila las condiciones de higiene; los internos aislados en celda como sanción deben ser visitados diariamente por el médico.
  • La historia clínica se rige por la Ley 41/2002 (conservación mínima de cinco años desde el alta de cada proceso) y es confidencial también frente al personal de vigilancia y régimen.
  • Consentimiento informado (art. 8 Ley 41/2002) y excepciones del art. 9; la alimentación forzosa en huelga de hambre solo se admite con peligro grave para la vida y autorización judicial (SSTC 120/1990, 137/1990 y 11/1991).
  • Hospitales psiquiátricos penitenciarios: Alicante y Sevilla; en ellos se cumplen las medidas de seguridad de internamiento psiquiátrico.
  • Libertad religiosa: art. 16 CE, LO 7/1980, art. 54 LOGP y art. 230 RP; nadie puede ser obligado a participar en actos de culto.
  • Acuerdos con la Santa Sede (1979) y Leyes 24/1992 (evangélicos), 25/1992 (judíos) y 26/1992 (musulmanes): no confundir acuerdo de cooperación con declaración de notorio arraigo.
  • Acción Social Penitenciaria: dirigida a internos, familias y excarcelados; los trabajadores sociales del Equipo Técnico elaboran el informe social integrado en el protocolo de clasificación.
  • Internas con hijos menores de tres años: art. 38.2 LOGP y unidades de madres; Reglas de Bangkok (2010) para las mujeres reclusas.
  • La prevención de suicidios se articula en un programa marco: detección en el ingreso, medidas de protección proporcionadas, internos de apoyo y formación de los funcionarios.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Según el art. 3.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la Administración penitenciaria velará por:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 31 de Instituciones Penitenciarias?

Este tema estudia las prestaciones que la Administración Penitenciaria debe garantizar a las personas privadas de libertad como contrapartida de la relación de sujeción especial y de su posición de garante: la asistencia sanitaria (equivalencia con el sistema sanitario general y proceso, todavía inconcluso, de integración en el Sistema Nacional de Salud), la higiene y la alimentación, la asistencia religiosa, derivada de la libertad religiosa y de los acuerdos de cooperación del Estado con las confesiones, y la Acción Social Penitenciaria, dirigida a los internos, a sus familias y a las personas excarceladas, con especial atención a la prevención de suicidios y a la salud mental.

¿Qué hay que memorizar del Tema 31 para el examen?

Art. 3.4 LOGP: la Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos; es el fundamento de todas las prestaciones del tema. Principios de la sanidad penitenciaria: equivalencia asistencial, continuidad, confidencialidad, consentimiento informado, no discriminación e integralidad. La disposición adicional sexta de la Ley 16/2003 prevé la transferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas; el proceso es desigual (Cataluña y País Vasco, que la asumió en 2011, la gestionan con medios propios). No existe el «RD 1088/2017» citado en versiones anteriores del tema. El médico del establecimiento (art. 36 LOGP) cuida de la salud física y mental de los internos y vigila las condiciones de higiene; los internos aislados en celda como sanción deben ser visitados diariamente por el médico. La historia clínica se rige por la Ley 41/2002 (conservación mínima de cinco años desde el alta de cada proceso) y es confidencial también frente al personal de vigilancia y régimen. Consentimiento informado (art. 8 Ley 41/2002) y excepciones del art. 9; la alimentación forzosa en huelga de hambre solo se admite con peligro grave para la vida y autorización judicial (SSTC 120/1990, 137/1990 y 11/1991). Hospitales psiquiátricos penitenciarios: Alicante y Sevilla; en ellos se cumplen las medidas de seguridad de internamiento psiquiátrico. Libertad religiosa: art. 16 CE, LO 7/1980, art. 54 LOGP y art. 230 RP; nadie puede ser obligado a participar en actos de culto. Acuerdos con la Santa Sede (1979) y Leyes 24/1992 (evangélicos), 25/1992 (judíos) y 26/1992 (musulmanes): no confundir acuerdo de cooperación con declaración de notorio arraigo. Acción Social Penitenciaria: dirigida a internos, familias y excarcelados; los trabajadores sociales del Equipo Técnico elaboran el informe social integrado en el protocolo de clasificación. Internas con hijos menores de tres años: art. 38.2 LOGP y unidades de madres; Reglas de Bangkok (2010) para las mujeres reclusas. La prevención de suicidios se articula en un programa marco: detección en el ingreso, medidas de protección proporcionadas, internos de apoyo y formación de los funcionarios.

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (arts. 1, 3, 36 a 40, 54).
  • Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (Título IX: prestaciones de la Administración penitenciaria; art. 230).
  • Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (disposición adicional sexta).
  • Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; Reglamento (UE) 2016/679.
  • Constitución Española, arts. 15, 16, 18, 25.2.
  • Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa; Acuerdos con la Santa Sede de 3 de enero de 1979; Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre.
  • Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas.
  • Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
  • Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela, 2015); Reglas de Bangkok (2010); Recomendación Rec(2006)2 del Consejo de Europa sobre las Reglas Penitenciarias Europeas.
  • STC 120/1990, 137/1990 y 11/1991 (asistencia médica forzosa en huelga de hambre).

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