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Tema 17. El Presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El presupuesto del Estado en España: concepto y estructura. El Presupuesto como instrumento de planificación económica: aspectos generales de las leyes de estabilidad presupuestaria.

Convocatoria 2026, turno libre · Índice oficial del BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226).

Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.

Este tema desarrolla los fundamentos del Derecho Presupuestario español: el concepto de presupuesto, los principios presupuestarios clásicos, la estructura del presupuesto del Estado, y el ciclo presupuestario completo, desde su elaboración hasta su control. Se cierra con la dimensión más reciente del Derecho Presupuestario, la estabilidad presupuestaria, estudiando los rasgos generales de las leyes que la regulan y su incidencia sobre la planificación económica de las Administraciones Públicas, incluida la Administración Penitenciaria.

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El Presupuesto: concepto y naturaleza jurídica

El Presupuesto puede definirse como el acto legislativo mediante el cual se autoriza el importe máximo de los gastos que el Estado, en un periodo determinado (normalmente el año natural), puede realizar en el cumplimiento de sus fines, y se prevén los ingresos necesarios para cubrirlos. Tiene naturaleza jurídica de ley (Ley de Presupuestos Generales del Estado), con las peculiaridades derivadas de su objeto específicamente económico: es una ley de vigencia temporal limitada (anual), con un contenido normativo mixto (contiene tanto normas jurídicas propiamente dichas, especialmente en la parte articulada, como estados numéricos de previsión de ingresos y autorización de gastos), y con limitaciones específicas en cuanto a su tramitación (iniciativa reservada al Gobierno) y a las materias que puede regular su articulado, conforme a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contenido propio y el contenido eventual de las leyes de presupuestos.

Los principios presupuestarios: unidad, universalidad, especialidad y anualidad

El Derecho Presupuestario clásico se articula en torno a cuatro grandes principios: unidad, que exige que todos los ingresos y gastos del Estado se recojan en un único documento presupuestario, sin perjuicio de la existencia de presupuestos separados de organismos autónomos y otras entidades del sector público estatal, integrados en los Presupuestos Generales del Estado; universalidad, que exige que todos los ingresos y todos los gastos figuren en el presupuesto por su importe íntegro, sin compensaciones ni minoraciones entre ellos (principio de no afectación de ingresos concretos a gastos concretos, salvo excepciones tasadas); especialidad, que exige que los créditos presupuestarios se destinen exclusivamente a la finalidad específica para la que fueron autorizados, en las cuantías y por el periodo temporal aprobados; y anualidad, que limita la vigencia del presupuesto, en principio, al ejercicio económico anual.

El principio de estabilidad presupuestaria

El principio de estabilidad presupuestaria se incorporó al art. 135 CE con la reforma constitucional de 2011 (septiembre de 2011). El art. 135.1 establece que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El art. 135.2 dispone que el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros; que una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas en relación con su producto interior bruto; y que las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. El art. 135.3 establece que el Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito; que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta, sin que puedan ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión; y que el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El art. 135.4 permite superar los límites de déficit estructural y de volumen de deuda en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

La Ley General Presupuestaria

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, constituye la norma de referencia del Derecho Presupuestario español, regulando el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control del sector público estatal. Contiene la regulación de los presupuestos y su contenido, la programación presupuestaria y los procedimientos para su elaboración, aprobación, ejecución y liquidación, así como el régimen de los créditos presupuestarios y sus modificaciones, la contabilidad pública, el control interno de la gestión económico-financiera (llevado a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado), la tesorería, la deuda del Estado y el régimen de responsabilidades. Sustituyó al Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y ha sido objeto de numerosas modificaciones, entre ellas las derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El ciclo presupuestario: elaboración, aprobación, ejecución y control

El ciclo presupuestario comprende cuatro grandes fases: la elaboración del proyecto de presupuesto, competencia del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, que recaba de todos los departamentos ministeriales y organismos sus correspondientes anteproyectos y elabora sobre esta base el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado; la aprobación, que corresponde en exclusiva a las Cortes Generales (art. 134.1 CE), mediante el procedimiento legislativo específico de la Ley de Presupuestos; la ejecución, desarrollada durante el ejercicio presupuestario por los distintos órganos gestores del gasto público conforme a las fases del procedimiento de ejecución del gasto; y el control, tanto interno (Intervención General de la Administración del Estado) como externo (Tribunal de Cuentas), que verifica la correcta aplicación de los créditos presupuestarios a los fines para los que fueron autorizados.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado

