Tema 1. La Constitución Española de 1978: principios generales, estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Las Cortes Generales. La elaboración de las leyes. El Defensor del Pueblo. Nombramiento y «status». Competencias.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este primer tema del bloque de organización del Estado desarrolla la Constitución Española de 1978 desde una doble perspectiva: su estructura formal y los principios generales del Título Preliminar, y el extenso catálogo de derechos y deberes fundamentales del Título I, con las garantías que los protegen —incluidos el recurso de amparo y la suspensión excepcional de derechos—. Se completa con el estudio de dos instituciones clave de la parte orgánica de la Constitución: la Corona, como Jefatura del Estado propia de una Monarquía parlamentaria, y las Cortes Generales, titulares de la potestad legislativa, junto con el procedimiento de elaboración de las leyes y la institución de garantía del Defensor del Pueblo.
Estructura de la Constitución de 1978 (título preliminar, títulos I-X)
La CE consta de un preámbulo (sin valor normativo directo), un Título Preliminar (arts. 1-9) y diez títulos: I De los derechos y deberes fundamentales (10-55), II De la Corona (56-65), III De las Cortes Generales (66-96), IV Del Gobierno y la Administración (97-107), V De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (108-116), VI Del Poder Judicial (117-127), VII Economía y Hacienda (128-136), VIII De la Organización Territorial del Estado (137-158), IX Del Tribunal Constitucional (159-165) y X De la reforma constitucional (166-169). Se cierra con cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Es una Constitución escrita y codificada en un único texto, extensa por el detalle con que regula derechos e instituciones, rígida por exigir procedimientos agravados de reforma, y consensuada, fruto del pacto constituyente de 1977-1978. Aprobada por las Cortes Generales, fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229), entrando en vigor ese mismo día.
El título preliminar: principios generales de la CE
El Título Preliminar (arts. 1 a 9) recoge los principios estructurales básicos del Estado antes del desarrollo institucional. El art. 1 define la forma de Estado y sus valores superiores; el art. 2 proclama la unidad de la Nación española y el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones; el art. 3 regula el castellano como lengua oficial del Estado y las demás lenguas españolas como oficiales en sus Comunidades Autónomas; el art. 4 fija la bandera; el art. 5 declara Madrid capital del Estado; el art. 6 reconoce los partidos políticos como expresión del pluralismo; el art. 7 hace lo propio con sindicatos y asociaciones empresariales; el art. 8 define la misión de las Fuerzas Armadas; y el art. 9 consagra la sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento, con los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
Los valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE)
El art. 1.1 CE proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos cuatro valores no son derechos subjetivos directamente invocables ante los tribunales, sino principios informadores de todo el ordenamiento y criterios de interpretación de las normas, con un papel de primer orden en la jurisprudencia constitucional. No deben confundirse con los principios del art. 9.3 CE (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos), que son garantías de técnica jurídica y no valores axiológicos. La igualdad como valor superior se proyecta después como derecho fundamental en el art. 14 y como principio rector en el art. 9.2.
La forma política del Estado: Monarquía parlamentaria
El art. 1.3 CE dispone que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Es una fórmula mixta: monarquía en cuanto a la Jefatura del Estado, hereditaria y vitalicia (Título II, arts. 56-65), y parlamentaria en cuanto al sistema de gobierno, porque el Gobierno emana de la confianza del Congreso y responde políticamente ante él (art. 108), no ante el Rey. El Rey reina pero no gobierna: carece de poder de decisión política propio, sus actos requieren refrendo (art. 64), que traslada la responsabilidad a quien refrenda, y su papel es de arbitraje y moderación del funcionamiento de las instituciones, representación del Estado y símbolo de su unidad y permanencia (art. 56.1). Esta fórmula es fruto del consenso constituyente entre fuerzas republicanas y monárquicas, y sitúa a España entre las monarquías parlamentarias europeas de tipo occidental.
Titularidad de la soberanía nacional (art. 1.2 CE)
El art. 1.2 CE establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Se trata de una soberanía unitaria e indivisible, atribuida al conjunto del pueblo español como sujeto colectivo y no fragmentable entre los distintos territorios que integran el Estado, lo que constituye uno de los fundamentos jurídicos frente a pretensiones de autodeterminación de partes del territorio. De esta titularidad derivan todos los poderes constituidos —legislativo, ejecutivo y judicial—, que actúan siempre por delegación y en nombre del pueblo soberano. El principio se articula prácticamente a través del sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (arts. 68 y 69 CE y LOREG) para la elección de representantes en Cortes Generales, y de otras formas de participación directa como el referéndum (art. 92) o la iniciativa legislativa popular (art. 87.3).
Valor normativo directo de la Constitución
La CE de 1978 rompió con la tradición de constituciones programáticas propia de etapas anteriores del constitucionalismo español y se configura como norma jurídica suprema de aplicación directa e inmediata, vinculante para todos los poderes públicos y ciudadanos (art. 9.1), sin necesidad de desarrollo legislativo previo para desplegar buena parte de sus efectos. Esta eficacia directa se manifiesta especialmente en los derechos fundamentales, invocables directamente ante los tribunales ordinarios y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo. Comporta un efecto derogatorio —toda norma anterior contraria a la Constitución quedó derogada— y un efecto de parámetro de validez, de modo que ninguna norma posterior puede contradecirla sin incurrir en inconstitucionalidad, que solo puede declarar el Tribunal Constitucional.
