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Tema 18. Ordenanzas fiscales. Contenido, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos

Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025 · Índice oficial del Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP..

Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.

Las ordenanzas fiscales son las disposiciones generales mediante las que los entes locales ejercen su potestad tributaria (art. 4.1.b LBRL; art. 106 LBRL; art. 133.2 CE): establecen, suprimen u ordenan los tributos propios y regulan sus elementos esenciales. Se regulan en los arts. 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Las entidades locales deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las ordenanzas reguladoras, salvo en los impuestos de exigencia obligatoria (IBI, IAE e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica), que no necesitan acuerdo de imposición, aunque sí ordenanza si se ejercen las facultades de fijación de elementos de la cuota. El procedimiento es especial: acuerdo provisional del Pleno, exposición pública durante treinta días hábiles como mínimo, resolución de las reclamaciones y acuerdo definitivo (o elevación automática a definitivo si no hay reclamaciones), y publicación íntegra en el boletín oficial de la provincia. Contra los acuerdos definitivos de establecimiento de tributos y aprobación o modificación de ordenanzas fiscales solo cabe recurso contencioso-administrativo directo, sin recurso de reposición previo. Los actos de aplicación y efectividad de los tributos se impugnan mediante el recurso de reposición previo al contencioso (art. 14 TRLRHL).

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Fundamento: potestad tributaria local y reserva de ley

La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley (art. 133.1 CE); las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 133.2 CE). El art. 31.3 CE exige ley para establecer prestaciones patrimoniales de carácter público. El art. 4.1.b LBRL reconoce a las entidades locales las potestades tributaria y financiera, y el art. 106.1 LBRL les atribuye autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las haciendas locales y en las leyes que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquella. La reserva de ley tributaria es relativa y flexible en el ámbito local: la ley fija los elementos esenciales del tributo (hecho imponible, sujetos, base, tipos máximos, etc.), y la ordenanza fiscal completa su regulación dentro de esos márgenes (doctrina del Tribunal Constitucional, entre otras la STC 233/1999). Las ordenanzas fiscales no pueden crear tributos que no estén previstos en la ley ni exceder los límites legales. Marco normativo: TRLRHL, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) y sus reglamentos, y la LBRL.

Concepto y clases de ordenanzas fiscales

La ordenanza fiscal es la disposición de carácter general, aprobada por el Pleno, que regula un tributo local: su establecimiento (acuerdo de imposición) y su ordenación (regulación de elementos). Se distinguen: a) ordenanzas fiscales reguladoras de cada tributo (impuestos, tasas, contribuciones especiales); b) ordenanzas fiscales generales sobre gestión, recaudación e inspección, que pueden aprobar las entidades locales, en los términos de la LGT y del TRLRHL, para completar el régimen de aplicación de los tributos; c) ordenanzas reguladoras de las contribuciones especiales, que pueden ser generales y requieren además un acuerdo concreto de imposición y ordenación para cada obra o servicio. Los precios públicos no se establecen por ordenanza fiscal sino mediante acuerdo del Pleno u órgano delegado, en el ámbito de los arts. 41 y siguientes TRLRHL (como prestación patrimonial de carácter público no tributaria). La ordenanza fiscal tiene naturaleza de disposición de carácter general: se impugna como tal y su régimen de aprobación es el del art. 17 TRLRHL, no el del art. 49 LBRL, aunque ambos son compatibles en lo no regulado.

Imposición y ordenación de tributos (art. 15 TRLRHL)

Art. 15.1: salvo en los supuestos previstos en el art. 59.1 (impuestos de exigencia obligatoria), las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las ordenanzas fiscales reguladoras de los mismos. Los impuestos obligatorios (art. 59.1) son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): su establecimiento deriva de la ley, y no precisan acuerdo de imposición. Los impuestos potestativos (art. 59.2) son el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, plusvalía municipal): requieren acuerdo de imposición y ordenanza. Art. 15.2: los ayuntamientos que acuerden ejercer sus facultades normativas en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias de los impuestos obligatorios deberán aprobar la correspondiente ordenanza fiscal. En los impuestos obligatorios, la ordenanza fiscal es, por tanto, potestativa: la entidad la aprueba si quiere ejercer facultades (tipos de gravamen, bonificaciones potestativas, etc.); en otro caso se aplica directamente la ley. Las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos potestativos exigen siempre acuerdo de establecimiento y ordenanza.