El art. 134 CE dispone que corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación (apartado 1); que los Presupuestos tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado (apartado 2); que el Gobierno debe presentar los Presupuestos ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior (apartado 3); que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos (apartado 4); que aprobados los Presupuestos, el Gobierno puede presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario (apartado 5); que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación, limitación conocida como reserva de la iniciativa gubernamental en materia presupuestaria (apartado 6); y que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos, aunque puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea (apartado 7). El Gobierno remite el proyecto al Congreso, donde se tramita con especialidades (debate de totalidad, plazo de enmiendas, debate en Comisión de Presupuestos y Pleno), y después al Senado, que dispone de plazos reducidos y puede vetar o enmendar el texto, correspondiendo al Congreso la decisión final.

Estructura del presupuesto: clasificación orgánica, económica y funcional

Los estados de gastos de los Presupuestos Generales del Estado se estructuran, con arreglo a la Ley General Presupuestaria, según tres clasificaciones complementarias: la clasificación orgánica, que ordena los créditos según el órgano, organismo o entidad al que se asignan (Ministerios, organismos autónomos, entre ellos el organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo); la clasificación por programas, que agrupa los créditos en función de los objetivos que se pretenden conseguir con su aplicación, permitiendo evaluar el grado de cumplimiento de dichos objetivos y el coste de los servicios, y a la que se superpone la clasificación por políticas de gasto; y la clasificación económica, que distingue los créditos según su naturaleza económica, diferenciando entre operaciones corrientes, operaciones de capital y operaciones financieras. Estas se desglosan en capítulos: Capítulo 1 (gastos de personal), 2 (gastos corrientes en bienes y servicios), 3 (gastos financieros), 4 (transferencias corrientes), 5 (Fondo de contingencia y otros imprevistos), 6 (inversiones reales), 7 (transferencias de capital), 8 (activos financieros) y 9 (pasivos financieros). Los capítulos 1 a 5 son operaciones corrientes, los capítulos 6 y 7 operaciones de capital y los capítulos 8 y 9 operaciones financieras. En el estado de ingresos se clasifican por su origen: impuestos directos, impuestos indirectos, tasas y otros ingresos, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales, transferencias de capital, activos financieros y pasivos financieros.

Los créditos presupuestarios y sus modificaciones

Los créditos presupuestarios constituyen el límite máximo de las autorizaciones para gastar con cargo a los estados de gastos, y se caracterizan por su especialidad cualitativa (deben destinarse a la finalidad específica para la que fueron aprobados), cuantitativa (no puede gastarse más de lo autorizado) y temporal (deben aplicarse dentro del ejercicio presupuestario). Sin embargo, la propia legislación presupuestaria admite determinadas modificaciones de los créditos inicialmente aprobados, ante situaciones o necesidades no previstas en el momento de aprobar el presupuesto: las transferencias de crédito (traspaso de dotación entre distintas aplicaciones presupuestarias), las generaciones de crédito, las ampliaciones de crédito, las incorporaciones de remanentes de crédito de ejercicios anteriores, y los créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones cuya dotación resulte insuficiente y no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente.

Las fases de ejecución del gasto público: autorización, disposición, obligación y pago

La ejecución del gasto público sigue un procedimiento reglado que se articula en cuatro fases sucesivas: la autorización del gasto (fase A), acto administrativo por el que se aprueba la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario; la disposición o compromiso del gasto (fase D), acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado; el reconocimiento de la obligación (fase O), acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Administración, derivado de un gasto autorizado y comprometido y previa acreditación documental de la realización de la prestación o el derecho del acreedor; y la ordenación del pago (fase P), mediante la cual se expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería.

