Tema 36. La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios y efectos. Imputación de pagos. Otras formas de extinción: prescripción, compensación, condonación e insolvencia. La recaudación de los tributos: órganos competentes. El procedimiento de recaudación en período voluntario. La recaudación en vía de apremio: iniciación, títulos ejecutivos y providencia de apremio. Aplazamiento y fraccionamiento del pago
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
La obligación tributaria se extingue, según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), por pago, prescripción, compensación y condonación, además de por otros medios previstos en las leyes; a ellos se añade la baja en cuentas por insolvencia, que no extingue la deuda sino que la suspende mientras el deudor no se rehabilite. El pago es el medio normal de extinción y se rige por la LGT (arts. 60 a 65, con plazos en el art. 62 e imputación de pagos en el art. 63) y por el Reglamento General de Recaudación (RGR), aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que se aplica también a la recaudación de las entidades locales en lo que no se oponga a su normativa específica. La recaudación consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas y se desarrolla en dos períodos: el voluntario, en el que el deudor paga dentro de los plazos legales sin recargos, y el ejecutivo, que comienza al vencer aquel sin pago y permite a la Administración cobrar por la vía de apremio, previa providencia de apremio, con recargos (5 %, 10 % o 20 %) e intereses de demora. El aplazamiento y fraccionamiento (art. 65 LGT) permite al obligado con dificultades transitorias de tesorería pagar la deuda en plazos distintos, con intereses de demora y, en general, con garantía. En el ámbito local, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) remite a la LGT y a sus normas de desarrollo, y las funciones de tesorería y recaudación están reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional. Nota de rigor: se citan solo los artículos cuya numeración está confirmada; los plazos y porcentajes se exponen conforme a la LGT.
La extinción de la obligación tributaria: medios y régimen general
La obligación tributaria principal (pagar la cuota) da lugar a la deuda tributaria, que la LGT regula en el art. 58 (cuota o cantidad a ingresar, intereses de demora, recargos por declaración extemporánea, recargos del período ejecutivo y los demás que legalmente se exijan) y cuya extinción disciplina el art. 59: se extingue por pago, prescripción, compensación y condonación, y por los demás medios previstos en las leyes. Conviene distinguir: el pago, la compensación y la condonación extinguen la deuda; la prescripción ganada también la extingue y se aplica de oficio; la insolvencia (art. 76) no la extingue, ya que la deuda se da de baja en cuentas pero puede rehabilitarse mientras no prescriba. Las deudas tributarias no pueden condonarse, aplazarse, ni transigirse sino en los casos y con los requisitos que establezca la ley, porque la Administración no puede disponer libremente del crédito tributario (principio de indisponibilidad, art. 18 LGT). En el ámbito local, la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos propios se rigen por la LGT, las demás leyes del Estado, sus normas de desarrollo y las ordenanzas fiscales (art. 12 TRLRHL), por lo que el esquema de este tema es plenamente aplicable a los ayuntamientos.
El pago: requisitos y legitimación
El pago es el cumplimiento de la obligación de ingreso y el medio normal de extinguir la deuda. Debe cumplir tres requisitos básicos: identidad (se paga lo que se debe, y a quien corresponde recibirlo), integridad (la deuda se paga completa, incluidos recargos, intereses y costas, salvo que se admita un pago parcial o fraccionado) y puntualidad (dentro de los plazos legales). Respecto a la legitimación, el RGR permite que el pago lo realice cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación y lo conozca o no el deudor; ahora bien, el tercero que paga no queda subrogado en los derechos del obligado frente a la Administración y solo puede reclamar al deudor por la vía civil, de modo que no puede, por ejemplo, solicitar una devolución de ingresos indebidos en su lugar. El obligado puede pagar directamente o mediante representante, y también por medio de entidades de crédito colaboradoras en la recaudación. Lugar y tiempo del pago: se realiza en los lugares, entidades y formas que determina la normativa recaudatoria y dentro de los plazos del art. 62 LGT. Cuando el pago se hace en una entidad colaboradora se considera efectuado el día de la entrega, y el justificante que ésta entrega libera al obligado.
