Tema 15. Las fuentes del Derecho Administrativo. El principio de legalidad en la actuación administrativa. La jerarquía de las fuentes. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Recursos administrativos. Revisión, anulación y revocación.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema desarrolla la teoría general de las fuentes del Derecho Administrativo y del principio de legalidad que rige toda actuación administrativa, y se detiene en profundidad en la teoría del acto administrativo: su concepto, elementos, clasificación, eficacia y validez, así como en los mecanismos de reacción frente a los actos administrativos —los recursos administrativos— y en las técnicas de revisión, anulación y revocación de que dispone la propia Administración para depurar su actuación.
Las fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clases
Las fuentes del Derecho Administrativo son los modos o formas de creación e integración de las normas jurídicas que rigen la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas y sus relaciones con los ciudadanos. El art. 1 del Código Civil reconoce como fuentes del ordenamiento jurídico la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, y añade que la jurisprudencia complementa el ordenamiento (art. 1.6) y que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no son de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado (art. 1.5). En el Derecho Administrativo, a diferencia del Derecho Civil, el reglamento adquiere una importancia singular como fuente propia y característica de esta rama del ordenamiento, dictada por las Administraciones en ejercicio de la potestad reglamentaria que reconocen la Constitución y las leyes. A ello se suma el Derecho de la Unión Europea, que goza de primacía y, en el caso de los reglamentos europeos, de aplicabilidad directa. Se suele hablar de un sistema de fuentes en el que se articulan relaciones de jerarquía (ley y reglamento), de competencia (ley estatal y autonómica, ley orgánica y ordinaria) y de supletoriedad.
La Constitución como fuente del Derecho Administrativo
La Constitución es la primera y más importante fuente del Derecho Administrativo, tanto por su valor normativo directo y su supremacía sobre el resto del ordenamiento, como por regular directamente numerosas instituciones administrativas básicas: la Administración Pública y sus principios de actuación (art. 103), el estatuto de los funcionarios públicos (art. 103.3), el Gobierno y su potestad reglamentaria (art. 97), el sistema de fuentes (art. 9.3, que consagra el principio de jerarquía normativa), y las garantías del administrado frente a la actuación administrativa (tutela judicial efectiva, art. 24, y control judicial de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, art. 106.1). Toda la legislación administrativa posterior debe interpretarse y aplicarse de conformidad con estos preceptos constitucionales.
La ley: leyes orgánicas y ordinarias
La ley, en sus distintas modalidades (leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos-leyes y decretos legislativos), es la fuente por excelencia del Derecho Administrativo, en cuanto emana directamente de las Cortes Generales, titulares de la potestad legislativa (o del Gobierno, en el caso de las normas con rango de ley dictadas en virtud de habilitación o de urgencia). Las leyes orgánicas, que exigen mayoría absoluta del Congreso, se reservan a materias tasadas por la Constitución (art. 81 CE); las leyes ordinarias, aprobadas por mayoría simple, regulan el resto de materias no reservadas a ley orgánica. Ambas ocupan una posición superior a los reglamentos en la jerarquía normativa, de modo que ningún reglamento puede contradecir lo dispuesto en una ley, cualquiera que sea el rango del órgano que lo dicte.
Los reglamentos: concepto, clases y límites
El reglamento es toda norma jurídica de rango inferior a la ley dictada por la Administración Pública en ejercicio de la potestad reglamentaria. Corresponde, con carácter originario, al Gobierno de la Nación (art. 97 CE), a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y a las entidades locales, y se ejerce también por los Ministros en las materias propias de su departamento cuando exista habilitación legal expresa. Se clasifican, por su relación con la ley, en ejecutivos (los que desarrollan una ley previa, precisando su aplicación) e independientes (los que regulan materias no reservadas a ley, sin ley previa de referencia); la doctrina admite además los reglamentos de organización y los reglamentos de necesidad, aunque estos últimos no tienen cabida en nuestro ordenamiento fuera de los supuestos de excepción y estado de necesidad constitucionalmente previstos. Los límites fundamentales, recogidos en el art. 128 de la Ley 39/2015 y en la Constitución, son: la reserva de ley, que impide al reglamento entrar en las materias que la Constitución o los Estatutos reservan a la ley; la jerarquía normativa, que le impide contradecir una ley o una disposición de rango superior; la prohibición de tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración respecto de la ley; la interdicción de la retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE, y art. 128.2); y la inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 de la Ley 40/2015: las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que aprobó la disposición general). Los reglamentos que incumplan estos límites son nulos de pleno derecho (art. 47.2 de la Ley 39/2015).