El control del gasto público: interno y externo

El gasto público está sujeto a un doble control: el control interno, ejercido por la propia Administración a través de la Intervención General de la Administración del Estado, y el control externo, ejercido por un órgano ajeno a la Administración gestora, el Tribunal de Cuentas, dependiente directamente de las Cortes Generales. El control interno se ejerce con carácter previo (función interventora, que fiscaliza todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos u obligaciones de contenido económico antes de que se dicte la correspondiente resolución) y con carácter posterior (control financiero permanente y auditoría pública, que verifica el funcionamiento correcto de los servicios en su conjunto). El control externo del Tribunal de Cuentas es, en cambio, siempre posterior a la ejecución del gasto, y se plasma en el Informe o Memoria anual que eleva a las Cortes Generales.

La Intervención General de la Administración del Estado

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es el órgano de control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda, que ejerce sus funciones con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle, atribuyéndosele, entre otras, la función interventora (control previo de legalidad de los actos de contenido económico), el control financiero permanente (verificación continuada, con posterioridad, de la actividad económico-financiera de los sujetos sometidos a control), y la auditoría pública (verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera). Ejerce también funciones de contabilidad pública, elaborando la Cuenta General del Estado que anualmente se rinde al Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas

El art. 136 CE define al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, dependiente directamente de las Cortes Generales y ejerciendo sus funciones por delegación de estas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sujetos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. Ejerce dos funciones diferenciadas: la función fiscalizadora (externa, posterior y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público, que se materializa en un Informe o Memoria anual elevado a las Cortes Generales) y la función jurisdiccional o de enjuiciamiento contable (exigencia de responsabilidad contable a quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, cuando estos resulten menoscabados por su gestión irregular).

El Presupuesto como instrumento de planificación económica

El Presupuesto no es únicamente un instrumento contable de previsión de ingresos y autorización de gastos, sino también un instrumento fundamental de planificación de la política económica del Gobierno, que a través de la asignación de los recursos públicos entre los distintos programas y políticas de gasto orienta el conjunto de la actividad económica del sector público. Esta dimensión de planificación se ha visto reforzada por su integración en el marco de la disciplina fiscal europea (Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Semestre Europeo y objetivos de déficit y deuda pública), que condiciona de forma creciente el margen de maniobra del Gobierno y de las Cortes. El marco europeo fue reformado en 2024: el Reglamento (UE) 2024/1263, de 29 de abril de 2024, sobre la coordinación eficaz de las políticas económicas y sobre la supervisión presupuestaria multilateral, sustituye las reglas anteriores por planes fiscales y estructurales nacionales a medio plazo basados en una senda de gasto primario neto como indicador operativo único, que cada Estado miembro presenta y la Comisión y el Consejo evalúan. La Ley Orgánica 2/2012 y la Ley General Presupuestaria exigen además programación presupuestaria plurianual, de modo que los presupuestos anuales se enmarcan en un escenario a medio plazo.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, desarrolla el art. 135 CE, estableciendo los principios rectores a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo. Consagra los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de sus respectivos objetivos, y lealtad institucional en las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas para la valoración de las repercusiones de sus actuaciones sobre la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las demás Administraciones.

La regla de gasto

La regla de gasto, regulada en el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012, establece que la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto de medio plazo de la economía española, calculada conforme a la metodología utilizada por la Comisión Europea. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable podrá aumentar en la cuantía equivalente; si se aprueban cambios que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable deberá disminuir en la misma cuantía. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Su finalidad es doble: garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo con independencia de la evolución cíclica de los ingresos públicos, y evitar que en las fases expansivas del ciclo económico se generen incrementos de gasto estructural insostenibles en fases posteriores. Su aplicación puede suspenderse cuando el Congreso apruebe la apreciación de circunstancias excepcionales.

El techo de gasto no financiero

El límite de gasto no financiero del Estado (art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012) es el techo de asignación de recursos de los Presupuestos Generales del Estado, coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto, y que debe ser aprobado por el Gobierno, con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, tras someter al Congreso de los Diputados y al Senado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para los tres ejercicios siguientes, que son votados por separado por ambas Cámaras. Este techo de gasto delimita el marco cuantitativo dentro del cual se elabora el proyecto de presupuesto, distribuyéndose posteriormente entre los distintos Ministerios y organismos, incluidos el Ministerio del Interior y, dentro de este, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cuyo presupuesto anual queda así condicionado por este marco general de disciplina fiscal.