Medios de pago y efectos del pago
Según el RGR, el pago en efectivo de las deudas puede hacerse mediante: dinero de curso legal, cheque, tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, giro postal y cualquier otro medio que autorice el Ministerio de Hacienda (o, en las entidades locales, el que establezcan sus ordenanzas y normas de recaudación). Los efectos timbrados son medio de pago para las deudas que se exigen por ellos. Existen también el pago en especie (únicamente cuando una norma con rango de ley lo prevea expresamente, como ocurre con determinados bienes del Patrimonio Histórico Español) y la consignación (art. 64 LGT), que permite al obligado depositar el importe a disposición de la Administración en los casos en que la ley lo admite, con efectos liberatorios. Efectos del pago: extingue la deuda en la cuantía pagada; si el pago es parcial, la deuda subsiste por la diferencia y, si estaba en período voluntario, la parte impagada sigue el curso del procedimiento; el justificante de pago acredita el cumplimiento y sirve de prueba frente a la Administración; el pago de una deuda no implica por sí mismo la renuncia a impugnarla, pues el obligado puede pagar y recurrir y, si prospera el recurso, tiene derecho a la devolución del ingreso indebido con intereses.
Plazos de pago en período voluntario
El art. 62 LGT fija los plazos de pago en período voluntario, que varían según el origen de la deuda. Deudas resultantes de una liquidación practicada por la Administración (y las demás deudas no tributarias asimiladas): si la notificación se recibe entre los días 1 y 15 de un mes, el plazo termina el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil siguiente; si se recibe entre los días 16 y último del mes, termina el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente. Deudas de notificación colectiva y periódica (tributos de cobro por recibo, como el IBI o el impuesto de vehículos): el plazo lo determina la normativa recaudatoria y, en el caso de los tributos locales, el calendario fiscal del ayuntamiento, con una duración mínima de dos meses; el anuncio del período de cobranza se publica por edictos y se notifica colectivamente tras la aprobación de los padrones. Deudas por autoliquidación: se pagan en los plazos que fija la normativa de cada tributo. Esquema memorístico de los plazos «20 y 5»: notificadas entre el 1 y el 15 → hasta el 20 del mes siguiente; notificadas entre el 16 y fin de mes → hasta el 5 del mes siguiente al siguiente. Si el último día del plazo es inhábil, se pasa al primer día hábil siguiente.
Imputación de pagos
La imputación de pagos (art. 63 LGT) determina a qué deuda se aplica un pago cuando el obligado tiene varias pendientes. En período voluntario, el deudor tiene derecho a decidir, al realizar el pago, a cuál de sus deudas lo aplica. Si no hace uso de este derecho, o el pago se produce en período ejecutivo, la Administración lo aplica a la deuda más antigua, determinándose la antigüedad en función de la fecha de vencimiento del plazo de pago en período voluntario. Dentro de una misma deuda, los cobros se aplican por orden a los componentes de la deuda: costas del procedimiento, recargos, intereses y, por último, el principal. El pago de una deuda con recargo ejecutivo o de apremio exige que el ingreso cubra la totalidad del recargo para obtener el régimen más favorable. Trampa de examen: en período voluntario decide el deudor; en período ejecutivo decide la Administración y lo hace a favor de la deuda más antigua, nunca de la más reciente ni de la de mayor importe.
Otras formas de extinción I: la prescripción
La prescripción extingue el derecho de la Administración a exigir el pago, y, en sentido inverso, el derecho del obligado a solicitar devoluciones. El art. 66 LGT establece un plazo único de cuatro años para cuatro derechos: determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación; exigir el pago de las deudas liquidadas y autoliquidadas; solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías; y obtener las devoluciones y reembolsos anteriores. El art. 66 bis prevé, además, un plazo de diez años para comprobar e investigar los hechos que generan bases imponibles negativas o créditos fiscales pendientes de compensar. El cómputo (art. 67) comienza, para exigir el pago, el día siguiente a aquel en que finaliza el plazo de pago voluntario; para liquidar, el día siguiente a aquel en que finaliza el plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación. Interrupción (art. 68): por cualquier acción de la Administración dirigida al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación, o a la recaudación (la notificación de la providencia de apremio es la más típica); por la interposición de recursos y reclamaciones; por cualquier actuación fehaciente del obligado dirigida al pago o liquidación; tras la interrupción el plazo vuelve a computarse íntegro desde cero. Extensión y efectos (arts. 69 y 70): la prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago, incluidos los responsables y deudores solidarios; se aplica de oficio, sin necesidad de que el obligado la invoque, incluso si ya se ha pagado la deuda (el pago realizado en esas condiciones daría lugar a la devolución como ingreso indebido); y la interrupción para un obligado se extiende a todos los demás.
