Tema 10. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos y plazos. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento: la prueba. Los informes en el procedimiento administrativo. Terminación del procedimiento. Los procedimientos especiales. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
Este tema recorre el procedimiento administrativo común de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), en el orden de sus fases: los interesados (capacidad, legitimación, representación), los términos y plazos (cómputo, ampliación, tramitación de urgencia), la iniciación (de oficio y a solicitud, subsanación, declaración responsable y comunicación), la ordenación e instrucción (alegaciones, prueba, informes, audiencia e información pública), la terminación (resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, terminación convencional), los procedimientos especiales (tramitación simplificada y responsabilidad patrimonial) y la potestad sancionadora y su procedimiento (principios de los arts. 25 a 31 de la Ley 40/2015 y trámites de los arts. 63, 64, 85, 89 y 90 LPACAP).
Los interesados: capacidad, concepto, representación y derechos
Capacidad de obrar (art. 3 LPACAP): ostentan capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas las personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles; los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; y, cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Concepto de interesado (art. 4): se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar directamente afectados por la decisión que en el mismo se adopte; c) aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Cuando la condición de interesado derive de una relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucede en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. La denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado. Representación (art. 5): los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, con quien se entienden las actuaciones, salvo manifestación expresa en contra. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, debe acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado; para actos y gestiones de mero trámite se presume la representación. La representación puede acreditarse mediante apoderamiento apud acta, por comparecencia personal o electrónica en la sede electrónica, o mediante inscripción en el registro electrónico de apoderamientos (art. 6). La falta o insuficiente acreditación de la representación no impide tener por realizado el acto, siempre que se aporte o subsane en un plazo de diez días, o superior si las circunstancias lo requieren. Pluralidad de interesados: las actuaciones se entienden con el representante o interesado señalado expresamente o, en su defecto, con el que figure en primer término. Identificación y firma: arts. 9 a 11 (sistemas de identificación de los interesados; firma; uso de medios de identificación y firma). Asistencia en el uso de medios electrónicos: art. 12.
Términos y plazos: obligatoriedad, cómputo, ampliación y tramitación de urgencia
Obligatoriedad (art. 29): salvo fuerza mayor, los términos y plazos establecidos en la Ley o en otras leyes obligan a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados. Cómputo (art. 30): cuando se señalan por horas, estas son hábiles (todas las del día hábil), y se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto, sin superar las veinticuatro horas; si exceden se expresan en días. Los plazos por días son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos; se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio. Los plazos por meses o años se computan a partir del día siguiente al de la notificación, publicación o silencio, y concluyen el mismo día en que se produjo, en el mes o año de vencimiento; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, el plazo expira el último día del mes. Si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. Si un día es hábil en el municipio o comunidad autónoma de residencia del interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considera inhábil. La AGE y las comunidades autónomas fijan en su ámbito, con sujeción al calendario laboral oficial, el calendario de días inhábiles; el aprobado por las comunidades autónomas comprende los días inhábiles de las entidades locales de su territorio. Registros (art. 31): el registro electrónico se rige, a efectos de cómputo de plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso; permite la presentación todos los días del año durante las veinticuatro horas; la presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Ampliación (art. 32): salvo precepto en contrario, la Administración puede conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros; tanto la petición como la decisión deben producirse antes del vencimiento del plazo; nunca puede ampliarse un plazo vencido; contra los acuerdos de ampliación o denegación no cabe recurso. Tramitación de urgencia (art. 33): de oficio o a petición del interesado, se pueden reducir a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos; contra el acuerdo que declare la urgencia no cabe recurso, aunque puede alegarse para su consideración en la resolución del procedimiento.
