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Tema 11. Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión

Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025 · Índice oficial del Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP..

Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.

Los recursos administrativos son los medios de impugnación de los actos de la Administración ante la propia Administración, regulados en el Título V, Capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (arts. 112 a 126). Se estudian su concepto, clases y principios generales (objeto, actos que agotan la vía administrativa, interposición, causas de inadmisión, suspensión, audiencia y resolución), y los tres recursos de la Ley: el recurso de alzada (arts. 121 y 122), el recurso potestativo de reposición (arts. 123 y 124) y el recurso extraordinario de revisión (arts. 125 y 126). Se completa con su relación con el recurso contencioso-administrativo y con la peculiaridad del régimen local.

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Concepto, clases y objeto de los recursos administrativos (art. 112)

El recurso administrativo es el acto del administrado por el que solicita a la Administración la revocación o reforma de un acto administrativo anterior, alegando una infracción del ordenamiento jurídico. Se sustancia ante la propia Administración y se distingue de la revisión de oficio (iniciativa de la Administración) y del recurso contencioso-administrativo (ante los tribunales). Clases: ordinarios (alzada y reposición, que pueden fundarse en cualquier infracción, ya sea nulidad o anulabilidad) y extraordinario (de revisión, solo por causas tasadas y contra actos firmes). Art. 112.1: contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados (los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos), los interesados pueden interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabe fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48. La oposición a los restantes actos de trámite puede alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Art. 112.2: las leyes pueden sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad de la materia lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos de la Ley. Art. 112.3: contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa; los recursos contra un acto administrativo que se funden en la nulidad de una disposición general pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó la disposición (impugnación indirecta). Art. 112.4: las reclamaciones económico-administrativas se ajustan a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

Actos que ponen fin a la vía administrativa (art. 114)

Ponen fin a la vía administrativa (art. 114.1): a) las resoluciones de los recursos de alzada; b) las resoluciones de los procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje a que se refiere el art. 112.2; c) las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario; d) los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento; e) la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive; f) la resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el art. 90.4; g) las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Régimen local (art. 52 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local): ponen fin a la vía administrativa las resoluciones del Pleno, del Alcalde o Presidente y de las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante estas en los supuestos del art. 27.2 LBRL; las de las autoridades y órganos inferiores en los casos en que resuelvan por delegación del Alcalde, del Pleno u otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa; y las de cualquier otra autoridad cuando así lo disponga una ley. En consecuencia, en el ámbito local, frente a un acto del Pleno o del Alcalde no cabe alzada, solo reposición potestativa o recurso contencioso-administrativo.

Principios generales de la regulación: interposición, inadmisión y calificación (arts. 115 y 116)

Interposición (art. 115): la interposición del recurso se hace mediante escrito que contiene: el nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo; el acto que se recurre y la razón de su impugnación; lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones; órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación; y las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no es obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter (principio antiformalista). Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no pueden ser alegados por quienes los hubieren causado. Causas de inadmisión (art. 116): el órgano al que corresponda resolver el recurso puede acordar motivadamente su inadmisión por las siguientes causas: a) ser incompetente el órgano administrativo, sin perjuicio de que la incompetencia pueda ser salvada por la remisión del recurso al órgano que resulte competente; b) carecer de legitimación el recurrente; c) tratarse de un acto no susceptible de recurso; d) haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso; e) carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Suspensión de la ejecución, audiencia y resolución (arts. 117 a 119)

Suspensión (art. 117): la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado. No obstante, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente por la eficacia inmediata del acto recurrido, puede suspender de oficio o a solicitud del recurrente la ejecución cuando concurran alguna de estas circunstancias: a) que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación; b) que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el art. 47.1. Al dictar el acuerdo de suspensión, el órgano puede adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado; cuando de la suspensión puedan derivar perjuicios de cualquier naturaleza, puede exigirse la prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos. Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico del órgano competente no se ha dictado y notificado resolución expresa, se entiende suspendido el acto. La suspensión se prolonga después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de esta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Audiencia (art. 118): cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se ponen de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se tienen en cuenta en la resolución de los recursos hechos, documentos o alegaciones del recurrente que, habiendo podido aportar en el trámite de alegaciones, no lo haya hecho. Si hay otros interesados, se les da traslado del recurso para que, en el plazo anterior, aleguen lo que estimen procedente. El recurrente puede, en cualquier momento, aportar documentos que no pudo aportar antes. Resolución (art. 119): la resolución del recurso estima en todo o en parte o desestima las pretensiones formuladas o declara su inadmisión. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordena la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda reproducirse el acto. El órgano que resuelve el recurso decide cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados; en este último caso, se les oye previamente. No obstante, la resolución es congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial (prohibición de reformatio in peius).

