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Tema 25. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Disposiciones generales. Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. Responsable y encargado del tratamiento de datos

Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025 · Índice oficial del Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP..

Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) adapta el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y completa sus previsiones. Derogó la Ley Orgánica 15/1999. Este tema estudia sus disposiciones generales (objeto, ámbito y datos de personas fallecidas), los principios del tratamiento, los derechos de las personas y las figuras del responsable y del encargado del tratamiento, con especial atención a su aplicación en las Administraciones Públicas y en las entidades locales.

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Marco normativo y disposiciones generales (arts. 1 a 3 LOPDGDD)

La protección de datos personales deriva del art. 18.4 de la Constitución (limitación del uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos) y del art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La norma europea básica es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), directamente aplicable desde el 25 de mayo de 2018. La LOPDGDD tiene un doble objeto (art. 1): a) adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y completar sus disposiciones; y b) garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al art. 18.4 de la Constitución. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos se ejerce conforme al RGPD y a esta ley orgánica. Ámbito (art. 2): se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Quedan excluidos, entre otros, los tratamientos excluidos por el art. 2.2 RGPD, los de personas fallecidas (sin perjuicio del art. 3), los sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas y los relativos a la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, que se rigen por su normativa específica (Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo). Datos de las personas fallecidas (art. 3): las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, podrán solicitar el acceso a los datos, su rectificación o supresión, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente o lo establezca una ley. Los datos de personas jurídicas no están protegidos por esta normativa.

Conceptos básicos del RGPD que sustentan la ley

Dato personal: toda información sobre una persona física identificada o identificable (art. 4.1 RGPD). Tratamiento: cualquier operación sobre datos personales (recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión, etc.). Fichero: todo conjunto estructurado de datos accesibles con arreglo a criterios determinados. Categorías especiales de datos (art. 9 RGPD): origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona, datos relativos a la salud y a la vida u orientación sexuales; su tratamiento está prohibido salvo que concurra alguna de las excepciones del art. 9.2 RGPD. Seudonimización: tratamiento que impide atribuir los datos a un interesado sin información adicional; los datos seudonimizados siguen siendo datos personales, a diferencia de los anonimizados. Responsable: quien determina los fines y medios del tratamiento (art. 4.7). Encargado: quien trata datos por cuenta del responsable (art. 4.8). Destinatario y tercero son figuras distintas. Violación de la seguridad de los datos: incidente que ocasiona la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos, o la comunicación o acceso no autorizados.

Principios de la protección de datos (art. 5 RGPD y arts. 4 a 10 LOPDGDD)

El art. 5 RGPD enumera los principios: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva (accountability), por la que el responsable debe cumplir y poder demostrar que cumple. La LOPDGDD los desarrolla en su Título II (arts. 4 a 10). Exactitud (art. 4): no se imputará al responsable la inexactitud de datos obtenidos directamente del afectado, de un mediador o intermediario, de otro responsable por ejercicio del derecho de portabilidad, o de un registro público, siempre que haya adoptado medidas razonables para su supresión o rectificación. Deber de confidencialidad (art. 5): responsables, encargados y todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento están sujetos al deber de confidencialidad, que subsiste aunque haya finalizado la relación con el responsable. Tratamiento basado en el consentimiento (art. 6): debe ser una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca; si se pretende para varias finalidades, debe constar de manera específica e inequívoca que se otorga para todas ellas. No cabe el consentimiento tácito por silencio. Consentimiento de los menores (art. 7): puede prestarse por los mayores de 14 años; por debajo de esa edad se requiere el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela. Tratamiento por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos (art. 8): solo puede considerarse fundado en estas bases cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. Categorías especiales (art. 9): el solo consentimiento del afectado no basta para levantar la prohibición cuando la finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Datos de condenas e infracciones penales (art. 10): su tratamiento solo puede realizarse bajo el control de las autoridades públicas o cuando lo autorice una norma de la UE o una ley.

Bases de legitimación del tratamiento (art. 6 RGPD)

El tratamiento solo es lícito si concurre al menos una de estas bases: a) consentimiento del interesado para uno o varios fines; b) ejecución de un contrato en que el interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales a su petición; c) cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable; d) protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física; e) cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable; f) satisfacción de intereses legítimos del responsable o de un tercero, siempre que no prevalezcan los derechos y libertades del interesado. La base f) no se aplica al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, por lo que las Administraciones Públicas se apoyan fundamentalmente en las bases c) y e), además del consentimiento en casos concretos. Consecuencia práctica: en el ámbito administrativo el consentimiento rara vez es base adecuada cuando existe un desequilibrio claro entre la Administración y el ciudadano.