El principio de jerarquía normativa
El principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) establece un orden de prelación entre las distintas fuentes del ordenamiento jurídico, de manera que la norma de rango superior prevalece sobre la de rango inferior, que no puede contradecirla, siendo nula de pleno derecho en caso contrario (art. 47.2 de la Ley 39/2015, que declara nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior). El orden jerárquico, de mayor a menor rango, es: Constitución; tratados internacionales válidamente celebrados y publicados (art. 96 CE), que no pueden contradecir la Constitución; leyes, entre las que se incluyen las leyes orgánicas y ordinarias y las normas con rango de ley (decretos-leyes y decretos legislativos); y reglamentos, ordenados a su vez internamente según el rango del órgano que los dicta (Reales Decretos del Consejo de Ministros, Órdenes Ministeriales, Resoluciones y disposiciones de autoridades y órganos inferiores). Entre las leyes orgánicas y las ordinarias no existe propiamente jerarquía, sino distribución de materias (competencia) según la reserva del art. 81 CE; lo mismo sucede entre la ley estatal y la autonómica. Este principio garantiza la coherencia interna y la seguridad jurídica del sistema normativo.
La costumbre y los principios generales del Derecho
La costumbre, entendida como la práctica social reiterada y considerada jurídicamente vinculante por la comunidad, tiene una presencia muy limitada en el Derecho Administrativo, rama presidida por el principio de legalidad y por la exigencia de norma escrita para la actuación administrativa, si bien puede desempeñar un papel supletorio en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada. Los principios generales del Derecho, por su parte, tienen una función mucho más relevante en esta rama, actuando como fuente supletoria de tercer grado, pero también como fundamento del ordenamiento (informan la interpretación y aplicación de las normas administrativas) y como límite a la actuación de los poderes públicos, siendo ejemplos destacados los principios de proporcionalidad, buena fe, confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad.
El principio de legalidad en la actuación administrativa
El principio de legalidad, consagrado en el art. 9.1 y en el art. 103.1 de la Constitución (que somete a la Administración Pública a la ley y al Derecho), constituye el fundamento y el límite de toda la actuación administrativa: la Administración solo puede actuar dentro del marco de las competencias y potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye, y su actuación está sujeta en todo momento al control de los Tribunales, conforme dispone el art. 106.1 CE. Este principio se proyecta de forma especialmente intensa en el ámbito penitenciario, dado que la ejecución de penas privativas de libertad supone la máxima restricción posible de derechos fundamentales, lo que exige que cualquier limitación adicional de derechos de los internos cuente siempre con cobertura legal expresa (LOGP y Reglamento Penitenciario) y sea proporcionada a la finalidad perseguida.
La vinculación positiva y negativa de la Administración a la ley
La doctrina distingue dos modelos de vinculación de la Administración a la legalidad: la vinculación negativa, según la cual la Administración puede actuar libremente en todo aquello que la ley no le prohíba expresamente (modelo propio, en principio, de los particulares); y la vinculación positiva, según la cual la Administración solo puede actuar cuando exista una norma jurídica que expresamente le habilite para ello, de modo que la ausencia de habilitación legal equivale a prohibición de actuar. La doctrina y la jurisprudencia española mayoritaria sostienen que la Administración Pública está sometida al modelo de vinculación positiva, en coherencia con el principio de legalidad del art. 103.1 CE, si bien admitiendo matices y una intensidad distinta según se trate de actuaciones que restrinjan derechos (vinculación positiva más estricta) o de actuaciones meramente organizativas o de fomento.
El acto administrativo: concepto
El acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, juicio, deseo o conocimiento realizada por una Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, que produce efectos jurídicos, ya sea sobre la propia organización administrativa (actos internos) o frente a terceros (actos externos). Se distingue del reglamento en que este es una norma jurídica de carácter general, abstracto y con vocación de permanencia, mientras que el acto administrativo es una decisión concreta, singular, que aplica el ordenamiento jurídico (incluidos los reglamentos) a un supuesto de hecho determinado, agotando sus efectos en dicha aplicación, sin innovar el ordenamiento jurídico como sí hace el reglamento.
