Tema 20. De las personas criminalmente responsables de los delitos. Las penas: Concepto y fines. Sus clases y efectos. Las penas privativas de libertad y su desarrollo histórico. Especial referencia a la pena de prisión permanente revisable.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema estudia el sujeto de la responsabilidad penal y la teoría de las penas: su concepto, sus fines, su clasificación legal según su naturaleza y gravedad, y su evolución histórica, con especial atención a las penas privativas de libertad, columna vertebral del sistema penal y objeto directo de la ejecución penitenciaria. Se dedica un apartado extenso a la pena de prisión permanente revisable, una de las instituciones penales más debatidas y preguntadas de la última reforma del Código Penal, de particular relevancia práctica para el Cuerpo de Ayudantes.
Las personas criminalmente responsables de los delitos
El art. 27 del Código Penal establece que son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices, remitiendo a los arts. 28 y 29 CP la definición de cada una de estas categorías (autoría en sentido estricto, autoría por inducción, cooperación necesaria y complicidad, ya estudiadas). La responsabilidad penal es personal e intransferible, no pudiendo extenderse a terceros ajenos a la comisión del hecho, sin perjuicio de que determinadas personas (representantes legales, aseguradoras, empresas para las que trabajaba el autor) puedan resultar civilmente responsables, de forma directa o subsidiaria, de las consecuencias económicas del delito cometido por otro, conforme a las reglas de responsabilidad civil derivada del delito reguladas en los arts. 109 y siguientes del Código Penal.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
El art. 31 bis del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 5/2010 y modificado por la Ley Orgánica 1/2015, incorporó al ordenamiento español la responsabilidad penal de las personas jurídicas, superando el principio societas delinquere non potest. Las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por quienes, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en su nombre u ostentan facultades de organización y control (letra a), y de los cometidos por las personas sometidas a la autoridad de los anteriores cuando hayan podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control (letra b). Esta responsabilidad solo existe para los delitos en que la ley la prevé expresamente (numerus clausus). La persona jurídica queda exenta si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión (programas de cumplimiento o compliance) que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza. El art. 31 quinquies excluye de esta responsabilidad al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los organismos reguladores, agencias y entidades públicas empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público y a otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas; a las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general solo pueden imponerse determinadas penas (multa e intervención judicial). Las penas aplicables a las personas jurídicas son graves (art. 33.7 CP) y consisten, entre otras, en multa, disolución, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de actividades, inhabilitación para obtener subvenciones o contratar con el sector público e intervención judicial. La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la de la persona física que cometió el delito.
Las penas: concepto y fines (retributivo, preventivo, resocializador)
La pena es la consecuencia jurídica más característica del Derecho Penal, consistente en la privación o restricción de bienes jurídicos del condenado (libertad, patrimonio, derechos) impuesta por los Tribunales, en un proceso con todas las garantías, a quien ha sido declarado culpable de la comisión de un delito. Se le atribuyen distintos fines, no necesariamente excluyentes entre sí: el fin retributivo (la pena como castigo proporcionado al mal causado, propio de las teorías absolutas); los fines preventivos, tanto de prevención general (disuadir a la colectividad de la comisión de delitos, en su vertiente negativa mediante la intimidación, o positiva mediante la reafirmación de la vigencia de la norma) como de prevención especial (actuar sobre el propio condenado, para evitar que vuelva a delinquir); y el fin resocializador, constitucionalmente consagrado en España, orientado a la reeducación y reinserción social del penado.
El fin resocializador de las penas (art. 25.2 CE)
El art. 25.2 CE dispone que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados, y que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales del Capítulo II del Título I, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria; en todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Este precepto, piedra angular del Derecho Penitenciario español, no configura según la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional un derecho fundamental autónomo del interno a la reinserción (por lo que no es susceptible de amparo por sí solo), sino un mandato dirigido al legislador y a la Administración Penitenciaria para que orienten el conjunto del sistema de ejecución de penas hacia dicho fin, sin excluir otros fines legítimos de la pena, como la prevención general o la retribución. Conectan con él el art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (fin primordial de las instituciones penitenciarias: reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados) y el art. 15 CE, que prohíbe las penas o tratos inhumanos o degradantes y abolió la pena de muerte salvo lo que dispusieran las leyes penales militares en tiempos de guerra (abolida en el ordenamiento español por la Ley Orgánica 11/1995).