Derechos de las personas (arts. 12 a 22 RGPD y arts. 11 a 18 LOPDGDD)

Transparencia e información (art. 11 LOPDGDD, arts. 12 a 14 RGPD): cuando los datos se obtienen del propio afectado, el responsable puede facilitar la información por capas: una información básica en un primer nivel (identidad del responsable, finalidad del tratamiento y posibilidad de ejercer los derechos) y la restante en un segundo nivel, accesible de forma sencilla e inmediata. Ejercicio de los derechos (art. 12 LOPDGDD y art. 12 RGPD): el responsable debe responder en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, prorrogable otros dos meses teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes, informando de la prórroga y de sus motivos dentro del primer mes. El ejercicio de los derechos es, en principio, gratuito; si las solicitudes son manifiestamente infundadas o excesivas, el responsable puede cobrar un canon razonable o negarse a actuar. Los derechos se ejercen de forma personalísima; los menores de 14 años actúan por representación. Los derechos reconocidos son: acceso (art. 15 RGPD; art. 13 LOPDGDD, que permite considerar repetitivo el ejercicio en más de una ocasión durante seis meses salvo causa legítima); rectificación (art. 16 RGPD; art. 14 LOPDGDD); supresión o derecho al olvido (art. 17 RGPD; art. 15 LOPDGDD), que no procede, entre otros casos, cuando el tratamiento es necesario para cumplir una obligación legal, una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, o para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones; limitación del tratamiento (art. 18 RGPD; art. 16 LOPDGDD), con la exigencia de que conste claramente en los sistemas la limitación; portabilidad (art. 20 RGPD; art. 17 LOPDGDD), aplicable a tratamientos automatizados basados en el consentimiento o en un contrato, y que no se aplica a los basados en una misión de interés público; oposición (art. 21 RGPD; art. 18 LOPDGDD); y derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos significativos (art. 22 RGPD). El art. 19 RGPD obliga a notificar a los destinatarios las rectificaciones, supresiones y limitaciones. La supresión de datos genera la obligación de bloqueo (art. 32 LOPDGDD): el responsable los conserva, con medidas técnicas y organizativas que impidan su tratamiento, a disposición de jueces, tribunales, Ministerio Fiscal y Administraciones Públicas competentes durante el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades.

Responsable y encargado del tratamiento (arts. 28 a 37 LOPDGDD y arts. 24 a 43 RGPD)

Obligaciones generales (art. 28 LOPDGDD): el responsable y el encargado determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas, teniendo en cuenta los mayores riesgos en supuestos como el tratamiento de categorías especiales, de datos de menores, de grandes volúmenes o de elaboración de perfiles. Responsabilidad proactiva: el responsable aplica medidas adecuadas (art. 24 RGPD), la protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD) y los principios de minimización y seguridad. Corresponsables (art. 26 RGPD y art. 29 LOPDGDD): cuando dos o más responsables determinan conjuntamente fines y medios, deben determinar de modo transparente y mediante acuerdo sus respectivas responsabilidades. Encargado (art. 28 RGPD y art. 33 LOPDGDD): solo puede contratarse a quien ofrezca garantías suficientes; el tratamiento por el encargado se regula en un contrato u otro acto jurídico vinculante escrito que fije objeto, duración, naturaleza, finalidad, tipo de datos, categorías de interesados y obligaciones; el encargado no puede recurrir a otro encargado sin autorización previa del responsable; si el encargado determina fines y medios, pasa a considerarse responsable. Registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD y art. 31 LOPDGDD): los sujetos del art. 77.1 LOPDGDD (entre ellos las entidades que integran la Administración Local) harán público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos. Seguridad (art. 32 RGPD): las Administraciones aplican el Esquema Nacional de Seguridad (disposición adicional primera LOPDGDD; Real Decreto 311/2022). Violaciones de seguridad: notificación a la autoridad de control sin dilación indebida y, de ser posible, en un máximo de 72 horas desde que se tenga constancia (art. 33 RGPD), y comunicación a los interesados cuando exista alto riesgo para sus derechos (art. 34 RGPD). Evaluación de impacto (art. 35 RGPD): obligatoria cuando sea probable un alto riesgo, como en la evaluación sistemática de aspectos personales basada en tratamiento automatizado con efectos jurídicos, el tratamiento a gran escala de categorías especiales o la observación sistemática a gran escala de zonas de acceso público. Delegado de protección de datos (art. 37 RGPD y arts. 34 a 37 LOPDGDD): su designación es obligatoria, entre otros casos, cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, por lo que las entidades locales deben designarlo (puede ser un delegado común para varias entidades, atendiendo a su estructura y tamaño); sus funciones incluyen informar y asesorar, supervisar el cumplimiento, asesorar sobre la evaluación de impacto y cooperar con la autoridad de control; debe tener cualificación profesional adecuada, actuar sin recibir instrucciones sobre el desempeño de sus funciones y no puede ser destituido ni sancionado por desempeñarlas. Los datos de contacto del delegado deben publicarse y comunicarse a la autoridad de control.