Elementos del acto administrativo: subjetivo, objetivo, causal y formal
El acto administrativo se compone de varios elementos: el elemento subjetivo, referido al órgano administrativo que lo dicta, que debe actuar dentro de su ámbito de competencia y sin incurrir en causa de abstención o recusación; el elemento objetivo, integrado por el contenido del acto (lo que se decide, certifica u opina) y por su objeto o presupuesto de hecho, que debe ser lícito, posible, determinado y adecuado al fin perseguido; el elemento causal, constituido por el fin público que justifica el ejercicio de la potestad administrativa correspondiente, cuya desviación (desviación de poder) vicia el acto; y el elemento formal, referido tanto al procedimiento seguido para su elaboración como a la forma de exteriorización del acto, que debe ser motivado cuando así lo exija la ley.
Clases de actos administrativos: expresos, presuntos, definitivos y de trámite
Los actos administrativos se clasifican, entre otros criterios, en expresos (los formalmente dictados y notificados por la Administración) y presuntos (los derivados del silencio administrativo ante la falta de resolución expresa dentro de plazo); y en definitivos o resolutorios (los que ponen fin al procedimiento resolviendo sobre el fondo del asunto) y de trámite (los que se dictan a lo largo de la tramitación del procedimiento sin resolver sobre el fondo, como la providencia de admisión o el acuerdo de apertura de un periodo probatorio), siendo estos últimos, como regla general, no susceptibles de recurso independiente, salvo que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
Actos favorables y actos de gravamen
Los actos administrativos se clasifican también, atendiendo a sus efectos sobre la esfera jurídica del destinatario, en actos favorables o declarativos de derechos, que amplían el patrimonio jurídico del interesado (una autorización, un permiso de salida penitenciario concedido, un nombramiento), y actos de gravamen o limitativos de derechos, que restringen la esfera jurídica del destinatario o le imponen una obligación, carga o sanción (la denegación de un permiso, una sanción disciplinaria). Esta distinción tiene enorme relevancia práctica: los actos favorables gozan de una protección reforzada frente a su revisión por parte de la propia Administración (no pueden revocarse libremente, sino mediante los cauces tasados de revisión de oficio o de lesividad), mientras que los actos de gravamen pueden ser revocados libremente por la Administración siempre que la revocación no sea contraria al ordenamiento jurídico.
La eficacia de los actos administrativos
El art. 39.1 de la Ley 39/2015 establece que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Esta presunción de validez, junto con la ejecutividad, constituye la autotutela declarativa de la Administración: el acto, una vez dictado, produce efectos por sí mismo, sin necesidad de acudir previamente a los Tribunales. La ejecutividad se regula en el art. 98: los actos sujetos al Derecho Administrativo son inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución, que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición, que una disposición establezca lo contrario o que necesite aprobación o autorización superior. Esta presunción de validez puede ser desvirtuada mediante los correspondientes recursos administrativos o judiciales, pero mientras estos no prosperen, el acto sigue siendo eficaz. En el procedimiento sancionador, la resolución solo es ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa, lo que protege al presunto infractor (art. 98.1.b).
La notificación y publicación como requisitos de eficacia
El art. 39.2 de la Ley 39/2015 establece que la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior, siendo la notificación (o, en su caso, la publicación) el requisito general de eficacia frente a terceros de los actos administrativos que les afecten: mientras el acto no haya sido debidamente notificado a su destinatario, no puede desplegar frente a él sus efectos jurídicos, ni comenzar a correr el plazo para interponer los recursos que procedan contra el mismo. Una notificación defectuosa, que no reúna los requisitos formales exigidos por la ley, puede no surtir efecto, si bien la notificación defectuosa que, no obstante sus deficiencias, permita al interesado conocer el contenido del acto e interponer el recurso procedente, surte efectos desde la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución.
La retroactividad de los actos administrativos
El art. 39.3 de la Ley 39/2015 permite excepcionalmente que se otorgue eficacia retroactiva a los actos administrativos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Esta regla, excepción al principio general de irretroactividad de los actos administrativos, permite por ejemplo dar eficacia retroactiva a un acto que sustituye a otro anterior declarado nulo o anulable, reconociendo los efectos favorables desde el momento en que debieron producirse, o dictar de nuevo un acto favorable con efectos desde la fecha originaria de la solicitud, cuando la demora en su reconocimiento fue imputable a la propia Administración.