Otras formas de extinción II: la compensación
La compensación (art. 71 y siguientes LGT) extingue total o parcialmente las deudas tributarias del obligado con créditos reconocidos por acto administrativo a su favor, en las condiciones reglamentarias. Puede ser a instancia del obligado, que solicita la compensación de sus deudas con créditos propios reconocidos (devoluciones de ingresos indebidos, devoluciones tributarias reconocidas, etc.), y de oficio, que la Administración puede acordar de forma obligatoria cuando el deudor es acreedor de la propia Administración (por ejemplo, devoluciones tributarias reconocidas, deudas de entes públicos) y la deuda está en período ejecutivo. En el procedimiento a instancia, la solicitud debe presentarse en período voluntario y su presentación impide el inicio del período ejecutivo, sin perjuicio de los intereses de demora que correspondan. En el ámbito local, la compensación opera de la misma forma entre deudas y créditos de la propia entidad local, aplicando la LGT y el RGR.
Otras formas de extinción III: condonación e insolvencia
Condonación (art. 75 LGT): las deudas tributarias solo pueden condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que la propia ley determine. Por tanto, ni una ordenanza fiscal ni un acuerdo del Pleno o del alcalde pueden condonar una deuda tributaria; esto es consecuencia de la reserva de ley en materia tributaria y de la indisponibilidad del crédito. Insolvencia (art. 76 LGT): las deudas que no han podido hacerse efectivas en los procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados al pago y de los responsables, se dan de baja en cuentas en la cuantía procedente, mientras no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción. Si vencido el plazo de prescripción no se ha rehabilitado la deuda, queda definitivamente extinguida. En la recaudación el procedimiento exige agotar la acción sobre los deudores principales y los responsables, declarar fallidos a los obligados y declarar el crédito incobrable (arts. 61 y siguientes RGR). Si la insolvencia se produce en un concurso, la deuda se integra en el procedimiento concursal con la clasificación que corresponde al crédito público (privilegio general o especial según su naturaleza). No debe confundirse la baja por insolvencia (la deuda subsiste y es rehabilitable) con la condonación (la deuda se extingue por ley) ni con la prescripción (por el mero transcurso del tiempo).
La recaudación de los tributos: concepto y órganos competentes
La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias (art. 160 LGT) y puede realizarse en período voluntario, mediante el pago del obligado en los plazos legales, o en período ejecutivo, mediante el pago voluntario del deudor o, en su defecto, mediante el procedimiento de apremio. En la Administración local, la recaudación corresponde, en primer lugar, a la propia entidad local, a través de sus órganos de tesorería y recaudación. La Ley de Bases del Régimen Local (art. 92 bis) reserva a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional las funciones de tesorería y recaudación, de modo que el tesorero municipal es el responsable de la recaudación, mientras que la aprobación de los padrones, el dictado de las providencias de apremio, las bajas y el aplazamiento se atribuyen a los órganos municipales competentes según la normativa de régimen local y las ordenanzas (alcalde, junta de gobierno local o concejal delegado, y el pleno para las ordenanzas fiscales). La entidad local puede, además, delegar en otras entidades (comunidad autónoma, diputación provincial o entidad supramunicipal) las facultades de gestión y recaudación (art. 7 TRLRHL y art. 106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local), o encomendar la recaudación ejecutiva a la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante convenio. También colaboran en la recaudación entidades de crédito autorizadas (entidades colaboradoras), a las que se ingresa el importe de las deudas en período voluntario.
