Tema 21. De las formas de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Las penas privativas de derechos. Especial referencia a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Las medidas de seguridad: clases y aplicación. Medidas de seguridad competencia de la Administración Penitenciaria. Extinción de la responsabilidad criminal.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema estudia los mecanismos que permiten no ejecutar, sustituir o suspender el cumplimiento efectivo de una pena privativa de libertad, con especial atención a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, así como el sistema de medidas de seguridad del Código Penal, distinguiendo las que son competencia de la Administración Penitenciaria de las que no lo son. Se cierra con las causas de extinción de la responsabilidad criminal, que ponen fin a la persecución o a la ejecución de la pena por causas distintas de su cumplimiento íntegro.
Las formas de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad
El Capítulo III del Título III del Libro I del Código Penal (arts. 80 a 87), reformado en profundidad por la Ley Orgánica 1/2015, regula la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad como mecanismo alternativo al cumplimiento efectivo de penas de corta o media duración. La reforma unificó en una sola institución las antiguas suspensión (remisión condicional) y suspensión especial, y la sustitución de la pena, aunque subsistente (art. 88 CP), quedó configurada como excepcional. El fundamento radica en evitar los efectos criminógenos y desocializadores del ingreso en prisión para penas de escasa gravedad cuando el pronóstico de reincidencia es favorable, condicionando la suspensión al cumplimiento de un plazo y, en su caso, de determinadas prohibiciones, deberes o prestaciones, cuyo incumplimiento puede determinar la revocación y el ingreso en prisión. Las modalidades son: la suspensión ordinaria (art. 80.1 y 80.2), la excepcional para quien no es delincuente primario (art. 80.3), la de los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables (art. 80.4), la de los penados dependientes de sustancias (art. 87) y, en fase posterior de la condena, la suspensión del resto de la pena de prisión mediante libertad condicional (arts. 90 a 92 CP). Competente para decidir sobre la suspensión es el Juez o Tribunal sentenciador, que puede resolver en la propia sentencia o en auto posterior, previa audiencia de las partes (art. 82 CP).
Requisitos generales de la suspensión de la pena
El art. 80.2 del Código Penal exige, para acordar la suspensión ordinaria, que el penado haya delinquido por primera vez (no se tiene en cuenta a estos efectos la existencia de antecedentes penales por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los ya cancelados o cancelables); que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa; y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado, salvo que el Tribunal declare la imposibilidad total o parcial de que el penado haga frente a las mismas. El art. 80.1 CP exige además que resulte razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos, atendiendo a las circunstancias del hecho, sus antecedentes, sus circunstancias familiares y sociales, y el efecto que quepa esperar de la propia suspensión.
La suspensión ordinaria de la ejecución de la pena y su plazo
La suspensión ordinaria se concede para penas privativas de libertad no superiores a dos años, cuando concurren los requisitos del art. 80 CP. El plazo de suspensión es de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años y de tres meses a un año para las penas leves (art. 81 CP), fijado por el Tribunal atendidas las circunstancias personales del penado, las características del hecho y la duración de la pena. Durante ese plazo queda en suspenso la ejecución de la pena. El Tribunal puede condicionar la suspensión al cumplimiento de determinadas prohibiciones y deberes (art. 83 CP): prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares, de establecer contacto con ellos, de residir o acudir a determinados lugares, de ausentarse sin autorización del lugar de residencia, comparecencia personal periódica ante el Juzgado o el servicio de gestión de penas y medidas alternativas, participación en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de igualdad de trato y no discriminación u otros similares, y programas de deshabituación; y, conforme al art. 84 CP, al cumplimiento del acuerdo de mediación alcanzado, al pago de una multa o a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
La suspensión para penados enfermos muy graves
El art. 80.4 del Código Penal permite al Tribunal, aun cuando no concurran las condiciones generales de la suspensión ordinaria (primera delincuencia, límite de dos años de pena), acordar la suspensión de la ejecución de cualquier pena privativa de libertad impuesta, sin sujeción a requisito alguno relativo a su duración, cuando el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito ya tuviese otra pena suspendida por el mismo motivo, atendiendo a las razones humanitarias que fundamentan esta institución y a la excepcionalidad de mantener recluida a una persona en fase terminal, cuya prolongación de la privación de libertad no cumple ya ninguna finalidad preventiva ni resocializadora razonable, sin perjuicio de su posible revocación si el penado se recuperase de la enfermedad.