La validez de los actos administrativos
La validez del acto administrativo hace referencia a su conformidad con el ordenamiento jurídico, y se presume mientras no se demuestre lo contrario mediante los procedimientos legalmente establecidos (presunción de legalidad o de validez). Cuando un acto administrativo incurre en algún vicio o defecto que lo hace contrario a Derecho, dicho vicio puede tener distinta trascendencia jurídica según su gravedad, distinguiendo la Ley 39/2015 entre supuestos de nulidad de pleno derecho (los vicios más graves, tasados en el art. 47) y de anulabilidad (el resto de infracciones del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, conforme al art. 48), cada una con un régimen jurídico y unos efectos distintos en cuanto a su posible convalidación, a los plazos para instar su revisión y a la eventual conservación de los actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse cometido la infracción.
La nulidad de pleno derecho
El art. 47.1 de la Ley 39/2015 enumera taxativamente los supuestos de nulidad de pleno derecho: los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; los que tengan un contenido imposible; los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. La nulidad puede declararse en cualquier momento, sin límite temporal, y no es susceptible de convalidación.
La anulabilidad de los actos administrativos
El art. 48.1 de la Ley 39/2015 establece que son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder (ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico), configurándose así la anulabilidad como la categoría general o residual frente a los supuestos tasados de nulidad de pleno derecho. El acto anulable, a diferencia del nulo, produce efectos hasta que sea anulado, y su vicio es susceptible de convalidación mediante subsanación de los defectos de que adolezca. El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; la realización de actuaciones fuera del plazo establecido solo implica la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
La convalidación de los actos administrativos
El art. 52 de la Ley 39/2015 regula la convalidación como la técnica por la cual la Administración puede subsanar los vicios de que adolezcan los actos anulables, mediante la subsanación de los defectos de que adolezcan, produciendo efectos la convalidación desde la fecha en que se produzca, salvo que se disponga expresamente su eficacia retroactiva en los términos previstos legalmente. Cuando el vicio consista en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado; y si el vicio consistiera en la falta de alguna autorización, esta podrá ser otorgada con posterioridad al acto por el órgano competente. La convalidación no es aplicable a los actos nulos de pleno derecho, que solo pueden ser objeto de revisión de oficio o declaración judicial de nulidad.
Los recursos administrativos: concepto y clases
Los recursos administrativos son los cauces jurídicos que el ordenamiento pone a disposición de quien se considere lesionado en sus derechos o intereses legítimos por un acto administrativo, para obtener de la propia Administración autora del acto, o de su superior jerárquico, la revisión, modificación o anulación de dicho acto, con carácter previo y preceptivo (salvo los potestativos) a la posible impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La Ley 39/2015 regula tres tipos de recursos administrativos ordinarios: el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión, cada uno con su propio ámbito de aplicación, plazos y órgano competente para resolver, constituyendo un sistema de garantías del administrado frente a la actuación de la Administración que resulta complementario, y previo en muchos casos, al control judicial.
El recurso de alzada
El recurso de alzada, regulado en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, procede contra las resoluciones y actos de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable, cuando dichos actos no pongan fin a la vía administrativa, y se interpone ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo (su superior jerárquico), en el plazo de un mes desde la notificación del acto expreso, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada es de tres meses, transcurrido el cual sin resolución expresa se entiende desestimado, salvo excepción legal.
El recurso potestativo de reposición
El recurso de reposición, regulado en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, es potestativo (el interesado puede optar por interponerlo o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa) y procede exclusivamente contra actos que pongan fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano que los hubiera dictado, en el plazo de un mes si el acto fuera expreso, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Si se interpone recurso de reposición, no puede acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta, cuyo plazo máximo para resolver es de un mes, transcurrido el cual sin notificación de resolución expresa el interesado puede considerar desestimado el recurso al efecto de deducir la impugnación jurisdiccional que proceda.
El recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión, regulado en el art. 125 de la Ley 39/2015, procede contra los actos firmes en vía administrativa (es decir, aquellos que ya no son susceptibles de recurso de alzada o de reposición), y solo cuando concurra alguno de los motivos tasados legalmente: que al dictar el acto se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida; que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme; o que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por sentencia judicial firme. El plazo para interponerlo es de cuatro años en el primer motivo, y de tres meses en los restantes.
