Tema 8. El silencio administrativo. La ejecutividad de los actos administrativos: fundamento y naturaleza. La invalidez de los actos administrativos: nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Revisión de oficio. La revocación
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
Este tema agrupa las vicisitudes de la eficacia y validez del acto administrativo. El silencio administrativo (arts. 21, 24 y 25 de la Ley 39/2015) es la ficción legal que da respuesta a la falta de resolución expresa en plazo. La ejecutividad (arts. 38 y 98) es la cualidad que permite a la Administración hacer efectivos sus actos sin necesidad de acudir a los tribunales (autotutela ejecutiva). La invalidez (arts. 47 a 52) distingue la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad, y la Administración dispone de instrumentos para depurar sus propios actos: la revisión de oficio de los actos nulos (art. 106), la declaración de lesividad de los anulables favorables (art. 107), la revocación de los actos de gravamen y la rectificación de errores materiales (art. 109), con los límites del art. 110.
La obligación de resolver y el plazo máximo (arts. 21 a 23 LPACAP)
La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación (art. 21.1). Se exceptúan los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación a la Administración. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. El plazo máximo para resolver y notificar es el fijado por la norma reguladora del procedimiento, que no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. El plazo se cuenta: en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación; en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. El personal al servicio de las Administraciones que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables del cumplimiento de la obligación de resolver en plazo. Suspensión del plazo (art. 22): puede suspenderse, entre otros supuestos, cuando deba requerirse al interesado para subsanar deficiencias o aportar documentos (por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su cumplimiento o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido), cuando deban solicitarse informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a un órgano de la misma o distinta Administración (por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, con un máximo de tres meses), o cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. Ampliación del plazo (art. 23): excepcional, cuando se hayan agotado todos los medios personales y materiales disponibles; no puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento, y contra el acuerdo de ampliación no cabe recurso.
El silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 24 LPACAP)
Transcurrido el plazo máximo sin resolución expresa notificada, opera el silencio. Regla general: en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio tiene efecto estimatorio (silencio positivo), salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario. El silencio es desestimatorio (negativo) en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición del art. 29 CE, en aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, en los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. Excepción de la excepción: cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud, se entenderá estimado si, llegado el plazo de resolución, el órgano competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias antes enumeradas (derecho de petición, dominio público, etc.). Efectos: la estimación por silencio tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento; la desestimación por silencio tiene los solos efectos de permitir a los interesados interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. La resolución expresa posterior a la producción del acto presunto se adoptará por la Administración sin vinculación al sentido del silencio cuando este sea desestimatorio; cuando sea estimatorio, la resolución expresa posterior solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo (art. 24.3). Los actos administrativos producidos por silencio se pueden hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y su existencia puede acreditarse mediante certificado, que debe emitirse en el plazo máximo de quince días. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio facultades o derechos contrarios al ordenamiento jurídico (art. 47.1.f: son nulos los actos presuntos por los que se adquieren derechos careciendo de los requisitos esenciales).
El silencio en los procedimientos iniciados de oficio (art. 25 LPACAP) y plazos de impugnación
En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa produce los siguientes efectos: a) en los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo; b) en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad: la resolución que la declare ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos del art. 95. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones, pero el procedimiento caducado no interrumpe el plazo de prescripción. Para impugnar actos presuntos: recurso de alzada o reposición, tres meses contados desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio (arts. 122.1 y 124.1 LPACAP); recurso contencioso-administrativo, seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 LJCA), frente a los dos meses de los actos expresos.
La ejecutividad de los actos administrativos: fundamento y naturaleza
Ejecutividad (o ejecutoriedad) es la cualidad del acto administrativo por la cual puede ser puesto en práctica por la propia Administración, sin necesidad de acudir a los tribunales para que reconozcan su validez. Su fundamento es el privilegio de la autotutela, vinculado a la presunción de validez de los actos y a la satisfacción del interés general (art. 103.1 CE). Se distingue de la validez (adecuación del acto al ordenamiento), de la eficacia (aptitud para producir efectos jurídicos) y de la ejecución forzosa (empleo de medios coactivos para imponerse a la voluntad del obligado). Régimen legal: los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo son inmediatamente ejecutivos (arts. 38 y 98 LPACAP). El art. 98.1 enumera las excepciones en que no son inmediatamente ejecutivos: a) cuando se produzca la suspensión de la ejecución del acto; b) cuando se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición; c) cuando una disposición establezca lo contrario; d) cuando se necesite aprobación o autorización superior. La ejecución de actos que limiten derechos de los particulares requiere resolución previa que le sirva de fundamento jurídico (prohibición de la vía de hecho). La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado (art. 117.1). Suspensión: el órgano a quien competa resolver el recurso puede suspender de oficio o a solicitud del recurrente, previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente por la eficacia inmediata del acto, cuando concurra alguna de estas circunstancias: a) que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación; b) que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del art. 47.1 (art. 117.2). Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico del órgano competente para decidir sobre la misma este no ha dictado y notificado resolución expresa, se entiende suspendido el acto (art. 117.3, silencio positivo de la suspensión). Cuando la resolución sancionadora es ejecutiva, se puede suspender cautelarmente si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo (art. 90.3).
