Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura. Valores superiores del ordenamiento constitucional. Los principios fundamentales de la Constitución: la soberanía, la división de poderes, la representación política, la participación política. La reforma constitucional
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
Tema de apertura de todo temario de acceso a la función pública española: sitúa la Constitución de 1978 como norma suprema del ordenamiento jurídico, describe su proceso de elaboración y su estructura formal, y desarrolla los valores y principios que la vertebran (Estado social y democrático de Derecho, valores superiores, soberanía nacional, división de poderes, representación y participación política). Cierra con los procedimientos de reforma del Título X y las reformas efectivamente realizadas. Es la base conceptual del resto de temas del bloque constitucional (derechos fundamentales, organización territorial) y del bloque de derecho administrativo.
Elaboración y caracteres de la Constitución de 1978
La Constitución nace de la transición política iniciada con la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 dieron lugar a unas Cortes con funciones constituyentes; una Ponencia de siete miembros redactó el anteproyecto, que fue debatido en la Comisión Constitucional del Congreso y en el Senado. El texto fue aprobado por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificado por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionado por el Rey el 27 de diciembre y publicado en el BOE el 29 de diciembre de 1978, fecha de su entrada en vigor. Entre sus caracteres se citan: es una constitución escrita y codificada, extensa (169 artículos), de consenso, normativa (vincula directamente a ciudadanos y poderes públicos, art. 9.1) y rígida, porque su reforma exige un procedimiento cualificado distinto del legislativo ordinario. No contiene cláusulas de intangibilidad: cualquier contenido puede reformarse, aunque con distinto grado de dificultad, de modo que se habla de una democracia no militante (cabe defender ideas contrarias a la Constitución siempre que no se vulneren los medios democráticos y jurídicos).
Estructura formal de la Constitución
La Constitución Española consta de un Preámbulo, un Título Preliminar (arts. 1 a 9) y diez Títulos numerados del I al X (arts. 10 a 169), además de cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Estructura por Títulos: Preliminar (arts. 1-9, principios estructurales); I, De los derechos y deberes fundamentales (arts. 10-55); II, De la Corona (arts. 56-65); III, De las Cortes Generales (arts. 66-96); IV, Del Gobierno y de la Administración (arts. 97-107); V, De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108-116); VI, Del Poder Judicial (arts. 117-127); VII, Economía y Hacienda (arts. 128-136); VIII, De la Organización Territorial del Estado (arts. 137-158); IX, Del Tribunal Constitucional (arts. 159-165); y X, De la reforma constitucional (arts. 166-169). El Título I se divide en cinco capítulos: I (De los españoles y extranjeros, arts. 11-13), II (Derechos y libertades, arts. 14-38), III (Principios rectores de la política social y económica, arts. 39-52), IV (Garantías de las libertades y derechos fundamentales, arts. 53-54) y V (Suspensión de los derechos y libertades, art. 55). El Preámbulo carece de valor normativo directo pero tiene valor interpretativo como expresión de la voluntad constituyente.
El Estado social y democrático de Derecho y los valores superiores (art. 1.1 CE)
El artículo 1.1 CE proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estado de Derecho: sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento (art. 9.1), imperio de la ley, división de poderes, legalidad de la Administración (arts. 103 y 106), reconocimiento de derechos fundamentales y control judicial. Estado social: obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas (art. 9.2) y se concreta en los principios rectores del Capítulo III del Título I. Estado democrático: la soberanía reside en el pueblo y se articula mediante sufragio, pluralismo político y participación (arts. 1.2, 6 y 23). Los valores superiores tienen valor normativo y función informadora y orientadora de todo el ordenamiento: sirven de criterio de interpretación de las demás normas, cuyo sentido debe ser conforme con ellos, y de parámetro de la actuación de los poderes públicos. Algunos se desarrollan en otros preceptos: la igualdad en el art. 14 (igualdad ante la ley) y en el art. 9.2 (igualdad material), el pluralismo político en el art. 6 (partidos políticos). No deben confundirse con los principios del art. 9.3 ni con los derechos fundamentales, aunque guardan estrecha relación con ambos.
Los principios fundamentales del Título Preliminar
El Título Preliminar contiene los principios estructurales del Estado. Art. 1: Estado social y democrático de Derecho (1.1), soberanía nacional del pueblo español del que emanan los poderes del Estado (1.2) y Monarquía parlamentaria como forma política del Estado (1.3). Art. 2: unidad de la Nación española y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, y solidaridad entre ellas. Art. 3: castellano como lengua oficial del Estado, y demás lenguas españolas oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas según sus Estatutos. Art. 4: bandera de España (rojo, amarillo y rojo, con la franja amarilla de doble anchura). Art. 5: capital del Estado en la villa de Madrid. Art. 6: partidos políticos, expresión del pluralismo político, cuya estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Art. 7: sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. Art. 8: Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire), con la misión de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Art. 9: sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento (9.1), mandato de promoción de la igualdad real (9.2) y garantía de los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3).