El procedimiento de recaudación en período voluntario
El período voluntario es el plazo durante el cual el obligado puede pagar sin recargos ni apremio. En los tributos de cobro por recibo, de carácter periódico, el ayuntamiento aprueba el padrón (matrícula), lo expone al público durante el plazo que fije la ordenanza (generalmente un mes) y lo anuncia por edictos, notificándose colectivamente las liquidaciones; el calendario del contribuyente fija el período de cobranza, que será al menos de dos meses. Los obligados pueden pagar por domiciliación bancaria (con cargo en cuenta, que simplifica la gestión), en entidades colaboradoras, en las dependencias de la tesorería o por medios electrónicos. En las liquidaciones de ingreso directo (por ejemplo el ICIO, la plusvalía municipal o las contribuciones especiales), el obligado recibe una notificación individual con carta de pago y los plazos son los del art. 62.2 LGT. Efectos: si el obligado paga en plazo, la deuda se extingue sin recargos; si no paga, el vencimiento del plazo abre automáticamente el período ejecutivo sin necesidad de ningún acto. Solicitudes durante este período: el aplazamiento o fraccionamiento, la compensación o la suspensión pueden solicitarse antes de que acabe el plazo, con efectos en la apertura del período ejecutivo y el devengo de intereses.
Período ejecutivo y recargos
El período ejecutivo se inicia (art. 161 LGT): para las deudas liquidadas por la Administración, el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario establecido en el art. 62.2; para las deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, el día siguiente al vencimiento del plazo del art. 62.1 o, si es posterior, el de la presentación de la autoliquidación. Su inicio permite a la Administración exigir el pago por la vía de apremio, devenga los recargos del período ejecutivo (art. 28 LGT) y excluye, salvo el recargo de apremio ordinario, el devengo de intereses de demora. Los recargos son tres: el recargo ejecutivo del 5 %, que se aplica cuando se satisface la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio; el recargo de apremio reducido del 10 %, aplicable cuando se satisface la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo del art. 62.5 para el ingreso de las deudas apremiadas; y el recargo de apremio ordinario del 20 %, que se aplica cuando no concurren las circunstancias anteriores y es compatible con los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo. Los recargos son incompatibles entre sí: solo se aplica uno de ellos, y no se exigirán intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo cuando se aplican los dos primeros.
La recaudación en vía de apremio: iniciación, títulos ejecutivos y providencia de apremio
El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo (art. 163 LGT) y no puede suspenderse sino en los casos y términos previstos en la ley; contra los actos dictados en él solo cabe el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa. El procedimiento de apremio se inicia mediante la providencia de apremio (art. 167 LGT), que es el título ejecutivo suficiente para iniciar el procedimiento y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados. La providencia de apremio la dicta el órgano competente de la Administración y debe notificarse al deudor identificando la deuda pendiente, requiriendo su pago con el recargo correspondiente y advirtiendo de que, de no efectuarse el ingreso en el plazo del art. 62.5, se procederá al embargo de sus bienes. Plazos de pago tras la providencia (art. 62.5): si se notifica entre los días 1 y 15, hasta el día 20 del mes o el hábil siguiente; si se notifica entre el 16 y el último día, hasta el día 5 del mes siguiente o el hábil posterior. Motivos de oposición a la providencia de apremio (art. 167.3 LGT): extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago; solicitud de aplazamiento, compensación o suspensión en los términos previstos en la normativa; falta de notificación de la liquidación; anulación de la liquidación; y error u omisión en el contenido de la providencia que impida identificar al deudor o la deuda apremiada. No cabe, por tanto, discutir en esta fase el fondo de la liquidación. Desarrollo posterior: el embargo de bienes (art. 169 LGT, con el orden de trabar los bienes más fácilmente realizables y menos gravosos para el deudor), la enajenación forzosa por subasta y la adjudicación de bienes a la Administración si la subasta resulta desierta.