La suspensión por dependencia a sustancias
El art. 87 del Código Penal permite acordar la suspensión de la ejecución de las penas de prisión impuestas, siempre que no excedan de cinco años, a los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el número 2º del art. 20 CP (bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos), aun cuando no concurran los requisitos de primera delincuencia y límite de dos años del art. 80.2. Exige que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. El Juez o Tribunal puede solicitar en todo momento la información necesaria para comprobar el mantenimiento de la deshabituación o del tratamiento, y condicionar la suspensión a que el penado no abandone el tratamiento hasta su finalización; no se consideran abandono las recaídas en el tratamiento si no evidencian un abandono definitivo. El plazo de suspensión es de tres a cinco años y, cumplido sin delinquir, se acuerda la remisión de la pena.
Condiciones y reglas de conducta en la suspensión
El art. 83 del Código Penal permite al Juez o Tribunal condicionar la suspensión al cumplimiento de las prohibiciones y deberes que estime convenientes para la protección de las víctimas y para evitar la reiteración delictiva, atendiendo a las circunstancias del hecho y del autor: entre otras, la prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares, la prohibición de establecer contacto con ellos, la prohibición de residir o acudir a determinados lugares, la prohibición de ausentarse sin autorización del lugar de residencia, la comparecencia personal ante el Juzgado o el servicio de gestión de penas y medidas alternativas, la participación en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual y similares, la participación en programas de deshabituación y la prohibición de conducir o de la tenencia y porte de armas. En los delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, la suspensión se condiciona en todo caso al cumplimiento de determinadas prohibiciones y a la participación en programas específicos de igualdad. El art. 84 CP permite condicionar también la suspensión al cumplimiento del acuerdo de mediación alcanzado, al pago de una multa (con el límite de dos cuotas por cada día de prisión sustituida) o a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad (un día de trabajo por cada día de prisión). La ejecución material de las prohibiciones y deberes se controla a través de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Administración Penitenciaria.
La revocación de la suspensión y la remisión de la pena
El art. 86 del Código Penal regula la revocación de la suspensión, que procede cuando el penado: es condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y ello pone de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la suspensión ya no puede ser mantenida; incumple de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes impuestos conforme al art. 83 CP o se sustrae al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas; incumple de manera grave o reiterada las prestaciones o medidas del art. 84 CP; o facilita información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado. Si el incumplimiento no justifica la revocación, el Tribunal puede imponer nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones o modificar las ya impuestas, o prorrogar el plazo de suspensión, sin que pueda exceder de la mitad de su duración inicial. La revocación determina la ejecución de la pena suspendida. Transcurrido el plazo de suspensión sin que el penado haya delinquido y cumplidas las condiciones, el Tribunal acuerda la remisión de la pena (art. 85 CP), que es causa de extinción de la responsabilidad criminal.
La sustitución de las penas de prisión y la expulsión de extranjeros
Junto a la suspensión, el Código Penal conserva la sustitución de las penas de prisión (art. 88 CP). El Juez o Tribunal puede sustituir, previa audiencia de las partes y en la propia sentencia o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a la ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, y excepcionalmente las que no excedan de dos años, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen y no se trate de reos habituales. Cada día de prisión se sustituye por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo, pudiendo el Juez imponer además prohibiciones y deberes del art. 83. Respecto de los ciudadanos extranjeros, el art. 89 CP prevé la sustitución de las penas de prisión superiores a un año por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, excepcionalmente, aprecie que la naturaleza del delito justifique el cumplimiento en un centro penitenciario en España, con prohibición de regresar durante un plazo determinado.
