Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
El procedimiento administrativo es el cauce formal a través del cual se produce la actuación de la Administración Pública para asegurar el acierto y la legalidad de sus decisiones y garantizar los derechos de los ciudadanos (art. 105.c CE). Se regula, con carácter básico y de aplicación a todas las Administraciones Públicas, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que sustituyó a la Ley 30/1992 y entró en vigor el 2 de octubre de 2016. Este tema estudia su regulación legal (objeto, ámbito, estructura, relaciones con la Ley 40/2015), el concepto y fases del procedimiento y los principios generales que lo informan, tanto los constitucionales y de actuación (art. 103 CE, art. 3 Ley 40/2015) como los específicos del procedimiento (impulso de oficio, contradicción, concentración, celeridad, transparencia, buena fe, entre otros).
Regulación legal: la Ley 39/2015 y su fundamento constitucional
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sustituyó a la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y junto con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ordena el régimen jurídico de las Administraciones: la Ley 39/2015 regula las relaciones externas de la Administración con los ciudadanos (procedimiento administrativo común) y la Ley 40/2015 el funcionamiento interno de cada Administración y las relaciones entre ellas. Se dicta al amparo del art. 149.1.18ª CE, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas. El art. 105.c) CE encomienda a la ley regular el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley 39/2015 en materia de ámbito autonómico, entre otras en la STC 55/2018. La Ley 39/2015 entró en vigor el 2 de octubre de 2016, con aplazamiento de algunas previsiones sobre administración electrónica.
Objeto y ámbito de aplicación (arts. 1 y 2 LPACAP)
Art. 1: la Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley; reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Art. 2: la Ley se aplica al sector público, que comprende: la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional (cualquier organismo público y entidad de derecho público vinculado o dependiente de las Administraciones, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de ellas en cuanto ejerzan potestades administrativas, y las universidades públicas). Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia (tributarios, de seguridad social y desempleo, de extranjería, entre otros) se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LPACAP.
Estructura de la Ley 39/2015
La Ley se estructura en un Título Preliminar (disposiciones generales, arts. 1 y 2), Título I (de los interesados en el procedimiento, arts. 3 a 12: capacidad de obrar, concepto de interesado, representación, registros electrónicos de apoderamientos, identificación y firma, asistencia en el uso de medios electrónicos), Título II (de la actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de actuación, términos y plazos, arts. 13 a 33, que incluyen los derechos de las personas, la obligación de relacionarse electrónicamente, los registros, la obligación de resolver, el silencio y el cómputo de plazos), Título III (de los actos administrativos, arts. 34 a 52), Título IV (de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, arts. 53 a 105: garantías, iniciación, ordenación, instrucción, finalización, tramitación simplificada y ejecución), Título V (de la revisión de los actos en vía administrativa, arts. 106 a 126: revisión de oficio y recursos administrativos) y Título VI (de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones, arts. 127 a 133, con los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, y la participación de los ciudadanos). Las disposiciones adicionales, transitorias y finales completan la regulación, e incluyen la derogación de la Ley 30/1992.
Concepto, naturaleza y fases del procedimiento administrativo
El procedimiento administrativo es el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente regulados, que se suceden en el tiempo y se dirigen a producir un acto administrativo. Cumple una doble función: garantía de acierto y eficacia de la actuación administrativa (interés general) y garantía de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Se diferencia del expediente, que es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla (art. 70 LPACAP). Fases: 1) iniciación (de oficio o a solicitud del interesado, arts. 54 a 69); 2) ordenación (arts. 70 a 74) e instrucción (arts. 75 a 83), donde se practican alegaciones, pruebas, informes, trámite de audiencia e información pública; 3) terminación (arts. 84 a 95), normal mediante resolución expresa, o por terminación convencional, o anormal mediante desistimiento, renuncia al derecho, declaración de caducidad o imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; 4) ejecución del acto, fase posterior (arts. 97 a 105). La LPACAP regula también la tramitación simplificada (art. 96).
Derechos de las personas y del interesado en el procedimiento (arts. 13 y 53 LPACAP)
Art. 13: derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, entre ellos: comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidas en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros de acuerdo con la Ley 19/2013, de transparencia; ser tratadas con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos; exigir las responsabilidades de las Administraciones y del personal a su servicio cuando legalmente proceda; obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica; la protección de datos de carácter personal; y cualquier otro que les reconozcan la Constitución y las leyes. Art. 53.1: derechos del interesado en el procedimiento: a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación y obtener copias de documentos contenidos en ellos; a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; a no presentar documentos originales salvo que la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario; a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por estas; a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia; a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos; a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente; a cumplir las obligaciones pecuniarias a través de los medios electrónicos. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, el interesado tiene además derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario y a ser notificado de los hechos imputados, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer.