El principio de supremacía constitucional
La Constitución ocupa la posición más alta en la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico español: ninguna norma, con independencia de su rango o de la Administración de la que emane, puede contradecirla. Esta supremacía se garantiza mediante mecanismos de control atribuidos al Tribunal Constitucional: el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad frente a leyes y normas con rango de ley (art. 161.1.a CE), y de forma indirecta el control judicial ordinario de los reglamentos, que pueden ser inaplicados o anulados si contravienen la Constitución o la ley. La supremacía se traduce también en la rigidez del texto: su reforma exige procedimientos agravados (arts. 167 y 168), distintos y más exigentes que el procedimiento legislativo ordinario, precisamente para dotar de estabilidad a la norma que corona el ordenamiento.
Procedimientos de reforma constitucional (arts. 167 y 168 CE)
La CE prevé dos procedimientos de reforma. El ordinario (art. 167) exige aprobación por mayoría de 3/5 de cada Cámara o, si no hay acuerdo, la constitución de una Comisión paritaria de Diputados y Senadores que presente un texto para su votación por ambas Cámaras; si aun así no se logra la mayoría de 3/5 pero el texto obtuvo el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso podrá aprobarlo por mayoría de 2/3 (art. 167.2 CE); el texto aprobado se somete a referéndum si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los quince días siguientes a su aprobación. El agravado (art. 168) se exige para la revisión total de la Constitución o la parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales) o al Título II (la Corona): requiere aprobación por mayoría de 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras con la misma mayoría de 2/3 y referéndum de ratificación, en este caso siempre obligatorio.
Reformas de la Constitución de 1978
Desde su entrada en vigor la Constitución solo se ha reformado en tres ocasiones, todas por el procedimiento ordinario del art. 167: en 1992, para añadir la expresión «y pasivo» al art. 13.2 (derecho de sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales, a raíz del Tratado de Maastricht); en 2011, para modificar el art. 135 (estabilidad presupuestaria); y en 2024, para sustituir en el art. 49 el término «disminuidos» por la referencia a las personas con discapacidad, reforma publicada en el BOE de febrero de 2024. Ninguna de ellas requirió el procedimiento agravado del art. 168. Es un dato de memoria habitual en examen: tres reformas (1992, 2011 y 2024).
Derechos fundamentales y libertades públicas (Capítulo II, Título I)
El Capítulo II del Título I (arts. 14 a 38 CE) agrupa 'De los derechos y libertades', precedido por la cláusula general de igualdad del art. 14 y dividido en dos secciones de distinta intensidad de protección: la Sección 1ª, 'De los derechos fundamentales y de las libertades públicas' (arts. 15-29), y la Sección 2ª, 'De los derechos y deberes de los ciudadanos' (arts. 30-38). La denominación 'derechos fundamentales' se reserva en sentido estricto a los de la Sección 1ª, que gozan de la máxima protección: reserva de ley orgánica para su desarrollo (art. 81.1), tutela judicial preferente y sumaria, y recurso de amparo (art. 53.2). Los derechos de la Sección 2ª se desarrollan por ley ordinaria y carecen de recurso de amparo directo, aunque son exigibles ante los tribunales ordinarios según lo que dispongan las leyes de desarrollo.
Estructura del Título I
El Título I (arts. 10 a 55) se divide en cinco capítulos: Capítulo I, De los españoles y extranjeros (arts. 11-13); Capítulo II, Derechos y libertades (arts. 14-38), con las dos secciones ya vistas; Capítulo III, De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52); Capítulo IV, De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53 y 54); y Capítulo V, De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55). El art. 10 abre el Título con los fundamentos del orden político y de la paz social: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás; y su apartado 2 ordena interpretar las normas sobre derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (de ahí la relevancia del Convenio Europeo de Derechos Humanos). En el Capítulo I: la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con lo establecido por la ley (art. 11.1); los españoles son mayores de edad a los 18 años (art. 12); y los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley (art. 13.1). La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, y quedan excluidos los delitos políticos (art. 13.3).
Los derechos y libertades de la Sección 1ª (arts. 15-29 CE)
La Sección 1ª comprende, entre otros: derecho a la vida y a la integridad física y moral, con prohibición de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes (art. 15); libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16); derecho a la libertad y a la seguridad, con el límite de 72 horas para la detención preventiva (art. 17); derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, e inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones (art. 18); libertad de residencia y circulación (art. 19); libertades de expresión e información (art. 20); derecho de reunión (art. 21) y de asociación (art. 22); derechos de participación política (art. 23); tutela judicial efectiva (art. 24); principio de legalidad penal (art. 25); prohibición de tribunales de honor (art. 26); derecho a la educación (art. 27); libertad sindical y derecho de huelga (art. 28); y derecho de petición (art. 29). Todos son directamente aplicables y susceptibles de recurso de amparo.
Derechos de la Sección 1ª de especial interés penitenciario
Varios preceptos de la Sección 1ª tienen una incidencia directa en el medio penitenciario. El art. 15 prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, y queda abolida la pena de muerte (el texto constitucional original admitía la excepción de las leyes penales militares en tiempo de guerra, suprimida después en la legislación penal militar). El art. 17 reconoce la libertad personal: nadie puede ser privado de ella sino en los casos y forma previstos en la ley; la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, 72 horas, plazo tras el cual el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial (art. 17.2); el detenido debe ser informado de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar, y tiene derecho a la asistencia de abogado (art. 17.3); el procedimiento de habeas corpus (LO 6/1984) garantiza la puesta inmediata a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente, y la ley determina el plazo máximo de duración de la prisión provisional (art. 17.4). El art. 18.3 garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. El art. 24 reconoce la tutela judicial efectiva sin indefensión, el juez ordinario predeterminado por la ley, la defensa y asistencia letrada, la presunción de inocencia y el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. El art. 25.1 recoge el principio de legalidad penal (nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente). El art. 25.2 es el precepto central del Derecho penitenciario: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados; el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria; y en todo caso tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. El art. 25.3 prohíbe a la Administración civil imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. El Tribunal Constitucional ha precisado que el art. 25.2 es un mandato dirigido al legislador penal y penitenciario, que no genera por sí mismo un derecho subjetivo amparable, aunque sí informa la interpretación de toda la normativa de ejecución de las penas.