La iniciación del procedimiento: de oficio y a solicitud del interesado
Los procedimientos se inician de oficio o a solicitud del interesado (art. 54). Con anterioridad a la iniciación, el órgano competente puede abrir un período de información o actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia de iniciar el procedimiento; en los procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientan a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoación, la identificación de las personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes (art. 55). Medidas provisionales (art. 56): iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existen elementos de juicio suficientes, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Antes de la iniciación, en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, el órgano competente puede adoptar medidas provisionales motivadas; deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que debe efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción; quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o si el acuerdo de iniciación no contiene un pronunciamiento expreso sobre ellas. Acumulación (art. 57): el órgano que inicie o tramite un procedimiento puede disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver; contra el acuerdo de acumulación no procede recurso. Iniciación de oficio (art. 58 y ss.): por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. La denuncia (art. 62) es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación jurídica, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio; debe expresar la identidad de quien la presenta y el relato de los hechos; cuando la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación debe ser motivada y notificarse a los denunciantes la decisión. Iniciación a solicitud (arts. 66 y ss.): la solicitud debe contener nombre y apellidos del interesado y, en su caso, del representante, y la identificación del medio electrónico o, en su defecto, lugar físico para notificaciones; los hechos, razones y petición; lugar y fecha; firma o acreditación de la autenticidad de la voluntad; y el órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. Las Administraciones pueden establecer modelos específicos de presentación; los solicitantes pueden acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos. Subsanación y mejora (art. 68): si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del art. 21. Declaración responsable y comunicación (art. 69): la declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente a dicho ejercicio; la comunicación pone en conocimiento de la Administración datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Producen efectos desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento determina la imposibilidad de continuar el ejercicio del derecho o actividad desde que se tenga constancia, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
Ordenación del procedimiento
Expediente administrativo (art. 70): conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla; se formará mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlo, y las actuaciones han de constar en soporte electrónico; no forman parte del expediente, como regla, la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos), ni los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes preceptivos y facultativos solicitados antes de la resolución final. Impulso (art. 71): el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsa de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos; las medidas de agilización que se dicten han de respetar los principios de transparencia y publicidad. Concentración de trámites (art. 72). Cumplimiento de trámites (art. 73): los trámites que deban ser cumplidos por los interesados se realizan en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo que la norma fije otro plazo; a los interesados que no hayan cumplido en plazo se les puede declarar decaídos en su derecho al trámite, aunque se admite la actuación del interesado si se produce antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. Cuestiones incidentales (art. 74): no suspenden la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.
La instrucción del procedimiento: alegaciones y prueba
Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se realizan de oficio y por medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos (art. 75). Alegaciones (art. 76): los interesados pueden, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio; el órgano instructor los tiene en cuenta al redactar la propuesta de resolución. Prueba (art. 77): los hechos relevantes para la decisión del procedimiento pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realiza de acuerdo con los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor acuerda la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. El instructor solo puede rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a las Administraciones respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien; los documentos formalizados por funcionarios a quienes se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales, se recojan los hechos constatados por ellos, hacen prueba de estos salvo que se acredite lo contrario. La Administración comunica a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la práctica de las pruebas admitidas, consignando lugar, fecha y hora, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. Los gastos de las pruebas propuestas por el interesado corren de su cuenta.
Los informes en el procedimiento administrativo
Los informes son declaraciones de juicio, técnicas o jurídicas, que sirven de asesoramiento al órgano que ha de resolver. Se distinguen por su carácter en: preceptivos (la norma exige su solicitud) y facultativos; vinculantes (el órgano resolutorio debe ajustarse a su contenido) y no vinculantes. Salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes (art. 80.1). Los informes se emiten a través de medios electrónicos y con los requisitos del art. 26, si es posible, y deben ser emitidos en el plazo de diez días, salvo que una disposición permita o requiera un plazo diferente o así lo exija el cumplimiento de los plazos del procedimiento. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se pueden proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe, excepto en el supuesto de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se puede interrumpir el plazo de los trámites sucesivos. Si el informe debe ser emitido por una Administración distinta de la que tramita el procedimiento, en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias, y transcurre el plazo sin evacuarse, se pueden proseguir las actuaciones. La solicitud de informes preceptivos y determinantes suspende el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre la petición y la recepción, con máximo de tres meses (art. 22.1.d). La solicitud de informes al órgano de asesoramiento jurídico y de dictamen al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente debe ir precedida de la audiencia al interesado (art. 82.1).