El recurso de alzada (arts. 121 y 122)

Objeto: las resoluciones y actos a que se refiere el art. 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, pueden ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó (art. 121.1). Interposición: el recurso puede interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo; si se interpone ante el órgano que dictó el acto impugnado, este debe remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente; el titular del órgano que dictó el acto recurrido es responsable directo de la remisión. Plazos (art. 122): el plazo para la interposición es de un mes si el acto es expreso; si no lo es, el plazo es de tres meses y se cuenta, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se producen los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución es firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses; transcurrido sin que recaiga resolución, se puede entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el art. 24.1, tercer párrafo (alzada contra desestimación presunta de solicitud, que se entiende estimado si no se resuelve). Contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos del art. 125.1. Alzada impropia: la que se dirige a un órgano que no es superior jerárquico del que dictó el acto, como ocurre en ciertos organismos públicos y en las entidades sujetas a tutela. En el ámbito local no hay alzada contra actos del Pleno, del Alcalde ni de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de la alzada ante el Alcalde o el Pleno contra actos de órganos inferiores que no pongan fin a la vía administrativa.

El recurso potestativo de reposición (arts. 123 y 124)

Objeto y naturaleza (art. 123): los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa pueden ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Es potestativo: el interesado elige entre reposición y recurso contencioso-administrativo directo. Si se interpone, no se puede interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Plazos (art. 124): el plazo para la interposición del recurso de reposición es de un mes si el acto es expreso; si no lo es, el plazo es de tres meses y se cuenta, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos, la resolución es firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso es de un mes. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo dicho recurso. Régimen local: es el recurso administrativo habitual frente a los actos del Pleno, del Alcalde y de la Junta de Gobierno Local, que ponen fin a la vía administrativa (art. 52 LBRL). Para impugnar judicialmente tras reposición expresa, el plazo contencioso-administrativo es de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la resolución del recurso; si es presunta, seis meses desde el día siguiente a aquel en que el recurso de reposición se entienda presuntamente desestimado (art. 46.1 LJCA).

El recurso extraordinario de revisión (arts. 125 y 126)

Procede contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias (art. 125.1): a) que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; b) que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida; c) que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución; d) que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Se interpone ante el órgano administrativo que dictó el acto que se impugna, que también es el competente para resolverlo (art. 125.2). Plazos (art. 125.3): cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada en el supuesto de la letra a); en los demás casos, tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos (b) o desde que la sentencia judicial quedó firme (c y d). Resolución (art. 126): el órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo, cuando el recurso no se funde en alguna de las causas del art. 125.1 o se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. El órgano debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición sin haberse dictado y notificado la resolución, se entiende desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. Es un recurso extraordinario: causas tasadas, contra actos firmes, sin suspensión automática y no sustituye a los recursos ordinarios.