Clases de penas según su naturaleza: privativas de libertad, privativas de derechos y multa
El art. 32 del Código Penal clasifica las penas, según su naturaleza, en privativas de libertad (prisión, localización permanente y prisión permanente revisable), privativas de otros derechos (las enumeradas en el art. 39 CP: inhabilitaciones y suspensiones, privación del derecho a conducir o a la tenencia y porte de armas, privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, prohibición de aproximación o de comunicación con la víctima, trabajos en beneficio de la comunidad, privación de la patria potestad) y multa (imposición al condenado de una sanción pecuniaria, a través del sistema de días-multa o, en algunos casos, del sistema de multa proporcional al beneficio obtenido o al daño causado). Esta clasificación por naturaleza se combina con la clasificación por gravedad del art. 33 CP, a efectos de determinar el órgano competente para su enjuiciamiento y otros efectos procesales.
Clasificación de las penas por su gravedad: graves, menos graves y leves
El art. 33 del Código Penal clasifica las penas, en función de su naturaleza y duración, en graves, menos graves y leves. Son penas graves (art. 33.2): la prisión permanente revisable; la prisión superior a cinco años; la inhabilitación absoluta; las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años; la suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años; la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años; la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, y las prohibiciones de aproximación y de comunicación, por tiempo superior a cinco años; y la privación de la patria potestad. Son penas menos graves (art. 33.3): la prisión de tres meses hasta cinco años; las inhabilitaciones especiales hasta cinco años; la suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años; la privación del derecho a conducir y a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años; la privación del derecho a residir o acudir a determinados lugares y las prohibiciones de aproximación y comunicación de seis meses a cinco años; la multa de más de tres meses; la multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía; y los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año. Son penas leves (art. 33.4): la privación del derecho a conducir y a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año; la privación del derecho a residir, aproximarse o comunicarse de un mes a menos de seis meses; la multa de hasta tres meses; la localización permanente de un día a tres meses; y los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días. Para las personas jurídicas, todas las penas del art. 33.7 son graves.
La pena de prisión: límites y período de seguridad
El art. 36.1 del Código Penal fija la duración mínima de la pena de prisión en tres meses y la duración máxima general en veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del Código: así, el cumplimiento efectivo puede alcanzar los veinticinco, treinta o cuarenta años en los supuestos de concurso de delitos del art. 76 CP (límite de cumplimiento efectivo), o resultar de duración indeterminada en el caso de la prisión permanente revisable. El art. 36.2 CP establece el llamado «período de seguridad»: cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el Juez o Tribunal PODRÁ ordenar (es facultativo) que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. En todo caso, el período de seguridad será de la mitad de la pena impuesta cuando se trate de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. El Juez de Vigilancia Penitenciaria, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, valorando las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, y oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, puede acordar razonadamente la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los delitos de terrorismo y de organizaciones criminales. Si la pena de prisión impuesta es inferior a tres meses, no se puede imponer como tal: se sustituye por otras penas (multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente), conforme al art. 71.2 CP.