La ejecución forzosa y sus medios
Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, pueden proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial. La ejecución forzosa se efectúa respetando el principio de proporcionalidad y se realiza por los medios siguientes, que se eligen entre los admisibles el menos restrictivo de la libertad individual: a) apremio sobre el patrimonio, para actos que impongan una obligación pecuniaria (se rige por la normativa recaudatoria); b) ejecución subsidiaria, cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado: las Administraciones realizan el acto por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado; c) multa coercitiva, reiterada por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado y que es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas; d) compulsión sobre las personas, en los casos en que la ley expresamente la autorice y dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución; si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Vía de hecho: actuación material de la Administración sin título jurídico que la ampare o con título nulo; el interesado puede formular requerimiento de cesación y acudir después al recurso contencioso-administrativo específico (arts. 30 y 46.3 LJCA) y puede solicitar medidas cautelares (arts. 129 y ss. LJCA).
La invalidez: nulidad de pleno derecho (art. 47 LPACAP)
Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que se encuentren en alguno de los casos siguientes: a) los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (arts. 14 a 29 y 30.2 CE); b) los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) los que tengan un contenido imposible; d) los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; e) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; g) cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. También son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2). Efectos: la nulidad opera ex tunc, es insubsanable (no admite convalidación), imprescriptible en cuanto a su declaración de oficio (puede declararse en cualquier momento) y puede ser apreciada por la Administración (de oficio o a solicitud) y por los tribunales.
La anulabilidad (art. 48 LPACAP) y otros efectos de la invalidez (arts. 49 a 52)
Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (art. 48.1). El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (art. 48.2). La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo (art. 48.3). Efectos: la anulabilidad es subsanable (convalidable), produce efectos ex nunc (el acto vale hasta que se anule), y su impugnación está sometida a plazo: pasado este, el acto deviene firme. Los demás preceptos: art. 49 (límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad: la nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero; la de una parte del acto no implica la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado); art. 50 (conversión de actos viciados: los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este); art. 51 (conservación de actos y trámites: el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción); art. 52 (convalidación: la Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan; si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación puede realizarla el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado; si el vicio consiste en la falta de alguna autorización, puede ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente; la convalidación produce efectos desde su fecha, salvo la retroactividad excepcional del art. 39.3). Esquema de diferencias: nulidad = vicios graves tasados (art. 47), declaración de oficio en cualquier momento previo dictamen favorable del Consejo de Estado, sin convalidación; anulabilidad = cualquier otra infracción (art. 48), impugnable en plazo, convalidable. Las irregularidades no invalidantes son las que no producen indefensión ni afectan a requisitos esenciales y no determinan invalidez del acto.
La revisión de oficio de actos y disposiciones nulos (art. 106 LPACAP)
Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art. 47.1 (art. 106.1). Mismo régimen para la declaración de nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del art. 47.2 (art. 106.2). El dictamen debe ser favorable: si es desfavorable, no cabe declarar la nulidad. El órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen, cuando no se basen en alguna de las causas del art. 47.1, carezcan manifiestamente de fundamento, o se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales (art. 106.3). Al declarar la nulidad, la Administración puede establecer en la misma resolución las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los arts. 32.2 y 34.1 de la Ley 40/2015 (art. 106.4). Plazo: si el procedimiento se inició de oficio, el transcurso de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución produce su caducidad; si se inició a solicitud de interesado, se puede entender desestimada por silencio administrativo (art. 106.5). Suspensión: iniciado el procedimiento, el órgano competente para declarar la nulidad puede suspender la ejecución del acto cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art. 108). Límites (art. 110): las facultades de revisión no pueden ejercerse cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. En el ámbito local, el art. 53 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, remite a la legislación estatal de procedimiento común.