Aplazamiento y fraccionamiento del pago
Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado cuando su situación económico-financiera le impida transitoriamente efectuar el pago en los plazos establecidos (art. 65 LGT). Aplazamiento: se difiere el pago de la totalidad de la deuda hasta una fecha; fraccionamiento: se paga en varios plazos o cuotas. Se concreta en el RGR (arts. 44 y siguientes). No pueden aplazarse, con carácter general, las deudas cuya exacción se realice mediante efectos timbrados ni, salvo que concurran circunstancias excepcionales, las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos o de las cantidades que se deban retener o ingresar a cuenta. Efectos de la solicitud: si se presenta en período voluntario, impide el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo de intereses de demora; si se presenta en período ejecutivo, no suspende el procedimiento, pero no se ejecutarán las garantías hasta que se resuelva. El aplazamiento devenga intereses de demora sobre el importe aplazado durante el tiempo que dure el aplazamiento. Garantías: se exige con carácter general aval solidario de entidad de crédito o certificado de seguro de caución, aunque se prevé la dispensa para deudas de pequeña cuantía (el umbral lo fija la orden ministerial correspondiente) y la admisión de otras garantías (hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria) si se justifica la imposibilidad de aportar las primeras. Resolución: el plazo máximo es de seis meses; en caso de denegación, si se solicitó en período voluntario, el deudor debe ingresar la deuda y los intereses en el plazo del art. 62.2 aún en curso o, de haber vencido, en el plazo del art. 62.5. En las entidades locales, la concesión corresponde al órgano que determine la ordenanza o el reglamento de recaudación, normalmente el alcalde, la junta de gobierno local o el tesorero por delegación.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Formas de extinción (art. 59 LGT): pago, prescripción, compensación y condonación, y los demás medios previstos en las leyes. La insolvencia (art. 76) da lugar a baja en cuentas, no a extinción inmediata: la deuda es rehabilitable hasta que prescriba.
Condonación solo por ley (art. 75 LGT): ni la ordenanza fiscal, ni el Pleno, ni el alcalde pueden condonar deudas tributarias.
Pago por tercero: puede pagar cualquier persona, tenga o no interés; el tercero no se subroga en los derechos del deudor frente a la Administración.
Medios de pago en efectivo: dinero de curso legal, cheque, tarjeta de crédito y débito, transferencia, domiciliación bancaria, giro postal y los que autorice el Ministerio de Hacienda.
Plazos del art. 62.2 LGT («20 y 5»): notificada entre el 1 y el 15 → hasta el 20 del mes siguiente; notificada entre el 16 y fin de mes → hasta el 5 del mes subsiguiente. Si el día es inhábil, el siguiente hábil.
Plazo en apremio (art. 62.5): se aplica la misma regla 1-15 → día 20 del mismo mes; 16-fin → día 5 del mes siguiente (no confundir con la regla del período voluntario).
Imputación de pagos: en voluntario decide el deudor; en ejecutivo, la Administración, a la deuda más antigua (antigüedad por el vencimiento en período voluntario).
Prescripción: cuatro años para determinar la deuda, exigir su pago y solicitar o recibir devoluciones (art. 66 LGT); diez años para comprobar bases imponibles negativas (art. 66 bis). Se aplica de oficio y aprovecha a todos los obligados.
La notificación de la providencia de apremio interrumpe la prescripción de la acción de cobro, y el cómputo se reinicia desde cero.
Recargos del período ejecutivo (art. 28 LGT): 5 % (pago antes de notificada la providencia), 10 % (pago en el plazo del art. 62.5) y 20 % (resto); solo el del 20 % es compatible con intereses de demora.
La providencia de apremio es título ejecutivo con la misma fuerza que una sentencia judicial; los motivos de oposición están tasados (art. 167.3 LGT) y no incluyen la discrepancia sobre el fondo de la liquidación.
Aplazamiento y fraccionamiento (art. 65 LGT): sólo por dificultades económico-financieras transitorias; devenga intereses de demora; no se aplica con carácter general a retenciones, ingresos a cuenta y tributos repercutidos; plazo de resolución de seis meses.
Solicitud de aplazamiento en voluntario: impide el inicio del período ejecutivo pero no el devengo de intereses; en ejecutivo, no suspende el procedimiento y solo evita la ejecución de garantías hasta la resolución.
En las entidades locales, tesorería y recaudación son funciones reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional (art. 92 bis LBRL); la recaudación puede delegarse en la diputación o en la comunidad autónoma (art. 7 TRLRHL).
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Las deudas tributarias solo pueden condonarse:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 36 de Administrativo Ayuntamiento?
