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Tema 24. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: objeto, ámbito de aplicación y principios generales. La transparencia de la actividad pública. Derecho de acceso a la información pública; régimen, solicitud, tramitación, resolución, recursos

Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025 · Índice oficial del Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP..

Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene un triple objeto (art. 1): ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a esa actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, con las consecuencias de su incumplimiento. Se aplica a todas las administraciones públicas, a las entidades de su sector público y a otros sujetos (art. 2), así como, en lo relativo a la publicidad activa, a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que reciban fondos públicos por encima de ciertos umbrales (art. 3). La transparencia se articula a través de dos instrumentos: la publicidad activa (arts. 5 a 11), que obliga a publicar de oficio información institucional, organizativa, de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y estadística; y el derecho de acceso a la información pública (arts. 12 a 24), reconocido a todas las personas, sin necesidad de motivar la solicitud, con un procedimiento reglado: solicitud, inadmisión motivada, tramitación con audiencia de terceros, resolución en el plazo máximo de un mes ampliable a otro, silencio negativo y reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o el órgano autonómico equivalente, previa a la vía contencioso-administrativa. El acceso se limita por los supuestos del artículo 14 y por la protección de datos personales del artículo 15.

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Marco normativo, objeto y estructura de la Ley 19/2013

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, publicada en el BOE de 10 de diciembre de 2013, se apoya en el artículo 105.b de la Constitución (acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos) y en el principio de transparencia de la actuación de los poderes públicos. Se estructura en un título preliminar, un título I sobre transparencia de la actividad pública (con publicidad activa, derecho de acceso y Consejo de Transparencia y Buen Gobierno), un título II sobre buen gobierno, y disposiciones adicionales, transitorias y finales. Su objeto (art. 1) es triple: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Entró en vigor, en general, al día siguiente de su publicación, pero las obligaciones del título I (transparencia) se demoraron un año para la Administración General del Estado, y los órganos de las comunidades autónomas y de las entidades locales dispusieron de un plazo máximo de dos años para adaptarse. Tiene carácter básico en la mayor parte de su articulado, por lo que las comunidades autónomas aprueban sus propias leyes de transparencia que la desarrollan y mejoran. Otras normas conexas: la Ley 39/2015 (procedimiento administrativo común), la Ley 40/2015 (régimen jurídico del sector público), la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679, de aplicación a la ponderación entre acceso y protección de datos personales. El desarrollo reglamentario de la Ley está en el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Ámbito subjetivo de aplicación (arts. 2, 3 y 4)

Artículo 2: las disposiciones del título I se aplican a la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local, así como a los organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ellas; las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social; los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley (por ejemplo, reguladores); las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades del artículo 2 sea superior al 50 por 100; las fundaciones del sector público y las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades; las corporaciones de derecho público, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo; y los órganos constitucionales (Casa de Su Majestad el Rey, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial) así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la Junta Electoral Central, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. Artículo 3: las disposiciones sobre publicidad activa se aplican también a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, así como a las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 por 100 del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cifra de 5.000 euros. Artículo 4: las personas físicas y jurídicas distintas de las anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas deben proporcionar a la administración a la que estén vinculadas, previo requerimiento, la información necesaria para cumplir las obligaciones de transparencia. Esta obligación se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos que establezcan los pliegos o el contrato.

Principios generales de la publicidad activa (art. 5)

Los sujetos obligados publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública (art. 5.1). Las obligaciones se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad (art. 5.2). Se aplican, en su caso, los límites al derecho de acceso del artículo 14 y, especialmente, la protección de datos personales del artículo 15, y cuando la información contenga datos especialmente protegidos la publicidad se hará previa disociación (art. 5.3). La información se publicará en las sedes electrónicas o páginas web de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables; se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización (art. 5.4 y 5.5). Debe garantizarse además la accesibilidad universal y el diseño para todos. Principios que cabe retener: publicidad (la información se publica de oficio y no depende de petición), actualización periódica, claridad y estructura, reutilización y gratuidad, y respeto a los límites legales. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa tiene la consideración de infracción grave a efectos de la responsabilidad disciplinaria de los responsables (art. 9.3). El control del cumplimiento corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o al órgano autonómico competente (art. 9.1). Al margen de las obligaciones del título I, el título II establece los principios generales de buen gobierno (art. 26): los altos cargos actuarán conforme a los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad, ejemplaridad, honradez y dedicación al servicio público, entre otros.