La libertad condicional como suspensión del resto de la pena
Desde la Ley Orgánica 1/2015, la libertad condicional ya no es una forma de cumplimiento de la pena sino una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión (arts. 90 a 92 CP), acordada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. El art. 90.1 CP exige: que el penado se encuentre clasificado en tercer grado; que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta; y que haya observado buena conducta y exista respecto de él un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. Pueden concederla al cumplir las dos terceras partes quienes hayan desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales, o hayan participado en programas de reparación a las víctimas o de tratamiento o desintoxicación. El plazo de suspensión es de dos a cinco años, sin que pueda ser inferior a la duración de la pena pendiente de cumplir. El art. 91 CP regula la libertad condicional de los septuagenarios y de los enfermos muy graves con padecimientos incurables, que no necesitan cumplir los plazos anteriores. Para los condenados a prisión permanente revisable rige el art. 92 CP. La Junta de Tratamiento y los Servicios Sociales Penitenciarios intervienen en la elaboración de los informes que fundamentan la propuesta.
Las penas privativas de derechos: clases
El art. 39 del Código Penal enumera las penas privativas de derechos: la inhabilitación absoluta; las inhabilitaciones especiales para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio u otras actividades determinadas en la ley, o para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento; la suspensión de empleo o cargo público; la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; la privación del derecho a la tenencia y porte de armas; la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos; la prohibición de aproximarse a la víctima, a sus familiares u otras personas; la prohibición de comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas; y los trabajos en beneficio de la comunidad. Estas penas pueden tener carácter principal o accesorio, según los casos previstos en la parte especial del Código.
La inhabilitación absoluta y especial
La inhabilitación absoluta (art. 41 CP) produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos del penado, aunque sean electivos, y la incapacidad para obtener los mismos u otros durante el tiempo de la condena, así como la incapacidad para ser elegido para cargo público. Las inhabilitaciones especiales (art. 42 CP) para empleo o cargo público producen la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recaen y la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos durante el tiempo fijado en la condena; la inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio (art. 45 CP) priva al penado de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena. Estas penas se aplican con frecuencia a delitos cometidos por autoridades y funcionarios públicos, incluidos los delitos específicamente previstos para el ámbito penitenciario.
La suspensión de empleo o cargo público
El art. 43 del Código Penal define la suspensión de empleo o cargo público como la pena que priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la condena, a diferencia de la inhabilitación (que comporta privación definitiva), constituyendo por tanto una pena de menor intensidad que se agota en la mera privación temporal del ejercicio del cargo, sin afectar a su titularidad, que se recupera automáticamente al término del periodo de suspensión, sin necesidad de un nuevo nombramiento o acto administrativo. Puede imponerse como pena principal en determinados delitos de menor gravedad cometidos por funcionarios públicos, y también como pena accesoria de otras penas principales, en los términos previstos en los arts. 54 a 57 del Código Penal, cuando el delito guarde relación directa con el ejercicio del cargo desempeñado.
La privación del derecho a conducir vehículos a motor
El art. 47 del Código Penal regula la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores como pena, que inhabilita al penado para el ejercicio de dicho derecho durante el tiempo fijado en la sentencia, aplicable tanto a delitos específicamente relacionados con la seguridad vial (conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, conducción temeraria, conducción sin permiso) como, en su modalidad accesoria, a delitos de homicidio o lesiones por imprudencia cometidos utilizando un vehículo a motor. Su duración oscila, según la clasificación de la pena como leve, menos grave o grave, entre tres meses y diez años (art. 40 CP). Cuando la privación sea superior a dos años, comporta la pérdida de vigencia del permiso o licencia, y el penado debe superar de nuevo las pruebas correspondientes para recuperarlo una vez extinguida la pena.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas
El art. 47 del Código Penal regula también la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, que inhabilita al penado para el ejercicio de este derecho durante el tiempo fijado en la sentencia, siendo una pena frecuentemente asociada, como accesoria, a determinados delitos violentos (homicidio, lesiones, amenazas) o a delitos relacionados con la violencia de género y doméstica, en los que la privación del acceso a armas de fuego constituye una medida preventiva razonable frente al riesgo de reiteración delictiva. Su duración sigue el mismo esquema que la privación del derecho a conducir, en función de la clasificación de la pena como leve, menos grave o grave, y su cumplimiento comporta la obligación de entregar cualquier arma o licencia en vigor a las autoridades competentes durante el periodo de condena.