Evolución histórica de las penas privativas de libertad en España
La pena de prisión, tal como se conoce hoy, es una institución relativamente reciente en la historia del Derecho Penal: hasta el siglo XVIII predominaban las penas corporales, la pena de muerte, las galeras y las penas infamantes, empleándose la prisión fundamentalmente como medida cautelar (para asegurar la comparecencia del reo o su posterior ejecución) más que como sanción en sí misma. La progresiva sustitución del sistema de penas corporales por la privación de libertad como pena principal se produjo a lo largo de los siglos XVIII y XIX, de la mano del pensamiento ilustrado (Beccaria, Howard, Bentham) y del movimiento humanitario reformador de las prisiones, con influencia en España de reformadores como el coronel Manuel Montesinos y Molina (director del presidio de Valencia, precursor del tratamiento progresivo) y Concepción Arenal. La codificación penal española recorre los Códigos Penales de 1822, 1848, 1850, 1870, 1928, 1932, 1944 y 1973 hasta el vigente de 1995. Ya en el siglo XX, el impulso reformador de Victoria Kent al frente de la Dirección General de Prisiones (1931) aportó medidas humanizadoras. Tras la Constitución de 1978, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (primera ley orgánica de la democracia) consagró el modelo de individualización científica, desarrollado después por el Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero (que sustituyó al Reglamento de 1981, aprobado por Real Decreto 1201/1981). El Código Penal de 1995 (Ley Orgánica 10/1995) suprimió las penas de reclusión, presidio y arresto mayor y estableció la pena de prisión como pena privativa de libertad única, junto con el arresto de fin de semana y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
Los sistemas penitenciarios históricos: celular y progresivo
El sistema celular o filadélfico, surgido en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, se basaba en el aislamiento celular absoluto y permanente del recluso, día y noche, con el objetivo de evitar la contaminación criminal entre internos y favorecer su arrepentimiento mediante la reflexión solitaria, si bien sus efectos sobre la salud mental de los reclusos lo hicieron progresivamente inviable. El sistema auburniano (de Auburn, Nueva York) lo atenuó con trabajo en común durante el día, sometido a la regla del silencio, y aislamiento nocturno. El sistema progresivo, surgido posteriormente en Inglaterra e Irlanda (sistemas de Maconochie, que aplicó un sistema de vales o marcas en la isla de Norfolk, y de Crofton, con fase intermedia de prisiones) y perfeccionado en distintos países europeos, articula el cumplimiento de la condena en fases o períodos sucesivos de progresiva atenuación del rigor, en función de la conducta y evolución del interno, hasta desembocar en la libertad condicional. En España, el coronel Montesinos aplicó en el presidio de Valencia un régimen progresivo basado en el trabajo y la confianza. Este modelo es el precedente directo del sistema de clasificación en grados del vigente sistema penitenciario español.
El sistema de individualización científica español
El art. 72.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional, conforme determina el Código Penal. A diferencia del sistema progresivo clásico, basado en el transcurso de períodos de tiempo predeterminados, el sistema de individualización científica se basa en el estudio científico de la personalidad del interno (por el Equipo Técnico y la Junta de Tratamiento) para determinar, en cada momento, el grado de tratamiento (primero, segundo o tercero) más adecuado a sus circunstancias personales, con independencia del tiempo de condena cumplido, permitiendo incluso la clasificación inicial directa en segundo o tercer grado, así como la progresión o regresión de grado en cualquier momento, en función de la evolución del interno. Conviene precisar que, tras la Ley Orgánica 1/2015, la libertad condicional ha dejado de ser un cuarto período de cumplimiento y es una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión (arts. 90 a 92 CP). Los grados se corresponden con los regímenes cerrado (primer grado), ordinario (segundo grado) y abierto (tercer grado). El art. 72.3 LOGP impide mantener a un interno en grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento merezca la progresión, y el Reglamento Penitenciario permite, de forma excepcional, la clasificación en tercer grado sin cumplimiento de las condiciones generales cuando el penado padezca una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.
La pena de localización permanente
El art. 37 del Código Penal regula la pena de localización permanente, que obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado, con una duración de hasta seis meses; para su control puede acudirse a medios de vigilancia telemática. Su incumplimiento puede dar lugar a la deducción de testimonio por un posible delito de quebrantamiento de condena (art. 468 CP). En los casos en que la localización permanente esté prevista como pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo disponga expresamente el precepto aplicable, el Juez o Tribunal puede acordar su cumplimiento en un centro penitenciario de forma continuada. Se trata de una pena de escasa gravedad, aplicable fundamentalmente a delitos leves y a algunos delitos menos graves, y constituye una alternativa a la prisión de corta duración. El art. 53 CP permite también su utilización, en los delitos leves, como forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. La ejecución de la localización permanente en centro penitenciario es una de las competencias de ejecución material que corresponden a la Administración Penitenciaria.
