Tema 6. Fuentes del ordenamiento jurídico español. La ley: concepto y clases. La costumbre. Los principios generales del derecho. Valor de la jurisprudencia. La Constitución como fuente del derecho. Posición de los tratados internacionales y del derecho de la Unión Europea en el sistema de fuentes
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
El sistema de fuentes del derecho español se regula, en su núcleo básico, en el Título Preliminar del Código Civil (arts. 1 a 16), sin perjuicio de que la Constitución, como norma suprema, condicione y module todo ese sistema. Este tema desarrolla la ley (concepto y clases: leyes orgánicas y ordinarias, normas con rango de ley estatales y autonómicas), la costumbre, los principios generales del derecho, el valor complementario de la jurisprudencia, la Constitución como fuente y norma suprema, y la posición de los tratados internacionales y del derecho de la Unión Europea en el sistema de fuentes. Comprender la jerarquía y el juego entre ley, reglamento, costumbre y principios generales es imprescindible para resolver cualquier caso práctico de derecho administrativo.
Las fuentes del ordenamiento jurídico según el Código Civil
El art. 1.1 del Código Civil enumera como fuentes del ordenamiento jurídico español la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, que se aplican según ese orden de prelación. El art. 1.2 CC dispone que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior (jerarquía normativa). El art. 1.3 CC establece que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada; los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. El art. 1.4 CC señala que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. El art. 1.5 CC dispone que las normas jurídicas contenidas en tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. El art. 1.6 CC reconoce a la jurisprudencia la función de complementar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. El art. 1.7 CC impone a los jueces y tribunales el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Competencia: el Estado ostenta competencia exclusiva sobre la determinación de las fuentes del Derecho, con respeto a las normas de derecho foral o especial (art. 149.1.8 CE).
La ley: concepto y clases
En sentido amplio, la ley es toda norma jurídica escrita emanada de los órganos con potestad normativa reconocida por el ordenamiento. En sentido estricto o formal, es la norma aprobada por las Cortes Generales o por los Parlamentos autonómicos conforme al procedimiento legislativo, con rango superior al de los reglamentos. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado (art. 66.2 CE). El procedimiento legislativo comprende la iniciativa (Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas autonómicas; iniciativa legislativa popular, art. 87.3), la tramitación en ambas Cámaras (el Senado dispone de dos meses para vetar o enmendar el texto, reducidos a veinte días en proyectos declarados urgentes, art. 90 CE), la sanción real en el plazo de quince días (art. 91 CE), la promulgación y la publicación. Clases de leyes estatales: Leyes Orgánicas (art. 81 CE), reservadas a las materias de desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, aprobación de los Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previstas en la Constitución, que requieren mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto; y Leyes Ordinarias, aprobadas por mayoría simple. Entre ambas rige el principio de competencia o reserva material, no de jerarquía, y la reserva de ley orgánica se interpreta restrictivamente. Otras categorías: leyes de bases y leyes marco (art. 150.1 CE), leyes de armonización (art. 150.3), leyes de presupuestos (art. 134 CE, que no pueden crear tributos salvo habilitación por una ley tributaria sustantiva) y leyes autonómicas, aprobadas por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas dentro de sus competencias. Normas del Gobierno con rango de ley: los Decretos Legislativos (arts. 82 a 85 CE), dictados previa delegación de las Cortes mediante una ley de bases (texto articulado) o una ley ordinaria (texto refundido), con determinación expresa de la materia y del plazo, sin subdelegación; y los Decretos-leyes (art. 86 CE), que solo pueden dictarse en caso de extraordinaria y urgente necesidad, no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general, y deben ser convalidados por el Congreso dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. Quedan fuera de la delegación en Comisiones (art. 75.3 CE) la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
La potestad reglamentaria y la jerarquía normativa
Por debajo de las normas con rango de ley se sitúan los reglamentos, dictados por el Gobierno y las Administraciones en ejercicio de la potestad reglamentaria (art. 97 CE). Están sometidos a la Constitución y a la ley (art. 9.3 y art. 103 CE) y a los límites de los arts. 128 y siguientes de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común: los reglamentos no podrán vulnerar la Constitución ni las leyes ni regular materias reservadas a la ley, ni tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, cánones u otras cargas, salvo habilitación legal. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE). Se distinguen los reglamentos ejecutivos (desarrollan una ley) y los independientes. El principio de jerarquía normativa (arts. 9.3 CE y 1.2 CC) ordena las normas: Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas y ordinarias y normas con rango de ley, reglamentos del Gobierno (decretos) y, por debajo, órdenes ministeriales y demás disposiciones de rango inferior. La relación entre las normas estatales y las autonómicas se rige por el principio de competencia, no de jerarquía. Un reglamento no puede derogar o modificar una ley (inderogabilidad singular de los reglamentos: art. 37 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público).