La prohibición de aproximación y comunicación con la víctima
El art. 48 del Código Penal regula las penas de prohibición de aproximarse a la víctima, a sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, y de prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, así como la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. El art. 57 CP permite imponerlas, como penas accesorias, en delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave y de cinco si fuera menos grave, y obliga a imponerlas cuando la víctima sea alguna de las personas del art. 173.2 CP (ámbito de la violencia de género y doméstica). Pueden controlarse mediante dispositivos telemáticos. Su incumplimiento, además de poder determinar la revocación de una eventual suspensión, constituye un delito autónomo de quebrantamiento de condena o de medida cautelar (art. 468 CP), castigado en todo caso con prisión de seis meses a un año cuando la víctima sea una de las personas del art. 173.2.
Los trabajos en beneficio de la comunidad: concepto, naturaleza y régimen
El art. 49 del Código Penal define los trabajos en beneficio de la comunidad como una pena privativa de derechos que obliga al penado a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Constituye una alternativa a las penas de prisión de corta duración, valorada por su carácter resocializador (mantiene al penado en su entorno social y laboral) y reparador (aporta un beneficio directo a la comunidad). No puede imponerse sin el consentimiento del penado, dada su afinidad con el trabajo forzoso prohibido por el art. 25.2 CE. Su duración es de un día a un año (art. 40.4 CP), y la jornada diaria no podrá exceder de ocho horas. Es pena leve cuando dura de uno a treinta días (art. 33.4) y menos grave cuando dura de treinta y un días a un año (art. 33.3). Se utiliza también como forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa (art. 53 CP), con una jornada por cada día de privación de libertad, y como condición de la suspensión (art. 84 CP) y de la sustitución (art. 88 CP).
Requisitos y ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad
El art. 49 del Código Penal establece que la ejecución de la pena se desarrolla bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que requerirá los informes oportunos de la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios. Su régimen se completa con las siguientes reglas: no atentará a la dignidad del penado; gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social; no se supeditará al logro de intereses económicos; y la Administración, de acuerdo con el penado, determinará el lugar de cumplimiento. La gestión material de la pena (búsqueda de plazas en entidades colaboradoras, derivación, control de asistencia y aprovechamiento) corresponde a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Administración Penitenciaria, en coordinación con las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que ofrecen las plazas; su regulación reglamentaria se contiene en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas. El abandono injustificado del trabajo o el incumplimiento reiterado y grave de las obligaciones puede dar lugar a la deducción de testimonio por un delito de quebrantamiento de condena (art. 468 CP).
Las medidas de seguridad: concepto y clases
Las medidas de seguridad son consecuencias jurídicas del delito distintas de la pena, orientadas no a la retribución del hecho cometido sino a la prevención especial, esto es, a evitar la comisión de futuros delitos por sujetos que, por su peligrosidad criminal, no pueden ser sometidos a una pena en sentido estricto (por ser inimputables o semiimputables), o cuya pena, siendo aplicable, se complementa con una medida de seguridad. Se rigen por los principios de legalidad (art. 1.2 CP) y de proporcionalidad (art. 6.2 CP). El art. 96 del Código Penal las clasifica en privativas de libertad (internamiento en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación y en centro educativo especial) y no privativas de libertad (la inhabilitación profesional, la expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente, la libertad vigilada, la custodia familiar, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas). Se aplican siguiendo un sistema dualista con el principio vicarial (art. 99 CP): en caso de concurrencia de penas y medidas privativas de libertad, el Juez ordena el cumplimiento de la medida, que se abona en su totalidad para el cumplimiento de la pena.