La pena de multa: el sistema de días-multa y la responsabilidad personal subsidiaria
El art. 50 del Código Penal regula la pena de multa mediante el sistema de días-multa como regla general: la extensión mínima es de diez días y la máxima de dos años (cinco años para las personas jurídicas), y la cuota diaria se fija por el Tribunal dentro de un margen de dos a cuatrocientos euros (de treinta a cinco mil euros para las personas jurídicas), atendiendo exclusivamente a la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales. Existe también la multa proporcional, que se determina en función del daño causado, del valor del objeto del delito o del beneficio reportado. El pago puede fraccionarse (art. 50.6 CP). El impago de la multa, tras el procedimiento de apremio, genera una responsabilidad personal subsidiaria (art. 53 CP): un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente y, con el consentimiento del penado, mediante trabajos en beneficio de la comunidad (una jornada por cada día de privación de libertad); no se impone a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años, y su cumplimiento extingue la obligación de pago de la multa.
Efectos de las penas: la inhabilitación y las demás penas privativas de derechos
Las penas de inhabilitación, reguladas en los arts. 40 a 46 del Código Penal, producen la privación, definitiva o temporal, de determinados derechos del condenado. La duración general de las penas privativas de derechos (art. 40 CP) es: inhabilitación absoluta, de seis a veinte años; inhabilitaciones especiales, de tres meses a veinte años; suspensión de empleo o cargo público, de tres meses a seis años; privación del derecho a conducir y de la tenencia y porte de armas, de tres meses a diez años; trabajos en beneficio de la comunidad, de un día a un año. La inhabilitación absoluta (art. 41 CP) produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, y la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena. Las inhabilitaciones especiales (arts. 42 a 46 CP: para empleo o cargo público, para el derecho de sufragio pasivo, para profesión, oficio, industria o comercio, y para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento) producen efectos análogos pero limitados al derecho, empleo o cargo concreto sobre el que recaen. La suspensión de empleo o cargo público (art. 43 CP) priva de su ejercicio durante el tiempo de la condena sin afectar a la titularidad. Son penas frecuentemente asociadas a delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
La prisión permanente revisable: concepto y naturaleza
La prisión permanente revisable, introducida por la Ley Orgánica 1/2015, es una pena privativa de libertad de duración indeterminada en su límite máximo, sujeta a un régimen de revisión periódica de la situación personal del penado transcurrido un determinado periodo mínimo de cumplimiento, tras el cual, si se dan las condiciones legalmente exigidas, puede accederse a la suspensión de la ejecución del resto de la pena mediante la concesión de la libertad condicional. No se trata, por tanto, de una pena de cadena perpetua en sentido estricto (que sería contraria al fin resocializador del art. 25.2 CE), sino de una pena que combina un cumplimiento mínimo obligatorio con un mecanismo de revisión judicial periódica que permite, cumplidos determinados requisitos, poner fin a su ejecución mediante la libertad condicional, extremo que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional frente a las dudas planteadas sobre su constitucionalidad.
Delitos a los que se aplica la prisión permanente revisable
El Código Penal reserva la prisión permanente revisable a delitos de excepcional gravedad. Son los siguientes: el asesinato agravado del art. 140 CP (cuando la víctima sea menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; cuando el hecho sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima; cuando el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal; y, en el apartado 2, cuando el reo hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas); el homicidio del Rey o de la Reina, del Príncipe o de la Princesa de Asturias (art. 485.1 CP); el homicidio del Jefe de un Estado extranjero o de otra persona internacionalmente protegida por un Tratado que se halle en España (art. 605.1 CP); determinados supuestos de genocidio (art. 607 CP) y de delitos de lesa humanidad con resultado de muerte (art. 607 bis CP); y los delitos de terrorismo que causaren la muerte de una persona (art. 573 bis CP). Se trata, en todos los casos, de supuestos tasados por la ley, sin que quepa su aplicación por analogía a otros delitos no expresamente previstos.