Trámite de audiencia e información pública
Audiencia (art. 82): instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se ponen de manifiesto a los interesados o a sus representantes. La audiencia es anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o al dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, si forman parte del procedimiento. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, pueden alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes; si antes del vencimiento del plazo manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos, se tiene por realizado el trámite. Se puede prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Información pública (art. 83): el órgano al que corresponda la resolución, cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, puede acordar un período de información pública, publicando un anuncio en el diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte que se acuerde; el anuncio señala el lugar de exhibición y determina el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso es inferior a veinte días. La incomparecencia en este trámite no impide interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva; la comparecencia no otorga, por sí misma, la condición de interesado, pero quienes presenten alegaciones tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que puede ser común para todas las que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Las Administraciones pueden establecer, además, otras formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley.
La terminación del procedimiento: resolución, desistimiento, renuncia, caducidad y convenio
Formas de terminación (art. 84): la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento), la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, cuando se dicte la correspondiente resolución. También produce la terminación del procedimiento la declaración de la circunstancia que concurra (prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento, desaparición sobrevenida del objeto) conforme al art. 21.1. Terminación convencional (art. 86): las Administraciones Públicas pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de derecho público o privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público, con el alcance y régimen jurídico específico que prevea la disposición que los regule, pudiendo tales actos finalizar los procedimientos o insertarse en ellos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución. Actuaciones complementarias (art. 87): antes de dictar resolución, el órgano competente puede acordar mediante acuerdo motivado actuaciones complementarias indispensables para resolver; se notifica a los interesados, que disponen de un plazo de siete días para alegar tras su finalización; deben practicarse en un plazo no superior a quince días; el plazo máximo para resolver queda suspendido hasta su finalización. Resolución (art. 88): decide todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento; si se trata de cuestiones conexas no planteadas por los interesados, el órgano competente puede pronunciarse sobre ellas, poniéndolas antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a quince días; en los procedimientos a solicitud, la resolución es congruente con las peticiones formuladas, sin que en ningún caso pueda agravarse la situación inicial del interesado (prohibición de la reformatio in peius), sin perjuicio de la potestad de incoar de oficio un nuevo procedimiento. Las resoluciones contienen la decisión, que es motivada en los casos del art. 35, y se expresan los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Desistimiento y renuncia por los interesados (art. 94): todo interesado puede desistir de su solicitud o, cuando no esté prohibido por el ordenamiento, renunciar a sus derechos; si hay dos o más interesados, solo afecta a quienes lo hayan formulado; la Administración acepta de plano el desistimiento o la renuncia y declara concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado terceros interesados, insten su continuación en el plazo de diez días desde la notificación; si la cuestión entraña interés general o es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración puede limitar los efectos al interesado y seguir el procedimiento. Desistimiento por la Administración (art. 93): en los procedimientos iniciados de oficio, la Administración puede desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes. Caducidad (art. 95): en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advierte que, transcurridos tres meses, se produce la caducidad; consumido este plazo sin que el particular realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se acuerda el archivo de las actuaciones, notificándoselo; no puede acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites si no son indispensables para dictar resolución. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción; en los procedimientos iniciados de oficio, la caducidad por vencimiento del plazo máximo opera en los términos del art. 25.