Contenido de las ordenanzas fiscales (art. 16 TRLRHL)

El contenido mínimo de las ordenanzas fiscales comprende: a) la determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo; b) los regímenes de declaración y de ingreso; c) las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. Se admite que las ordenanzas contengan, en su caso, las normas de gestión del tributo y sus procedimientos, en los términos de la legislación aplicable. En el caso de las tasas, el contenido incluye también la regulación de las tarifas, que deben respetar los límites legales de cuantía. Las ordenanzas pueden prever, en los términos de la ley, bonificaciones y exenciones potestativas, pero no pueden establecer beneficios fiscales no previstos en la ley (art. 9 TRLRHL: no se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales). Las ordenanzas fiscales tienen vigencia indefinida, salvo disposición en contrario, hasta su modificación o derogación expresas. No tienen efecto retroactivo.

Elaboración y aprobación: procedimiento especial (art. 17 TRLRHL)

1) Acuerdo provisional del Pleno de imposición y ordenación del tributo o de aprobación o modificación de la ordenanza (mayoría simple, art. 47.1 LBRL; la competencia del Pleno deriva del art. 22.2.e LBRL: determinación de los recursos propios de carácter tributario). 2) Exposición pública: los acuerdos provisionales se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante treinta días hábiles, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Además, los anuncios de exposición se publican en el boletín oficial de la provincia (o de la Comunidad Autónoma uniprovincial) y en un diario de los de mayor difusión de la provincia. 3) Acuerdo definitivo: finalizado el período de exposición pública, las corporaciones adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. Si no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 4) Publicación: los acuerdos definitivos, incluidos los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, deberán publicarse en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial. Las ordenanzas fiscales entran en vigor y comienzan a aplicarse en la fecha que fijen, y nunca antes de su publicación completa. Trámites previos: informe técnico-económico para tasas (art. 25 TRLRHL); memoria económico-financiera; informe de Secretaría e Intervención; consulta pública previa en los términos del art. 133 Ley 39/2015, salvo normas presupuestarias u organizativas o razones de interés público.

Informes y garantías especiales: tasas, precios públicos y contribuciones especiales

Tasas (arts. 20 a 27 TRLRHL): los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local o por la prestación de un servicio o la realización de una actividad deben adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado de la utilidad derivada o el coste previsible del servicio o actividad (art. 25). En ningún caso la tasa por prestación de servicios puede exceder del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate (art. 24.2). Contribuciones especiales (arts. 28 a 37): la exigencia exige acuerdo concreto de imposición y ordenación para cada obra o servicio; la contribución no puede exceder del 90% del coste que la entidad soporte, y se reparte entre los sujetos pasivos beneficiados, con posibilidad de asociaciones de contribuyentes. Impuestos: las ordenanzas fijan tipos dentro de los márgenes legales (por ejemplo, tipos de gravamen del IBI entre los mínimos y máximos del art. 72 TRLRHL, con bonificaciones potestativas). Precios públicos (arts. 41 a 47): se establecen por acuerdo del Pleno o por el órgano que tenga delegada la competencia; su cuantía debe cubrir como mínimo el coste del servicio o actividad. Toda esta regulación se articula en la ordenanza (o acuerdo) correspondiente, y la omisión de los informes técnico-económicos es causa de nulidad de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa.