Los presupuestos de los organismos autónomos

Los organismos autónomos, como el organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (adscrito al Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias), cuentan con un presupuesto propio, diferenciado del de la Administración General del Estado a la que están adscritos, si bien integrado en los Presupuestos Generales del Estado en cumplimiento del principio de unidad presupuestaria, y sometido a las mismas reglas generales de elaboración, aprobación por las Cortes Generales, ejecución y control que rigen para el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado. Los créditos de los organismos autónomos tienen carácter limitativo, a diferencia de las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles estatales, cuyos presupuestos de explotación y capital tienen carácter estimativo. Los organismos autónomos con actividad de naturaleza productiva, como el que gestiona el trabajo penitenciario, pueden tener una mayor flexibilidad en la gestión de sus ingresos propios (derivados de la venta de la producción de los talleres penitenciarios), sin perjuicio de su sujeción al régimen presupuestario general del sector público estatal.

El presupuesto de la Entidad de Trabajo Penitenciario

El presupuesto del organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (cuyo Estatuto se aprobó por el Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero) se nutre tanto de transferencias procedentes de los Presupuestos Generales del Estado como de ingresos propios derivados de su actividad productiva y comercial (venta de la producción de los talleres penitenciarios, prestación de servicios a empresas colaboradoras), lo que le confiere una singularidad respecto de otros organismos autónomos de naturaleza puramente administrativa. Su plan de actuación y su presupuesto anual deben integrarse en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado siguiendo el ciclo presupuestario ordinario, y su ejecución y liquidación están sujetas al control de la Intervención General de la Administración del Estado y, en último término, a la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas, como el resto del sector público estatal. Conviene verificar la denominación y el régimen vigente de este organismo, ya que ha experimentado cambios organizativos a lo largo del tiempo.

El principio de anualidad presupuestaria y las prórrogas presupuestarias

El principio de anualidad limita la vigencia temporal del Presupuesto al ejercicio económico, que en España coincide con el año natural (art. 134.2 CE), exigiendo la aprobación de una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año. Sin embargo, el art. 134.4 CE prevé la prórroga automática: si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se consideran automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos, evitando un vacío presupuestario y garantizando la continuidad de los servicios públicos. La prórroga comporta limitaciones prácticas importantes: desaparecen los créditos que correspondan a programas cuya vigencia expire en el ejercicio anterior o a actuaciones con un destino único que se hayan extinguido, y el Gobierno puede aprobar modificaciones para atender necesidades inaplazables. A su vez, la anualidad se matiza con excepciones: los gastos plurianuales (compromisos que se extienden a ejercicios futuros con límites porcentuales) y la incorporación de remanentes de crédito. En la imputación, solo se aplican al presupuesto las obligaciones reconocidas hasta el fin del ejercicio, y los derechos reconocidos en el ejercicio.

El control financiero permanente del gasto público

El control financiero permanente es una modalidad de control interno posterior ejercida por la Intervención General de la Administración del Estado, orientada a verificar de una manera continua la situación y el funcionamiento de las entidades del sector público estatal en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les sean de aplicación, y, en particular, el adecuado uso de los recursos que le hayan sido asignados, evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos y de la gestión de riesgos. Se ejerce mediante técnicas de auditoría y complementa a la función interventora clásica (control previo), permitiendo una supervisión más orientada a la eficiencia y a los resultados de la gestión económico-financiera que a la mera legalidad formal de cada acto administrativo aislado, en línea con las modernas tendencias de control de la actividad económica del sector público.

