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Tema 40. Intervención administrativa local en la actividad privada. Procedimiento de concesión de licencias

Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025 · Índice oficial del Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP..

Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, pueden intervenir en la actividad de los ciudadanos para tutelar el interés general (seguridad, salubridad, medio ambiente urbano, orden público, patrimonio histórico). Los medios de intervención se enumeran en el artículo 84 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local: ordenanzas y bandos, sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, sometimiento a comunicación previa o declaración responsable, sometimiento a control posterior al inicio de la actividad y órdenes individuales. Bajo la influencia de la Directiva 2006/123/CE de servicios, la Ley 17/2009 y la Ley 12/2012, el sistema ha pasado del control preventivo generalizado (licencia) al control posterior (declaración responsable y comunicación previa), de modo que la licencia es hoy la excepción justificada por razones imperiosas de interés general y proporcionalidad. El procedimiento de concesión de licencias se rige por la legislación sectorial y autonómica, la ordenanza municipal, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto de 17 de junio de 1955) y la Ley 39/2015.

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Fundamento y límites de la intervención local en la actividad privada

La intervención administrativa en la actividad privada se funda en la potestad de policía (o de ordenación) de la Administración: limitar derechos e intereses de los particulares en beneficio del interés general, con sujeción al principio de legalidad. Las entidades locales ostentan competencias propias en materias que justifican la intervención (art. 25.2 LBRL): urbanismo, medio ambiente urbano, protección de la salubridad pública, seguridad en lugares públicos, tráfico, ferias, abastos, mercados, comercio ambulante, defensa de usuarios y consumidores, entre otras. Límites: legalidad (toda restricción de derechos exige cobertura legal; la ordenanza puede completar, no sustituir, a la ley), proporcionalidad y elección de la medida menos restrictiva, no discriminación, motivación y respeto al contenido esencial de los derechos (libertad de empresa, art. 38 CE; propiedad, art. 33 CE). Los reglamentos y ordenanzas locales no pueden contravenir normas de rango superior. La Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, obliga a que las autoridades competentes apliquen los principios de necesidad y proporcionalidad cuando limiten el acceso o el ejercicio de una actividad económica.

Medios de intervención del artículo 84 de la LBRL

El artículo 84.1 de la Ley 7/1985 enumera los medios de intervención de las entidades locales en la actividad de los ciudadanos: a) ordenanzas y bandos; b) sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo; c) sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable; d) sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma; e) órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. Las ordenanzas fijan la regulación general; los bandos, de carácter excepcional y más limitado, se dictan por el alcalde para recordar o aplicar normas ya vigentes y para atender situaciones de urgencia. La orden individual es un acto administrativo singular que impone a un destinatario concreto hacer o no hacer (por ejemplo, la orden de ejecución de obras de conservación). El artículo 84.2 exige que la actividad de intervención respete el principio de igualdad de trato, sea congruente con los motivos y fines justificativos y respete el principio de proporcionalidad, eligiendo la medida menos restrictiva entre las posibles. El artículo 84 bis establece que, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a licencia ni a otro medio de control preventivo; sólo cabe cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el entorno urbano, o del patrimonio histórico-artístico, o cuando se trate de instalaciones o infraestructuras de impacto en esos bienes, y siempre de forma proporcionada. El artículo 84 ter permite que las entidades locales sometan el inicio de actividades a control posterior mediante declaración responsable o comunicación previa, y que la ordenanza regule la forma de verificación.

Marco normativo de la liberalización de las actividades

La Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de servicios), obliga a los Estados a suprimir los regímenes de autorización que no estén justificados por razones imperiosas de interés general, sean no discriminatorios y proporcionados. Se transpuso a nuestro ordenamiento por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley paraguas), y por la Ley 25/2009 (modificaciones para su adaptación), que reformó entre otras la LBRL para introducir los actuales artículos 84, 84 bis y 84 ter. La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, suprimió la licencia municipal previa para el inicio de actividades comerciales minoristas y de prestación de determinados servicios, enumerados en su anexo, realizados en establecimientos permanentes cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados, que quedan sometidos a declaración responsable o comunicación previa, y también la licencia para obras ligadas a dicho acondicionamiento que no requieran proyecto de obra. Esa exención no alcanza, en general, a actividades con impacto en el patrimonio histórico-artístico o determinadas instalaciones con ciertos riesgos. La Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, refuerza el principio de eficacia nacional de las autorizaciones y la necesidad de motivar las restricciones. Las leyes autonómicas de comercio, espectáculos públicos y actividades recreativas, turismo, ambiente y salud desarrollan estos regímenes.