Relación con la vía judicial y cuadro comparativo

Los actos que ponen fin a la vía administrativa son recurribles ante el orden contencioso-administrativo (Ley 29/1998), en el plazo de dos meses si el acto es expreso (contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación) y de seis meses si es presunto, contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 LJCA). La exigencia de agotar previamente la vía administrativa es excepcional; la regla general es la impugnación directa de los actos que ponen fin a ella. Cuadro de diferencias: alzada = contra actos que no agotan la vía, ante el superior jerárquico, plazo de un mes (acto expreso) o tres meses (presunto), resuelve en tres meses, silencio desestimatorio salvo excepción; reposición = contra actos que agotan la vía, ante el mismo órgano, potestativo, plazo de un mes o tres meses, resuelve en un mes; extraordinario de revisión = contra actos firmes, causas tasadas, ante el mismo órgano que dictó el acto, plazo de cuatro años (error de hecho) o tres meses (resto de causas), resuelve en tres meses.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Recursos ordinarios: alzada y reposición potestativa (cualquier infracción de los arts. 47 y 48); extraordinario de revisión: causas tasadas y actos firmes.
  • Actos de trámite recurribles (art. 112.1): deciden el fondo, impiden continuar, causan indefensión o perjuicio irreparable; los demás se alegan en la resolución final.
  • Contra disposiciones generales no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3); sí impugnación indirecta ante el órgano que dictó la disposición.
  • Las leyes pueden sustituir la alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación o arbitraje ante órganos no sometidos a instrucciones jerárquicas (art. 112.2).
  • Las reclamaciones económico-administrativas se rigen por su legislación específica (art. 112.4).
  • Ponen fin a la vía administrativa (art. 114.1): resoluciones de alzada, de los procedimientos sustitutivos del 112.2, de órganos sin superior jerárquico, convenios finalizadores, responsabilidad patrimonial, procedimientos complementarios sancionadores, y los previstos en norma.
  • Local (art. 52 LBRL): ponen fin a la vía administrativa las resoluciones del Pleno, del Alcalde o Presidente y de la Junta de Gobierno Local, y las dictadas por delegación en esos casos.
  • Contra actos del Pleno, del Alcalde y de la Junta de Gobierno Local no cabe alzada: reposición potestativa o contencioso-administrativo.
  • Error en la calificación del recurso no impide su tramitación si se deduce su verdadero carácter (art. 115.2).
  • Los vicios que hagan anulable un acto no pueden ser alegados por quienes los hubieren causado (art. 115.3).
  • Causas de inadmisión (art. 116): incompetencia del órgano (con remisión), falta de legitimación, acto no recurrible, plazo vencido y falta manifiesta de fundamento.
  • Regla general: la interposición del recurso no suspende la ejecución del acto (art. 117.1).
  • Suspensión por el órgano que resuelve: perjuicios de imposible o difícil reparación, o impugnación fundada en nulidad de pleno derecho; silencio positivo si en un mes no se resuelve.
  • Audiencia en recursos (art. 118): solo si hay nuevos hechos o documentos; plazo no inferior a diez ni superior a quince días.
  • Resolución (art. 119): estima, desestima o inadmite; retroacción si hay vicio de forma; decide cuestiones no alegadas oyendo previamente; prohibición de reformatio in peius.
  • Alzada: ante el superior jerárquico; se puede presentar ante el órgano que dictó el acto, que debe remitirla en diez días con informe y expediente.
  • Plazo de interposición de alzada y reposición: un mes (acto expreso) y tres meses (acto presunto, desde el día siguiente a los efectos del silencio).
  • Plazo máximo de resolución: tres meses en alzada y un mes en reposición; el silencio es desestimatorio, salvo la alzada contra desestimación presunta de solicitud que no verse sobre materias de silencio negativo.
  • Contra la resolución de la alzada no cabe otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión.
  • La reposición es potestativa: no se puede acudir al contencioso mientras no se haya resuelto o desestimado presuntamente; no cabe reponer una resolución de reposición.
  • Recurso extraordinario de revisión: cuatro causas (error de hecho, documentos esenciales, documentos o testimonios falsos, prevaricación, cohecho, violencia o maquinación declaradas por sentencia penal firme).
  • Plazos del recurso extraordinario: cuatro años desde la notificación (error de hecho); tres meses desde el conocimiento de los documentos o la firmeza de la sentencia (resto).
  • Recurso extraordinario: se interpone ante el órgano que dictó el acto, que lo resuelve; resolución en tres meses; silencio desestimatorio.
  • Plazo contencioso-administrativo: dos meses si el acto es expreso, seis meses si es presunto (art. 46.1 LJCA).
  • Error típico: confundir la firmeza en vía administrativa (extraordinario de revisión) con agotar la vía administrativa (reposición potestativa o contencioso).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

El recurso extraordinario de revisión por error de hecho que resulte de los propios documentos del expediente puede interponerse en el plazo de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 11 de Administrativo Ayuntamiento?