Presupuestos de aplicación de las medidas de seguridad: la peligrosidad criminal
El art. 6.1 del Código Penal fundamenta las medidas de seguridad en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. El art. 95 CP exige para su imposición que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito y que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos; la imposición tiene lugar tras acreditar, mediante los correspondientes informes periciales, la concurrencia de una causa de exención o atenuación de responsabilidad (como las del art. 20.1º, 2º o 3º CP). La medida de seguridad no puede resultar ni más gravosa ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor (art. 6.2 CP). Durante la ejecución, el Juez o Tribunal sentenciador, a propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria (que valora los informes de los facultativos y profesionales que asistan al sometido a la medida), puede mantener, cesar, sustituir o suspender la medida (arts. 97 y 98 CP).
Medidas privativas de libertad: internamiento en centro psiquiátrico, de deshabituación y educativo especial
El internamiento en centro psiquiátrico (art. 101 CP) se aplica al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica (art. 20.1 CP), para su custodia y tratamiento médico, sin poder exceder de la duración máxima que hubiera correspondido a la pena si el sujeto hubiese sido declarado responsable. El internamiento en centro de deshabituación (art. 102 CP) se aplica a los declarados exentos de responsabilidad por intoxicación plena o síndrome de abstinencia (art. 20.2 CP), pudiendo ser privativo de libertad, si el sujeto es internado en un centro cerrado, o ambulatorio. El internamiento en centro educativo especial (art. 103 CP) se aplica a quienes cometan el hecho a causa de su alteración en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia (art. 20.3 CP), con finalidad educativa y de reeducación.
Medidas de seguridad no privativas de libertad y libertad vigilada
Los arts. 105 y siguientes del Código Penal regulan las medidas de seguridad no privativas de libertad: en los supuestos de los arts. 101 a 104, el Tribunal puede acordar, junto a o en lugar del internamiento, medidas como el sometimiento a tratamiento externo, la obligación de residir en un lugar determinado, la prohibición de residir o de acudir a determinados lugares, la custodia familiar o la participación en programas formativos, culturales, educativos o de deshabituación. La libertad vigilada (art. 106 CP), introducida con carácter general por la Ley Orgánica 5/2010, consiste en el sometimiento del condenado a control judicial mediante el cumplimiento de alguna o algunas medidas (obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos, presentación periódica, prohibición de ausentarse del lugar de residencia, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, participación en programas formativos o de tratamiento, entre otras). Puede imponerse además de la pena de prisión, con ejecución posterior a la misma, en determinados delitos (señaladamente, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y delitos de terrorismo), y tiene una duración máxima limitada. También son medidas no privativas la privación del derecho a conducir, la privación de la tenencia y porte de armas, la inhabilitación profesional y la expulsión de extranjeros no residentes legalmente.
Medidas de seguridad competencia de la Administración Penitenciaria
De entre las medidas de seguridad reguladas por el Código Penal, corresponde a la Administración Penitenciaria la ejecución material de las medidas privativas de libertad que se cumplen en establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias (arts. 183 y siguientes del Reglamento Penitenciario; en el ámbito de la Administración General del Estado, los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios de Alicante y Sevilla), bajo el control jurisdiccional del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Los internamientos en centro de deshabituación y en centro educativo especial se cumplen, con carácter general, en centros de la red pública o concertados, con coordinación de la Administración Penitenciaria cuando proceda. Las medidas no privativas de libertad (libertad vigilada, prohibiciones diversas) y las prohibiciones y deberes que condicionan la suspensión de las penas se gestionan principalmente a través de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, conforme al Real Decreto 840/2011. Asimismo, el art. 60 CP prevé que, si tras la sentencia firme se aprecia en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria suspenda la ejecución de la pena privativa de libertad garantizando la asistencia médica precisa y pudiendo decretar una medida de seguridad privativa de libertad no más gravosa que la pena sustituida.