El régimen de revisión de la prisión permanente revisable
La prisión permanente revisable queda sujeta a un régimen de acceso progresivo a las distintas fases del cumplimiento. El art. 36.1 CP exige para clasificar al penado en tercer grado el cumplimiento de un mínimo de quince años de prisión efectiva, que se elevan a veinte años cuando se trate de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales; el art. 78 bis CP eleva esos plazos en los supuestos de concurso con otros delitos de elevada penalidad. El art. 92 CP regula la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional: el Tribunal sentenciador resuelve en procedimiento oral y contradictorio, con intervención del Ministerio Fiscal, del penado y de su defensa, y tras la valoración de los informes del centro penitenciario y de los especialistas que el propio Tribunal determine. El Tribunal verificará, al menos cada dos años, el cumplimiento de los requisitos de la suspensión; además, el penado puede pedir la revisión en cualquier momento, si bien el Tribunal podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes. La suspensión tendrá una duración de cinco a diez años, y su revocación se somete a lo previsto en el art. 86 CP. Este mecanismo de revisión constituye precisamente el elemento que diferencia esta pena de una cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación y salvaguarda el fin resocializador del art. 25.2 CE.
Requisitos para la suspensión de la prisión permanente revisable
El art. 92.1 del Código Penal exige, para acordar la suspensión de la ejecución del resto de la prisión permanente revisable, que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 78 bis para los casos de concurso con otros delitos (en los que ese plazo se eleva, y alcanza treinta y cinco años en determinados delitos de terrorismo); que se encuentre clasificado en tercer grado; y que el Tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. En los delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales se exige además que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y haya colaborado activamente con las autoridades. Transcurrido el plazo de suspensión sin que el penado haya cometido delito y cumplidas las reglas de conducta impuestas, el Tribunal acordará la remisión de la pena.
La constitucionalidad de la prisión permanente revisable
La prisión permanente revisable fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad, resuelto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 169/2021, de 6 de octubre, que declaró la pena conforme a la Constitución, al considerar que el mecanismo de revisión periódica y la posibilidad efectiva de acceder a la libertad condicional cumplido el plazo legal, atendiendo a criterios objetivos de reinserción, salvaguardan el mandato del art. 25.2 CE, sin que la indeterminación inicial de su duración máxima suponga, por sí misma, una vulneración de la prohibición de penas inhumanas o degradantes ni del principio de proporcionalidad de las penas, dados los límites y garantías que rodean su aplicación y revisión. No obstante, la sentencia no fue unánime, contando con votos particulares discrepantes de varios magistrados que cuestionaron la compatibilidad de esta pena con los fines constitucionales de la pena privativa de libertad.
Las penas accesorias y su vinculación a la pena principal
El art. 54 del Código Penal establece que las penas de inhabilitación son accesorias en los casos en que, no imponiéndolas especialmente, la ley declare que otras penas las llevan consigo. El art. 55 CP dispone que la pena de prisión igual o superior a diez años lleva consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que esta ya estuviera prevista como pena principal para el supuesto de que se trate. El art. 56 CP prevé, para las penas de prisión inferiores a diez años, que los Jueces o Tribunales impongan, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o algunas de las siguientes: suspensión de empleo o cargo público; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, o cualquier otro derecho, si estos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación. El art. 57 CP permite además imponer las prohibiciones de aproximación y comunicación en determinados delitos (homicidio, lesiones, contra la libertad, torturas, contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, intimidad, honor, patrimonio) por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave y de cinco si fuera menos grave. La pena accesoria sigue, en su duración, a la pena principal, y su cumplimiento se corresponde con el de la privativa de libertad.