La costumbre y los principios generales del derecho
La costumbre es un uso social reiterado, practicado con conciencia de su obligatoriedad jurídica (opinio iuris). Se distingue entre costumbre secundum legem (confirma lo dispuesto en la ley), praeter legem (suple la laguna legal, que es la única admitida con carácter general por el art. 1.3 CC) y contra legem (contraria a la ley, no admitida). En derecho público su papel es muy limitado, por el principio de legalidad, aunque el derecho foral y especial admite con mayor amplitud el valor de la costumbre (por ejemplo, el derecho civil de Galicia, regulado por la Ley 2/2006, de 14 de junio). Los usos jurídicos se tratan como costumbre. Los principios generales del derecho son las ideas fundamentales e informadoras que inspiran el ordenamiento, con tres funciones: informadora (inspiran la creación e interpretación de normas), integradora (colman lagunas del ordenamiento en defecto de ley y costumbre) e interpretativa. Algunos principios se han positivizado en la Constitución (art. 9.3: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad; art. 14: igualdad) y en leyes (por ejemplo, el art. 3 de la Ley 40/2015 incluye entre los principios de actuación de las Administraciones públicas la buena fe, la confianza legítima, la lealtad institucional, la eficacia y la proporcionalidad). Otros principios del derecho administrativo son el de proporcionalidad, el de confianza legítima, el de interdicción del enriquecimiento injusto y el de non bis in idem.
Valor de la jurisprudencia
La jurisprudencia es la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Según el art. 1.6 CC, complementa el ordenamiento jurídico: no es fuente del derecho en sentido estricto, pero vincula en la práctica a los órganos inferiores por el cauce del recurso de casación, que sirve para unificar la doctrina. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123 CE), y los Jueces y Magistrados están sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE). La doctrina del Tribunal Constitucional tiene un valor reforzado: sus sentencias tienen valor de cosa juzgada, se publican en el BOE, y las que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley tienen plenos efectos frente a todos (art. 164 CE). Conforme al art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vincula a los órganos judiciales nacionales en la interpretación del derecho de la Unión (art. 4 bis LOPJ).
La Constitución como fuente del derecho y su posición en el sistema de fuentes
La Constitución de 1978 no es solo el marco que organiza las fuentes del derecho, sino que es en sí misma la primera fuente del ordenamiento: norma jurídica suprema, directamente aplicable y vinculante para todos los poderes públicos y los ciudadanos (art. 9.1 CE). Sus funciones en el sistema de fuentes son: establecer los órganos con potestad normativa y los procedimientos de producción normativa (es norma sobre la producción jurídica), delimitar el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (arts. 148 y 149) y contener normas materiales directamente aplicables (derechos fundamentales). Todas las demás normas deben interpretarse de conformidad con ella (principio de interpretación conforme) y quedan sujetas al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional (recurso y cuestión de inconstitucionalidad, arts. 161 y 163 CE). El principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) articula las relaciones entre las distintas normas: Constitución, leyes orgánicas y ordinarias, normas con rango de ley, y reglamentos, en orden decreciente. La disposición derogatoria 3ª CE derogó cuantas disposiciones se opusieran a lo establecido en ella. Junto con los Estatutos de Autonomía y las leyes que delimitan competencias, forma el bloque de la constitucionalidad (art. 28.1 LOTC).