La revisión de oficio de los actos administrativos
La revisión de oficio, regulada en el art. 106 de la Ley 39/2015, es el procedimiento mediante el cual la propia Administración, sin necesidad de recurso previo del interesado, puede declarar en cualquier momento la nulidad de pleno derecho de sus actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, cuando incurran en alguno de los supuestos tasados de nulidad del art. 47.1, previo dictamen favorable (vinculante) del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. Puede iniciarse de oficio o a solicitud del interesado; el órgano competente puede inadmitir a trámite, sin necesidad de dictamen, las solicitudes manifiestamente infundadas o que sean sustancialmente iguales a otras ya desestimadas en cuanto al fondo. Si transcurren seis meses desde el inicio del procedimiento sin dictar resolución, se produce su caducidad (si se inició de oficio) o la desestimación por silencio (si se inició a instancia del interesado). Las facultades de revisión no pueden ejercitarse cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes (art. 110). Cuando se trata de anular un acto favorable para el interesado que solo incurre en anulabilidad, la Administración no puede declararlo nulo por sí misma, sino que debe declararlo previamente lesivo para el interés público e impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 107).
La revocación de los actos administrativos
El art. 109.1 de la Ley 39/2015 permite a las Administraciones Públicas revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. La revocación se diferencia de la revisión de oficio en que esta última se dirige a depurar actos viciados de nulidad o, mediante el procedimiento de lesividad, actos favorables anulables; mientras que la revocación opera exclusivamente sobre actos de gravamen válidos, que la Administración decide dejar sin efecto por razones de oportunidad o de mejor servicio al interés general, sin que sea necesario que el acto revocado incurra en vicio de invalidez alguno. El art. 109.2 permite, además, la rectificación en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, que no afecta al sentido de la resolución.
Decretos-leyes y decretos legislativos
Junto a las leyes del Parlamento, el art. 86 CE permite al Gobierno dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad; no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Deben ser convalidados por el Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación (y pueden tramitarse como proyecto de ley). Los decretos legislativos (arts. 82 a 85 CE) son normas con rango de ley dictadas por el Gobierno por delegación de las Cortes: la ley de bases delimita el objeto y el alcance cuando se trata de elaborar textos articulados, y la ley ordinaria cuando se trata de textos refundidos. Ambos tienen rango de ley, pero los decretos legislativos están sujetos a control del Tribunal Constitucional y, en cuanto a los excesos de delegación, de la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 82.6 CE). No cabe la delegación para leyes orgánicas.
Los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea
Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE) y sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. La adhesión a la Unión Europea se ampara en el art. 93 CE, que permite atribuir a organizaciones internacionales el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. El Derecho de la Unión goza de primacía sobre el Derecho interno (con el límite de los principios constitucionales, según el Tribunal Constitucional) y de efecto directo en los términos fijados por el Tribunal de Justicia: los reglamentos europeos son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables; las directivas obligan en cuanto al resultado y requieren transposición; las decisiones obligan a sus destinatarios; y las recomendaciones y dictámenes carecen de fuerza vinculante. Las Administraciones y los jueces nacionales deben inaplicar las normas internas contrarias al Derecho de la Unión directamente aplicable.
Otras fuentes complementarias: jurisprudencia, instrucciones y circulares
La jurisprudencia, según el art. 1.6 del Código Civil, complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho; la doctrina del Tribunal Constitucional vincula, además, a todos los poderes públicos. En materia administrativa, la jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal Supremo tiene una función especialmente relevante en la interpretación del procedimiento. Distintas de las fuentes del Derecho son las instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 de la Ley 40/2015), mediante las cuales los órganos administrativos dirigen la actividad de los órganos jerárquicamente dependientes: no crean normas jurídicas ni obligan a los ciudadanos, aunque vinculan al personal al que se dirigen, y deben publicarse cuando así lo exijan las normas o su naturaleza lo aconseje. Tienen este carácter, en el ámbito penitenciario, muchas instrucciones y circulares de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que sirven para interpretar y coordinar la aplicación de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Reglamento Penitenciario, sin poder contradecirlos. Su incumplimiento por el personal destinatario puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria.