Contenido de los Presupuestos Generales del Estado

Los Presupuestos Generales del Estado integran, según la Ley General Presupuestaria, los presupuestos del sector público estatal: el presupuesto del Estado (con los órganos constitucionales), los de los organismos autónomos, el de la Seguridad Social, y los de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones y demás entidades del sector público estatal en las formas legalmente previstas. El presupuesto de gastos de los órganos del sector público administrativo tiene carácter limitativo, mientras que el de las entidades del sector público empresarial y fundacional tiene carácter estimativo (presupuestos de explotación y capital). El proyecto de ley debe acompañarse de la documentación complementaria: memoria de los objetivos, informe económico-financiero, anexo de inversiones reales, estado de consolidación, informe de impacto de género, memoria de beneficios fiscales y la información de la ejecución del ejercicio corriente. El contenido de la Ley de Presupuestos se divide en un contenido necesario (previsión de ingresos y autorización de gastos), un contenido eventual (normas que guardan relación directa con los ingresos y gastos, que sean complemento de los criterios de política económica o necesarias para la mayor inteligibilidad y ejecución del presupuesto), y un contenido prohibido, según la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional.

Principios presupuestarios complementarios

Además de los cuatro principios clásicos, la doctrina y la Ley General Presupuestaria identifican otros principios: el de equilibrio y estabilidad (el presupuesto debe elaborarse en equilibrio o superávit estructural); la no afectación de los recursos (los ingresos se destinan a financiar el conjunto de los gastos, sin que un ingreso concreto se afecte a un gasto concreto, salvo excepciones legales); la especialidad en sus tres dimensiones (cualitativa o destino del crédito, cuantitativa o limitación a la cuantía autorizada y temporal o limitación al ejercicio); la programación plurianual; la transparencia y publicidad (el presupuesto debe ser público, claro y comprensible, y se publica en el Boletín Oficial del Estado); la eficacia y eficiencia en la asignación; la gestión por objetivos y la responsabilidad en la gestión; y la perspectiva de género y de sostenibilidad. La universalidad exige que se incluyan todos los ingresos y gastos por su importe íntegro; la unidad que se integren en un solo documento, sin perjuicio de que los presupuestos de los organismos y entes se presenten con carácter separado pero integrados. Los créditos son limitativos y vinculantes, por lo que no pueden adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados (los actos que lo infrinjan son nulos de pleno derecho).

El Fondo de Contingencia y las modificaciones presupuestarias

El Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria (art. 31 de la Ley Orgánica 2/2012, y el Capítulo 5 del estado de gastos) es una dotación que se incluye en los presupuestos para atender necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y para las que no exista crédito o este resulte insuficiente. Se aplica, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, para financiar créditos extraordinarios, suplementos de crédito y ampliaciones de crédito. Las modificaciones de crédito (arts. 50 y siguientes de la Ley General Presupuestaria) incluyen: los créditos extraordinarios (cuando haya que realizar un gasto que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito), los suplementos de crédito (cuando el crédito resulte insuficiente), las ampliaciones de crédito (en los créditos que la ley declara ampliables), las transferencias de crédito (traspaso entre aplicaciones, con límites), las generaciones de crédito por nuevos ingresos, las incorporaciones de remanentes y las bajas por anulación. Sus límites buscan preservar la autorización de las Cortes: por ejemplo, las transferencias no pueden minorar créditos extraordinarios ni aumentar los créditos que hayan sido minorados por transferencias, salvo supuestos tasados. El Gobierno informa a las Cortes de las modificaciones relevantes.

Desarrollo del control interno: formas de la función interventora

La función interventora de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) tiene como finalidad controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. Comprende la fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos o aprueben gastos, la intervención del reconocimiento de las obligaciones, la intervención de la comprobación material de la inversión y la intervención formal de la ordenación del pago. Si el interventor discrepa de la propuesta, formula un reparo por escrito, que suspende la tramitación del expediente hasta que se solucione; las discrepancias se resuelven por el titular del órgano gestor o, en su caso, por el Consejo de Ministros (cuando el reparo se mantenga). Existen, además, formas simplificadas de control (fiscalización limitada previa) en las que se verifican los extremos esenciales. La Intervención General ejerce también el control financiero permanente y la auditoría pública de las cuentas anuales de entidades del sector público. En el ámbito penitenciario, los establecimientos disponen de habilitados y cajas pagadoras que gestionan anticipos de caja fija y pagos a justificar, sometidos a estas reglas.