Contenido de la transparencia: información que debe publicarse (arts. 6 a 8)

Información institucional, organizativa y de planificación (art. 6): las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación, su estructura organizativa (con organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional), y los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución; su grado de cumplimiento y resultados será objeto de evaluación y publicación periódica con los indicadores de medida y valoración. Información de relevancia jurídica (art. 7): las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos; los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos cuya iniciativa le corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes; los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda; las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos; y los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban someterse a un período de información pública durante su tramitación. Información económica, presupuestaria y estadística (art. 8): todos los contratos, con indicación del objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, número de licitadores participantes, identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato, decisiones de desistimiento y renuncia, y los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados por procedimiento; la relación de convenios suscritos, con mención de las partes, objeto, plazo, obligaciones económicas, y las encomiendas de gestión; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios; los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; las cuentas anuales y los informes de auditoría y de fiscalización por parte de los órganos de control externo; las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades; las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos y las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales; y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sea competencia de la administración. En las entidades locales estas obligaciones se canalizan mediante sede electrónica o portal de transparencia municipal, y las diputaciones, cabildos y consejos insulares prestan asistencia a los municipios de menor población.

Portal de la Transparencia y órganos de transparencia

La Administración General del Estado desarrolla un Portal de la Transparencia que facilita el acceso de los ciudadanos a toda la información de publicidad activa y que incluirá, en los términos que se establezcan, la información de la Administración General del Estado cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia (art. 10). Las comunidades autónomas y las entidades locales mantienen sus propios portales o sedes electrónicas; también las entidades locales pueden adherirse a las plataformas de la diputación. Las unidades de información de transparencia (art. 21): cada administración identifica el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso, que recoge, tramita y resuelve o remite a la autoridad competente; en las entidades locales la unidad suele ser la secretaría general o una unidad específica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (arts. 33 y siguientes) es un organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que actúa con autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines. Entre sus funciones: velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa; resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información pública; asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la Ley (criterios que se publican y orientan la actuación administrativa). Su presidente es nombrado por real decreto por un periodo de cinco años no renovable, a propuesta del ministro competente y tras la comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, que ratifica la propuesta por mayoría absoluta. Su régimen interno se completa con el Estatuto aprobado por el Real Decreto 919/2014. Las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para resolver las reclamaciones a un órgano propio e independiente (existen órganos específicos en varias comunidades) o convenir con el Consejo estatal que sea este quien las resuelva, y el mismo régimen se aplica a las reclamaciones contra las entidades locales del territorio.

Derecho de acceso a la información pública: titulares, objeto y límites (arts. 12 a 16)

Titulares y objeto: todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos del artículo 105.b de la Constitución, desarrollados por la Ley (art. 12). No se exige ser interesado, ni tener nacionalidad española, ni acreditar un interés legítimo. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título I y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (art. 13). Regímenes específicos (disposición adicional primera): el acceso de los interesados a los documentos de un procedimiento administrativo en curso se rige por la normativa de dicho procedimiento; las materias con un régimen jurídico específico de acceso (por ejemplo, la información ambiental) se rigen por su normativa específica y por la Ley con carácter supletorio; y la reutilización de la información se rige por su normativa propia. Límites (art. 14.1): el derecho podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) la seguridad nacional; b) la defensa; c) las relaciones exteriores; d) la seguridad pública; e) la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; f) la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; g) las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; h) los intereses económicos y comerciales; i) la política económica y monetaria; j) el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; k) la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; l) la protección del medio ambiente. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso (test del daño y del interés público, art. 14.2). Las resoluciones que denieguen el acceso por aplicación de límites son objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal (art. 14.3). Protección de datos personales (art. 15): si la información contiene datos especialmente protegidos (ideología, afiliación sindical, religión y creencias) el acceso solo se podrá autorizar con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad; si contiene datos referentes al origen racial, la salud o la vida sexual, datos genéticos o biométricos, o relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, solo se podrá autorizar con consentimiento expreso o si estuviera amparado por una norma con rango de ley. Para el resto de datos personales se realiza una ponderación suficientemente razonada entre el interés público en la divulgación y los derechos de los afectados, atendiendo a criterios como la protección de menores, la justificación del solicitante en el ejercicio de un derecho o su condición de investigador, y el mayor peso de los datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. Acceso parcial (art. 16): si la aplicación de alguno de los límites no afecta a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada, salvo que de ello resulte una información distorsionada o carente de sentido.