Elaboración de normas: principios de buena regulación
El art. 129 de la Ley 39/2015 establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones actuarán de acuerdo con los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto, se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la Administración para recabar la opinión de los sujetos y organizaciones potencialmente afectados (art. 133.1), salvo en los supuestos de normas presupuestarias u organizativas, de urgencia o de poca incidencia. El procedimiento de elaboración de reglamentos en la Administración General del Estado se regula en el art. 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno, y exige, entre otros, la memoria del análisis de impacto normativo (Real Decreto 931/2017), los informes de las secretarías generales técnicas y, en su caso, el dictamen del Consejo de Estado cuando se trate de reglamentos ejecutivos de leyes y el trámite de audiencia e información públicas (mínimo de quince días hábiles, reducible a siete por razones de urgencia). Los reglamentos se publican en el Boletín Oficial del Estado y entran en vigor en la fecha que determine la propia norma y, en su defecto, conforme a la regla general de veinte días desde su completa publicación.
Motivación, forma y contenido de los actos administrativos
Los actos administrativos se producen por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 36). El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos (art. 34). Deben motivarse, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros, los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio y recursos administrativos, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos, los que impongan sanciones, los que acuerden medidas provisionales, la suspensión de la ejecución, la ampliación de plazos y la declaración de urgencia, y los que sean discrecionales (art. 35). La falta de motivación es un vicio de forma que genera anulabilidad cuando provoca indefensión, y puede ser causa de nulidad si lesiona derechos susceptibles de amparo. En materia penitenciaria, la exigencia de motivación es especialmente intensa en los acuerdos sobre clasificación, traslados, medidas de seguridad y sanciones, por afectar a derechos de los internos.
La ejecución forzosa y la suspensión de la ejecución
Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos (art. 98), y las Administraciones pueden, de acuerdo con los principios de legalidad y proporcionalidad, recurrir a la ejecución forzosa cuando el interesado no cumple voluntariamente. Los medios de ejecución forzosa (art. 100) son: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Si fueran varios los medios, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual; la compulsión directa sobre las personas solo cabe cuando la ley lo autorice expresamente y respetando la dignidad y los derechos del art. 15 CE. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado (art. 117.1). No obstante, el órgano a quien competa resolver el recurso puede suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurra alguna de estas circunstancias: que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del art. 47.1. Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico del órgano competente no se hubiera dictado resolución expresa, se entiende suspendida la ejecución (art. 117.3).
Conversión, conservación y convalidación de los actos viciados
Ante un acto viciado, el ordenamiento prevé técnicas para salvar su eficacia, inspiradas en el principio de conservación de los actos (favor acti). El art. 49 limita la extensión de la invalidez: la nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero, y la de una parte del acto no implica la de las demás partes del mismo que sean independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. El art. 50 regula la conversión de actos viciados: los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este. El art. 51 regula la conservación de actos y trámites: el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. El art. 52 regula la convalidación (subsanación de los vicios de los actos anulables). Para el opositor es esencial recordar que la nulidad de pleno derecho no es convalidable ni prescriptible, mientras que la anulabilidad sí lo es.
El fin de la vía administrativa y la declaración de lesividad
Ponen fin a la vía administrativa (art. 114.1) las resoluciones de los recursos de alzada, las de los procedimientos de impugnación sustitutivos de recursos, las de los órganos que carezcan de superior jerárquico (salvo que una ley establezca lo contrario), los acuerdos, pactos, convenios o contratos con valor de finalizadores del procedimiento, la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, y las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. En la Administración General del Estado, ponen fin a la vía administrativa, entre otros, los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias propias de los órganos de los que son titulares. Contra los actos que ponen fin a la vía administrativa cabe recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo directo. En cuanto a la lesividad (art. 107), las Administraciones, para impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo sus propios actos favorables y anulables, deben declararlos previamente lesivos para el interés público; la declaración no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y exige audiencia previa de los interesados; si transcurren seis meses desde la iniciación del procedimiento sin declarar la lesividad, se produce la caducidad. El recurso contencioso-administrativo se interpone en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la declaración de lesividad.
Control de los actos de la Administración penitenciaria
La actuación de la Administración penitenciaria tiene un sistema de garantías propio. La Ley Orgánica General Penitenciaria atribuye al Juez de Vigilancia Penitenciaria (art. 76) funciones de salvaguarda de los derechos de los internos y de corrección de los abusos, entre ellas resolver las quejas y los recursos de los internos sobre sanciones disciplinarias, sobre clasificación inicial y progresiones y regresiones de grado, y sobre traslados y otras decisiones que afecten a sus derechos fundamentales y a sus derechos y beneficios penitenciarios. En consecuencia, muchas decisiones de los centros y de los órganos directivos se impugnan directamente ante el Juez de Vigilancia sin necesidad de agotar la vía administrativa, con los recursos de reforma y apelación previstos en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los actos de gestión general (personal, contratación, patrimonio, responsabilidad patrimonial) siguen, en cambio, el régimen administrativo común: recursos administrativos y, después, jurisdicción contencioso-administrativa. Esta dualidad exige distinguir cuándo el acto afecta a la relación de especial sujeción del interno (control del Juez de Vigilancia) y cuándo a la actuación administrativa ordinaria.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Jerarquía normativa (art. 9.3 CE): Constitución > tratados internacionales > leyes orgánicas y ordinarias > reglamentos (ordenados internamente según el rango del órgano que los dicta).