Plan de contabilidad pública y Cuenta General del Estado

La contabilidad pública es el sistema de información que recoge la ejecución del presupuesto y la situación patrimonial. En el sector público estatal está regulada por la Ley General Presupuestaria (contabilidad pública) y por el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que adapta la contabilidad pública al Plan General de Contabilidad de la empresa española. La IGAE es el centro directivo de la contabilidad pública y formula la Cuenta General del Estado, que comprende las cuentas anuales de las entidades del sector público administrativo, empresarial y fundacional, y se remite al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente. El Tribunal de Cuentas la examina y comprueba, y emite una declaración sobre la misma que se eleva a las Cortes Generales. El presupuesto se liquida a la finalización del ejercicio y arroja un resultado presupuestario (diferencia entre derechos y obligaciones reconocidos) y un saldo presupuestario del ejercicio (capacidad o necesidad de financiación, según el sistema europeo de cuentas SEC).

La estabilidad presupuestaria: ámbito, límites y medidas

La Ley Orgánica 2/2012 se aplica a todo el sector público, formado por las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y Seguridad Social) y las restantes entidades públicas dependientes. La estabilidad presupuestaria se define como la situación de equilibrio o superávit estructural (art. 3). Según el art. 11, ninguna Administración puede incurrir en déficit estructural, aunque en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el conjunto de las Administraciones un déficit estructural del 0,4 por ciento del PIB nominal o el que fije la normativa europea si fuera inferior; y según el art. 13, el volumen de deuda pública no puede superar el 60 por ciento del PIB, distribuido así: 44 por ciento para la Administración central, 13 por ciento para las Comunidades Autónomas y 3 por ciento para las entidades locales. Se admiten excepciones por catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria, apreciadas por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (art. 11.3). Las Administraciones cuentan con instrumentos preventivos (informe sobre el grado de cumplimiento, advertencia de riesgo de incumplimiento), correctivos (plan económico-financiero o plan de reequilibrio tras un incumplimiento) y coercitivos (requerimiento de acuerdos de no disponibilidad, constitución de depósito con intereses, envío de una comisión de expertos y, en último término, medidas de cumplimiento forzoso). Las Comunidades Autónomas y entidades locales incumplidoras pueden tener limitado su acceso al endeudamiento. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), creada por la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, es una autoridad administrativa independiente cuya misión es velar por el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el art. 135 CE, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público, el análisis de las previsiones económicas y el seguimiento de las reglas fiscales. Emite informes sobre las previsiones macroeconómicas, la senda de estabilidad y los proyectos de presupuestos, de carácter no vinculante pero sujetos al principio de cumplir o explicar. Su Presidente es designado entre personas de reconocido prestigio, con un mandato no renovable. Además, tras la reforma de sus competencias, evalúa también el gasto público (spending reviews) y las políticas públicas. Constituye, junto con la regla de gasto, el techo de gasto y la deuda, el pilar institucional del control de las finanzas públicas.

El Tribunal de Cuentas: composición y funciones

El Tribunal de Cuentas se rige por la Ley Orgánica 2/1982 y por la Ley 7/1988, de funcionamiento. Está integrado por doce Consejeros de Cuentas, elegidos por las Cortes Generales (seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, por mayoría de tres quintos de cada Cámara) por un período de nueve años, y su Presidente es elegido por el Pleno entre sus miembros por un período de tres años. Se organiza en el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización y la Sección de Enjuiciamiento. Sus funciones son la fiscalización (examen y comprobación de la actividad económico-financiera del sector público: la regularidad contable, la legalidad y la eficiencia y economía) y el enjuiciamiento contable (exigencia de responsabilidad contable por alcance, malversación o menoscabo de caudales públicos). Debe distinguirse de la jurisdicción penal y de la responsabilidad disciplinaria, que son compatibles. La función fiscalizadora se ejerce sin perjuicio de los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. El Tribunal rinde a las Cortes la declaración sobre la Cuenta General del Estado y un informe anual con las infracciones y responsabilidades detectadas.