La extinción de la responsabilidad criminal: causas
El art. 130.1 del Código Penal enumera las causas de extinción de la responsabilidad criminal: 1º la muerte del reo; 2º el cumplimiento de la condena; 3º la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los arts. 85, 87 y 90 CP; 4º el indulto; 5º el perdón del ofendido, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias del agraviado o la ley así lo prevea; 6º la prescripción del delito; y 7º la prescripción de la pena o de la medida de seguridad. Estas causas ponen fin, según los casos, a la posibilidad de perseguir el delito (prescripción del delito), a la posibilidad de ejecutar la pena ya impuesta (prescripción de la pena, indulto, cumplimiento) o a la propia responsabilidad penal con independencia de cualquier actuación procesal (muerte del reo), con régimen y efectos diferenciados. La extinción de la responsabilidad criminal no se confunde con la cancelación de antecedentes penales (art. 136 CP), que opera por el transcurso de plazos tras el cumplimiento de la pena, ni con la responsabilidad civil derivada del delito, que se rige por sus propias normas y subsiste aunque se extinga la responsabilidad criminal.
La prescripción del delito y de la pena
La prescripción del delito, regulada en el art. 131 del Código Penal, extingue la responsabilidad criminal por el transcurso de determinados plazos desde la comisión del hecho sin haber sido perseguido. Los plazos oscilan, según la pena máxima señalada, entre veinte años (delitos con pena máxima de prisión de quince o más años) y cinco años (los demás delitos), con plazos intermedios de quince y diez años; los delitos de injurias y calumnias y los delitos leves prescriben al año. Los delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y los delitos de terrorismo si hubieren causado la muerte de una persona no prescriben en ningún caso. El cómputo del plazo se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra la persona indiciariamente responsable (art. 132 CP). La prescripción de la pena, regulada en el art. 133 CP, extingue la responsabilidad ya declarada por sentencia firme cuando no se ha ejecutado dentro de los plazos legalmente establecidos desde la sentencia firme o desde el quebrantamiento (con plazos que van de treinta años, para las penas de prisión de más de veinte, hasta un año para las penas leves). Su fundamento es el debilitamiento con el tiempo del interés social en la persecución y las dificultades probatorias.
La cancelación de antecedentes penales
La cancelación de los antecedentes penales (art. 136 del Código Penal) no extingue la responsabilidad criminal, pero tiene efectos relevantes: los antecedentes cancelados no se computan para la reincidencia ni para la suspensión de la ejecución, y no pueden ser tenidos en cuenta salvo en los casos legalmente previstos. Procede de oficio o a instancia del interesado, siempre que se hayan cumplido las condiciones del precepto (haber satisfecho las responsabilidades civiles, salvo insolvencia, y no haber vuelto a delinquir) y hayan transcurrido sin delinquir los siguientes plazos desde la extinción de la pena: seis meses para las penas leves; dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años; y diez años para las penas graves. Se tramita por el Ministerio de Justicia (Registro Central de Penados) con arreglo al Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. En el ámbito penitenciario, los antecedentes del interno influyen en la clasificación, la concesión de permisos y la libertad condicional.