Los derechos y deberes de los ciudadanos (Capítulo II, Sección 2ª)
La Sección 2ª (arts. 30 a 38 CE) recoge derechos y deberes de menor intensidad de protección que los de la Sección 1ª, desarrollables por ley ordinaria. Incluye: el deber de defender a España y la regulación de las obligaciones militares (art. 30); el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad (art. 31); el derecho al matrimonio en condiciones de plena igualdad jurídica (art. 32); el derecho a la propiedad privada y a la herencia, con función social (art. 33); el derecho de fundación (art. 34); el derecho-deber al trabajo y a una remuneración suficiente (art. 35); la regulación de los Colegios Profesionales (art. 36); la negociación colectiva laboral (art. 37); y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38).
Los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III)
El Capítulo III del Título I (arts. 39 a 52 CE) recoge mandatos dirigidos a los poderes públicos: protección de la familia y de la infancia (art. 39), promoción del progreso económico y de la seguridad e higiene en el trabajo (art. 40), mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social (art. 41), protección de la salud (art. 43), acceso a la cultura (art. 44), medio ambiente adecuado (art. 45), conservación del patrimonio histórico (art. 46), derecho a una vivienda digna (art. 47), políticas de juventud (art. 48), atención a personas con discapacidad (art. 49), políticas para la tercera edad (art. 50) y defensa de consumidores y usuarios (art. 51). Conforme al art. 53.3, estos principios informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria según dispongan las leyes que los desarrollen.
Principios rectores no recogidos en la enumeración anterior
Completan el Capítulo III el art. 42 (el Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero) y el art. 52 (la ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios, con estructura interna y funcionamiento democráticos). Además, el art. 40.2 encomienda a los poderes públicos fomentar una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velar por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados; el art. 41 impone un régimen público de Seguridad Social con prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad; el art. 43.1 reconoce el derecho a la protección de la salud; y el art. 49, tras la reforma de 2024, ordena una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad. Estos principios, aunque no son derechos subjetivos de exigibilidad directa, vinculan al legislador y han de informar la práctica judicial (art. 53.3).
Las garantías de los derechos y libertades
El art. 53 CE articula un sistema gradual de garantías. El apartado 1 vincula a todos los poderes públicos a los derechos del Capítulo II, exige que su desarrollo se haga por ley (con reserva de ley orgánica para los de la Sección 1ª, art. 81.1) que respete su contenido esencial, tutelado dicho respeto mediante el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad (art. 161.1.a CE). El apartado 2 reconoce, solo para los derechos de la Sección 1ª (15-29) más el art. 14, una tutela reforzada: un procedimiento judicial ordinario basado en preferencia y sumariedad, y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El apartado 3 limita la exigibilidad de los principios rectores del Capítulo III a lo que dispongan las leyes de desarrollo. A ello se añaden garantías institucionales como el Defensor del Pueblo (art. 54).
El recurso de amparo constitucional
El recurso de amparo (arts. 53.2 y 161.1.b CE, Título III LOTC) es el mecanismo ante el Tribunal Constitucional para tutelar los derechos del art. 14 (igualdad) y de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29), y la objeción de conciencia del art. 30.2. Tiene carácter subsidiario: exige el agotamiento previo de la vía judicial ordinaria procedente. Están legitimados la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Puede dirigirse contra disposiciones, actos o vías de hecho de los poderes públicos, así como contra resoluciones judiciales, en cuyo caso ha de haberse invocado la vulneración en el proceso previo tan pronto como hubo ocasión. Desde 2007 se exige además que el recurso tenga 'especial trascendencia constitucional' como requisito de admisión.
Deberes constitucionales de los ciudadanos
Junto al extenso catálogo de derechos, la CE impone deberes a los ciudadanos, dispersos principalmente por el Título I. Los más relevantes: el deber de defender a España (art. 30.1); el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada uno, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio (art. 31.1); el deber-derecho al trabajo (art. 35.1); y deberes conectados con la patria potestad, como la asistencia de todo orden a los hijos (art. 39.3). Existe además el deber genérico de sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que el art. 9.1 impone a ciudadanos y poderes públicos por igual. A diferencia de otros textos, la CE no formula un catálogo cerrado de deberes equiparable en extensión al de derechos.
La suspensión individual de derechos fundamentales
El art. 55.2 CE permite la suspensión individual (referida a personas concretas, no general) de los derechos de los arts. 17.2 (plazo máximo de detención preventiva) y 18.2 y 3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), en relación con investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas. Exige la necesaria intervención judicial y un adecuado control parlamentario, y su desarrollo se reservó a una ley orgánica específica. El propio precepto advierte de que la utilización injustificada o abusiva de estas facultades producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. A diferencia de la suspensión general del art. 55.1, la individual no requiere declaración de estado de excepción ni de sitio, y opera dentro de la normalidad constitucional como instrumento excepcional antiterrorista.