Autoridades de control y régimen sancionador, con especial referencia a las Administraciones Públicas

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es una autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia; su régimen se desarrolla en la LOPDGDD y en su Estatuto, aprobado por Real Decreto 389/2021. Las comunidades autónomas pueden crear autoridades autonómicas de protección de datos para los tratamientos de su ámbito. El RGPD (art. 83) prevé multas administrativas de hasta 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocio total anual global (la mayor cuantía) para las infracciones menos graves (por ejemplo, obligaciones del responsable y del encargado) y de hasta 20 millones de euros o el 4 % para las más graves (principios básicos, derechos de los interesados, transferencias internacionales). La LOPDGDD clasifica las infracciones en muy graves (art. 72), graves (art. 73) y leves (art. 74), con plazos de prescripción de tres, dos y un año, respectivamente. Régimen de las Administraciones Públicas (art. 77): cuando los responsables o encargados sean órganos constitucionales, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración Local, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ellas, entre otros, la autoridad dictará resolución sancionando con apercibimiento y estableciendo las medidas que proceda adoptar para que cesen la conducta o se corrijan sus efectos, en lugar de imponer multa económica. La resolución se notifica al responsable, al encargado y a los interesados, y se comunica al Defensor del Pueblo o institución análoga. Cuando se trate de infracciones imputables a autoridades y directivos con constancia de informes técnicos de advertencia, se propondrá la iniciación de actuación disciplinaria.

Garantía de los derechos digitales (Título X LOPDGDD)

El Título X reconoce un catálogo de derechos digitales, entre ellos: neutralidad de Internet y acceso universal; seguridad y educación digital; protección de los menores en Internet; rectificación y actualización de informaciones en Internet y en medios de comunicación digitales; derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87); derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (art. 88); intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (art. 89) y de sistemas de geolocalización (art. 90); derechos digitales en la negociación colectiva (art. 91); protección de datos de los menores en Internet; derecho al olvido en búsquedas de Internet y en servicios de redes sociales; derecho de portabilidad en servicios de redes sociales; derecho al testamento digital. El derecho a la desconexión digital garantiza, fuera del tiempo de trabajo, el respeto al descanso, permisos y vacaciones, así como la intimidad personal y familiar; se aplica también a los empleados públicos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LOPDGDD es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y derogó la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD).
  • El RGPD es el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, aplicable desde el 25 de mayo de 2018.
  • La LOPDGDD tiene doble objeto: adaptar el ordenamiento al RGPD y garantizar los derechos digitales.
  • El fundamento constitucional es el art. 18.4 CE; el Tribunal Constitucional lo configuró como derecho fundamental autónomo (STC 292/2000).
  • La normativa protege solo a personas físicas: los datos de personas jurídicas quedan fuera.
  • Los tratamientos con fines penales o de seguridad pública se rigen por la Ley Orgánica 7/2021, no por el RGPD.
  • Datos de fallecidos (art. 3): pueden acceder, rectificar o suprimir los familiares, personas de hecho vinculadas y herederos, salvo prohibición expresa del fallecido o de la ley.
  • Principios del art. 5 RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva.
  • Los menores de 14 años no pueden consentir por sí mismos: se requiere el titular de la patria potestad o tutela (art. 7 LOPDGDD).
  • El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco; no es válido el silencio ni las casillas premarcadas.
  • El consentimiento por sí solo no levanta la prohibición de tratar datos cuando la finalidad principal sea identificar ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico (art. 9 LOPDGDD).
  • El deber de confidencialidad subsiste tras finalizar la relación con el responsable (art. 5 LOPDGDD).
  • La base de interés legítimo no puede ser utilizada por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
  • Plazo de respuesta a los derechos: un mes, prorrogable dos meses más por complejidad o número de solicitudes.
  • Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, más el de no ser objeto de decisiones automatizadas; la portabilidad no se aplica a tratamientos basados en interés público.
  • Trampa típica: confundir la limitación del tratamiento (se conservan los datos pero no se usan) con la supresión (se eliminan, con bloqueo previo).
  • El responsable determina fines y medios; el encargado trata por cuenta del responsable y necesita contrato u otro acto jurídico vinculante por escrito.
  • Si el encargado determina fines y medios del tratamiento, será considerado responsable.
  • Violación de seguridad: notificación a la autoridad de control en 72 horas desde que se tiene constancia; comunicación al interesado si hay alto riesgo.
  • Las autoridades u organismos públicos están obligados a designar delegado de protección de datos.
  • Las multas del RGPD son de hasta 10 millones de euros o el 2 % y de hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio anual global.
  • Prescripción de infracciones de la LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año.
  • Las Administraciones Públicas no reciben multa económica: se les impone apercibimiento y medidas correctoras (art. 77 LOPDGDD).
  • El derecho a la desconexión digital está recogido en el art. 88 LOPDGDD.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Cuando un encargado del tratamiento determina por su cuenta los fines y medios del tratamiento, ¿qué consecuencia se produce?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 25 de Administrativo Ayuntamiento?