El principio de legalidad (arts. 9.1 y 103.1 CE) somete a la Administración al modelo de vinculación positiva: solo puede actuar cuando una norma se lo habilite expresamente.
El acto administrativo se presume válido y eficaz desde que se dicta (autotutela declarativa), salvo que su eficacia se demore a la notificación, publicación o aprobación superior.
Nulidad de pleno derecho (art. 47 Ley 39/2015): supuestos tasados y muy graves (lesión de derechos fundamentales, incompetencia manifiesta, contenido imposible, delito, prescindir total y absolutamente del procedimiento); imprescriptible, no convalidable.
Anulabilidad (art. 48): categoría residual/general, incluye la desviación de poder; el acto anulable produce efectos hasta que se anula y es susceptible de convalidación.
Recurso de alzada: contra actos que NO agotan la vía administrativa, ante el superior jerárquico, plazo de 1 mes, resolución en 3 meses.
Recurso de reposición: POTESTATIVO, solo contra actos que agotan la vía administrativa, ante el mismo órgano, plazo de 1 mes, resolución en 1 mes.
Recurso extraordinario de revisión: contra actos firmes, solo por motivos tasados (error de hecho, documentos esenciales, falsedad, delito); plazo de 4 años (error de hecho) o 3 meses (resto).
Revisión de oficio: declara la NULIDAD de un acto, en cualquier momento, previo dictamen del Consejo de Estado. Procedimiento de lesividad: para anular un acto FAVORABLE anulable, exige impugnación judicial previa.
Revocación (art. 109): solo de actos de GRAVAMEN, en cualquier momento, sin necesidad de vicio de invalidez, por razones de oportunidad.
Reglamentos: ejecutivos e independientes; límites del art. 128 Ley 39/2015 (reserva de ley, jerarquía, no tipificar infracciones ni sanciones ni tributos, irretroactividad); inderogabilidad singular (art. 37 Ley 40/2015). Los reglamentos de necesidad no tienen cabida general en el ordenamiento español.
Entre leyes orgánicas y ordinarias no hay jerarquía sino distribución de materias (art. 81 CE). Los decretos-leyes (art. 86 CE) se convalidan por el Congreso en treinta días; los decretos legislativos requieren delegación de las Cortes (arts. 82 a 85).
Ejecutividad (art. 98): los actos son inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión, sanción recurrible en vía administrativa, disposición en contrario o necesidad de aprobación superior. Los recursos no suspenden la ejecución (art. 117.1), salvo perjuicios de imposible o difícil reparación o nulidad de pleno derecho (suspensión por silencio positivo transcurrido un mes).
Revisión de oficio (art. 106): nulidad, en cualquier momento, dictamen favorable del Consejo de Estado, caducidad a los seis meses. Lesividad (art. 107): cuatro años desde que se dictó el acto, audiencia, caducidad a los seis meses, recurso en dos meses.
Motivación (art. 35): obligatoria en actos que limiten derechos, resuelvan recursos o revisión de oficio, se separen de precedentes, impongan sanciones y los discrecionales.
Conservación de actos (art. 51), conversión (art. 50) y límites de la extensión de la invalidez (art. 49); convalidación solo de actos anulables (art. 52).
Jurisprudencia: complementa el ordenamiento (art. 1.6 CC). Instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015): no son fuente del Derecho ni obligan a los ciudadanos.
Penitenciario: el Juez de Vigilancia Penitenciaria controla las decisiones sobre sanciones, clasificación y otros derechos de los internos (art. 76 LOGP), con el régimen de recursos de la disposición adicional quinta de la LOPJ.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 128 de la Ley 39/2015, los reglamentos NO pueden:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema desarrolla la teoría general de las fuentes del Derecho Administrativo y del principio de legalidad que rige toda actuación administrativa, y se detiene en profundidad en la teoría del acto administrativo: su concepto, elementos, clasificación, eficacia y validez, así como en los mecanismos de reacción frente a los actos administrativos —los recursos administrativos— y en las técnicas de revisión, anulación y revocación de que dispone la propia Administración para depurar su actuación.