La suspensión general de derechos por estados excepcionales
El art. 55.1 CE habilita la suspensión general de derechos tasados cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, conforme al art. 116 y a la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio: los arts. 17 (detención preventiva, con excepción de lo dispuesto en el apartado 3, es decir, la asistencia de abogado al detenido), 18.2 y 3 (domicilio y comunicaciones), 19 (circulación y residencia), 20.1.a y d y 20.5 (expresión, información y secuestro de publicaciones), 21 (reunión), 28.2 (huelga) y 37.2 (conflicto colectivo). En el estado de alarma no se suspende ningún derecho fundamental: solo pueden limitarse o condicionarse en su ejercicio (así lo precisó el Tribunal Constitucional en la STC 148/2021 respecto del primer estado de alarma de la pandemia de 2020, al considerar que ciertas restricciones equivalían a una suspensión que solo cabía bajo el estado de excepción). El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un máximo de quince días, y su prórroga requiere autorización del Congreso (art. 116.2). El estado de excepción lo declara el Gobierno con autorización previa del Congreso (art. 116.3; duración máxima de treinta días, prorrogable por otros treinta); el estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno (art. 116.4).
La Corona: naturaleza jurídica y funciones
El Título II CE (arts. 56 a 65) regula la Corona. El art. 56.1 define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Es una institución hereditaria y vitalicia, no electiva. El art. 56.3 proclama la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey: sus actos están siempre refrendados en la forma del art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo la excepción del art. 65.2. Al Rey corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas y el ejercicio del derecho de gracia con arreglo a la ley, que no puede autorizar indultos generales.
La sucesión a la Corona
El art. 57.1 CE regula el orden sucesorio: la sucesión en el trono sigue el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Las personas con derecho a la sucesión que contraigan matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales quedan excluidas de la sucesión (art. 57.4). Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho en el orden de sucesión se resuelven por ley orgánica (art. 57.5), como ocurrió con la abdicación de Juan Carlos I en 2014 (LO 3/2014). El art. 58 impide que la Reina consorte o el consorte de la Reina asuman funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia.
La regencia y la tutela del Rey menor
La regencia (art. 59) se activa cuando el Rey sea menor de edad —ejerciéndola el padre o madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder— o cuando se inhabilite para el ejercicio de su autoridad, reconocida la inhabilitación por las Cortes Generales, ejerciéndola el Príncipe heredero si es mayor de edad, y si no lo es, se procede igual que en el caso anterior. Si no hubiera nadie a quien corresponda, la nombran las Cortes Generales, y se compone de una, tres o cinco personas. Se ejerce siempre en nombre del Rey y bajo la autoridad de la Constitución. La tutela del Rey menor (art. 60) corresponde a quien el Rey difunto hubiese nombrado en testamento, si es mayor de edad y español de nacimiento; en su defecto, al padre o madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, la nombran las Cortes.
El refrendo de los actos del Rey
El art. 64 CE exige que los actos del Rey sean refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes; la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución del art. 99, son refrendados por el Presidente del Congreso. El refrendo es requisito de validez del acto regio: de los actos del Rey son responsables quienes los refrendan (art. 64.2), trasladándose así la responsabilidad desde el Rey —inviolable e irresponsable— al órgano refrendante. Sin refrendo el acto carece de validez, salvo la excepción del art. 65.2 (distribución del presupuesto de la Casa Real y libre nombramiento de su personal civil y militar). El refrendo puede ser expreso o tácito, y es característico de las monarquías parlamentarias para articular la irresponsabilidad regia.
Funciones del Rey: sanción y promulgación de las leyes
El art. 62.a) CE atribuye al Rey sancionar y promulgar las leyes. La sanción confirma y da fuerza de ley al texto aprobado por las Cortes; en el constitucionalismo actual es un acto debido, sin capacidad de veto: el Rey ha de sancionar en el plazo de quince días la ley aprobada por las Cortes Generales (art. 91). La promulgación es el acto solemne por el que el Rey proclama la existencia de la ley y ordena a autoridades y ciudadanos que la cumplan y hagan cumplir. Tras sancionarla y promulgarla, se ordena su inmediata publicación en el BOE, requisito de eficacia general derivado del principio de publicidad de las normas (art. 9.3). Ambos actos regios requieren refrendo del Presidente del Gobierno, en quien recae la responsabilidad correspondiente.
Atribuciones del Rey en el art. 62 y 63 CE
El art. 62 enumera las funciones del Rey: a) sancionar y promulgar las leyes; b) convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; c) convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución; d) proponer el candidato a Presidente del Gobierno y nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos; e) nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente; f) expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes; g) ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; h) el mando supremo de las Fuerzas Armadas; i) ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales; j) el Alto Patronazgo de las Reales Academias. El art. 63 añade que el Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos (a él se acreditan los representantes extranjeros), manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes, y, previa autorización de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz. Antes de ejercer sus funciones, el Rey es proclamado ante las Cortes Generales y presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas (art. 61). El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tiene la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona (art. 57.2). La Casa del Rey es el órgano de apoyo a la Jefatura del Estado: el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa y distribuye libremente la misma (art. 65.1).
Funciones del Rey en la convocatoria y disolución de las Cortes
El art. 62.b) CE atribuye al Rey convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Son actos formalmente regios pero materialmente decididos por otros órganos y sujetos a refrendo: la disolución anticipada la propone el Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros (art. 115.1), y el decreto de disolución fija la fecha de las elecciones. Tiene dos límites (ambos en el art. 115.2): la propuesta no puede presentarse mientras esté en trámite una moción de censura, y no procede nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo el supuesto del art. 99.5 (fracaso de la investidura). Tampoco puede disolverse el Congreso durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio (art. 116.5). El Rey convoca también las Cortes en la sesión constitutiva tras cada renovación electoral (arts. 68.6 y 69.6) y a referéndum en los casos previstos (arts. 62.c, 92, 167 y 168), siempre mediante propuesta refrendada.