El arresto de fin de semana: evolución histórica derogada
El arresto de fin de semana fue una pena privativa de libertad de corta duración, introducida por el Código Penal de 1995 para sustituir a los antiguos arrestos menores, que se cumplía durante los viernes, sábados y domingos (o, alternativamente, de forma continuada según acordase el Juez) en el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio del penado, o en depósitos municipales, con la finalidad de evitar los efectos desocializadores del internamiento continuado para penas de escasa duración, permitiendo al condenado mantener su vida laboral y familiar durante la semana. Fue suprimida por la Ley Orgánica 15/2003, que sustituyó su función por la nueva pena de localización permanente, considerada más eficaz y de más fácil ejecución práctica, si bien su estudio conserva interés para comprender la evolución histórica reciente del sistema de penas cortas privativas de libertad en el ordenamiento español.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 25.2 CE: las penas privativas de libertad se orientan a la reeducación y reinserción social; no es un derecho subjetivo del interno, sino un mandato al legislador y a la Administración (doctrina del TC). Prohíbe los trabajos forzados y garantiza el derecho a un trabajo remunerado y a la Seguridad Social.
Clasificación por gravedad (art. 33 CP): graves (prisión permanente revisable, prisión superior a 5 años, inhabilitación absoluta...), menos graves (prisión de 3 meses a 5 años; multa de más de 3 meses; TBC de 31 días a un año) y leves (multa hasta 3 meses; localización permanente hasta 3 meses; TBC de 1 a 30 días).
La pena de prisión: mínimo 3 meses, máximo general 20 años (cumplimiento efectivo de hasta 25, 30 o 40 años en concurso, art. 76 CP). Período de seguridad (art. 36.2 CP): si la pena supera 5 años, el Juez PUEDE ordenar (facultativo) que no haya tercer grado hasta cumplir la mitad; es obligatorio en terrorismo y organizaciones criminales.
Sistema de individualización científica (art. 72.1 LOGP): 3 grados; tras la LO 1/2015 la libertad condicional es una suspensión de la ejecución del resto de la pena (arts. 90-92 CP), no un grado autónomo del CP. Se basa en el estudio de la personalidad del interno, no en el transcurso del tiempo.
Prisión permanente revisable (LO 1/2015): pena indeterminada con revisión judicial de oficio como mínimo cada 2 años (art. 92 CP); avalada por la STC 169/2021, de 6 de octubre, con votos particulares discrepantes.
Prisión permanente revisable: tercer grado a los 15 años de prisión efectiva (20 en terrorismo y organizaciones criminales, art. 36.1 CP); suspensión (libertad condicional) a los 25 años con tercer grado y pronóstico favorable (más años en concurso, art. 78 bis); plazo de suspensión de 5 a 10 años.
Delitos con prisión permanente revisable: asesinato agravado (art. 140: víctima menor de 16 o vulnerable, tras delito sexual, grupo u organización criminal, más de dos muertes), homicidio del Rey o heredero (485), de Jefe de Estado extranjero (605), genocidio y lesa humanidad (607, 607 bis) y terrorismo con resultado de muerte (573 bis).
El arresto de fin de semana fue suprimido por la LO 15/2003 y sustituido por la localización permanente (art. 37 CP, hasta 6 meses).
La responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP, introducida por la LO 5/2010) excluye expresamente al Estado y a las Administraciones Públicas (art. 31 quinquies); la exención exige modelos de organización y gestión (compliance) eficaces.
Multa (art. 50 CP): extensión de 10 días a 2 años; cuota diaria de 2 a 400 euros (personas físicas). Responsabilidad personal subsidiaria (art. 53): un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.
Penas accesorias: la prisión de 10 años o más lleva inhabilitación absoluta durante la condena (art. 55); la inferior a 10 años admite suspensión de empleo o cargo, inhabilitación de sufragio pasivo o inhabilitación especial vinculada al delito (art. 56).
