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Tema 37. Régimen urbanístico del suelo: clasificación del suelo, régimen de las distintas clases y categorías de suelo. Las licencias urbanísticas. Tipos. Competencias y procedimiento. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas

Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025 · Índice oficial del Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP..

Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.

El urbanismo es una función pública que, en España, se reparte entre el Estado (que fija las condiciones básicas de igualdad de los derechos y deberes constitucionales de propiedad, y la valoración del suelo, mediante el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015), las comunidades autónomas (competencia exclusiva en ordenación del territorio y urbanismo, por lo que la clasificación y el régimen detallado del suelo, las categorías y los plazos varían en cada territorio) y los municipios (planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, art. 25.2.a LBRL). La legislación estatal distingue únicamente dos situaciones básicas de suelo: rural y urbanizado. La legislación autonómica y el planeamiento general clasifican el suelo en urbano, urbanizable (o equivalente) y no urbanizable (o rústico), con categorías internas (consolidado/no consolidado, sectorizado/no sectorizado, de especial protección, común). El uso del suelo y la edificación se someten a control municipal mediante la licencia urbanística (acto reglado de control preventivo) o, en los casos que la normativa lo prevé, mediante declaración responsable o comunicación previa (control posterior), conforme al artículo 84 y siguientes de la Ley 7/1985 y al artículo 69 de la Ley 39/2015.

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Marco competencial y normativo

La Constitución (art. 148.1.3.ª) permite a las comunidades autónomas asumir la competencia en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y todas lo han hecho con carácter exclusivo en sus Estatutos. El Estado conserva títulos horizontales (art. 149.1.1.ª: condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes constitucionales; 149.1.8.ª legislación civil; 149.1.13.ª bases y coordinación de la planificación económica; 149.1.18.ª procedimiento administrativo común y expropiación; 149.1.23.ª legislación básica de medio ambiente). La STC 61/1997 anuló buena parte del Texto Refundido de 1992 por exceder la competencia estatal y consolidó el reparto: el Estado no puede dictar una ley general urbanística, sino regular las condiciones básicas, el régimen de valoraciones y la expropiación. Normativa estatal vigente: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), que refundió la Ley de Suelo de 2008 y la parte vigente de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Han quedado derogadas la Ley 6/1998 y el Texto Refundido de 1992 en lo que no fue anulado, así como el Real Decreto Legislativo 2/2008. Con carácter supletorio, y en defecto de normativa autonómica, siguen aplicándose reglamentos preconstitucionales del Estado, como el Reglamento de Disciplina Urbanística (Real Decreto 2187/1978). En el nivel local, la competencia municipal comprende planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, protección y gestión del patrimonio histórico, promoción y gestión de vivienda de protección pública y conservación y rehabilitación de la edificación (art. 25.2.a LBRL).

Situaciones básicas del suelo en la legislación estatal

El artículo 21 del TRLSRU distingue dos situaciones básicas, con independencia de la clasificación urbanística. Suelo en situación de rural: el preservado de su transformación mediante la urbanización (incluido el suelo rural especial por sus valores naturales, culturales, riesgos o limitaciones de la ordenación territorial) y el suelo para el que los instrumentos de ordenación prevean o permitan su paso a la situación de urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización. Suelo en situación de urbanizado: el que está integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población y ha sido urbanizado conforme a planeamiento o forma parte de núcleos que reúnen los requisitos legales (suelo ya consolidado por la urbanización o ya transformado). Esta clasificación sirve sobre todo para valorar el suelo y para fijar derechos y deberes básicos; no sustituye a la clasificación urbanística autonómica. Conviene no confundir: 'suelo rural' (categoría estatal básica) no equivale a 'suelo no urbanizable' (clasificación autonómica), porque el suelo urbanizable no desarrollado también está en situación de rural.