Las licencias de actividad y otros tipos de licencias en el ámbito local

Licencia es el acto administrativo por el que la entidad local autoriza a una persona a ejercer una actividad o realizar una obra u otra actuación, tras comprobar que se ajusta a la normativa. Son actos reglados, de control preventivo, con efectos declarativos (reconocen un derecho preexistente), en principio transmisibles salvo que sean personales, y se conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. Tipos principales: licencias urbanísticas (obras, parcelación, primera ocupación, cambios de uso); licencias de apertura o de actividad y funcionamiento, que verifican la adecuación de un establecimiento a la normativa urbanística, ambiental, de seguridad y de sanidad; licencias de actividades clasificadas (molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, sometidas al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961, que sigue siendo supletorio en defecto de normativa autonómica, y hoy sustituidas en parte por la normativa autonómica de calificación ambiental y la de espectáculos públicos); licencias de instalación de terrazas y veladores, ocupación de la vía pública, vados y reservas de aparcamiento, rótulos y publicidad exterior, licencias de autotaxi (según la normativa de transporte), venta ambulante y puestos en mercadillos (autorización de uso del dominio público), tenencia de animales potencialmente peligrosos, y licencias de espectáculos públicos y actividades recreativas conforme a la legislación autonómica. Desde el punto de vista de su origen distinguimos licencias de ejercicio de actividad y licencias de obras, y desde el punto de vista del contenido, las licencias regladas y las autorizaciones de carácter discrecional (se dan en el uso privativo del dominio público, donde hay margen de apreciación y las autorizaciones son revocables).

Procedimiento de concesión de licencias

El procedimiento se rige por la legislación sectorial y autonómica aplicable, por la ordenanza local reguladora, por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL, Decreto de 17 de junio de 1955) como norma supletoria, y por la Ley 39/2015. Fases: 1) Iniciación a instancia de parte mediante solicitud, que debe acompañarse de la documentación exigida (proyecto técnico, memoria, justificante del pago de tasa en su caso); las personas jurídicas y los demás sujetos del artículo 14 de la Ley 39/2015 están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. 2) Subsanación: si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido (art. 68 Ley 39/2015). 3) Instrucción: informes de los servicios técnicos y jurídicos municipales y, en su caso, de otras Administraciones; información pública cuando lo requiera la normativa (por ejemplo, determinadas actividades clasificadas, con notificación a los vecinos inmediatos); audiencia al interesado antes de la propuesta de resolución cuando se vaya a denegar. 4) Resolución del órgano competente (alcalde o Junta de Gobierno Local según la organización municipal; art. 21.1.q y 127.1.e LBRL), que debe ser motivada si deniega, o concede con condiciones, y notificarse al interesado. 5) Plazos y silencio: el plazo máximo para resolver es el que fije la normativa autonómica o la ordenanza; en su defecto, tres meses (art. 21.3 Ley 39/2015). El silencio administrativo es positivo con carácter general (art. 24 Ley 39/2015), con las excepciones legales: es negativo cuando se pretendan facultades contrarias a la ordenación o que afecten al dominio público o al medio ambiente en los términos de la legislación básica. La licencia obtenida por silencio no puede amparar actuaciones contrarias al ordenamiento. 6) Ejecución y eficacia: la licencia se otorga con un plazo de vigencia y puede ser prorrogada; caduca por falta de inicio o interrupción de la actividad conforme a las normas aplicables; su titular puede transmitirla comunicándolo a la Administración. 7) Control posterior: inspección y comprobación del cumplimiento; si se incumplen las condiciones, la Administración puede modificar, suspender, revocar o dejar sin efecto la licencia, previa audiencia, con indemnización en los casos en que proceda.