Las Cortes Generales: composición bicameral
El art. 66 CE define a las Cortes Generales como el órgano que representa al pueblo español, formado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los Presupuestos Generales, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Son inviolables (art. 66.3). El bicameralismo español es asimétrico: el Congreso tiene preeminencia en la mayoría de funciones (investidura, moción de censura, cuestión de confianza, aprobación definitiva de leyes en caso de discrepancia con el Senado, art. 90), mientras que el Senado, Cámara de representación territorial (art. 69.1), tiene un peso menor, aunque conserva competencias propias como la autorización de las medidas del art. 155 y la intervención en la reforma agravada (art. 168).
El Congreso de los Diputados: composición y elección
El art. 68 CE fija que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (la LOREG fija actualmente 350). La circunscripción electoral es la provincia (Ceuta y Melilla, un Diputado cada una); la ley distribuye una representación mínima inicial a cada circunscripción y el resto en proporción a la población, aplicando criterios de representación proporcional (sistema D'Hondt, desarrollado en la LOREG). El Congreso se elige por cuatro años, sin perjuicio de disolución anticipada; el mandato termina cuatro años después de la elección o el día de la disolución de la Cámara (art. 68.4). Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos (art. 68.5); la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. La edad electoral es la mayoría de edad, 18 años (art. 12 CE).
El Senado: composición y elección, cámara de representación territorial
El art. 69 CE define al Senado como Cámara de representación territorial. En cada provincia peninsular se eligen cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (art. 69.2); en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con Cabildo o Consejo Insular constituye una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las islas o agrupaciones siguientes: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma (art. 69.3); Ceuta y Melilla eligen dos Senadores cada una (art. 69.4). Además, las Comunidades Autónomas designan un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, designación que corresponde a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional (art. 69.5). El mandato es de cuatro años, salvo disolución anticipada (art. 69.6). Como cámara territorial, tiene competencias propias como la aprobación por mayoría absoluta de las medidas del art. 155 CE.
Funciones de las Cortes Generales
Conforme al art. 66.2 CE, las Cortes Generales ejercen cuatro grandes funciones: la potestad legislativa; la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (arts. 66.2 y 134); el control de la acción del Gobierno, mediante preguntas e interpelaciones (art. 111), comisiones de investigación (art. 76), moción de censura (art. 113) y cuestión de confianza (art. 112); y las demás competencias constitucionales, como la autorización de tratados internacionales (art. 94), la declaración de los estados de excepción y de sitio (art. 116), la elección de cargos institucionales (magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del CGPJ, Defensor del Pueblo) o la reforma constitucional (arts. 167 y 168). Todas se reparten de forma asimétrica entre Congreso y Senado, con preeminencia del Congreso en investidura y control del Gobierno.
Organización y funcionamiento de las Cortes Generales
Los parlamentarios no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2) y son inviolables por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1); durante su mandato gozan también de inmunidad, de modo que solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, y no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (suplicatorio), correspondiendo la decisión sobre su inculpación, procesamiento y juicio a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71.2 y 3). No pueden ser miembros de las dos Cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso (art. 67.1). Las Cámaras se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio (art. 73.1), y pueden celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras (art. 73.2). Cada Cámara establece su propio Reglamento, que aprueba por mayoría absoluta, elige su Presidente y los demás miembros de su Mesa, y goza de autonomía presupuestaria (art. 72). Las sesiones plenarias son públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento (art. 80). Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros; los acuerdos se adoptan por mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales (art. 79). Entre períodos de sesiones y tras la disolución, la Diputación Permanente vela por los poderes de las Cámaras (art. 78). Además, el Congreso y el Senado pueden reunirse en sesión conjunta para ejercer competencias no legislativas atribuidas expresamente a las Cortes Generales (art. 74.1), y ambas Cámaras pueden nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, cuyas conclusiones no vinculan a los Tribunales (art. 76).
La iniciativa legislativa
El art. 87 CE atribuye la iniciativa legislativa al Gobierno, al Congreso y al Senado. La del Gobierno se instrumenta mediante proyectos de ley, aprobados en Consejo de Ministros y remitidos al Congreso con exposición de motivos y antecedentes necesarios; la de las Cámaras se articula mediante proposiciones de ley. El art. 87.2 reconoce iniciativa a las Asambleas de las Comunidades Autónomas, que pueden solicitar del Gobierno un proyecto de ley o remitir al Congreso una proposición defendida por una delegación autonómica. El art. 87.3 regula la iniciativa legislativa popular, que exige no menos de 500.000 firmas acreditadas y excluye materias reservadas a ley orgánica, tributarias, de carácter internacional o el ejercicio del derecho de gracia.
El procedimiento legislativo ordinario
El procedimiento se inicia con la presentación de un proyecto o proposición de ley, publicado y sometido a plazo de enmiendas (a la totalidad o al articulado). El debate y aprobación se realiza en Comisión y en Pleno del Congreso. Aprobado, el texto se remite al Senado (art. 90), que dispone de dos meses para vetarlo (mayoría absoluta) o enmendarlo; el veto puede levantarse por el Congreso por mayoría absoluta, o por mayoría simple pasados dos meses desde su interposición; las enmiendas del Senado se votan en el Congreso, que las acepta o rechaza por mayoría simple. En los proyectos declarados urgentes, el plazo del Senado se reduce a veinte días naturales. Aprobado definitivamente, se remite al Rey para sanción y promulgación, y se publica en el BOE.