Régimen de impugnación de los acuerdos de imposición y ordenación de tributos (art. 19 TRLRHL)

Contra los acuerdos definitivos de establecimiento de tributos locales y de aprobación y modificación de las correspondientes ordenanzas fiscales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción (art. 19.1 TRLRHL). No hay recurso de reposición previo ni vía administrativa. El plazo es de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación (art. 46.1 LJCA). El órgano competente es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (art. 10.1.b LJCA). Legitimación: quienes ostenten un interés legítimo. La interposición de recursos no suspenderá por sí misma la aplicación de los acuerdos y ordenanzas; no obstante, el tribunal podrá acordar la suspensión como medida cautelar cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art. 19 TRLRHL, junto con los arts. 129 y ss. LJCA). Efectos de la anulación: la sentencia que anula una ordenanza fiscal tiene efectos generales desde su publicación, y no afecta a las situaciones firmes (liquidaciones consentidas); da derecho a la devolución de ingresos indebidos en los supuestos en que las liquidaciones no sean firmes. Impugnación indirecta: los actos de aplicación (liquidaciones) pueden impugnarse fundando el recurso en la ilegalidad de la ordenanza (art. 26 LJCA).

Recursos contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos locales (art. 14 TRLRHL)

Los actos de las entidades locales de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público (liquidaciones, providencias de apremio, etc.) solo serán impugnables mediante el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo (art. 14.2). Plazo para interponer el recurso de reposición: un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de la finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago. El plazo para resolver es de un mes; transcurrido sin resolución, se entenderá desestimado. Contra la resolución, recurso contencioso-administrativo en los plazos de dos meses desde la notificación de la resolución expresa o seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Excepción: en los municipios de gran población (art. 137 LBRL) existe un órgano especializado para resolver las reclamaciones económico-administrativas, (Tribunal Económico-Administrativo Municipal), con las particularidades del Título X. La interposición del recurso no suspende la ejecución del acto, salvo que se garantice el pago en los términos del art. 14.2 TRLRHL (aval, depósito, fianza). Otras vías: revisión de actos nulos (art. 217 LGT), declaración de lesividad, rectificación de errores, recurso extraordinario de revisión y devolución de ingresos indebidos (arts. 220 y 221 LGT). Peculiaridad: no puede interponerse recurso de reposición contra la ordenanza fiscal; su control es solo contencioso.

Problemas frecuentes y jurisprudencia relevante

El incumplimiento del procedimiento del art. 17 (omitir la exposición pública o los informes técnico-económicos) produce la nulidad de pleno derecho de la ordenanza. La falta de motivación del coste del servicio en la tasa y el exceso del coste real son causas habituales de anulación. En el IIVTNU, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 del TRLRHL en la STC 182/2021, de 26 de octubre (tras la STC 59/2017 y la STC 126/2019); el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, adaptó el TRLRHL, y las ordenanzas deben ajustar el método de cálculo. Ordenanzas fiscales y retroactividad: no pueden aplicarse a hechos imponibles devengados antes de su entrada en vigor. Vigencia: el tributo se aplica según la ordenanza vigente en el momento del devengo.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Normas: TRLRHL (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), arts. 15 a 19, sobre ordenanzas fiscales; art. 14 sobre recursos contra actos de aplicación.
  • Impuestos obligatorios (art. 59.1): IBI, IAE e IVTM. Potestativos (art. 59.2): ICIO e IIVTNU. Los obligatorios no necesitan acuerdo de imposición; solo ordenanza si se ejercen facultades normativas.
  • Contenido mínimo (art. 16): elementos de determinación de la cuota (hecho imponible, sujeto pasivo, exenciones, base, tipo, devengo...), regímenes de declaración e ingreso, y fecha de aprobación y comienzo de aplicación.
  • Exposición pública del acuerdo provisional: treinta días hábiles como mínimo. Sin reclamaciones, el acuerdo provisional se eleva automáticamente a definitivo sin nuevo acuerdo plenario.
  • Publicación del texto íntegro de la ordenanza en el boletín oficial de la provincia; no entra en vigor sin ella.
  • La competencia para aprobar ordenanzas fiscales es del Pleno (art. 22.2.e LBRL, indelegable); basta mayoría simple.
  • Contra los acuerdos definitivos de imposición y ordenación: recurso contencioso-administrativo directo (no hay reposición previa), ante el TSJ, en dos meses.
  • Contra los actos de aplicación y efectividad (liquidaciones): recurso de reposición previo al contencioso, de un mes.
  • Las tasas requieren informe técnico-económico (art. 25); su cuantía no puede exceder el coste real o previsible del servicio.
  • Los precios públicos no se aprueban por ordenanza fiscal sino por acuerdo del Pleno o del órgano delegado.
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Los impuestos municipales de exigencia obligatoria son:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 18 de Administrativo Ayuntamiento?