Los recursos administrativos son los medios de impugnación de los actos de la Administración ante la propia Administración, regulados en el Título V, Capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (arts. 112 a 126). Se estudian su concepto, clases y principios generales (objeto, actos que agotan la vía administrativa, interposición, causas de inadmisión, suspensión, audiencia y resolución), y los tres recursos de la Ley: el recurso de alzada (arts. 121 y 122), el recurso potestativo de reposición (arts. 123 y 124) y el recurso extraordinario de revisión (arts. 125 y 126). Se completa con su relación con el recurso contencioso-administrativo y con la peculiaridad del régimen local.

¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?

Recursos ordinarios: alzada y reposición potestativa (cualquier infracción de los arts. 47 y 48); extraordinario de revisión: causas tasadas y actos firmes. Actos de trámite recurribles (art. 112.1): deciden el fondo, impiden continuar, causan indefensión o perjuicio irreparable; los demás se alegan en la resolución final. Contra disposiciones generales no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3); sí impugnación indirecta ante el órgano que dictó la disposición. Las leyes pueden sustituir la alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación o arbitraje ante órganos no sometidos a instrucciones jerárquicas (art. 112.2). Las reclamaciones económico-administrativas se rigen por su legislación específica (art. 112.4). Ponen fin a la vía administrativa (art. 114.1): resoluciones de alzada, de los procedimientos sustitutivos del 112.2, de órganos sin superior jerárquico, convenios finalizadores, responsabilidad patrimonial, procedimientos complementarios sancionadores, y los previstos en norma. Local (art. 52 LBRL): ponen fin a la vía administrativa las resoluciones del Pleno, del Alcalde o Presidente y de la Junta de Gobierno Local, y las dictadas por delegación en esos casos. Contra actos del Pleno, del Alcalde y de la Junta de Gobierno Local no cabe alzada: reposición potestativa o contencioso-administrativo. Error en la calificación del recurso no impide su tramitación si se deduce su verdadero carácter (art. 115.2). Los vicios que hagan anulable un acto no pueden ser alegados por quienes los hubieren causado (art. 115.3). Causas de inadmisión (art. 116): incompetencia del órgano (con remisión), falta de legitimación, acto no recurrible, plazo vencido y falta manifiesta de fundamento. Regla general: la interposición del recurso no suspende la ejecución del acto (art. 117.1). Suspensión por el órgano que resuelve: perjuicios de imposible o difícil reparación, o impugnación fundada en nulidad de pleno derecho; silencio positivo si en un mes no se resuelve. Audiencia en recursos (art. 118): solo si hay nuevos hechos o documentos; plazo no inferior a diez ni superior a quince días. Resolución (art. 119): estima, desestima o inadmite; retroacción si hay vicio de forma; decide cuestiones no alegadas oyendo previamente; prohibición de reformatio in peius. Alzada: ante el superior jerárquico; se puede presentar ante el órgano que dictó el acto, que debe remitirla en diez días con informe y expediente. Plazo de interposición de alzada y reposición: un mes (acto expreso) y tres meses (acto presunto, desde el día siguiente a los efectos del silencio). Plazo máximo de resolución: tres meses en alzada y un mes en reposición; el silencio es desestimatorio, salvo la alzada contra desestimación presunta de solicitud que no verse sobre materias de silencio negativo. Contra la resolución de la alzada no cabe otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión. La reposición es potestativa: no se puede acudir al contencioso mientras no se haya resuelto o desestimado presuntamente; no cabe reponer una resolución de reposición. Recurso extraordinario de revisión: cuatro causas (error de hecho, documentos esenciales, documentos o testimonios falsos, prevaricación, cohecho, violencia o maquinación declaradas por sentencia penal firme). Plazos del recurso extraordinario: cuatro años desde la notificación (error de hecho); tres meses desde el conocimiento de los documentos o la firmeza de la sentencia (resto). Recurso extraordinario: se interpone ante el órgano que dictó el acto, que lo resuelve; resolución en tres meses; silencio desestimatorio. Plazo contencioso-administrativo: dos meses si el acto es expreso, seis meses si es presunto (art. 46.1 LJCA). Error típico: confundir la firmeza en vía administrativa (extraordinario de revisión) con agotar la vía administrativa (reposición potestativa o contencioso).

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), arts. 112 a 126.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE-A-1985-5392), art. 52.
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE-A-1998-16718), art. 46.1.

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