Los procedimientos especiales: tramitación simplificada y responsabilidad patrimonial
Tramitación simplificada (art. 96): cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones pueden acordar de oficio o a solicitud del interesado la tramitación simplificada. Si el procedimiento se inició de oficio, el acuerdo se notifica a los interesados, que disponen de un plazo de cinco días para manifestar su oposición expresa, en cuyo caso se sigue la tramitación ordinaria. Los procedimientos tramitados de manera simplificada deben ser resueltos en treinta días desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo de tramitación simplificada. Si en algún momento el órgano competente aprecia que el asunto no puede tramitarse de manera simplificada, acuerda continuar con la tramitación ordinaria, conservando los actos y trámites ya realizados. Responsabilidad patrimonial: la Ley 40/2015 (arts. 32 a 37) reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. El daño alegado ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas (art. 32.2). Procedimiento (LPACAP): puede iniciarse de oficio o a solicitud del interesado; el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo; en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empieza a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (art. 67.1). El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses desde la iniciación (art. 91.3). El silencio en estos procedimientos es desestimatorio (art. 24.1). Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros, o a la que establezca la legislación autonómica (art. 81.2). La resolución pone fin a la vía administrativa (art. 114.1.e). Los procedimientos de tramitación simplificada y de responsabilidad patrimonial pueden terminar mediante acuerdo indemnizatorio (terminación convencional, art. 86).
La potestad sancionadora: principios (arts. 25 a 31 Ley 40/2015)
Legalidad (art. 25): la potestad sancionadora de las Administraciones se ejerce cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015 y, para las entidades locales, de conformidad con el Título XI de la Ley 7/1985 (arts. 139 a 141: tipificación de infracciones y sanciones por ordenanzas en defecto de normativa sectorial; multa de hasta 3.000 euros para las muy graves, hasta 1.500 las graves y hasta 750 las leves). El ejercicio corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario. Irretroactividad (art. 26): son de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa, salvo que las posteriores favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Tipicidad (art. 27): constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley; solo las leyes pueden establecer sanciones, y las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar su naturaleza o límites, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes; prohibición de la analogía. Responsabilidad (art. 28): solo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Proporcionalidad (art. 29): las sanciones administrativas no pueden implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad; el establecimiento de sanciones pecuniarias debe prever que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas; en la determinación de la sanción se considera la gravedad, la reincidencia, la intencionalidad y otros criterios. Prescripción (art. 30): las infracciones y sanciones prescriben según lo dispuesto en las leyes que las establezcan; si estas no fijan plazos, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. Concurrencia de sanciones (art. 31): no pueden sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento (non bis in idem). Responsabilidad de reparar el daño: la imposición de sanciones es compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada y de la indemnización de daños y perjuicios.
El procedimiento sancionador (arts. 63, 64, 85, 89 y 90 LPACAP)
Los procedimientos de naturaleza sancionadora se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, con la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos (art. 63.1); no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento (art. 63.2). El acuerdo de iniciación se comunica al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan, y se notifica a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado; debe contener al menos: identificación de la persona o personas presuntamente responsables; los hechos que motivan la incoación, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder; instructor y secretario con indicación del régimen de recusación; órgano competente para la resolución y norma que le atribuye la competencia; posibilidad de reconocimiento voluntario de la responsabilidad; medidas provisionales; derecho a formular alegaciones y a la audiencia, con indicación de que, de no efectuarse alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada (art. 64). Terminación anticipada (art. 85): iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se puede resolver con la imposición de la sanción que proceda; cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario del presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implica la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados. En ambos casos, el órgano competente aplica reducciones de al menos el 20 por ciento sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí, que deben estar determinadas en la notificación de iniciación y cuya efectividad está condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Propuesta de resolución (art. 89): el instructor resuelve la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones, sin propuesta de resolución, cuando se ponga de manifiesto la inexistencia de los hechos, que estos no resultan acreditados, que no constituyen manifiestamente infracción, que no existe o no se ha podido identificar a la persona responsable o que está exenta de responsabilidad, o que ha prescrito la infracción. En otro caso, formula propuesta de resolución, que se notifica a los interesados con puesta de manifiesto del procedimiento y plazo para alegaciones; debe contener los hechos, su calificación, la infracción, la persona responsable, la sanción y las medidas provisionales. Resolución (art. 90): decide todas las cuestiones planteadas y no puede aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica; si el órgano considera que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta, lo notifica al inculpado, que dispone de quince días para alegar. La resolución es ejecutiva cuando ya no cabe contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa; pueden adoptarse disposiciones cautelares para garantizar su eficacia y se admite la suspensión cautelar si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo (art. 90.3). La caducidad por vencimiento del plazo máximo para resolver opera en los procedimientos sancionadores iniciados de oficio (art. 25.1.b).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Capacidad de obrar ante las AAPP (art. 3): personas físicas y jurídicas con capacidad civil, menores en lo permitido por el ordenamiento, y grupos de afectados, uniones y patrimonios sin personalidad solo cuando la ley lo declare.