Procedimiento de acceso: solicitud, inadmisión y tramitación (arts. 17 a 19)

Solicitud (art. 17): se presenta por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones, y, en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud, aunque puede exponer los motivos, que podrán ser tenidos en cuenta al resolver; la ausencia de motivación no es por sí sola causa de rechazo. Se dirige al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información; si no es la competente, la unidad receptora la remite al órgano competente. El plazo para resolver se computa desde la fecha de recepción por el órgano competente. Causas de inadmisión (art. 18.1): se inadmiten a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) referidas a información que esté en curso de elaboración o de publicación general; b) referidas a información de carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas; c) relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración; d) dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente; e) que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley. Si la inadmisión se funda en la letra d, la resolución debe indicar el órgano que, a su juicio, es competente (art. 18.2). Tramitación (art. 19): si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, este la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de ello al solicitante; si la solicitud no identifica de forma suficiente la información, se pide al solicitante que la concrete en el plazo de diez días, con indicación de que, en caso contrario, se archivará, lo que suspende el plazo para dictar resolución; si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concede un plazo de quince días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, informándose al solicitante de la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo.

Resolución, silencio, formalización del acceso y gratuidad (arts. 20 a 22)

Resolución (art. 20): la resolución que concede o deniega el acceso se notifica al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver; el plazo puede ampliarse por otro mes si el volumen o la complejidad de la información solicitada lo hacen necesario, previa notificación al solicitante. Deben ser motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. Transcurrido el plazo máximo sin resolución expresa, se entiende que la solicitud ha sido desestimada (silencio administrativo negativo). Formalización (art. 22): el acceso se realiza preferentemente por vía electrónica, salvo que no sea posible; si la información ya ha sido publicada, la resolución puede limitarse a indicar cómo acceder a ella. Si el acceso se concede, se da en el plazo máximo de diez días desde la notificación; si ha habido oposición de un tercero, el acceso solo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. Gratuidad: el acceso a la información es gratuito; no obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original puede dar lugar a la exigencia de exacciones, en los términos de la normativa de tasas y precios públicos. Ley 39/2015: en lo no previsto por la Ley 19/2013 se aplica supletoriamente la normativa de procedimiento administrativo común; los plazos se computan en días hábiles y el solicitante tiene derecho a ser informado del estado de tramitación.

Recursos y reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (arts. 23 y 24)

Régimen de impugnaciones (art. 23): el recurso contencioso-administrativo es la vía jurisdiccional frente a las resoluciones en materia de acceso; frente a las resoluciones dictadas por las administraciones públicas no cabe recurso de alzada, sino la reclamación potestativa regulada en el artículo 24, que sustituye a los recursos administrativos. Reclamación (art. 24): frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Se interpone en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El Consejo da traslado a los interesados para alegaciones y puede solicitar informe al Consejo o administración que dictó el acto. El plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses, transcurrido el cual se entiende desestimada. Frente a la resolución del Consejo cabe recurso contencioso-administrativo (los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo conocen de los recursos contra sus resoluciones) y el Consejo informa al Defensor del Pueblo de las resoluciones. Si la reclamación se dirige contra resoluciones de las comunidades autónomas, su sector público o las entidades locales de su territorio, la competencia corresponde al órgano independiente que establezca la comunidad autónoma, o al Consejo estatal si se ha celebrado convenio; con ello, el ciudadano de un municipio reclama ante el órgano autonómico (si existe) y, en defecto, ante el Consejo estatal. Si la solicitud de acceso es denegada por un ayuntamiento, la vía es: resolución expresa o silencio, reclamación potestativa en un mes ante el órgano de transparencia competente y recurso contencioso-administrativo; no hay recurso de reposición simultáneo a la reclamación, aunque el solicitante puede optar por acudir directamente a la vía contencioso-administrativa.