El referéndum en la Constitución
La Constitución prevé varios tipos de referéndum: el consultivo sobre decisiones políticas de especial trascendencia, convocado por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados (art. 92), cuyo desarrollo es la LO 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum; el de ratificación de la reforma constitucional, obligatorio en el procedimiento agravado (art. 168) y facultativo en el ordinario (art. 167.3); y el de ratificación de proyectos de Estatuto de Autonomía por la vía del art. 151. El referéndum del art. 92 es consultivo, es decir, no vincula jurídicamente, aunque sí políticamente. La LOREG regula el procedimiento electoral de los referendos.
Tramitación de leyes orgánicas y leyes ordinarias
El art. 81 CE reserva a ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª del Capítulo II del Título I), la aprobación de los Estatutos de Autonomía y del régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución (entre otras, las leyes del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial). Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2), a diferencia de las leyes ordinarias, aprobadas por mayoría simple. Las materias reservadas a ley orgánica no pueden ser objeto de delegación legislativa (art. 82.1) y el decreto-ley no puede afectar a los derechos, deberes y libertades del Título I ni al régimen electoral general (art. 86.1). La reserva de mayoría absoluta es una garantía reforzada que evita que una mayoría coyuntural modifique materias especialmente sensibles. El Tribunal Constitucional ha precisado que la reserva de ley orgánica debe interpretarse de forma restrictiva (no todo lo que toca un derecho fundamental es materia orgánica).
La normativa con rango de ley: decreto-ley y legislación delegada
Junto a las leyes formales, la Constitución admite dos normas con rango de ley del Gobierno. El decreto-ley (art. 86) puede dictarse en caso de extraordinaria y urgente necesidad, no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general, y debe ser convalidado expresamente por el Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación (también puede tramitarse como proyecto de ley). La legislación delegada (arts. 82 a 85) permite a las Cortes delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley mediante una ley de bases (para textos articulados, que da lugar a un decreto legislativo) o una ley ordinaria (para textos refundidos); la delegación debe ser expresa, para materia concreta y con fijación de plazo, y no puede hacerse en materias reservadas a ley orgánica ni entenderse concedida por tiempo indeterminado. La delegación no autoriza a subdelegar. Ambos tipos de normas están sujetos al control del Tribunal Constitucional, y los decretos legislativos, además, al de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando exceden la delegación.
Sanción, promulgación y publicación de las leyes
Aprobado definitivamente un texto legal, el Presidente del Congreso lo remite al Rey para su sanción (art. 91 CE). El Rey sanciona en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulga y ordena su inmediata publicación. La sanción y la promulgación son actos debidos, sin margen de veto regio, y requieren refrendo del Presidente del Gobierno. La publicación se realiza en el BOE, requisito de eficacia general derivado del principio de publicidad del art. 9.3 CE: las leyes entran en vigor conforme a su disposición final o, en su defecto, a los veinte días de su completa publicación (art. 2.1 Código Civil, vacatio legis). Las Comunidades Autónomas siguen un esquema paralelo de promulgación por su Presidente y publicación en su boletín, además de en el BOE.
El Defensor del Pueblo: naturaleza y nombramiento
El art. 54 CE crea el Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Se desarrolla por la LO 3/1981, de 6 de abril. Se elige por las Cortes Generales: una Comisión mixta Congreso-Senado propone uno o varios candidatos, y resulta designado quien obtenga la votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y, posteriormente, la ratificación por la misma mayoría de tres quintos del Senado; si no se alcanzan esas mayorías, la ley prevé nuevas propuestas y procedimiento para su designación (la mayoría exigible en estas segundas votaciones es menor y debe consultarse en la LO 3/1981). Tras su elección, es nombrado por el Presidente del Congreso y publicado en el BOE. Para ser Defensor se requiere ser español, mayor de edad y estar en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos. El cargo es incompatible con todo mandato representativo, cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración Pública, con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político, sindicato, asociación o fundación, y con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y de cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.
Estatuto del Defensor del Pueblo: mandato e inviolabilidad
El Defensor del Pueblo es elegido para un mandato de cinco años, pudiendo ser reelegido. Goza de un estatuto de garantías similar al de los parlamentarios: no está sujeto a mandato imperativo, no recibe instrucciones de ninguna autoridad, actúa con autonomía y según su criterio, y goza de inviolabilidad, no pudiendo ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado por las opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio de sus competencias. Goza también de inmunidad: solo puede ser detenido en caso de flagrante delito, correspondiendo su inculpación, prisión, procesamiento y juicio a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El cargo cesa por renuncia, expiración del plazo, muerte, incapacidad sobrevenida, notoria negligencia en sus funciones o condena por delito doloso.
Competencias del Defensor del Pueblo: supervisión de la Administración
El Defensor del Pueblo puede supervisar la actividad de todas las Administraciones Públicas y de sus agentes, incluidas las de las Comunidades Autónomas (de las que conoce coordinadamente con los comisionados autonómicos) y la Administración militar, sin que ello pueda entrañar interferencia en el mando de la Defensa Nacional. Da cuenta anualmente a las Cortes Generales mediante un informe, sin perjuicio de los informes extraordinarios que estime oportunos. Actúa de oficio o a instancia de parte, sin restricción alguna y de forma gratuita (no es necesaria la intervención de abogado ni procurador), pudiendo iniciar y proseguir cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración y sus agentes en relación con los ciudadanos, a la luz del art. 103.1 CE y del respeto a los derechos del Título I. Sus resoluciones no son vinculantes ni recurribles, pero puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas; si no obtiene una respuesta adecuada, puede poner los hechos en conocimiento del Ministro del Departamento afectado o incluirlos en su informe anual a las Cortes. Si aprecia indicios de delito, debe dar traslado al Ministerio Fiscal. No puede entrar a conocer de asuntos pendientes de resolución judicial.