El indulto y la amnistía
El indulto es la medida de gracia que perdona total o parcialmente la pena impuesta a un condenado por sentencia firme, o la conmuta por otra menos grave. Se concede por el Rey a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros, mediante Real Decreto (art. 62.i CE, que reserva al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales), conforme a la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero. Extingue la responsabilidad penal solo respecto de la pena (total o parcialmente), sin eliminar la existencia del delito ni la condena, que sigue figurando a otros efectos. La amnistía, en cambio, es una medida de alcance general de naturaleza legislativa (se aprueba por ley de las Cortes Generales), que elimina el carácter delictivo de determinados hechos con efectos retroactivos y extingue la responsabilidad penal derivada de ellos; no tiene una regulación general en el Código Penal. Un ejemplo reciente es la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. No debe confundirse con la rehabilitación o la cancelación de antecedentes ni con el indulto.
El perdón del ofendido
El art. 130.1.5º del Código Penal reconoce el perdón del ofendido como causa de extinción de la responsabilidad criminal, únicamente cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias del agraviado o la ley así lo prevea de forma expresa. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el Juez o Tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla. En los delitos cometidos contra menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, los jueces y tribunales, oído el Ministerio Fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del Ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la condena, para evitar que el perdón se preste bajo condiciones de vulnerabilidad o coacción. El perdón no es posible en los delitos públicos, por lo que, por ejemplo, no extingue la responsabilidad en los delitos de violencia de género.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Suspensión ordinaria (art. 80 CP): delincuente primario (no cuentan imprudentes, leves ni cancelados), pena no superior a 2 años, responsabilidades civiles satisfechas y pronóstico favorable; plazo de suspensión de 2 a 5 años (3 meses a 1 año para penas leves, art. 81).
Suspensión sin límite de duración para penados con enfermedad muy grave e incurable (art. 80.4 CP); suspensión de penas de hasta 5 años por dependencia a sustancias, con certificado de deshabituación o tratamiento, plazo de 3 a 5 años (art. 87 CP).
Tras la LO 1/2015, la libertad condicional es una suspensión del resto de la pena (arts. 90-92): tercer grado, tres cuartas partes de la pena (dos terceras en ciertos casos) y pronóstico favorable; plazo de 2 a 5 años.
Revocación de la suspensión (art. 86 CP): nuevo delito durante el plazo, incumplimiento grave o reiterado de prohibiciones y deberes, sustracción al control o información inexacta sobre bienes decomisables. Cumplido el plazo sin incidencias: remisión de la pena (art. 85).
Trabajos en beneficio de la comunidad (art. 49 CP): exigen SIEMPRE el consentimiento del penado; duración de 1 día a 1 año (art. 40.4), máximo 8 horas diarias; ejecución bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, gestión material por los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (RD 840/2011).
Medidas de seguridad (art. 96 CP): privativas de libertad (internamiento psiquiátrico, de deshabituación, educativo especial) y no privativas (libertad vigilada, custodia familiar, inhabilitación profesional, expulsión, privación de conducir y de armas). Sistema vicarial (art. 99): la medida se abona al cumplimiento de la pena.
Presupuestos de las medidas de seguridad (arts. 6 y 95 CP): hecho previsto como delito y pronóstico de comportamiento futuro (peligrosidad criminal); no pueden ser más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable.
La Administración Penitenciaria ejecuta las medidas privativas de libertad en establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias bajo control del Juez de Vigilancia; las no privativas y las condiciones de la suspensión se gestionan por los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Trastorno mental grave sobrevenido: art. 60 CP.
Causas de extinción de la responsabilidad criminal (art. 130.1 CP): muerte, cumplimiento de condena, remisión definitiva, indulto, perdón del ofendido (solo delitos leves perseguibles a instancia de parte), prescripción del delito y de la pena o medida.
Indulto (art. 62.i CE; Ley de 1870; Real Decreto a propuesta del Ministro de Justicia; perdona la pena, no el delito; no indultos generales) frente a amnistía (ley de las Cortes que borra retroactivamente el carácter delictivo del hecho); ambos distintos del perdón del ofendido.
Prescripción del delito (art. 131): 20, 15, 10 y 5 años según la pena; 1 año para delitos leves, injurias y calumnias; imprescriptibles lesa humanidad, genocidio, conflicto armado y terrorismo con muerte. Quebrantamiento de las penas del art. 48 en el ámbito del art. 173.2: prisión de 6 meses a 1 año (art. 468).