Clasificación urbanística del suelo

La clasificación del suelo la realiza el planeamiento general municipal con arreglo a la legislación autonómica; es una técnica de ordenación que determina el destino y régimen jurídico de cada terreno. Con las particularidades de cada comunidad, las clases tradicionales son tres. Suelo urbano: el que ya está transformado por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica (según la fórmula clásica), o por estar consolidado por la edificación en la proporción que fija la ley. Dentro de él se distingue habitualmente el suelo urbano consolidado (completamente urbanizado, solo necesita completar o rehabilitar) y el no consolidado (requiere obras de urbanización, reforma interior o reparto de cargas). Suelo urbanizable (denominado sectorizado, programado o apto para urbanizar en distintas comunidades): terreno que el plan prevé que pueda transformarse mediante urbanización; su desarrollo exige un plan parcial o instrumento equivalente y un sistema de ejecución. Algunas leyes autonómicas distinguen entre urbanizable sectorizado (con plazos y ordenación pormenorizada previstos) y no sectorizado. Suelo no urbanizable (rústico): el que el plan preserva de la urbanización por sus valores (ecológicos, paisajísticos, agrícolas, forestales, culturales), por riesgos naturales o tecnológicos, por estar sujeto a limitaciones de dominio público, o porque no se considera adecuado para el desarrollo urbano; incluye categorías como suelo no urbanizable de especial protección (por legislación sectorial o por el plan) y común o genérico. La clasificación corresponde al plan general; el reconocimiento de la condición de urbano de un terreno solo puede basarse en hechos objetivos (servicios existentes), no en la mera previsión del plan. En algunas comunidades se utilizan otras denominaciones (por ejemplo, suelo rústico), lo que debe tenerse presente en el examen, que suele remitir a la legislación de la comunidad autónoma correspondiente.

Régimen del suelo urbano

En suelo urbano consolidado (o urbanizado) el propietario tiene derecho a edificar conforme al planeamiento una vez cumplidos los deberes legales: completar a su costa la urbanización pendiente (si falta algún servicio, para alcanzar la condición de solar), ceder los terrenos destinados a viales y dotaciones locales en la medida que corresponda, y edificar en los plazos fijados. Se denomina solar a la superficie de suelo urbano apta para edificar, legalmente dividida y con urbanización completa conforme a las alineaciones y rasantes del planeamiento; la edificación sobre parcela sin la condición de solar solo cabe, cuando la ley lo permite, con garantías de urbanización simultánea. En suelo urbano no consolidado el régimen es el de las actuaciones de transformación urbanística: los propietarios deben, entre otros, ceder gratuitamente al municipio los terrenos para dotaciones, ceder el suelo con aprovechamiento correspondiente a la participación pública en las plusvalías (el porcentaje lo fija cada legislación autonómica dentro de los márgenes de la norma estatal), costear la urbanización, equidistribuir beneficios y cargas y edificar en plazo. Mientras no se haya completado la ejecución, solo se admiten usos y obras provisionales, que deben cesar sin indemnización cuando el ayuntamiento lo exija.

Régimen del suelo urbanizable y del suelo no urbanizable

En suelo urbanizable, antes de la aprobación del instrumento de desarrollo (plan parcial o similar) y la programación, el propietario puede usar el terreno conforme a su naturaleza rústica y realizar solo obras o usos provisionales que no dificulten la futura transformación; después de la aprobación del plan y la gestión, tiene derecho a participar en la actuación de transformación urbanística, con los deberes de cesión, urbanización y distribución equitativa de beneficios y cargas, y a edificar una vez cumplidos esos deberes. La transformación exige siempre el planeamiento de desarrollo y el proyecto de urbanización. En suelo no urbanizable (rústico), la regla general es la prohibición de urbanizar y edificar: se permiten los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o análogos propios de su naturaleza y, de forma excepcional y con autorización previa autonómica o municipal según la legislación, ciertas construcciones: edificaciones vinculadas a la explotación agraria, obras públicas e infraestructuras, usos de utilidad pública o interés social que deban emplazarse en el medio rural y, según las leyes autonómicas, vivienda unifamiliar aislada vinculada a explotación. La legislación estatal prohíbe, en suelo rural, la parcelación o división de fincas contraria a la legislación agraria, forestal o similar, y exige que los actos de edificación o uso del suelo rural se ajusten a lo dispuesto por la ordenación territorial y urbanística. En los terrenos con riesgos naturales o limitaciones de dominio público, el planeamiento debe fijar la protección adecuada.