Soberanía, división de poderes, representación y participación políticas
Soberanía (art. 1.2 CE): reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Es un poder originario, único e indivisible; las Comunidades Autónomas tienen autonomía, no soberanía. División de poderes: la Constitución no la enuncia expresamente, pero la articula en su organización: poder legislativo, en las Cortes Generales, que representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan al Gobierno (art. 66); poder ejecutivo, en el Gobierno, que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97); y poder judicial, ejercido por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1). Existen controles y colaboraciones entre poderes (por ejemplo, investidura y responsabilidad política del Gobierno ante el Congreso, disolución de las Cortes, control judicial de la actuación administrativa en el art. 106). Representación política: las Cortes Generales representan al pueblo español (art. 66.1), los parlamentarios no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2), los partidos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular (art. 6) y el sufragio es universal, libre, igual, directo y secreto en el Congreso (art. 68.5), regulado por la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General. Participación política: derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (art. 23.1) y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2); mandato a los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2). Instrumentos de democracia directa: referéndum consultivo sobre decisiones políticas de especial trascendencia (art. 92), referéndum de reforma constitucional (art. 168), de aprobación de Estatutos (arts. 151 y 152) y la iniciativa legislativa popular (art. 87.3), para la que la Ley Orgánica 3/1984 exige 500.000 firmas acreditadas, y de la que se excluyen las materias propias de ley orgánica, las tributarias o de carácter internacional y la prerrogativa de gracia. Otras vías: el derecho de petición (art. 29), la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento administrativo (art. 105) y el jurado y la acción popular (art. 125).
La reforma constitucional: iniciativa, procedimientos y límites (Título X)
Iniciativa (art. 166 CE): se ejerce en los términos de los apartados 1 y 2 del art. 87, es decir, corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas; queda excluida la iniciativa legislativa popular (art. 87.3). El procedimiento ordinario (art. 167 CE) exige la aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara. Si no hay acuerdo, se intenta obtenerlo mediante una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante este procedimiento, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. Aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (referéndum facultativo). El procedimiento agravado (art. 168 CE) se aplica a la revisión total de la Constitución o a la parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas) o al Título II (la Corona). Se aprueba el principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara y se procede a la disolución inmediata de las Cortes; las Cámaras elegidas deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que debe ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras; y la reforma se somete a referéndum obligatorio. Límites circunstanciales (art. 169 CE): no puede iniciarse la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del art. 116 (alarma, excepción y sitio). Reformas realizadas hasta hoy, todas por el procedimiento del art. 167 y sin referéndum: la del art. 13.2 (agosto de 1992, extensión del derecho de sufragio pasivo a los extranjeros en elecciones municipales, para adaptarse al Tratado de Maastricht); la del art. 135 (septiembre de 2011, principio de estabilidad presupuestaria); y la del art. 49 (febrero de 2024, sustitución del término disminuidos por personas con discapacidad y refuerzo de su protección). Nunca se ha utilizado el procedimiento agravado.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La CE de 1978 fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre, ratificada en referéndum el 6 de diciembre, sancionada el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978.
El proceso constituyente arranca de la Ley 1/1977 para la Reforma Política y de las elecciones del 15 de junio de 1977.
Consta de Preámbulo + Título Preliminar (arts. 1-9) + Títulos I a X (arts. 10-169) + 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.
El Título I (arts. 10-55) regula los derechos y deberes fundamentales; el Título X (arts. 166-169), la reforma constitucional.
Orden de los Títulos: II Corona, III Cortes Generales, IV Gobierno y Administración, V relaciones Gobierno-Cortes, VI Poder Judicial, VII Economía y Hacienda, VIII Organización Territorial, IX Tribunal Constitucional.
Art. 1.1 CE: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.
Los cuatro valores superiores del ordenamiento son: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (no confundir con los principios del art. 9.3).
Los valores superiores tienen valor normativo y función informadora e interpretativa de todo el ordenamiento.
Art. 1.2 CE: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Art. 1.3 CE: la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Trampa típica: el Estado español no es federal; la autonomía de las Comunidades Autónomas no implica soberanía (art. 2 CE).
La Constitución no menciona expresamente la división de poderes, pero la articula: Cortes Generales (legislativo), Gobierno (ejecutivo), Jueces y Tribunales (judicial).
Art. 66.1 CE: las Cortes Generales representan al pueblo español; art. 67.2: los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo.
Art. 23 CE: derecho a participar en asuntos públicos y a acceder a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad.
Art. 87.3 CE: iniciativa legislativa popular (500.000 firmas según la LO 3/1984); no procede en materias de ley orgánica, tributarias, internacionales ni prerrogativa de gracia.
Art. 92 CE: el referéndum consultivo lo convoca el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados.
Existen dos procedimientos de reforma constitucional: ordinario (art. 167) y agravado (art. 168).