Principios generales del procedimiento administrativo
Los principios que informan el procedimiento administrativo derivan de la Constitución (arts. 9.3, 103 y 105), del art. 3 de la Ley 40/2015 y de la propia LPACAP. a) Legalidad y sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE y art. 3.1 Ley 40/2015). b) Objetividad y servicio a los intereses generales, con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (art. 103.1 CE; art. 3.1 Ley 40/2015). c) Principios del art. 3.1 Ley 40/2015: servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; racionalización y agilidad de los procedimientos y de las actividades materiales de gestión; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública; planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados; economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales; eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. d) Principio de oficialidad o de impulso de oficio: el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad (art. 71.1). e) Principio de concentración de trámites: de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acuerdan en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo (art. 72). f) Principio de contradicción y audiencia al interesado (art. 105.c CE y art. 82 LPACAP), con derecho a alegar y probar. g) Principio antiformalista o de informalismo a favor del administrado y principio pro actione: subsanación de defectos (art. 68), calificación del verdadero carácter del recurso (art. 115.2). h) Principio de transparencia y publicidad, derecho de acceso a la información pública (Ley 19/2013). i) Principio de buena fe y confianza legítima, y de proporcionalidad. j) Principio de responsabilidad en la tramitación: los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones que tengan a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos son responsables directos de su tramitación y adoptan las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos (art. 20). k) Principio de obligatoriedad de términos y plazos para las autoridades y para los interesados (art. 29). l) Principio de oralidad limitado y de escritura, con preferencia de medios electrónicos. m) Principio de gratuidad, de carácter doctrinal, a salvo de tasas o precios públicos específicos.
Principios de intervención y de buena regulación
El art. 4 de la Ley 40/2015 establece que las Administraciones que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación a los fines que se persiguen, y no deberán producir diferencias de trato discriminatorias; las medidas limitativas se evalúan periódicamente. Los principios de buena regulación (art. 129 LPACAP): necesidad y eficacia (la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general), proporcionalidad (contener la regulación imprescindible), seguridad jurídica, transparencia (accesibilidad y participación) y eficiencia (evitar cargas administrativas innecesarias). La STC 55/2018 declaró contrarios al orden constitucional de competencias varios apartados de los arts. 129, 132 y 133 en cuanto aplicables a la iniciativa legislativa autonómica.
El deber de resolver y el silencio administrativo (visión general)
El art. 21 de la Ley 39/2015 impone a la Administración la obligación de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo en los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio y en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. Cuando la Administración no resuelve en plazo, opera el silencio administrativo (arts. 24 y 25 Ley 39/2015): con carácter general, estimatorio en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo las excepciones legalmente previstas (entre ellas las que afectan al derecho de petición, al dominio público o al servicio público, al medio ambiente, la responsabilidad patrimonial y los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, o cuando una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario). En los procedimientos iniciados de oficio, la falta de resolución expresa en plazo produce desestimación para los interesados que comparecieron cuando pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, y caducidad cuando se ejercitan potestades sancionadoras o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen. El desarrollo completo se encuentra en el tema 8.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El procedimiento administrativo común se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), que sustituyó a la Ley 30/1992 y entró en vigor el 2 de octubre de 2016.
La Ley 39/2015 regula las relaciones externas Administración-ciudadano; la Ley 40/2015 regula el funcionamiento interno del sector público y las relaciones interadministrativas.
Competencia estatal: art. 149.1.18ª CE (bases del régimen jurídico de las AAPP y procedimiento administrativo común).
Art. 105.c) CE: la ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
Art. 1 LPACAP: requisitos de validez y eficacia de los actos, procedimiento común (incluido el sancionador y el de responsabilidad patrimonial) y principios de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria.
Solo mediante ley, y de forma motivada, pueden incluirse trámites adicionales o distintos a los de la LPACAP; por reglamento solo especialidades de órganos, plazos, formas de iniciación y terminación, publicación e informes.
Estructura: Título Preliminar, Título I (interesados, arts. 3 a 12), Título II (actividad, arts. 13 a 33), Título III (actos, arts. 34 a 52), Título IV (procedimiento, arts. 53 a 105), Título V (revisión y recursos, arts. 106 a 126) y Título VI (potestad normativa, arts. 127 a 133).
Fases del procedimiento: iniciación, ordenación e instrucción, terminación y ejecución; la LPACAP regula también la tramitación simplificada (art. 96).
Expediente administrativo (art. 70): conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, y diligencias para ejecutarla.
La iniciación puede ser de oficio o a solicitud del interesado (art. 54).
Terminación normal: resolución; otras formas: desistimiento, renuncia al derecho, caducidad, imposibilidad material sobrevenida y terminación convencional.
Principio de legalidad: sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE y art. 3.1 Ley 40/2015).
Principio de oficialidad e impulso de oficio y por medios electrónicos, bajo el principio de celeridad (art. 71.1 LPACAP).
Principio de concentración de trámites (art. 72): se acuerdan en un solo acto todos los trámites que admitan impulso simultáneo.
Principio de audiencia al interesado (art. 105.c CE y art. 82 LPACAP): inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.
Principio antiformalista: subsanación y mejora de solicitudes (art. 68), error en la calificación del recurso no obsta su tramitación (art. 115.2).
Responsabilidad directa de los titulares de unidades y personal en la tramitación y adopción de medidas para remover obstáculos (art. 20).