El gasto penitenciario en el Presupuesto

El gasto de la Administración Penitenciaria se integra en la sección del Ministerio del Interior, y dentro de ella se identifica con un programa presupuestario específico para centros e instituciones penitenciarias, incluido en la política de gasto de Justicia. Por su naturaleza, buena parte del crédito corresponde a gastos de personal de los centros y servicios (Capítulo 1) y a gastos corrientes en bienes y servicios (Capítulo 2: alimentación, suministros, mantenimiento y similares), además de las inversiones en infraestructuras penitenciarias (Capítulo 6). Las dotaciones del trabajo productivo y la formación para el empleo se canalizan a través del organismo autónomo de trabajo penitenciario, y la gestión de la sanidad penitenciaria depende en gran medida del Ministerio del Interior, con la salvedad de las Comunidades Autónomas que han asumido la sanidad penitenciaria por transferencia. Estos créditos están sometidos al régimen general de modificaciones, fiscalización y control descrito, así como a la rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Principios presupuestarios clásicos: unidad (un único documento), universalidad (importe íntegro, sin compensaciones), especialidad (destino exclusivo a la finalidad autorizada) y anualidad (vigencia limitada al ejercicio económico).
  • Art. 134 CE: el Gobierno elabora los Presupuestos y las Cortes los aprueban; si no se aprueban antes del 1 de enero, se prorrogan automáticamente los del año anterior.
  • Toda enmienda que suponga aumento de gasto o disminución de ingresos requiere la conformidad previa del Gobierno (reserva de iniciativa gubernamental, art. 134.6 CE).
  • Fases de ejecución del gasto: Autorización (A), Disposición/compromiso (D), reconocimiento de la Obligación (O) y ordenación del Pago (P).
  • Control interno (IGAE): función interventora (previa), control financiero permanente y auditoría pública (posteriores). Control externo (Tribunal de Cuentas, art. 136 CE): siempre posterior, dependiente de las Cortes Generales.
  • El Tribunal de Cuentas tiene doble función: fiscalizadora (informe anual a las Cortes) y jurisdiccional (enjuiciamiento contable por menoscabo de caudales públicos).
  • Art. 135 CE (reforma de 2011): todas las Administraciones adecuarán su actuación a la estabilidad presupuestaria; el Estado y las Comunidades Autónomas no pueden incurrir en déficit estructural superior a los márgenes de la UE; las entidades locales, equilibrio; el pago de intereses y capital de la deuda pública tiene prioridad absoluta; excepciones por mayoría absoluta del Congreso.
  • Art. 134 CE: elaboración por el Gobierno; examen, enmienda y aprobación por las Cortes; presentación al menos tres meses antes de expirar los anteriores; prórroga automática; la Ley de Presupuestos no puede crear tributos (art. 134.7).
  • LO 2/2012: sin déficit estructural (con margen de hasta el 0,4 por ciento del PIB en caso de reformas estructurales) y deuda del 60 por ciento (44 por ciento Administración central, 13 por ciento Comunidades Autónomas, 3 por ciento entidades locales); regla de gasto (art. 12); límite de gasto no financiero (art. 30); Fondo de Contingencia (art. 31).
  • El Tribunal de Cuentas tiene doce Consejeros elegidos por las Cortes (seis por cada Cámara, mayoría de tres quintos) por nueve años; el Presidente es elegido por el Pleno por tres años.
  • Capítulos del estado de gastos: 1 personal, 2 bienes corrientes y servicios, 3 gastos financieros, 4 transferencias corrientes, 5 Fondo de Contingencia, 6 inversiones reales, 7 transferencias de capital, 8 activos financieros, 9 pasivos financieros.
  • Los presupuestos de los organismos autónomos son limitativos; los de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles son estimativos.
  • Reglamento (UE) 2024/1263: nueva gobernanza económica de la UE basada en planes fiscales y estructurales a medio plazo y en una senda de gasto primario neto. Contrastar la adaptación de la LO 2/2012.
  • La IGAE formula la Cuenta General del Estado, que se rinde al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente. Plan General de Contabilidad Pública: Orden EHA/1037/2010.
  • La AIReF (LO 6/2013) vela por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria; sus informes no son vinculantes pero siguen el principio de cumplir o explicar.
  • Error típico: el control interno (IGAE) puede ser previo (función interventora) y posterior (control financiero permanente y auditoría pública); el control externo (Tribunal de Cuentas) es siempre posterior.
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La función interventora de la IGAE se caracteriza por ser un control:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 17 de Instituciones Penitenciarias?