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Pregunta 1 de 120 aciertos
El art. 6.2 del Código Penal establece que las medidas de seguridad:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 21 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema estudia los mecanismos que permiten no ejecutar, sustituir o suspender el cumplimiento efectivo de una pena privativa de libertad, con especial atención a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, así como el sistema de medidas de seguridad del Código Penal, distinguiendo las que son competencia de la Administración Penitenciaria de las que no lo son. Se cierra con las causas de extinción de la responsabilidad criminal, que ponen fin a la persecución o a la ejecución de la pena por causas distintas de su cumplimiento íntegro.
¿Qué hay que memorizar del Tema 21 para el examen?
Suspensión ordinaria (art. 80 CP): delincuente primario (no cuentan imprudentes, leves ni cancelados), pena no superior a 2 años, responsabilidades civiles satisfechas y pronóstico favorable; plazo de suspensión de 2 a 5 años (3 meses a 1 año para penas leves, art. 81). Suspensión sin límite de duración para penados con enfermedad muy grave e incurable (art. 80.4 CP); suspensión de penas de hasta 5 años por dependencia a sustancias, con certificado de deshabituación o tratamiento, plazo de 3 a 5 años (art. 87 CP). Tras la LO 1/2015, la libertad condicional es una suspensión del resto de la pena (arts. 90-92): tercer grado, tres cuartas partes de la pena (dos terceras en ciertos casos) y pronóstico favorable; plazo de 2 a 5 años. Revocación de la suspensión (art. 86 CP): nuevo delito durante el plazo, incumplimiento grave o reiterado de prohibiciones y deberes, sustracción al control o información inexacta sobre bienes decomisables. Cumplido el plazo sin incidencias: remisión de la pena (art. 85). Trabajos en beneficio de la comunidad (art. 49 CP): exigen SIEMPRE el consentimiento del penado; duración de 1 día a 1 año (art. 40.4), máximo 8 horas diarias; ejecución bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, gestión material por los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (RD 840/2011). Medidas de seguridad (art. 96 CP): privativas de libertad (internamiento psiquiátrico, de deshabituación, educativo especial) y no privativas (libertad vigilada, custodia familiar, inhabilitación profesional, expulsión, privación de conducir y de armas). Sistema vicarial (art. 99): la medida se abona al cumplimiento de la pena. Presupuestos de las medidas de seguridad (arts. 6 y 95 CP): hecho previsto como delito y pronóstico de comportamiento futuro (peligrosidad criminal); no pueden ser más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable. La Administración Penitenciaria ejecuta las medidas privativas de libertad en establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias bajo control del Juez de Vigilancia; las no privativas y las condiciones de la suspensión se gestionan por los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Trastorno mental grave sobrevenido: art. 60 CP. Causas de extinción de la responsabilidad criminal (art. 130.1 CP): muerte, cumplimiento de condena, remisión definitiva, indulto, perdón del ofendido (solo delitos leves perseguibles a instancia de parte), prescripción del delito y de la pena o medida. Indulto (art. 62.i CE; Ley de 1870; Real Decreto a propuesta del Ministro de Justicia; perdona la pena, no el delito; no indultos generales) frente a amnistía (ley de las Cortes que borra retroactivamente el carácter delictivo del hecho); ambos distintos del perdón del ofendido. Prescripción del delito (art. 131): 20, 15, 10 y 5 años según la pena; 1 año para delitos leves, injurias y calumnias; imprescriptibles lesa humanidad, genocidio, conflicto armado y terrorismo con muerte. Quebrantamiento de las penas del art. 48 en el ámbito del art. 173.2: prisión de 6 meses a 1 año (art. 468).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 6, 40, 47-49, 57, 60, 80-92, 95-106, 130-133, 136, 468)
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (arts. 183 y siguientes)
Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero
Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña
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