La obligación tributaria se extingue, según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), por pago, prescripción, compensación y condonación, además de por otros medios previstos en las leyes; a ellos se añade la baja en cuentas por insolvencia, que no extingue la deuda sino que la suspende mientras el deudor no se rehabilite. El pago es el medio normal de extinción y se rige por la LGT (arts. 60 a 65, con plazos en el art. 62 e imputación de pagos en el art. 63) y por el Reglamento General de Recaudación (RGR), aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que se aplica también a la recaudación de las entidades locales en lo que no se oponga a su normativa específica. La recaudación consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas y se desarrolla en dos períodos: el voluntario, en el que el deudor paga dentro de los plazos legales sin recargos, y el ejecutivo, que comienza al vencer aquel sin pago y permite a la Administración cobrar por la vía de apremio, previa providencia de apremio, con recargos (5 %, 10 % o 20 %) e intereses de demora. El aplazamiento y fraccionamiento (art. 65 LGT) permite al obligado con dificultades transitorias de tesorería pagar la deuda en plazos distintos, con intereses de demora y, en general, con garantía. En el ámbito local, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) remite a la LGT y a sus normas de desarrollo, y las funciones de tesorería y recaudación están reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional. Nota de rigor: se citan solo los artículos cuya numeración está confirmada; los plazos y porcentajes se exponen conforme a la LGT.
¿Qué hay que memorizar del Tema 36 para el examen?
Formas de extinción (art. 59 LGT): pago, prescripción, compensación y condonación, y los demás medios previstos en las leyes. La insolvencia (art. 76) da lugar a baja en cuentas, no a extinción inmediata: la deuda es rehabilitable hasta que prescriba. Condonación solo por ley (art. 75 LGT): ni la ordenanza fiscal, ni el Pleno, ni el alcalde pueden condonar deudas tributarias. Pago por tercero: puede pagar cualquier persona, tenga o no interés; el tercero no se subroga en los derechos del deudor frente a la Administración. Medios de pago en efectivo: dinero de curso legal, cheque, tarjeta de crédito y débito, transferencia, domiciliación bancaria, giro postal y los que autorice el Ministerio de Hacienda. Plazos del art. 62.2 LGT («20 y 5»): notificada entre el 1 y el 15 → hasta el 20 del mes siguiente; notificada entre el 16 y fin de mes → hasta el 5 del mes subsiguiente. Si el día es inhábil, el siguiente hábil. Plazo en apremio (art. 62.5): se aplica la misma regla 1-15 → día 20 del mismo mes; 16-fin → día 5 del mes siguiente (no confundir con la regla del período voluntario). Imputación de pagos: en voluntario decide el deudor; en ejecutivo, la Administración, a la deuda más antigua (antigüedad por el vencimiento en período voluntario). Prescripción: cuatro años para determinar la deuda, exigir su pago y solicitar o recibir devoluciones (art. 66 LGT); diez años para comprobar bases imponibles negativas (art. 66 bis). Se aplica de oficio y aprovecha a todos los obligados. La notificación de la providencia de apremio interrumpe la prescripción de la acción de cobro, y el cómputo se reinicia desde cero. Recargos del período ejecutivo (art. 28 LGT): 5 % (pago antes de notificada la providencia), 10 % (pago en el plazo del art. 62.5) y 20 % (resto); solo el del 20 % es compatible con intereses de demora. La providencia de apremio es título ejecutivo con la misma fuerza que una sentencia judicial; los motivos de oposición están tasados (art. 167.3 LGT) y no incluyen la discrepancia sobre el fondo de la liquidación. Aplazamiento y fraccionamiento (art. 65 LGT): sólo por dificultades económico-financieras transitorias; devenga intereses de demora; no se aplica con carácter general a retenciones, ingresos a cuenta y tributos repercutidos; plazo de resolución de seis meses. Solicitud de aplazamiento en voluntario: impide el inicio del período ejecutivo pero no el devengo de intereses; en ejecutivo, no suspende el procedimiento y solo evita la ejecución de garantías hasta la resolución. En las entidades locales, tesorería y recaudación son funciones reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional (art. 92 bis LBRL); la recaudación puede delegarse en la diputación o en la comunidad autónoma (art. 7 TRLRHL).
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Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 28, 58 a 76, 160 a 170) (BOE-A-2003-23186).
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE-A-2005-13400).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (arts. 7 y 12) (BOE-A-2004-4214).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 92 bis y 106).
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