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
Jerarquía normativa (art. 9.3 CE): Constitución > tratados internacionales > leyes orgánicas y ordinarias > reglamentos (ordenados internamente según el rango del órgano que los dicta). El principio de legalidad (arts. 9.1 y 103.1 CE) somete a la Administración al modelo de vinculación positiva: solo puede actuar cuando una norma se lo habilite expresamente. El acto administrativo se presume válido y eficaz desde que se dicta (autotutela declarativa), salvo que su eficacia se demore a la notificación, publicación o aprobación superior. Nulidad de pleno derecho (art. 47 Ley 39/2015): supuestos tasados y muy graves (lesión de derechos fundamentales, incompetencia manifiesta, contenido imposible, delito, prescindir total y absolutamente del procedimiento); imprescriptible, no convalidable. Anulabilidad (art. 48): categoría residual/general, incluye la desviación de poder; el acto anulable produce efectos hasta que se anula y es susceptible de convalidación. Recurso de alzada: contra actos que NO agotan la vía administrativa, ante el superior jerárquico, plazo de 1 mes, resolución en 3 meses. Recurso de reposición: POTESTATIVO, solo contra actos que agotan la vía administrativa, ante el mismo órgano, plazo de 1 mes, resolución en 1 mes. Recurso extraordinario de revisión: contra actos firmes, solo por motivos tasados (error de hecho, documentos esenciales, falsedad, delito); plazo de 4 años (error de hecho) o 3 meses (resto). Revisión de oficio: declara la NULIDAD de un acto, en cualquier momento, previo dictamen del Consejo de Estado. Procedimiento de lesividad: para anular un acto FAVORABLE anulable, exige impugnación judicial previa. Revocación (art. 109): solo de actos de GRAVAMEN, en cualquier momento, sin necesidad de vicio de invalidez, por razones de oportunidad. Reglamentos: ejecutivos e independientes; límites del art. 128 Ley 39/2015 (reserva de ley, jerarquía, no tipificar infracciones ni sanciones ni tributos, irretroactividad); inderogabilidad singular (art. 37 Ley 40/2015). Los reglamentos de necesidad no tienen cabida general en el ordenamiento español. Entre leyes orgánicas y ordinarias no hay jerarquía sino distribución de materias (art. 81 CE). Los decretos-leyes (art. 86 CE) se convalidan por el Congreso en treinta días; los decretos legislativos requieren delegación de las Cortes (arts. 82 a 85). Ejecutividad (art. 98): los actos son inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión, sanción recurrible en vía administrativa, disposición en contrario o necesidad de aprobación superior. Los recursos no suspenden la ejecución (art. 117.1), salvo perjuicios de imposible o difícil reparación o nulidad de pleno derecho (suspensión por silencio positivo transcurrido un mes). Revisión de oficio (art. 106): nulidad, en cualquier momento, dictamen favorable del Consejo de Estado, caducidad a los seis meses. Lesividad (art. 107): cuatro años desde que se dictó el acto, audiencia, caducidad a los seis meses, recurso en dos meses. Motivación (art. 35): obligatoria en actos que limiten derechos, resuelvan recursos o revisión de oficio, se separen de precedentes, impongan sanciones y los discrecionales. Conservación de actos (art. 51), conversión (art. 50) y límites de la extensión de la invalidez (art. 49); convalidación solo de actos anulables (art. 52). Jurisprudencia: complementa el ordenamiento (art. 1.6 CC). Instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015): no son fuente del Derecho ni obligan a los ciudadanos. Penitenciario: el Juez de Vigilancia Penitenciaria controla las decisiones sobre sanciones, clasificación y otros derechos de los internos (art. 76 LOGP), con el régimen de recursos de la disposición adicional quinta de la LOPJ.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 9, 81, 82 a 86, 93, 96, 97, 103 y 106)
Código Civil (art. 1)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 34 a 36, 39, 47 a 52, 98 a 117, 121 a 125, 128, 129 y 133)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 6 y 37)
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (art. 26)
Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (art. 76)
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (disposición adicional quinta)
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