Interesados (art. 4): quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, quienes puedan resultar directamente afectados sin haberlo iniciado y quienes se personen antes de la resolución definitiva.
La denuncia no convierte al denunciante en interesado.
Representación (art. 5): acreditación por cualquier medio válido que deje constancia fidedigna, apoderamiento apud acta o registro electrónico de apoderamientos; subsanación en diez días.
Plazos por horas: siempre hábiles, sin pasar de 24 horas; plazos por días: hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos; se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación.
Plazos por meses o años: de fecha a fecha, desde el día siguiente a la notificación; si no hay día equivalente, vence el último día del mes; si el último día es inhábil, se prorroga al primer hábil siguiente.
El calendario de días inhábiles lo fijan la AGE y las comunidades autónomas; el autonómico comprende los días inhábiles de las entidades locales de su territorio.
Presentación en el registro electrónico en día inhábil: se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente.
Ampliación de plazos (art. 32): no más de la mitad del plazo, antes del vencimiento, nunca de plazos vencidos, sin recurso.
Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo presentación de solicitudes y recursos; sin recurso.
Medidas provisionales previas a la iniciación (art. 56.2): urgencia inaplazable; deben confirmarse en el acuerdo de iniciación dentro de los quince días siguientes, o quedan sin efecto.
La acumulación de procedimientos (art. 57) exige identidad sustancial o íntima conexión y que lo tramite y resuelva el mismo órgano; sin recurso.
Solicitud de iniciación (art. 66): identificación y medio de notificación, hechos, razones y petición, lugar y fecha, firma y órgano destinatario.
Subsanación (art. 68): diez días; si no subsana, se le tiene por desistido previa resolución.
Declaración responsable: el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos; la comunicación pone en conocimiento datos relevantes; ambas producen efectos desde su presentación.
Plazo general para cumplir trámites por los interesados: diez días desde el día siguiente a la notificación (art. 73).
Cuestiones incidentales no suspenden el procedimiento, salvo la recusación (art. 74).
Período de prueba (art. 77.2): no superior a treinta días ni inferior a diez; el instructor solo rechaza pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias, con resolución motivada.
Informes (arts. 79 y 80): por defecto facultativos y no vinculantes; plazo de diez días; los preceptivos y determinantes suspenden el plazo máximo para resolver hasta un máximo de tres meses.
Audiencia (art. 82): inmediatamente antes de la propuesta de resolución; plazo no inferior a diez ni superior a quince días; anterior al informe jurídico o al dictamen del órgano consultivo.
Se puede prescindir de la audiencia cuando no figuren ni se tengan en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas que las del interesado.
Información pública (art. 83): anuncio en diario oficial; plazo para alegaciones nunca inferior a veinte días; no otorga por sí la condición de interesado, pero da derecho a respuesta razonada.
Formas de terminación (art. 84): resolución, desistimiento, renuncia, caducidad e imposibilidad material sobrevenida; también la terminación convencional (art. 86).
Actuaciones complementarias (art. 87): audiencia de siete días tras su finalización; no más de quince días para practicarlas; suspenden el plazo máximo para resolver.
Congruencia y prohibición de reformatio in peius (art. 88.3): la resolución no puede agravar la situación inicial del interesado en procedimientos a solicitud.
Desistimiento y renuncia (art. 94): la Administración los acepta de plano salvo que terceros interesados insten la continuación en diez días, o que haya interés general.