Deberes de conservación y edificaciones fuera de ordenación

Los propietarios de terrenos, construcciones y edificaciones tienen el deber de conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público; el ayuntamiento puede dictar órdenes de ejecución para exigir su cumplimiento hasta el límite del deber normal de conservación (que los textos autonómicos y el TRLSRU vinculan a un porcentaje del coste de reposición; no debe confundirse con el estado de ruina). Más allá de ese límite, la Administración puede colaborar en la financiación o declarar la ruina cuando la reparación sea técnica o económicamente inviable. La ruina puede ser ordinaria (el coste de reparación supera el límite legal del deber de conservar) o inminente (peligro actual para personas o bienes), que permite la orden inmediata de demolición o desalojo. Son edificaciones fuera de ordenación las que quedan en contradicción sustancial con el nuevo planeamiento; en ellas, solo se autorizan obras de conservación y las que la legislación autonómica o el propio plan permitan expresamente. No todas las contradicciones determinan la situación de fuera de ordenación: puede haber un régimen de 'disconformidad' o 'volumen disconforme' con consecuencias más suaves, según la comunidad. Transcurrido el plazo (fijado por cada comunidad) para restablecer la legalidad urbanística, la edificación suele quedar en una situación asimilada a fuera de ordenación, sin que ello suponga legalizar la infracción.

Instrumentos de control municipal de la actividad urbanística

El artículo 84 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, enumera los medios de intervención de las entidades locales en la actividad de los ciudadanos: ordenanzas y bandos; sometimiento a licencia y otros actos de control preventivo; sometimiento a comunicación previa o declaración responsable; sometimiento a control posterior al inicio de la actividad; y órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. Principio de proporcionalidad y favor libertatis: la actuación debe respetar el principio de igualdad de trato, ser congruente con los motivos y fines justificativos y elegir la medida menos restrictiva. El artículo 84 bis dispone que, con carácter general, el ejercicio de actividades no se somete a licencia ni a otro medio de control preventivo; solo se exige licencia cuando esté justificado y sea proporcionado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el entorno urbano, patrimonio histórico-artístico o cuando se trate de instalaciones o infraestructuras cuyo impacto en esos bienes sea relevante. El artículo 84 ter permite que la actividad se inicie con declaración responsable o comunicación previa, y que el ayuntamiento verifique el cumplimiento con posterioridad (control posterior). La Directiva 2006/123/CE de servicios y la Ley 17/2009 (libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) fundamentan esta lógica de limitar autorizaciones previas; la Ley 12/2012 de liberalización del comercio y de determinados servicios elimina licencias para establecimientos comerciales y otros hasta 750 m2 de superficie útil de exposición y venta, sustituyéndolas por declaración responsable o comunicación previa.

La licencia urbanística: concepto, naturaleza y tipos

La licencia urbanística es el acto administrativo por el que el ayuntamiento, tras comprobar que el acto proyectado se ajusta a la legislación y al planeamiento vigentes, autoriza a su titular a realizar una actuación sobre el suelo. Naturaleza jurídica: acto administrativo reglado (la Administración no puede denegarla si el proyecto se ajusta a la ordenación, ni concederla si no se ajusta), de control preventivo, de efectos declarativos (reconoce un derecho preexistente del propietario, el ius aedificandi, no lo crea), que se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, y que genera una relación jurídica de interés público, no personalísima: salvo excepciones, es transmisible, con comunicación al ayuntamiento. Los principales tipos son: licencia de parcelación o segregación (división de fincas en suelo); licencia de obras de urbanización; licencia de obras de edificación nueva, ampliación, reforma, demolición; licencia de primera ocupación o utilización (comprueba que el edificio terminado se ajusta al proyecto y es apto para su destino; en muchas comunidades se ha sustituido por declaración responsable); licencia de cambio de uso; licencia de actividad o apertura (en la actualidad sustituida en muchos casos por declaración responsable); licencia para movimientos de tierra, tala de árboles, instalación de vallas o publicidad exterior y para usos y obras provisionales. Se habla también de licencia de obra mayor (proyecto técnico, afectan a estructura o uso) y obra menor (obras sencillas que no requieren proyecto), distinción que las ordenanzas municipales concretan. Es importante recordar que la licencia no ampara infracciones: son nulos de pleno derecho los actos que adquieran facultades contrarias al ordenamiento.