Declaración de lesividad, revocación y rectificación de errores (arts. 107 y 109 LPACAP)
Lesividad (art. 107): las Administraciones Públicas pueden impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al art. 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. La declaración de lesividad no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exige la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento; si transcurren seis meses desde la iniciación del procedimiento sin declaración de lesividad, se produce su caducidad. El recurso contencioso-administrativo (llamado proceso de lesividad) se interpone en el plazo de dos meses desde la declaración (art. 46.5 LJCA). Revocación (art. 109.1): las Administraciones Públicas pueden revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. La revocación (retirada de un acto válido por razones de oportunidad o conveniencia) se distingue de la revisión de oficio (anulación de actos inválidos) en que opera sobre actos de gravamen válidos y no exige dictamen del Consejo de Estado; los actos favorables no pueden revocarse libremente, y solo pueden eliminarse por nulidad (art. 106) o lesividad (art. 107). Rectificación de errores (art. 109.2): las Administraciones pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Requisitos jurisprudenciales del error material: que sea evidente, que se aprecie con los datos del expediente, sin necesidad de interpretaciones jurídicas y sin alterar el sentido sustancial del acto.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Administración está obligada a resolver expresamente (art. 21.1 LPACAP), salvo terminación por pacto o convenio y derechos sujetos solo a comunicación previa.
Plazo máximo para resolver: el fijado por la norma, sin exceder de seis meses salvo ley o Derecho de la UE; si no se fija, tres meses.
El plazo se cuenta desde el acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio y desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente en los iniciados a solicitud.
Suspensión del plazo (art. 22): requerimiento de subsanación, informe preceptivo y determinante (máximo tres meses), pruebas técnicas o análisis contradictorios, entre otros.
Ampliación del plazo (art. 23): excepcional, sin exceder del plazo del procedimiento, y contra el acuerdo no cabe recurso.
Regla general del silencio en procedimientos a solicitud: estimatorio (positivo), salvo norma con rango de ley o de Derecho de la UE que disponga lo contrario.
Silencio desestimatorio: derecho de petición (art. 29 CE), transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente, responsabilidad patrimonial y procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.
Alzada contra desestimación presunta de una solicitud: silencio positivo si no se resuelve en plazo, salvo en las materias que tienen silencio negativo.
Estimación por silencio = acto administrativo finalizador del procedimiento; desestimación por silencio = solo permite recurrir.
Resolución expresa tardía: tras silencio positivo solo puede ser confirmatoria; tras silencio negativo, la Administración resuelve sin vinculación al sentido del silencio.
Certificado acreditativo del silencio: se puede pedir en cualquier momento tras vencer el plazo y debe emitirse en quince días.
Procedimientos iniciados de oficio: silencio desestimatorio para interesados cuando pueda derivar reconocimiento de derechos; caducidad cuando haya efectos desfavorables o de gravamen (sanciones, intervención).
Plazo para recurrir el acto presunto: tres meses en alzada y reposición; seis meses en contencioso-administrativo (frente a uno y dos meses en actos expresos).
Los actos son inmediatamente ejecutivos (arts. 38 y 98 LPACAP), salvo suspensión, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición en contrario o necesidad de aprobación superior.
La interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto, salvo disposición en contrario (art. 117.1).
Suspensión por el órgano que resuelve el recurso: perjuicios de imposible o difícil reparación o impugnación fundada en nulidad de pleno derecho del art. 47.1; silencio positivo a favor de la suspensión si transcurre un mes sin resolución.
Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas; siempre con proporcionalidad y previo apercibimiento.
Entrada en domicilio para la ejecución forzosa: consentimiento del titular o autorización judicial.
Nulidad de pleno derecho (art. 47.1): derechos susceptibles de amparo, incompetencia manifiesta por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, omisión total y absoluta del procedimiento, adquisición de derechos sin requisitos esenciales, y los previstos en ley.
Incompetencia jerárquica no es causa de nulidad: solo la incompetencia manifiesta por razón de materia o territorio.
Anulabilidad (art. 48): cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder; defectos de forma solo si faltan requisitos indispensables o hay indefensión; plazos solo si lo impone la naturaleza del término.
Convalidación: solo de actos anulables; produce efectos desde su fecha; incompetencia no determinante de nulidad se convalida por el superior jerárquico.
Conversión (art. 50), conservación de actos y trámites (art. 51) y límites a la extensión de la invalidez (art. 49): principios de salvamento de los actos.
Revisión de oficio de actos nulos (art. 106.1): en cualquier momento, de oficio o a instancia, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, contra actos firmes o que pusieron fin a la vía administrativa.
Caducidad de la revisión de oficio: seis meses desde su inicio si es de oficio; silencio negativo si se inició a solicitud.
Lesividad: para actos favorables anulables; plazo máximo de cuatro años desde que se dictó el acto; recurso contencioso en dos meses desde la declaración.
Revocación (art. 109.1): solo actos de gravamen o desfavorables, sin dispensa no permitida ni contraria a igualdad, interés público o ordenamiento.
Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos (art. 109.2): en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Si un procedimiento de revisión de oficio de un acto nulo se inició de oficio y transcurren seis meses sin resolución:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 8 de Administrativo Ayuntamiento?