Caducidad por paralización imputable al interesado (art. 95): advertencia y, transcurridos tres meses, archivo; no se aplica a la simple inactividad en trámites no indispensables.
Tramitación simplificada (art. 96): oposición de interesados en cinco días; resolución en treinta días.
Responsabilidad patrimonial: prescripción al año; seis meses para resolver; silencio negativo; dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico si la reclamación es igual o superior a 50.000 euros.
Potestad sancionadora: legalidad (norma con rango de ley), irretroactividad salvo lo favorable, tipicidad, responsabilidad por dolo o culpa, proporcionalidad, prescripción y non bis in idem (arts. 25 a 31 Ley 40/2015).
Prescripción supletoria de infracciones: muy graves tres años, graves dos años, leves seis meses; sanciones: tres años, dos años y un año respectivamente.
Local: ordenanzas pueden tipificar infracciones en defecto de ley sectorial; multas máximas de 3.000, 1.500 y 750 euros (infracciones muy graves, graves y leves, arts. 139 a 141 LBRL).
Procedimiento sancionador: siempre de oficio y con separación entre instrucción y resolución; el acuerdo de iniciación puede considerarse propuesta de resolución si no se formulan alegaciones y contiene pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad.
Reducción mínima del 20 por ciento en la sanción por reconocimiento de responsabilidad y por pago voluntario, acumulables, condicionadas a no recurrir en vía administrativa.
La resolución sancionadora es ejecutiva cuando no cabe recurso ordinario en vía administrativa; posible suspensión cautelar si se anuncia recurso contencioso-administrativo.
Si la sanción es más grave que la propuesta, se notifica al inculpado con quince días para alegar.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
El derecho a reclamar por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas prescribe, con carácter general, al:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 10 de Administrativo Ayuntamiento?
Este tema recorre el procedimiento administrativo común de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), en el orden de sus fases: los interesados (capacidad, legitimación, representación), los términos y plazos (cómputo, ampliación, tramitación de urgencia), la iniciación (de oficio y a solicitud, subsanación, declaración responsable y comunicación), la ordenación e instrucción (alegaciones, prueba, informes, audiencia e información pública), la terminación (resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, terminación convencional), los procedimientos especiales (tramitación simplificada y responsabilidad patrimonial) y la potestad sancionadora y su procedimiento (principios de los arts. 25 a 31 de la Ley 40/2015 y trámites de los arts. 63, 64, 85, 89 y 90 LPACAP).
¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?
Capacidad de obrar ante las AAPP (art. 3): personas físicas y jurídicas con capacidad civil, menores en lo permitido por el ordenamiento, y grupos de afectados, uniones y patrimonios sin personalidad solo cuando la ley lo declare. Interesados (art. 4): quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, quienes puedan resultar directamente afectados sin haberlo iniciado y quienes se personen antes de la resolución definitiva. La denuncia no convierte al denunciante en interesado. Representación (art. 5): acreditación por cualquier medio válido que deje constancia fidedigna, apoderamiento apud acta o registro electrónico de apoderamientos; subsanación en diez días. Plazos por horas: siempre hábiles, sin pasar de 24 horas; plazos por días: hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos; se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación. Plazos por meses o años: de fecha a fecha, desde el día siguiente a la notificación; si no hay día equivalente, vence el último día del mes; si el último día es inhábil, se prorroga al primer hábil siguiente. El calendario de días inhábiles lo fijan la AGE y las comunidades autónomas; el autonómico comprende los días inhábiles de las entidades locales de su territorio. Presentación en el registro electrónico en día inhábil: se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Ampliación de plazos (art. 32): no más de la mitad del plazo, antes del vencimiento, nunca de plazos vencidos, sin recurso. Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo presentación de solicitudes y recursos; sin recurso. Medidas provisionales previas a la iniciación (art. 56.2): urgencia inaplazable; deben confirmarse en el acuerdo de iniciación dentro de los quince días siguientes, o quedan sin efecto. La acumulación de procedimientos (art. 57) exige identidad sustancial o íntima conexión y que lo tramite y resuelva el mismo órgano; sin recurso. Solicitud de iniciación (art. 66): identificación y medio de notificación, hechos, razones y petición, lugar y fecha, firma y órgano destinatario. Subsanación (art. 68): diez días; si no subsana, se le tiene por desistido previa resolución. Declaración responsable: el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos; la comunicación pone en conocimiento datos relevantes; ambas producen efectos desde su presentación. Plazo general para cumplir trámites por los interesados: diez días desde el día siguiente a la notificación (art. 73). Cuestiones incidentales no suspenden el procedimiento, salvo la recusación (art. 74). Período de prueba (art. 77.2): no superior a treinta días ni inferior a diez; el instructor solo rechaza pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias, con resolución motivada. Informes (arts. 79 y 80): por defecto facultativos y no vinculantes; plazo de diez días; los preceptivos y determinantes suspenden el plazo máximo para resolver hasta un máximo de tres meses. Audiencia (art. 82): inmediatamente antes de la propuesta de resolución; plazo no inferior a diez ni superior a quince días; anterior al informe jurídico o al dictamen del órgano consultivo. Se puede prescindir de la audiencia cuando no figuren ni se tengan en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas que las del interesado. Información pública (art. 83): anuncio en diario oficial; plazo para alegaciones nunca inferior a veinte días; no otorga por sí la condición de interesado, pero da derecho a respuesta razonada. Formas de terminación (art. 84): resolución, desistimiento, renuncia, caducidad e imposibilidad material sobrevenida; también la terminación convencional (art. 86). Actuaciones complementarias (art. 87): audiencia de siete días tras su finalización; no más de quince días para practicarlas; suspenden el plazo máximo para resolver. Congruencia y prohibición de reformatio in peius (art. 88.3): la resolución no puede agravar la situación inicial del interesado en procedimientos a solicitud. Desistimiento y renuncia (art. 94): la Administración los acepta de plano salvo que terceros interesados insten la continuación en diez días, o que haya interés general. Caducidad por paralización imputable al interesado (art. 95): advertencia y, transcurridos tres meses, archivo; no se aplica a la simple inactividad en trámites no indispensables. Tramitación simplificada (art. 96): oposición de interesados en cinco días; resolución en treinta días. Responsabilidad patrimonial: prescripción al año; seis meses para resolver; silencio negativo; dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico si la reclamación es igual o superior a 50.000 euros. Potestad sancionadora: legalidad (norma con rango de ley), irretroactividad salvo lo favorable, tipicidad, responsabilidad por dolo o culpa, proporcionalidad, prescripción y non bis in idem (arts. 25 a 31 Ley 40/2015). Prescripción supletoria de infracciones: muy graves tres años, graves dos años, leves seis meses; sanciones: tres años, dos años y un año respectivamente. Local: ordenanzas pueden tipificar infracciones en defecto de ley sectorial; multas máximas de 3.000, 1.500 y 750 euros (infracciones muy graves, graves y leves, arts. 139 a 141 LBRL). Procedimiento sancionador: siempre de oficio y con separación entre instrucción y resolución; el acuerdo de iniciación puede considerarse propuesta de resolución si no se formulan alegaciones y contiene pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad. Reducción mínima del 20 por ciento en la sanción por reconocimiento de responsabilidad y por pago voluntario, acumulables, condicionadas a no recurrir en vía administrativa. La resolución sancionadora es ejecutiva cuando no cabe recurso ordinario en vía administrativa; posible suspensión cautelar si se anuncia recurso contencioso-administrativo. Si la sanción es más grave que la propuesta, se notifica al inculpado con quince días para alegar.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 25.1, 105.c) y 106.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), arts. 3 a 12, 21 a 33, 53 a 96, 114 y 117.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), arts. 25 a 31 (potestad sancionadora) y 32 a 37 (responsabilidad patrimonial).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE-A-1985-5392), arts. 139 a 141.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, criterios de valoración de la prueba (remisión del art. 77.1 LPACAP).
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