Procedimiento ordinario (art. 167): mayoría de 3/5 en cada Cámara; Comisión paritaria; en último término, 2/3 del Congreso con mayoría absoluta previa del Senado.
El referéndum en la reforma ordinaria es solo facultativo: lo pueden pedir una décima parte de los miembros de cualquier Cámara en los 15 días siguientes a la aprobación.
Procedimiento agravado (art. 168): revisión total o parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I o al Título II (Corona).
Agravado: 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras con 2/3 y referéndum obligatorio.
La iniciativa de reforma (art. 166) corresponde al Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de las CCAA; no cabe iniciativa popular.
Art. 169 CE: no puede iniciarse la reforma en tiempo de guerra ni durante los estados de alarma, excepción o sitio.
Reformas constitucionales realizadas: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011) y art. 49 (2024); todas por el art. 167 y sin referéndum.
El art. 9.3 CE garantiza: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento (principio de supremacía constitucional) y todo el ordenamiento debe interpretarse conforme a ella.
El Preámbulo no es norma jurídica directamente aplicable, pero sirve como criterio de interpretación.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 169 CE, la reforma constitucional no podrá iniciarse:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Administrativo Ayuntamiento?
Tema de apertura de todo temario de acceso a la función pública española: sitúa la Constitución de 1978 como norma suprema del ordenamiento jurídico, describe su proceso de elaboración y su estructura formal, y desarrolla los valores y principios que la vertebran (Estado social y democrático de Derecho, valores superiores, soberanía nacional, división de poderes, representación y participación política). Cierra con los procedimientos de reforma del Título X y las reformas efectivamente realizadas. Es la base conceptual del resto de temas del bloque constitucional (derechos fundamentales, organización territorial) y del bloque de derecho administrativo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
La CE de 1978 fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre, ratificada en referéndum el 6 de diciembre, sancionada el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. El proceso constituyente arranca de la Ley 1/1977 para la Reforma Política y de las elecciones del 15 de junio de 1977. Consta de Preámbulo + Título Preliminar (arts. 1-9) + Títulos I a X (arts. 10-169) + 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. El Título I (arts. 10-55) regula los derechos y deberes fundamentales; el Título X (arts. 166-169), la reforma constitucional. Orden de los Títulos: II Corona, III Cortes Generales, IV Gobierno y Administración, V relaciones Gobierno-Cortes, VI Poder Judicial, VII Economía y Hacienda, VIII Organización Territorial, IX Tribunal Constitucional. Art. 1.1 CE: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Los cuatro valores superiores del ordenamiento son: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (no confundir con los principios del art. 9.3). Los valores superiores tienen valor normativo y función informadora e interpretativa de todo el ordenamiento. Art. 1.2 CE: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Art. 1.3 CE: la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Trampa típica: el Estado español no es federal; la autonomía de las Comunidades Autónomas no implica soberanía (art. 2 CE). La Constitución no menciona expresamente la división de poderes, pero la articula: Cortes Generales (legislativo), Gobierno (ejecutivo), Jueces y Tribunales (judicial). Art. 66.1 CE: las Cortes Generales representan al pueblo español; art. 67.2: los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo. Art. 23 CE: derecho a participar en asuntos públicos y a acceder a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad. Art. 87.3 CE: iniciativa legislativa popular (500.000 firmas según la LO 3/1984); no procede en materias de ley orgánica, tributarias, internacionales ni prerrogativa de gracia. Art. 92 CE: el referéndum consultivo lo convoca el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. Existen dos procedimientos de reforma constitucional: ordinario (art. 167) y agravado (art. 168). Procedimiento ordinario (art. 167): mayoría de 3/5 en cada Cámara; Comisión paritaria; en último término, 2/3 del Congreso con mayoría absoluta previa del Senado. El referéndum en la reforma ordinaria es solo facultativo: lo pueden pedir una décima parte de los miembros de cualquier Cámara en los 15 días siguientes a la aprobación. Procedimiento agravado (art. 168): revisión total o parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I o al Título II (Corona). Agravado: 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras con 2/3 y referéndum obligatorio. La iniciativa de reforma (art. 166) corresponde al Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de las CCAA; no cabe iniciativa popular. Art. 169 CE: no puede iniciarse la reforma en tiempo de guerra ni durante los estados de alarma, excepción o sitio. Reformas constitucionales realizadas: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011) y art. 49 (2024); todas por el art. 167 y sin referéndum. El art. 9.3 CE garantiza: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento (principio de supremacía constitucional) y todo el ordenamiento debe interpretarse conforme a ella. El Preámbulo no es norma jurídica directamente aplicable, pero sirve como criterio de interpretación.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978; BOE-A-1978-31229): Preámbulo, Título Preliminar, Título I (arts. 10-55) y Título X (arts. 166-169).
Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política.
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.
Reformas de la Constitución Española: de 27 de agosto de 1992 (art. 13.2), de 27 de septiembre de 2011 (art. 135) y de 15 de febrero de 2024 (art. 49).
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