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En relación con el período de seguridad del art. 36.2 del Código Penal, cuando la pena de prisión impuesta supere los cinco años:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 20 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema estudia el sujeto de la responsabilidad penal y la teoría de las penas: su concepto, sus fines, su clasificación legal según su naturaleza y gravedad, y su evolución histórica, con especial atención a las penas privativas de libertad, columna vertebral del sistema penal y objeto directo de la ejecución penitenciaria. Se dedica un apartado extenso a la pena de prisión permanente revisable, una de las instituciones penales más debatidas y preguntadas de la última reforma del Código Penal, de particular relevancia práctica para el Cuerpo de Ayudantes.
¿Qué hay que memorizar del Tema 20 para el examen?
Art. 25.2 CE: las penas privativas de libertad se orientan a la reeducación y reinserción social; no es un derecho subjetivo del interno, sino un mandato al legislador y a la Administración (doctrina del TC). Prohíbe los trabajos forzados y garantiza el derecho a un trabajo remunerado y a la Seguridad Social. Clasificación por gravedad (art. 33 CP): graves (prisión permanente revisable, prisión superior a 5 años, inhabilitación absoluta...), menos graves (prisión de 3 meses a 5 años; multa de más de 3 meses; TBC de 31 días a un año) y leves (multa hasta 3 meses; localización permanente hasta 3 meses; TBC de 1 a 30 días). La pena de prisión: mínimo 3 meses, máximo general 20 años (cumplimiento efectivo de hasta 25, 30 o 40 años en concurso, art. 76 CP). Período de seguridad (art. 36.2 CP): si la pena supera 5 años, el Juez PUEDE ordenar (facultativo) que no haya tercer grado hasta cumplir la mitad; es obligatorio en terrorismo y organizaciones criminales. Sistema de individualización científica (art. 72.1 LOGP): 3 grados; tras la LO 1/2015 la libertad condicional es una suspensión de la ejecución del resto de la pena (arts. 90-92 CP), no un grado autónomo del CP. Se basa en el estudio de la personalidad del interno, no en el transcurso del tiempo. Prisión permanente revisable (LO 1/2015): pena indeterminada con revisión judicial de oficio como mínimo cada 2 años (art. 92 CP); avalada por la STC 169/2021, de 6 de octubre, con votos particulares discrepantes. Prisión permanente revisable: tercer grado a los 15 años de prisión efectiva (20 en terrorismo y organizaciones criminales, art. 36.1 CP); suspensión (libertad condicional) a los 25 años con tercer grado y pronóstico favorable (más años en concurso, art. 78 bis); plazo de suspensión de 5 a 10 años. Delitos con prisión permanente revisable: asesinato agravado (art. 140: víctima menor de 16 o vulnerable, tras delito sexual, grupo u organización criminal, más de dos muertes), homicidio del Rey o heredero (485), de Jefe de Estado extranjero (605), genocidio y lesa humanidad (607, 607 bis) y terrorismo con resultado de muerte (573 bis). El arresto de fin de semana fue suprimido por la LO 15/2003 y sustituido por la localización permanente (art. 37 CP, hasta 6 meses). La responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP, introducida por la LO 5/2010) excluye expresamente al Estado y a las Administraciones Públicas (art. 31 quinquies); la exención exige modelos de organización y gestión (compliance) eficaces. Multa (art. 50 CP): extensión de 10 días a 2 años; cuota diaria de 2 a 400 euros (personas físicas). Responsabilidad personal subsidiaria (art. 53): un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. Penas accesorias: la prisión de 10 años o más lleva inhabilitación absoluta durante la condena (art. 55); la inferior a 10 años admite suspensión de empleo o cargo, inhabilitación de sufragio pasivo o inhabilitación especial vinculada al delito (art. 56).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 15 y 25.2)
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 27-29, 31 bis, 31 quinquies, 32-37, 39-57, 76, 78 bis, 90-92)
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (arts. 1 y 72)
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario
Sentencia del Tribunal Constitucional 169/2021, de 6 de octubre (prisión permanente revisable)
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