Este tema agrupa las vicisitudes de la eficacia y validez del acto administrativo. El silencio administrativo (arts. 21, 24 y 25 de la Ley 39/2015) es la ficción legal que da respuesta a la falta de resolución expresa en plazo. La ejecutividad (arts. 38 y 98) es la cualidad que permite a la Administración hacer efectivos sus actos sin necesidad de acudir a los tribunales (autotutela ejecutiva). La invalidez (arts. 47 a 52) distingue la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad, y la Administración dispone de instrumentos para depurar sus propios actos: la revisión de oficio de los actos nulos (art. 106), la declaración de lesividad de los anulables favorables (art. 107), la revocación de los actos de gravamen y la rectificación de errores materiales (art. 109), con los límites del art. 110.
¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?
La Administración está obligada a resolver expresamente (art. 21.1 LPACAP), salvo terminación por pacto o convenio y derechos sujetos solo a comunicación previa. Plazo máximo para resolver: el fijado por la norma, sin exceder de seis meses salvo ley o Derecho de la UE; si no se fija, tres meses. El plazo se cuenta desde el acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio y desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente en los iniciados a solicitud. Suspensión del plazo (art. 22): requerimiento de subsanación, informe preceptivo y determinante (máximo tres meses), pruebas técnicas o análisis contradictorios, entre otros. Ampliación del plazo (art. 23): excepcional, sin exceder del plazo del procedimiento, y contra el acuerdo no cabe recurso. Regla general del silencio en procedimientos a solicitud: estimatorio (positivo), salvo norma con rango de ley o de Derecho de la UE que disponga lo contrario. Silencio desestimatorio: derecho de petición (art. 29 CE), transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente, responsabilidad patrimonial y procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. Alzada contra desestimación presunta de una solicitud: silencio positivo si no se resuelve en plazo, salvo en las materias que tienen silencio negativo. Estimación por silencio = acto administrativo finalizador del procedimiento; desestimación por silencio = solo permite recurrir. Resolución expresa tardía: tras silencio positivo solo puede ser confirmatoria; tras silencio negativo, la Administración resuelve sin vinculación al sentido del silencio. Certificado acreditativo del silencio: se puede pedir en cualquier momento tras vencer el plazo y debe emitirse en quince días. Procedimientos iniciados de oficio: silencio desestimatorio para interesados cuando pueda derivar reconocimiento de derechos; caducidad cuando haya efectos desfavorables o de gravamen (sanciones, intervención). Plazo para recurrir el acto presunto: tres meses en alzada y reposición; seis meses en contencioso-administrativo (frente a uno y dos meses en actos expresos). Los actos son inmediatamente ejecutivos (arts. 38 y 98 LPACAP), salvo suspensión, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición en contrario o necesidad de aprobación superior. La interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto, salvo disposición en contrario (art. 117.1). Suspensión por el órgano que resuelve el recurso: perjuicios de imposible o difícil reparación o impugnación fundada en nulidad de pleno derecho del art. 47.1; silencio positivo a favor de la suspensión si transcurre un mes sin resolución. Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas; siempre con proporcionalidad y previo apercibimiento. Entrada en domicilio para la ejecución forzosa: consentimiento del titular o autorización judicial. Nulidad de pleno derecho (art. 47.1): derechos susceptibles de amparo, incompetencia manifiesta por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, omisión total y absoluta del procedimiento, adquisición de derechos sin requisitos esenciales, y los previstos en ley. Incompetencia jerárquica no es causa de nulidad: solo la incompetencia manifiesta por razón de materia o territorio. Anulabilidad (art. 48): cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder; defectos de forma solo si faltan requisitos indispensables o hay indefensión; plazos solo si lo impone la naturaleza del término. Convalidación: solo de actos anulables; produce efectos desde su fecha; incompetencia no determinante de nulidad se convalida por el superior jerárquico. Conversión (art. 50), conservación de actos y trámites (art. 51) y límites a la extensión de la invalidez (art. 49): principios de salvamento de los actos. Revisión de oficio de actos nulos (art. 106.1): en cualquier momento, de oficio o a instancia, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, contra actos firmes o que pusieron fin a la vía administrativa. Caducidad de la revisión de oficio: seis meses desde su inicio si es de oficio; silencio negativo si se inició a solicitud. Lesividad: para actos favorables anulables; plazo máximo de cuatro años desde que se dictó el acto; recurso contencioso en dos meses desde la declaración. Revocación (art. 109.1): solo actos de gravamen o desfavorables, sin dispensa no permitida ni contraria a igualdad, interés público o ordenamiento. Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos (art. 109.2): en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 9.3, 29, 103 y 106.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), arts. 21 a 25, 38, 39, 47 a 52, 90, 98, 106 a 110 y 117.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), arts. 32 y 34.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE-A-1998-16718), arts. 30, 46 y 129 y ss.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 53.
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