Declaración responsable, comunicación previa y control posterior

La declaración responsable (art. 69.1 Ley 39/2015) es el documento por el que el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento. La comunicación previa (art. 69.2) pone en conocimiento de la Administración los datos identificativos y los demás relevantes para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Efectos: permiten el reconocimiento o ejercicio del derecho o el inicio de la actividad desde el día de su presentación (art. 69.3), sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o manifestación, o la no presentación, determina la imposibilidad de continuar el ejercicio del derecho o actividad desde que se tenga constancia, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan, y puede obligar a restituir la situación jurídica anterior (art. 69.4). Cuando la actividad exige licencia, el ejercicio sin ella constituye infracción administrativa y la entidad local puede ordenar el cese, la clausura y la sanción. La Administración puede, mediante control posterior, requerir la aportación de documentación y verificar la veracidad. Las ordenanzas deben indicar qué actividades se sujetan a cada régimen y los modelos normalizados.

Licencias y declaraciones responsables en actividades económicas: ventanilla única y coordinación

La tramitación de licencias de actividad debe respetar el principio de ventanilla única y de simplificación; los prestadores pueden realizar los trámites por vía electrónica a través de la ventanilla única de la Directiva de servicios. Las licencias de actividad concurren con otras autorizaciones sectoriales (sanitarias, ambientales, de protección contra incendios, de accesibilidad, de ruido), que se tramitan en coordinación mediante informes vinculantes cuando la ley así lo establece. Con arreglo a la normativa de ruido (Ley 37/2003, del Ruido) y las ordenanzas locales, las licencias pueden establecer límites de emisión acústica. Los ayuntamientos pueden exigir tasas por la prestación de los servicios administrativos de licencia (tasa por licencias urbanísticas, de apertura), exigibles aun cuando la licencia se sustituya por declaración responsable en los términos que las ordenanzas fiscales prevean, y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) cuando haya obras. Contra los actos de concesión o denegación cabe recurso de reposición potestativo o recurso contencioso-administrativo; terceros interesados pueden impugnar licencias contrarias a la legalidad urbanística, y en materia urbanística existe acción pública.

Otros mecanismos: órdenes individuales, inspección y régimen sancionador

Además de la licencia y la declaración responsable, las entidades locales utilizan las órdenes individuales (mandatos para hacer o no hacer), la inspección de establecimientos y actividades y el ejercicio de la potestad sancionadora conforme al título XI de la LBRL (tipificación de infracciones por ordenanza dentro de los criterios del artículo 139 y siguientes, con cuantías máximas de las multas por infracción leve, grave y muy grave según el artículo 141, graduables según los criterios de la ley) y a la Ley 40/2015 (principios de la potestad sancionadora). Sin perjuicio de la sanción, la Administración puede adoptar medidas provisionales y de restablecimiento (suspensión, clausura, precintado) y acudir a la ejecución forzosa mediante apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas, en los términos de los artículos 99 y siguientes de la Ley 39/2015. Estos medios son los que garantizan el cumplimiento de las licencias concedidas y de la normativa.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Medios de intervención (art. 84.1 LBRL): ordenanzas y bandos; licencia y otros controles preventivos; comunicación previa o declaración responsable; control posterior; órdenes individuales.
  • Art. 84 bis LBRL: la licencia no es la regla; solo si está justificada y es proporcionada (orden público, seguridad, salud pública, medio ambiente urbano, patrimonio histórico-artístico).
  • Art. 84 ter LBRL: control posterior al inicio de la actividad, mediante declaración responsable o comunicación previa.
  • Ley 12/2012: sin licencia previa las actividades comerciales y de servicios del anexo hasta 750 m2 de superficie útil de exposición y venta; declaración responsable o comunicación previa.
  • Directiva 2006/123/CE y Ley 17/2009: fundamento del régimen de autorización restringido.
  • La licencia es un acto reglado, declarativo, que se concede salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
  • Plazo supletorio de resolución: tres meses (art. 21.3 Ley 39/2015); subsanación: diez días (art. 68); silencio positivo con excepciones y sin amparar facultades contrarias al ordenamiento.
  • Declaración responsable: afirma el cumplimiento de requisitos; comunicación previa: informa de datos. Ambas producen efectos desde su presentación (art. 69.3).
  • Competencia: alcalde (art. 21.1.q LBRL) o Junta de Gobierno Local en municipios de gran población (art. 127.1.e LBRL).
  • El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (1961) y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (1955) son normas supletorias, afectadas por la legislación autonómica.
  • La inexactitud esencial en una declaración responsable impide continuar la actividad y puede dar lugar a sanciones.
  • A revisar por un humano: qué actividades requieren licencia y cuáles declaración responsable depende de la ordenanza y de la legislación autonómica.
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La diferencia entre declaración responsable y comunicación previa es que:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 40 de Administrativo Ayuntamiento?