Competencia para otorgar licencias

Es competencia municipal. En los municipios de régimen común, el otorgamiento de licencias corresponde al alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local (art. 21.1.q LBRL); el alcalde puede delegar en la Junta de Gobierno Local o en concejales. En los municipios de gran población (título X LBRL) la competencia se atribuye a la Junta de Gobierno Local (art. 127.1.e LBRL), sin perjuicio de la delegación en otros órganos. Las licencias que afecten a terrenos de dominio público, a bienes con protección sectorial o a actividades sujetas a autorizaciones de otras Administraciones (carreteras, costas, aguas, patrimonio cultural, medio ambiente) requieren además los informes o autorizaciones previos de la Administración competente, que son vinculantes en su ámbito. En supuestos específicos la legislación autonómica prevé autorización autonómica previa (por ejemplo, en actuaciones de interés regional o para ciertas construcciones en suelo no urbanizable); en esos casos la licencia municipal es posterior y no puede conceder más de lo autorizado. Los servicios técnicos y jurídicos municipales emiten informe previo, y el secretario o secretaria asesora legalmente cuando se requiera.

Procedimiento de otorgamiento de licencias

El procedimiento se rige por la legislación autonómica de urbanismo, por la ordenanza municipal, por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 (normativa preconstitucional que sigue siendo supletoria en lo no regulado por la comunidad autónoma) y por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. Fases habituales: 1) Iniciación a solicitud del interesado, que presenta la solicitud con el proyecto técnico visado o con la documentación acreditativa que exija la ordenanza (puede ser telemática: obligación de relacionarse electrónicamente para personas jurídicas y los demás colectivos del artículo 14 de la Ley 39/2015). 2) Subsanación y mejora de la solicitud (diez días, art. 68 Ley 39/2015) con advertencia de desistimiento. 3) Instrucción: informes técnicos y jurídicos municipales y, en su caso, de otras Administraciones; información pública cuando el acto lo requiera o la normativa autonómica lo establezca; audiencia al interesado. 4) Propuesta de resolución. 5) Resolución motivada, que concede la licencia, la concede con condiciones o la deniega, y notificación al interesado. 6) Plazo máximo de resolución y notificación: el fijado por la legislación autonómica o la ordenanza, y, en su defecto, tres meses (art. 21.3 Ley 39/2015, plazo supletorio cuando la norma de aplicación no fija otro). Silencio administrativo: la regla es el silencio positivo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 24 Ley 39/2015), pero en ningún caso pueden entenderse adquiridas por silencio facultades contrarias a la ordenación territorial o urbanística (límite recogido en la legislación estatal de suelo, hoy en el TRLSRU) y, por tanto, el silencio es negativo cuando la licencia conceda facultades que contravengan el ordenamiento; la legislación estatal básica prevé el silencio negativo en actuaciones que impliquen transferir al solicitante facultades relativas al dominio público o al servicio público. 7) Caducidad: las licencias se otorgan por un plazo determinado para iniciar y concluir las obras, con posibilidad de prórroga; el vencimiento de esos plazos sin cumplir determina la caducidad previa audiencia. Las licencias pueden ser revocadas por incumplimiento de condiciones y anuladas por el procedimiento de revisión de oficio. Contra la resolución cabe recurso de reposición potestativo o recurso contencioso-administrativo.