Legitimación del Defensor del Pueblo para interponer recursos de inconstitucionalidad y amparo
El art. 162.1 CE legitima al Defensor del Pueblo, junto con otros sujetos, para interponer el recurso de inconstitucionalidad frente a leyes y disposiciones con fuerza de ley (letra a) y el recurso de amparo (letra b), sin necesidad de acreditar interés directo o afectación personal, a diferencia de los particulares. Esta legitimación institucional refuerza su papel de garante objetivo de la constitucionalidad y de los derechos fundamentales, más allá de los casos concretos que le llegan por queja individual. En el amparo puede interponer él mismo el recurso o personarse como parte en uno ya interpuesto por el particular afectado. La legitimación para el recurso de inconstitucionalidad debe ejercerse dentro del plazo de tres meses desde la publicación de la norma impugnada (art. 33 LOTC).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La CE se aprobó en referéndum el 6-12-1978 y se publicó en el BOE de 29-12-1978; consta de Preámbulo, Título Preliminar (arts. 1-9) y diez títulos (arts. 10-169).
Valores superiores (art. 1.1): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político — no confundir con los principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad).
Solo los derechos de la Sección 1ª (arts. 15-29) más el art. 14 tienen recurso de amparo (art. 53.2); los principios rectores del Cap. III (39-52) no son directamente exigibles ante tribunales (art. 53.3).
Reforma ordinaria (art. 167): mayoría de 3/5 de cada Cámara. Reforma agravada (art. 168, afecta Título Preliminar/derechos fundamentales/Corona): 2/3, disolución de Cortes, ratificación por 2/3 y referéndum siempre obligatorio.
Suspensión general (art. 55.1): estados de excepción y sitio, derechos tasados. Suspensión individual (art. 55.2): solo arts. 17.2 y 18.2-3, en investigaciones antiterroristas, con control judicial.
El Rey es inviolable e irresponsable (art. 56.3); sus actos requieren refrendo (art. 64), que traslada la responsabilidad a quien refrenda.
Sucesión a la Corona (art. 57.1): primogenitura y representación; línea y grado más próximos; varón antes que mujer en igualdad de grado; mayor edad en igualdad de sexo.
Congreso: 300-400 diputados (350 por LOREG), circunscripción provincial, representación proporcional. Senado: cámara de representación territorial, 4 senadores por provincia peninsular más los designados por las CCAA.
Leyes orgánicas: mayoría absoluta en votación final de conjunto en el Congreso (art. 81.2); no cabe decreto-ley ni delegación legislativa en su materia. Leyes ordinarias: mayoría simple.
El Senado dispone de dos meses (veinte días si el proyecto es urgente) para vetar o enmendar una ley; el veto se levanta por mayoría absoluta del Congreso o por mayoría simple transcurrido el plazo.
El Defensor del Pueblo (art. 54, LO 3/1981) se elige por 3/5 de Congreso y Senado, mandato de 5 años, y está legitimado para interponer recurso de amparo y de inconstitucionalidad (art. 162.1), sin necesidad de interés directo.
Reformas de la CE: solo tres (1992, art. 13.2 sufragio pasivo extranjeros; 2011, art. 135 estabilidad presupuestaria; 2024, art. 49 personas con discapacidad), todas por el procedimiento ordinario del art. 167.
Art. 25.2 CE (clave para Instituciones Penitenciarias): las penas privativas de libertad y medidas de seguridad se orientan a la reeducación y reinserción social; el penado conserva los derechos fundamentales salvo los limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria; derecho a trabajo remunerado, Seguridad Social, cultura y desarrollo integral. No es un derecho amparable por sí solo.
Art. 25.3 CE: la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad.
Art. 17.2 CE: detención preventiva máxima de 72 horas; habeas corpus regulado por LO 6/1984; la asistencia de abogado al detenido (art. 17.3) no puede suspenderse ni en el estado de excepción.
Disolución anticipada (art. 115): propone el Presidente del Gobierno, no puede estar en trámite una moción de censura y no procede nueva disolución antes de un año desde la anterior (ambos límites en el art. 115.2); tampoco durante los estados de alarma, excepción o sitio (art. 116.5).
Estado de alarma: lo declara el Gobierno (hasta 15 días; prórroga con autorización del Congreso); excepción: Gobierno con autorización previa del Congreso (30 días + prórroga de 30); sitio: Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno. Solo en excepción y sitio cabe suspender derechos (art. 55.1).
Decreto-ley (art. 86): extraordinaria y urgente necesidad; convalidación por el Congreso en 30 días; no puede afectar a Título I, instituciones básicas, régimen de CCAA ni derecho electoral general.
Sanción de leyes por el Rey en 15 días (art. 91); sanción y promulgación son actos debidos con refrendo. Vacatio legis general: 20 días desde la publicación completa en el BOE (art. 2.1 Código Civil), salvo disposición en contrario.
Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes (art. 54), mandato de 5 años; su actividad puede supervisar a la Administración militar sin interferir en el mando de la Defensa Nacional; actúa de oficio o a instancia de parte, gratuitamente; sus resoluciones no son vinculantes.