Los términos y plazos obligan a las autoridades y personal competentes para la tramitación y a los interesados (art. 29).
Principios de buena regulación (art. 129): necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Art. 4 Ley 40/2015: las medidas limitativas de derechos deben ser la opción menos restrictiva, motivadas y proporcionadas.
Art. 21 LPACAP: deber de resolver expresamente; excepciones: pacto o convenio y derechos sometidos solo a comunicación previa.
Silencio: positivo en solicitudes salvo excepciones (derecho de petición, dominio y servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación); caducidad en procedimientos de oficio con efectos desfavorables.
Error típico: la gratuidad no figura como principio expreso en la LPACAP; es una nota doctrinal, y puede haber tasas en procedimientos concretos.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
El artículo de la Constitución que garantiza la audiencia del interesado en el procedimiento por el que se producen los actos administrativos es el:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 9 de Administrativo Ayuntamiento?
El procedimiento administrativo es el cauce formal a través del cual se produce la actuación de la Administración Pública para asegurar el acierto y la legalidad de sus decisiones y garantizar los derechos de los ciudadanos (art. 105.c CE). Se regula, con carácter básico y de aplicación a todas las Administraciones Públicas, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que sustituyó a la Ley 30/1992 y entró en vigor el 2 de octubre de 2016. Este tema estudia su regulación legal (objeto, ámbito, estructura, relaciones con la Ley 40/2015), el concepto y fases del procedimiento y los principios generales que lo informan, tanto los constitucionales y de actuación (art. 103 CE, art. 3 Ley 40/2015) como los específicos del procedimiento (impulso de oficio, contradicción, concentración, celeridad, transparencia, buena fe, entre otros).
¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?
El procedimiento administrativo común se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), que sustituyó a la Ley 30/1992 y entró en vigor el 2 de octubre de 2016. La Ley 39/2015 regula las relaciones externas Administración-ciudadano; la Ley 40/2015 regula el funcionamiento interno del sector público y las relaciones interadministrativas. Competencia estatal: art. 149.1.18ª CE (bases del régimen jurídico de las AAPP y procedimiento administrativo común). Art. 105.c) CE: la ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. Art. 1 LPACAP: requisitos de validez y eficacia de los actos, procedimiento común (incluido el sancionador y el de responsabilidad patrimonial) y principios de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Solo mediante ley, y de forma motivada, pueden incluirse trámites adicionales o distintos a los de la LPACAP; por reglamento solo especialidades de órganos, plazos, formas de iniciación y terminación, publicación e informes. Ámbito subjetivo (art. 2): AGE, comunidades autónomas, entidades locales y sector público institucional (incluidas universidades públicas). Estructura: Título Preliminar, Título I (interesados, arts. 3 a 12), Título II (actividad, arts. 13 a 33), Título III (actos, arts. 34 a 52), Título IV (procedimiento, arts. 53 a 105), Título V (revisión y recursos, arts. 106 a 126) y Título VI (potestad normativa, arts. 127 a 133). Fases del procedimiento: iniciación, ordenación e instrucción, terminación y ejecución; la LPACAP regula también la tramitación simplificada (art. 96). Expediente administrativo (art. 70): conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, y diligencias para ejecutarla. La iniciación puede ser de oficio o a solicitud del interesado (art. 54). Terminación normal: resolución; otras formas: desistimiento, renuncia al derecho, caducidad, imposibilidad material sobrevenida y terminación convencional. Principio de legalidad: sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE y art. 3.1 Ley 40/2015). Principio de oficialidad e impulso de oficio y por medios electrónicos, bajo el principio de celeridad (art. 71.1 LPACAP). Principio de concentración de trámites (art. 72): se acuerdan en un solo acto todos los trámites que admitan impulso simultáneo. Principio de audiencia al interesado (art. 105.c CE y art. 82 LPACAP): inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. Principio antiformalista: subsanación y mejora de solicitudes (art. 68), error en la calificación del recurso no obsta su tramitación (art. 115.2). Responsabilidad directa de los titulares de unidades y personal en la tramitación y adopción de medidas para remover obstáculos (art. 20). Los términos y plazos obligan a las autoridades y personal competentes para la tramitación y a los interesados (art. 29). Principios de buena regulación (art. 129): necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Art. 4 Ley 40/2015: las medidas limitativas de derechos deben ser la opción menos restrictiva, motivadas y proporcionadas. Art. 21 LPACAP: deber de resolver expresamente; excepciones: pacto o convenio y derechos sometidos solo a comunicación previa. Silencio: positivo en solicitudes salvo excepciones (derecho de petición, dominio y servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación); caducidad en procedimientos de oficio con efectos desfavorables. Error típico: la gratuidad no figura como principio expreso en la LPACAP; es una nota doctrinal, y puede haber tasas en procedimientos concretos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 9.3, 103, 105.c) y 149.1.18ª.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), arts. 1, 2, 13, 20 a 25, 29, 53, 54 a 105 y 129.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), arts. 3 y 4.
Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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