Declaración responsable y comunicación previa

Definidas en el artículo 69 de la Ley 39/2015: la declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho ejercicio. La comunicación previa es aquel documento mediante el cual los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos y los demás datos relevantes para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Ambas permiten, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la Administración. Las Administraciones deben tener a disposición de los interesados modelos normalizados. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones, o la no presentación de la declaración o comunicación, determina la imposibilidad de continuar el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se conozca, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas; la resolución de la Administración que lo declare podrá obligar al interesado a restituir la situación jurídica al momento previo y a la imposibilidad de instar un procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley (art. 69.4). Diferencia con la licencia: el control es posterior, no hay resolución expresa de autorización y el ciudadano asume el riesgo; diferencia entre ambas figuras: la declaración responsable afirma el cumplimiento de requisitos; la comunicación previa solo informa de datos. En urbanismo, la legislación autonómica determina qué obras y usos se tramitan mediante declaración responsable (generalmente obras menores, cambios de uso sin obra, primera ocupación o actividades inocuas) y cuáles siguen sujetas a licencia (obras de nueva planta, grandes reformas estructurales, demoliciones, actuaciones en suelo no urbanizable o en bienes protegidos). La declaración responsable no ampara actos contrarios al planeamiento ni sustituye autorizaciones sectoriales exigibles. Las obligaciones tributarias (tasas e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ICIO) se devengan también cuando la obra se realiza, aunque no se haya obtenido licencia.

Protección de la legalidad urbanística (visión de conjunto)

Cuando se ejecutan obras o usos sin licencia o sin ajustarse a ella, el ayuntamiento debe adoptar medidas de protección de la legalidad: suspensión de las obras, requerimiento de legalización, restablecimiento del orden jurídico perturbado (demolición, reposición de la realidad física alterada) e imposición de sanciones por infracciones urbanísticas, conforme a la legislación autonómica. La inspección urbanística comprueba el cumplimiento de la ordenación. La potestad de restablecer la legalidad está sometida a un plazo de caducidad o prescripción que fija cada comunidad autónoma, que normalmente no opera en suelos especialmente protegidos (zonas verdes, espacios públicos o suelo no urbanizable protegido). El incumplimiento puede constituir delito contra la ordenación del territorio en los casos previstos en el Código Penal. La Ley 39/2015 y la LBRL añaden la posibilidad de órdenes individuales y la ejecución subsidiaria a costa del obligado.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Estatal: solo dos situaciones básicas (rural y urbanizado, art. 21 TRLSRU). Autonómica: clasificación urbanística (urbano, urbanizable, no urbanizable). No confundir ambos planos.
  • El Estado no tiene competencia para una ley urbanística general (STC 61/1997); las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en urbanismo.
  • El TRLSRU es el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; sustituye al Real Decreto Legislativo 2/2008 y refunde la Ley 8/2013.
  • Solar = suelo urbano apto para edificar, con urbanización completa y legalmente dividido. Solo en solar se edifica sin más (salvo urbanización simultánea).
  • La licencia es un acto reglado, declarativo, de control preventivo, que se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
  • Competencia para licencias: alcalde (art. 21.1.q LBRL); Junta de Gobierno Local en municipios de gran población (art. 127.1.e LBRL).
  • Medios de intervención local: art. 84 LBRL; licencia solo si es necesaria y proporcionada (art. 84 bis); declaración responsable o comunicación previa y control posterior (art. 84 ter).
  • Declaración responsable y comunicación previa: art. 69 Ley 39/2015. Efectos desde el día de su presentación; la inexactitud esencial impide continuar la actividad.
  • Declaración responsable: manifiesta cumplimiento de requisitos; comunicación previa: informa de datos. No son lo mismo.
  • El silencio positivo en licencias no puede amparar facultades contrarias a la ordenación urbanística. Plazo supletorio de resolución: tres meses (art. 21.3 Ley 39/2015) salvo que la norma aplicable fije otro.
  • Suelo rural no equivale a suelo no urbanizable: el urbanizable pendiente de desarrollo también es suelo rural a efectos estatales.
  • La legislación autonómica y las ordenanzas determinan qué obras requieren licencia y cuáles declaración responsable; ante una pregunta de examen, responder con la norma de la comunidad autónoma de la convocatoria.
  • La Ley 12/2012 exime de licencia las actividades comerciales y de servicios hasta 750 m2 de superficie útil de exposición y venta, con excepciones justificadas.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Según el artículo 84 bis de la LBRL, el sometimiento a licencia previa para el ejercicio de actividades:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 37 de Administrativo Ayuntamiento?