Los tratados internacionales y el derecho de la Unión Europea
Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE), y sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. Ocupan una posición supralegal e infraconstitucional: prevalecen sobre las leyes (por el art. 96.1) pero no pueden contradecir la Constitución. Si un tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución, su celebración exige previa revisión constitucional (art. 95.1 CE), y el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción (art. 95.2 CE). Los arts. 93 y 94 CE regulan la autorización de las Cortes: el art. 93 permite, mediante ley orgánica, autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (cauce de la integración de España en la Unión Europea); el art. 94 exige autorización previa de las Cortes para obligarse por medio de ciertos tratados (de carácter político o militar, que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I, que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas). La Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales regula su celebración, aplicación e interpretación. Los tratados sobre derechos fundamentales orientan la interpretación de los derechos constitucionales (art. 10.2 CE). El derecho de la Unión Europea se integra en el ordenamiento español en virtud del art. 93 CE: el derecho originario (los Tratados constitutivos, TUE y TFUE, y la Carta de los Derechos Fundamentales) y el derecho derivado (Reglamentos, Directivas, Decisiones) gozan de primacía sobre el derecho interno de los Estados miembros, incluidas las normas con rango de ley, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (asunto Costa/ENEL, 1964), y de aplicabilidad directa los Reglamentos, sin necesidad de norma interna de transposición; las Directivas, en cambio, requieren transposición mediante norma interna dentro del plazo fijado. La Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional distinguió entre la primacía del derecho de la Unión, que opera en el ámbito de las competencias cedidas, y la supremacía de la Constitución, que se mantiene como norma suprema del ordenamiento interno. Un Estado puede ser declarado responsable por el incumplimiento o la transposición incorrecta del derecho de la Unión.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 1.1 CC enumera como fuentes del ordenamiento la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
El orden de prelación es: ley, en su defecto costumbre, en defecto de ambas principios generales del derecho.
La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, no debe ser contraria a la moral o al orden público, y debe resultar probada (art. 1.3 CC).
Los principios generales del derecho tienen función informadora del ordenamiento aunque exista ley o costumbre aplicable (art. 1.4 CC).
El art. 1.5 CC exige la publicación íntegra en el BOE para que los tratados sean de aplicación directa en España.
El art. 1.6 CC atribuye a la jurisprudencia del Tribunal Supremo la función de complementar el ordenamiento jurídico.
Trampa típica: la jurisprudencia no figura entre las fuentes del art. 1.1 CC; es un elemento complementario.
Art. 1.2 CC y art. 9.3 CE: carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior (jerarquía normativa).
Las Leyes Orgánicas (art. 81 CE) exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto.
Las Leyes Orgánicas se reservan a materias tasadas: derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previstas en la Constitución.
Las Leyes Ordinarias se aprueban por mayoría simple; entre ley orgánica y ordinaria rige el principio de competencia, no de jerarquía.
Los Decretos Legislativos (arts. 82-85 CE) son normas con rango de ley dictadas por el Gobierno previa delegación de las Cortes: ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria (texto refundido).
Los Decretos-leyes (art. 86 CE) exigen extraordinaria y urgente necesidad; no pueden afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni derecho electoral general; convalidación por el Congreso en 30 días.
El Senado dispone de dos meses para vetar o enmendar un texto (veinte días en urgencia); el Rey sanciona en quince días (arts. 90 y 91 CE).
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y fuente del derecho por sí misma; vincula a todos (art. 9.1 CE).
Todas las normas deben interpretarse conforme a la Constitución y están sujetas al control del Tribunal Constitucional.
Los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes ni regular materias reservadas a la ley.
Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE).
Los tratados solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse según lo previsto en ellos mismos o según el Derecho Internacional.
Un tratado contrario a la Constitución exige previa revisión constitucional (art. 95 CE); el TC puede declarar la contradicción a requerimiento del Gobierno o de las Cámaras.
El art. 93 CE (ley orgánica) es el cauce de la integración de España en la Unión Europea; el art. 94 CE exige autorización de las Cortes para ciertos tratados.