Esquemas de memoria y confusiones frecuentes

Plazos: un mes para resolver el acceso, ampliable otro mes; diez días para concretar una solicitud imprecisa; quince días de alegaciones a terceros; un mes para la reclamación ante el órgano de transparencia; tres meses para que este resuelva; silencio negativo en ambos casos. Umbrales del artículo 3.b: más de 100.000 euros de ayudas o subvenciones en un año, o al menos el 40 por 100 de los ingresos anuales con un mínimo de 5.000 euros. Participación pública superior al 50 por 100 en sociedades mercantiles para estar incluidas. Límites del art. 14: doce supuestos (letras a a l), siempre justificados y proporcionados. Causas de inadmisión del art. 18: cinco supuestos. Confusiones: no hay que motivar la solicitud; el derecho de acceso es de todas las personas, no solo de los interesados; la reclamación ante el órgano de transparencia es potestativa y no un recurso de alzada; la publicidad activa no depende de que se pida; las solicitudes de información sobre un procedimiento en curso por parte de los interesados se rigen por la ley de procedimiento; y el acceso es gratuito salvo las copias o cambios de formato. Resumen de la relación con la protección de datos: si se piden datos especialmente protegidos, hace falta consentimiento expreso y por escrito; si no, se pondera el interés público frente a los derechos del afectado y se concede acceso parcial cuando proceda.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; objeto triple: transparencia, derecho de acceso y buen gobierno (art. 1).
  • Los órganos de comunidades autónomas y entidades locales dispusieron de dos años para adaptarse a las obligaciones del título I.
  • Sujetos obligados del art. 2: administraciones, sector público, corporaciones de derecho público y órganos constitucionales en sus actividades sujetas a derecho administrativo; sociedades con más del 50 por 100 de capital público.
  • Art. 3: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas con más de 100.000 euros de ayudas en un año o al menos el 40 por 100 de sus ingresos (mínimo 5.000 euros).
  • Publicidad activa: de oficio, periódica y actualizada, clara, estructurada y en formatos reutilizables (art. 5).
  • Contenido: información institucional (art. 6), de relevancia jurídica (art. 7) y económica, presupuestaria y estadística (art. 8).
  • Todas las personas tienen derecho de acceso (art. 12); no hay que motivar la solicitud (art. 17).
  • Doce límites en el art. 14 (letras a a l), con test del daño y del interés público; acceso parcial en el art. 16.
  • Cinco causas de inadmisión en el art. 18, siempre mediante resolución motivada.
  • Resolución en un mes, ampliable por otro mes; silencio negativo (art. 20). Audiencia a terceros: quince días; concretar la solicitud: diez días.
  • Reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un mes; resolución en tres meses con silencio desestimatorio (art. 24); sustituye a los recursos administrativos.
  • Frente a entidades locales reclama el órgano autonómico independiente o, por convenio, el Consejo estatal.
  • El acceso es gratuito; solo copias o cambio de formato pueden dar lugar a exacciones (art. 22).
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Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 24 de Administrativo Ayuntamiento?

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene un triple objeto (art. 1): ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a esa actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, con las consecuencias de su incumplimiento. Se aplica a todas las administraciones públicas, a las entidades de su sector público y a otros sujetos (art. 2), así como, en lo relativo a la publicidad activa, a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que reciban fondos públicos por encima de ciertos umbrales (art. 3). La transparencia se articula a través de dos instrumentos: la publicidad activa (arts. 5 a 11), que obliga a publicar de oficio información institucional, organizativa, de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y estadística; y el derecho de acceso a la información pública (arts. 12 a 24), reconocido a todas las personas, sin necesidad de motivar la solicitud, con un procedimiento reglado: solicitud, inadmisión motivada, tramitación con audiencia de terceros, resolución en el plazo máximo de un mes ampliable a otro, silencio negativo y reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o el órgano autonómico equivalente, previa a la vía contencioso-administrativa. El acceso se limita por los supuestos del artículo 14 y por la protección de datos personales del artículo 15.

¿Qué hay que memorizar del Tema 24 para el examen?

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; objeto triple: transparencia, derecho de acceso y buen gobierno (art. 1). Los órganos de comunidades autónomas y entidades locales dispusieron de dos años para adaptarse a las obligaciones del título I. Sujetos obligados del art. 2: administraciones, sector público, corporaciones de derecho público y órganos constitucionales en sus actividades sujetas a derecho administrativo; sociedades con más del 50 por 100 de capital público. Art. 3: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas con más de 100.000 euros de ayudas en un año o al menos el 40 por 100 de sus ingresos (mínimo 5.000 euros). Publicidad activa: de oficio, periódica y actualizada, clara, estructurada y en formatos reutilizables (art. 5). Contenido: información institucional (art. 6), de relevancia jurídica (art. 7) y económica, presupuestaria y estadística (art. 8). Todas las personas tienen derecho de acceso (art. 12); no hay que motivar la solicitud (art. 17). Doce límites en el art. 14 (letras a a l), con test del daño y del interés público; acceso parcial en el art. 16. Cinco causas de inadmisión en el art. 18, siempre mediante resolución motivada. Resolución en un mes, ampliable por otro mes; silencio negativo (art. 20). Audiencia a terceros: quince días; concretar la solicitud: diez días. Reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un mes; resolución en tres meses con silencio desestimatorio (art. 24); sustituye a los recursos administrativos. Frente a entidades locales reclama el órgano autonómico independiente o, por convenio, el Consejo estatal. El acceso es gratuito; solo copias o cambio de formato pueden dar lugar a exacciones (art. 22).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, art. 105.b
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887), arts. 1 a 24 y 33 y siguientes
  • Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

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