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, pueden intervenir en la actividad de los ciudadanos para tutelar el interés general (seguridad, salubridad, medio ambiente urbano, orden público, patrimonio histórico). Los medios de intervención se enumeran en el artículo 84 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local: ordenanzas y bandos, sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, sometimiento a comunicación previa o declaración responsable, sometimiento a control posterior al inicio de la actividad y órdenes individuales. Bajo la influencia de la Directiva 2006/123/CE de servicios, la Ley 17/2009 y la Ley 12/2012, el sistema ha pasado del control preventivo generalizado (licencia) al control posterior (declaración responsable y comunicación previa), de modo que la licencia es hoy la excepción justificada por razones imperiosas de interés general y proporcionalidad. El procedimiento de concesión de licencias se rige por la legislación sectorial y autonómica, la ordenanza municipal, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto de 17 de junio de 1955) y la Ley 39/2015.

¿Qué hay que memorizar del Tema 40 para el examen?

Medios de intervención (art. 84.1 LBRL): ordenanzas y bandos; licencia y otros controles preventivos; comunicación previa o declaración responsable; control posterior; órdenes individuales. Art. 84 bis LBRL: la licencia no es la regla; solo si está justificada y es proporcionada (orden público, seguridad, salud pública, medio ambiente urbano, patrimonio histórico-artístico). Art. 84 ter LBRL: control posterior al inicio de la actividad, mediante declaración responsable o comunicación previa. Ley 12/2012: sin licencia previa las actividades comerciales y de servicios del anexo hasta 750 m2 de superficie útil de exposición y venta; declaración responsable o comunicación previa. Directiva 2006/123/CE y Ley 17/2009: fundamento del régimen de autorización restringido. La licencia es un acto reglado, declarativo, que se concede salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. Plazo supletorio de resolución: tres meses (art. 21.3 Ley 39/2015); subsanación: diez días (art. 68); silencio positivo con excepciones y sin amparar facultades contrarias al ordenamiento. Declaración responsable: afirma el cumplimiento de requisitos; comunicación previa: informa de datos. Ambas producen efectos desde su presentación (art. 69.3). Competencia: alcalde (art. 21.1.q LBRL) o Junta de Gobierno Local en municipios de gran población (art. 127.1.e LBRL). El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (1961) y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (1955) son normas supletorias, afectadas por la legislación autonómica. La inexactitud esencial en una declaración responsable impide continuar la actividad y puede dar lugar a sanciones. A revisar por un humano: qué actividades requieren licencia y cuáles declaración responsable depende de la ordenanza y de la legislación autonómica.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 21.1.q, 25.2, 84, 84 bis, 84 ter, 127.1.e y título XI).
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 21, 24, 68 y 69).
  • Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
  • Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios.
  • Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
  • Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
  • Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.
  • Decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
  • Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (supletorio).
  • Legislación autonómica de comercio, espectáculos públicos, ambiental y ordenanzas municipales.

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