El derecho de la Unión Europea goza de primacía sobre el derecho interno, pero no sobre la Constitución según la Declaración 1/2004 del TC (primacía frente a supremacía).
Los Reglamentos de la UE tienen aplicabilidad directa; las Directivas requieren transposición dentro de plazo (art. 288 TFUE).
Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 1.4 CC, los principios generales del derecho se aplicarán:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Administrativo Ayuntamiento?
El sistema de fuentes del derecho español se regula, en su núcleo básico, en el Título Preliminar del Código Civil (arts. 1 a 16), sin perjuicio de que la Constitución, como norma suprema, condicione y module todo ese sistema. Este tema desarrolla la ley (concepto y clases: leyes orgánicas y ordinarias, normas con rango de ley estatales y autonómicas), la costumbre, los principios generales del derecho, el valor complementario de la jurisprudencia, la Constitución como fuente y norma suprema, y la posición de los tratados internacionales y del derecho de la Unión Europea en el sistema de fuentes. Comprender la jerarquía y el juego entre ley, reglamento, costumbre y principios generales es imprescindible para resolver cualquier caso práctico de derecho administrativo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
El art. 1.1 CC enumera como fuentes del ordenamiento la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. El orden de prelación es: ley, en su defecto costumbre, en defecto de ambas principios generales del derecho. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, no debe ser contraria a la moral o al orden público, y debe resultar probada (art. 1.3 CC). Los principios generales del derecho tienen función informadora del ordenamiento aunque exista ley o costumbre aplicable (art. 1.4 CC). El art. 1.5 CC exige la publicación íntegra en el BOE para que los tratados sean de aplicación directa en España. El art. 1.6 CC atribuye a la jurisprudencia del Tribunal Supremo la función de complementar el ordenamiento jurídico. Trampa típica: la jurisprudencia no figura entre las fuentes del art. 1.1 CC; es un elemento complementario. Art. 1.2 CC y art. 9.3 CE: carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior (jerarquía normativa). Las Leyes Orgánicas (art. 81 CE) exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. Las Leyes Orgánicas se reservan a materias tasadas: derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previstas en la Constitución. Las Leyes Ordinarias se aprueban por mayoría simple; entre ley orgánica y ordinaria rige el principio de competencia, no de jerarquía. Los Decretos Legislativos (arts. 82-85 CE) son normas con rango de ley dictadas por el Gobierno previa delegación de las Cortes: ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria (texto refundido). Los Decretos-leyes (art. 86 CE) exigen extraordinaria y urgente necesidad; no pueden afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni derecho electoral general; convalidación por el Congreso en 30 días. El Senado dispone de dos meses para vetar o enmendar un texto (veinte días en urgencia); el Rey sanciona en quince días (arts. 90 y 91 CE). La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y fuente del derecho por sí misma; vincula a todos (art. 9.1 CE). Todas las normas deben interpretarse conforme a la Constitución y están sujetas al control del Tribunal Constitucional. Los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes ni regular materias reservadas a la ley. Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE). Los tratados solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse según lo previsto en ellos mismos o según el Derecho Internacional. Un tratado contrario a la Constitución exige previa revisión constitucional (art. 95 CE); el TC puede declarar la contradicción a requerimiento del Gobierno o de las Cámaras. El art. 93 CE (ley orgánica) es el cauce de la integración de España en la Unión Europea; el art. 94 CE exige autorización de las Cortes para ciertos tratados. El derecho de la Unión Europea goza de primacía sobre el derecho interno, pero no sobre la Constitución según la Declaración 1/2004 del TC (primacía frente a supremacía). Los Reglamentos de la UE tienen aplicabilidad directa; las Directivas requieren transposición dentro de plazo (art. 288 TFUE). Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229): arts. 9, 66, 75, 81, 82-86, 87, 90-91, 93-96, 117, 123, 149.1.8, 164.
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil: Título Preliminar, arts. 1 a 16.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (arts. 4 bis y 5).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 128 y ss.).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 3 y 37).
Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 288 TFUE).
Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional, de 13 de diciembre.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Administrativo Ayuntamiento.