Las ordenanzas fiscales son las disposiciones generales mediante las que los entes locales ejercen su potestad tributaria (art. 4.1.b LBRL; art. 106 LBRL; art. 133.2 CE): establecen, suprimen u ordenan los tributos propios y regulan sus elementos esenciales. Se regulan en los arts. 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Las entidades locales deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las ordenanzas reguladoras, salvo en los impuestos de exigencia obligatoria (IBI, IAE e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica), que no necesitan acuerdo de imposición, aunque sí ordenanza si se ejercen las facultades de fijación de elementos de la cuota. El procedimiento es especial: acuerdo provisional del Pleno, exposición pública durante treinta días hábiles como mínimo, resolución de las reclamaciones y acuerdo definitivo (o elevación automática a definitivo si no hay reclamaciones), y publicación íntegra en el boletín oficial de la provincia. Contra los acuerdos definitivos de establecimiento de tributos y aprobación o modificación de ordenanzas fiscales solo cabe recurso contencioso-administrativo directo, sin recurso de reposición previo. Los actos de aplicación y efectividad de los tributos se impugnan mediante el recurso de reposición previo al contencioso (art. 14 TRLRHL).

¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?

Normas: TRLRHL (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), arts. 15 a 19, sobre ordenanzas fiscales; art. 14 sobre recursos contra actos de aplicación. Impuestos obligatorios (art. 59.1): IBI, IAE e IVTM. Potestativos (art. 59.2): ICIO e IIVTNU. Los obligatorios no necesitan acuerdo de imposición; solo ordenanza si se ejercen facultades normativas. Contenido mínimo (art. 16): elementos de determinación de la cuota (hecho imponible, sujeto pasivo, exenciones, base, tipo, devengo...), regímenes de declaración e ingreso, y fecha de aprobación y comienzo de aplicación. Exposición pública del acuerdo provisional: treinta días hábiles como mínimo. Sin reclamaciones, el acuerdo provisional se eleva automáticamente a definitivo sin nuevo acuerdo plenario. Publicación del texto íntegro de la ordenanza en el boletín oficial de la provincia; no entra en vigor sin ella. La competencia para aprobar ordenanzas fiscales es del Pleno (art. 22.2.e LBRL, indelegable); basta mayoría simple. Contra los acuerdos definitivos de imposición y ordenación: recurso contencioso-administrativo directo (no hay reposición previa), ante el TSJ, en dos meses. Contra los actos de aplicación y efectividad (liquidaciones): recurso de reposición previo al contencioso, de un mes. Las tasas requieren informe técnico-económico (art. 25); su cuantía no puede exceder el coste real o previsible del servicio. Los precios públicos no se aprueban por ordenanza fiscal sino por acuerdo del Pleno o del órgano delegado.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE-A-2004-4214): arts. 9, 14 a 19, 24, 25, 41 a 47, 59 y 72
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 4.1.b, 22.2.e, 106 y 137)
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (arts. 10.1.b, 26 y 46)
  • Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la doctrina del Tribunal Constitucional respecto del IIVTNU

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