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) adapta el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y completa sus previsiones. Derogó la Ley Orgánica 15/1999. Este tema estudia sus disposiciones generales (objeto, ámbito y datos de personas fallecidas), los principios del tratamiento, los derechos de las personas y las figuras del responsable y del encargado del tratamiento, con especial atención a su aplicación en las Administraciones Públicas y en las entidades locales.

¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?

La LOPDGDD es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y derogó la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD). El RGPD es el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, aplicable desde el 25 de mayo de 2018. La LOPDGDD tiene doble objeto: adaptar el ordenamiento al RGPD y garantizar los derechos digitales. El fundamento constitucional es el art. 18.4 CE; el Tribunal Constitucional lo configuró como derecho fundamental autónomo (STC 292/2000). La normativa protege solo a personas físicas: los datos de personas jurídicas quedan fuera. Los tratamientos con fines penales o de seguridad pública se rigen por la Ley Orgánica 7/2021, no por el RGPD. Datos de fallecidos (art. 3): pueden acceder, rectificar o suprimir los familiares, personas de hecho vinculadas y herederos, salvo prohibición expresa del fallecido o de la ley. Principios del art. 5 RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva. Los menores de 14 años no pueden consentir por sí mismos: se requiere el titular de la patria potestad o tutela (art. 7 LOPDGDD). El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco; no es válido el silencio ni las casillas premarcadas. El consentimiento por sí solo no levanta la prohibición de tratar datos cuando la finalidad principal sea identificar ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico (art. 9 LOPDGDD). El deber de confidencialidad subsiste tras finalizar la relación con el responsable (art. 5 LOPDGDD). La base de interés legítimo no puede ser utilizada por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. Plazo de respuesta a los derechos: un mes, prorrogable dos meses más por complejidad o número de solicitudes. Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, más el de no ser objeto de decisiones automatizadas; la portabilidad no se aplica a tratamientos basados en interés público. Trampa típica: confundir la limitación del tratamiento (se conservan los datos pero no se usan) con la supresión (se eliminan, con bloqueo previo). El responsable determina fines y medios; el encargado trata por cuenta del responsable y necesita contrato u otro acto jurídico vinculante por escrito. Si el encargado determina fines y medios del tratamiento, será considerado responsable. Violación de seguridad: notificación a la autoridad de control en 72 horas desde que se tiene constancia; comunicación al interesado si hay alto riesgo. Las autoridades u organismos públicos están obligados a designar delegado de protección de datos. Las multas del RGPD son de hasta 10 millones de euros o el 2 % y de hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio anual global. Prescripción de infracciones de la LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año. Las Administraciones Públicas no reciben multa económica: se les impone apercibimiento y medidas correctoras (art. 77 LOPDGDD). El derecho a la desconexión digital está recogido en el art. 88 LOPDGDD.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE-A-2018-16673)
  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)
  • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales
  • Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad

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