El urbanismo es una función pública que, en España, se reparte entre el Estado (que fija las condiciones básicas de igualdad de los derechos y deberes constitucionales de propiedad, y la valoración del suelo, mediante el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015), las comunidades autónomas (competencia exclusiva en ordenación del territorio y urbanismo, por lo que la clasificación y el régimen detallado del suelo, las categorías y los plazos varían en cada territorio) y los municipios (planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, art. 25.2.a LBRL). La legislación estatal distingue únicamente dos situaciones básicas de suelo: rural y urbanizado. La legislación autonómica y el planeamiento general clasifican el suelo en urbano, urbanizable (o equivalente) y no urbanizable (o rústico), con categorías internas (consolidado/no consolidado, sectorizado/no sectorizado, de especial protección, común). El uso del suelo y la edificación se someten a control municipal mediante la licencia urbanística (acto reglado de control preventivo) o, en los casos que la normativa lo prevé, mediante declaración responsable o comunicación previa (control posterior), conforme al artículo 84 y siguientes de la Ley 7/1985 y al artículo 69 de la Ley 39/2015.

¿Qué hay que memorizar del Tema 37 para el examen?

Estatal: solo dos situaciones básicas (rural y urbanizado, art. 21 TRLSRU). Autonómica: clasificación urbanística (urbano, urbanizable, no urbanizable). No confundir ambos planos. El Estado no tiene competencia para una ley urbanística general (STC 61/1997); las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en urbanismo. El TRLSRU es el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; sustituye al Real Decreto Legislativo 2/2008 y refunde la Ley 8/2013. Solar = suelo urbano apto para edificar, con urbanización completa y legalmente dividido. Solo en solar se edifica sin más (salvo urbanización simultánea). La licencia es un acto reglado, declarativo, de control preventivo, que se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. Competencia para licencias: alcalde (art. 21.1.q LBRL); Junta de Gobierno Local en municipios de gran población (art. 127.1.e LBRL). Medios de intervención local: art. 84 LBRL; licencia solo si es necesaria y proporcionada (art. 84 bis); declaración responsable o comunicación previa y control posterior (art. 84 ter). Declaración responsable y comunicación previa: art. 69 Ley 39/2015. Efectos desde el día de su presentación; la inexactitud esencial impide continuar la actividad. Declaración responsable: manifiesta cumplimiento de requisitos; comunicación previa: informa de datos. No son lo mismo. El silencio positivo en licencias no puede amparar facultades contrarias a la ordenación urbanística. Plazo supletorio de resolución: tres meses (art. 21.3 Ley 39/2015) salvo que la norma aplicable fije otro. Suelo rural no equivale a suelo no urbanizable: el urbanizable pendiente de desarrollo también es suelo rural a efectos estatales. La legislación autonómica y las ordenanzas determinan qué obras requieren licencia y cuáles declaración responsable; ante una pregunta de examen, responder con la norma de la comunidad autónoma de la convocatoria. La Ley 12/2012 exime de licencia las actividades comerciales y de servicios hasta 750 m2 de superficie útil de exposición y venta, con excepciones justificadas.

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, arts. 148.1.3.ª y 149.1.
  • Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 21.1.q, 25.2.a, 84, 84 bis, 84 ter y 127.1.e).
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 21, 24 y 69).
  • Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
  • Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
  • Decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
  • Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, Reglamento de Disciplina Urbanística (supletorio).
  • Legislación urbanística de la comunidad autónoma correspondiente y ordenanzas municipales.

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