Los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo (art. 67.2), son inviolables por sus opiniones (art. 71.1) y su inculpación y juicio corresponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Periodos de sesiones de las Cortes: septiembre-diciembre y febrero-junio (art. 73.1).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
En el procedimiento legislativo ordinario, el Senado dispone para vetar o enmendar un texto aprobado por el Congreso de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Instituciones Penitenciarias?
Este primer tema del bloque de organización del Estado desarrolla la Constitución Española de 1978 desde una doble perspectiva: su estructura formal y los principios generales del Título Preliminar, y el extenso catálogo de derechos y deberes fundamentales del Título I, con las garantías que los protegen —incluidos el recurso de amparo y la suspensión excepcional de derechos—. Se completa con el estudio de dos instituciones clave de la parte orgánica de la Constitución: la Corona, como Jefatura del Estado propia de una Monarquía parlamentaria, y las Cortes Generales, titulares de la potestad legislativa, junto con el procedimiento de elaboración de las leyes y la institución de garantía del Defensor del Pueblo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
La CE se aprobó en referéndum el 6-12-1978 y se publicó en el BOE de 29-12-1978; consta de Preámbulo, Título Preliminar (arts. 1-9) y diez títulos (arts. 10-169). Valores superiores (art. 1.1): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político — no confundir con los principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad). Solo los derechos de la Sección 1ª (arts. 15-29) más el art. 14 tienen recurso de amparo (art. 53.2); los principios rectores del Cap. III (39-52) no son directamente exigibles ante tribunales (art. 53.3). Reforma ordinaria (art. 167): mayoría de 3/5 de cada Cámara. Reforma agravada (art. 168, afecta Título Preliminar/derechos fundamentales/Corona): 2/3, disolución de Cortes, ratificación por 2/3 y referéndum siempre obligatorio. Suspensión general (art. 55.1): estados de excepción y sitio, derechos tasados. Suspensión individual (art. 55.2): solo arts. 17.2 y 18.2-3, en investigaciones antiterroristas, con control judicial. El Rey es inviolable e irresponsable (art. 56.3); sus actos requieren refrendo (art. 64), que traslada la responsabilidad a quien refrenda. Sucesión a la Corona (art. 57.1): primogenitura y representación; línea y grado más próximos; varón antes que mujer en igualdad de grado; mayor edad en igualdad de sexo. Congreso: 300-400 diputados (350 por LOREG), circunscripción provincial, representación proporcional. Senado: cámara de representación territorial, 4 senadores por provincia peninsular más los designados por las CCAA. Leyes orgánicas: mayoría absoluta en votación final de conjunto en el Congreso (art. 81.2); no cabe decreto-ley ni delegación legislativa en su materia. Leyes ordinarias: mayoría simple. El Senado dispone de dos meses (veinte días si el proyecto es urgente) para vetar o enmendar una ley; el veto se levanta por mayoría absoluta del Congreso o por mayoría simple transcurrido el plazo. El Defensor del Pueblo (art. 54, LO 3/1981) se elige por 3/5 de Congreso y Senado, mandato de 5 años, y está legitimado para interponer recurso de amparo y de inconstitucionalidad (art. 162.1), sin necesidad de interés directo. Reformas de la CE: solo tres (1992, art. 13.2 sufragio pasivo extranjeros; 2011, art. 135 estabilidad presupuestaria; 2024, art. 49 personas con discapacidad), todas por el procedimiento ordinario del art. 167. Art. 25.2 CE (clave para Instituciones Penitenciarias): las penas privativas de libertad y medidas de seguridad se orientan a la reeducación y reinserción social; el penado conserva los derechos fundamentales salvo los limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria; derecho a trabajo remunerado, Seguridad Social, cultura y desarrollo integral. No es un derecho amparable por sí solo. Art. 25.3 CE: la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad. Art. 17.2 CE: detención preventiva máxima de 72 horas; habeas corpus regulado por LO 6/1984; la asistencia de abogado al detenido (art. 17.3) no puede suspenderse ni en el estado de excepción. Disolución anticipada (art. 115): propone el Presidente del Gobierno, no puede estar en trámite una moción de censura y no procede nueva disolución antes de un año desde la anterior (ambos límites en el art. 115.2); tampoco durante los estados de alarma, excepción o sitio (art. 116.5). Estado de alarma: lo declara el Gobierno (hasta 15 días; prórroga con autorización del Congreso); excepción: Gobierno con autorización previa del Congreso (30 días + prórroga de 30); sitio: Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno. Solo en excepción y sitio cabe suspender derechos (art. 55.1). Decreto-ley (art. 86): extraordinaria y urgente necesidad; convalidación por el Congreso en 30 días; no puede afectar a Título I, instituciones básicas, régimen de CCAA ni derecho electoral general. Sanción de leyes por el Rey en 15 días (art. 91); sanción y promulgación son actos debidos con refrendo. Vacatio legis general: 20 días desde la publicación completa en el BOE (art. 2.1 Código Civil), salvo disposición en contrario. Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes (art. 54), mandato de 5 años; su actividad puede supervisar a la Administración militar sin interferir en el mando de la Defensa Nacional; actúa de oficio o a instancia de parte, gratuitamente; sus resoluciones no son vinculantes. Los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo (art. 67.2), son inviolables por sus opiniones (art. 71.1) y su inculpación y juicio corresponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Periodos de sesiones de las Cortes: septiembre-diciembre y febrero-junio (art. 73.1).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229)
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio
Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón
Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado
Código Civil, art. 2.1 (entrada en vigor de las leyes)
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