Este tema desarrolla los fundamentos del Derecho Presupuestario español: el concepto de presupuesto, los principios presupuestarios clásicos, la estructura del presupuesto del Estado, y el ciclo presupuestario completo, desde su elaboración hasta su control. Se cierra con la dimensión más reciente del Derecho Presupuestario, la estabilidad presupuestaria, estudiando los rasgos generales de las leyes que la regulan y su incidencia sobre la planificación económica de las Administraciones Públicas, incluida la Administración Penitenciaria.

¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?

Principios presupuestarios clásicos: unidad (un único documento), universalidad (importe íntegro, sin compensaciones), especialidad (destino exclusivo a la finalidad autorizada) y anualidad (vigencia limitada al ejercicio económico). Art. 134 CE: el Gobierno elabora los Presupuestos y las Cortes los aprueban; si no se aprueban antes del 1 de enero, se prorrogan automáticamente los del año anterior. Toda enmienda que suponga aumento de gasto o disminución de ingresos requiere la conformidad previa del Gobierno (reserva de iniciativa gubernamental, art. 134.6 CE). Fases de ejecución del gasto: Autorización (A), Disposición/compromiso (D), reconocimiento de la Obligación (O) y ordenación del Pago (P). Control interno (IGAE): función interventora (previa), control financiero permanente y auditoría pública (posteriores). Control externo (Tribunal de Cuentas, art. 136 CE): siempre posterior, dependiente de las Cortes Generales. El Tribunal de Cuentas tiene doble función: fiscalizadora (informe anual a las Cortes) y jurisdiccional (enjuiciamiento contable por menoscabo de caudales públicos). Art. 135 CE (reforma de 2011): todas las Administraciones adecuarán su actuación a la estabilidad presupuestaria; el Estado y las Comunidades Autónomas no pueden incurrir en déficit estructural superior a los márgenes de la UE; las entidades locales, equilibrio; el pago de intereses y capital de la deuda pública tiene prioridad absoluta; excepciones por mayoría absoluta del Congreso. Art. 134 CE: elaboración por el Gobierno; examen, enmienda y aprobación por las Cortes; presentación al menos tres meses antes de expirar los anteriores; prórroga automática; la Ley de Presupuestos no puede crear tributos (art. 134.7). LO 2/2012: sin déficit estructural (con margen de hasta el 0,4 por ciento del PIB en caso de reformas estructurales) y deuda del 60 por ciento (44 por ciento Administración central, 13 por ciento Comunidades Autónomas, 3 por ciento entidades locales); regla de gasto (art. 12); límite de gasto no financiero (art. 30); Fondo de Contingencia (art. 31). El Tribunal de Cuentas tiene doce Consejeros elegidos por las Cortes (seis por cada Cámara, mayoría de tres quintos) por nueve años; el Presidente es elegido por el Pleno por tres años. Capítulos del estado de gastos: 1 personal, 2 bienes corrientes y servicios, 3 gastos financieros, 4 transferencias corrientes, 5 Fondo de Contingencia, 6 inversiones reales, 7 transferencias de capital, 8 activos financieros, 9 pasivos financieros. Los presupuestos de los organismos autónomos son limitativos; los de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles son estimativos. Reglamento (UE) 2024/1263: nueva gobernanza económica de la UE basada en planes fiscales y estructurales a medio plazo y en una senda de gasto primario neto. Contrastar la adaptación de la LO 2/2012. La IGAE formula la Cuenta General del Estado, que se rinde al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente. Plan General de Contabilidad Pública: Orden EHA/1037/2010. La AIReF (LO 6/2013) vela por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria; sus informes no son vinculantes pero siguen el principio de cumplir o explicar. Error típico: el control interno (IGAE) puede ser previo (función interventora) y posterior (control financiero permanente y auditoría pública); el control externo (Tribunal de Cuentas) es siempre posterior.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (arts. 66.2, 134, 135 y 136)
  • Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
  • Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
  • Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
  • Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas
  • Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, sobre la coordinación eficaz de las políticas económicas y sobre la supervisión presupuestaria multilateral
  • Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública
  • Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo

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