Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenecen (art. 79 LBRL). Su régimen jurídico se articula en torno a la Ley 7/1985 (LBRL), el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (Real Decreto Legislativo 781/1986), el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986), la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en lo que tiene carácter básico o supletorio), la legislación autonómica de régimen local y el Código Civil. Los bienes locales se clasifican en bienes de dominio público (de uso público o afectos a un servicio público), bienes patrimoniales o de propios y bienes comunales, categoría propia del régimen local cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. El dominio público es inalienable, inembargable e imprescriptible; los patrimoniales se rigen por el derecho privado salvo las normas de adquisición, enajenación y control; los comunales comparten el régimen del dominio público. Las entidades locales cuentan con prerrogativas para defender su patrimonio (investigación, deslinde, recuperación de oficio, desahucio administrativo), deben inventariar sus bienes e inscribirlos en el Registro de la Propiedad.
Constitución Española: el artículo 132 remite a la ley la regulación del régimen jurídico de los bienes de dominio público y comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, y exige la regulación por ley del patrimonio del Estado y del patrimonio nacional; la autonomía local (arts. 137 y 140) incluye la capacidad de tener patrimonio propio. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL): el título VI, 'Bienes, actividades y servicios y contratación', dedica su capítulo I a los bienes y define el patrimonio de las entidades locales (art. 79). Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL): desarrolla en su título V el régimen de los bienes locales. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB): norma reglamentaria básica en la materia, con amplia aplicación supletoria. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP): solo algunos preceptos son básicos y se aplican a las entidades locales; el resto tiene carácter supletorio. Legislación autonómica de régimen local y de patrimonio, que puede completar el régimen. Código Civil y demás normas de derecho privado, que se aplican a los bienes patrimoniales y supletoriamente. Orden de prelación en la aplicación de normas sobre bienes locales: legislación básica del Estado, legislación autonómica, normas de derecho local y, supletoriamente, el resto del ordenamiento (ver art. 80 LBRL).
Concepto de patrimonio local y clasificación general
El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de sus bienes, derechos y acciones (art. 79.1 LBRL). Los bienes de las entidades locales se clasifican en bienes de dominio público y bienes patrimoniales (art. 79.2 LBRL); los bienes de dominio público local comprenden los de uso o servicio público, y los comunales son los de dominio público cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde al común de los vecinos (art. 79.3 LBRL). Por tanto, la clasificación doctrinal es tripartita: dominio público (de uso público y de servicio público), patrimoniales o de propios y comunales. Criterio de distinción: la afectación (destino) de los bienes. Las entidades locales gozan además de capacidad para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar bienes y ejercitar acciones, de acuerdo con la ley. Existen también otros bienes: bienes de dominio público de otras administraciones situados en el término municipal, y los llamados montes vecinales en mano común, que no pertenecen a la entidad local sino a los vecinos de modo comunitario.
Bienes de dominio público
Son bienes de dominio público los destinados a un uso público (caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y abrevaderos, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local) o a un servicio público (edificios de la corporación, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deportes y, en general, instalaciones destinadas directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las entidades locales), según el artículo 3 del Reglamento de Bienes. Se les atribuye la condición de dominio público por afectación: la afectación puede producirse por disposición general, por acto expreso o por la utilización pública (también cabe la afectación por el uso público efectivo del bien, que el Reglamento de Bienes admite). Régimen jurídico: son inalienables (no pueden venderse ni gravarse mientras mantengan esa condición), inembargables (no se pueden embargar por acreedores) e imprescriptibles (no se adquieren por usucapión), y no están sujetos a tributo (art. 132 CE y normativa local). Los actos de disposición solo son posibles tras su desafectación. La Administración puede recuperarlos de oficio en cualquier tiempo. Las licencias o autorizaciones sobre ellos son siempre revocables; las concesiones se otorgan por plazo determinado (el Reglamento de Bienes fija como máximo 99 años) y no generan derechos adquiridos más allá de lo pactado.
Uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público
Los bienes de dominio público pueden destinarse a uso común (general o especial) o privativo. El uso común general es el que corresponde a todos los ciudadanos indistintamente, de forma que el uso de unos no impida el de los demás (circular por una calle, pasear por un parque); es libre y no requiere título habilitante. El uso común especial es el que, sin impedir el uso general, implica un mayor riesgo, peligrosidad o intensidad, por lo que requiere licencia (por ejemplo, la ocupación de la vía pública con terrazas o la apertura de una zanja). El uso privativo es el que supone la ocupación de una porción del dominio público de modo que se limite o excluya la utilización por otros interesados (puesto de mercado, quiosco), y requiere concesión administrativa cuando la ocupación es de carácter normal y duradero, o autorización cuando el uso sea de carácter temporal o precario. La concesión demanial genera un derecho real administrativo y sus condiciones se fijan en el pliego; la autorización es revocable por razones de interés público sin indemnización en general. En el uso privativo se aplica el principio de concurrencia en el otorgamiento cuando se limite el número de licencias o concesiones disponibles. Las entidades locales pueden exigir tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Bienes patrimoniales o de propios
Son bienes patrimoniales o de propios los que, siendo propiedad de la entidad local, no están destinados a uso o servicio público y pueden constituir fuentes de ingresos para el erario de la entidad (inmuebles arrendables, solares, fincas rústicas, valores y acciones, créditos, derechos reales). La doctrina distingue entre bienes patrimoniales y los llamados 'propios' (bienes patrimoniales productores de renta). Su régimen es predominantemente de derecho privado: sus relaciones se rigen por el Código Civil y la legislación patrimonial, pero la adquisición, el procedimiento de enajenación o gravamen, el control de los actos y la competencia de los órganos municipales se sujetan a normas de derecho público. A diferencia del dominio público, son enajenables, embargables con ciertos límites y prescriptibles, salvo los que estén afectos materialmente a un uso o servicio público. La enajenación requiere, con carácter general, expediente con valoración técnica, subasta pública salvo supuestos legales (permuta, cesión gratuita a otras administraciones o entidades sin ánimo de lucro, adjudicación directa en los casos tasados) y acuerdo del órgano competente: el Pleno cuando la cuantía exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y en todo caso de tres millones de euros, y el alcalde en los demás casos, con las autorizaciones o comunicaciones a la comunidad autónoma que establezca su legislación (arts. 21.1.p y 22.2.l LBRL).
Bienes comunales
Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde al común de los vecinos (art. 79.3 LBRL). Se trata de bienes de dominio público local de titularidad municipal (o de otra entidad local, como la entidad local menor) con un régimen especial: los vecinos, por su condición de tales, se aprovechan directamente de sus productos (pastos, leñas, cultivos) según la costumbre local, las ordenanzas o, en su defecto, el sistema de adjudicación en lotes o suertes, o en último extremo por subasta. Se rigen por el principio de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad como el resto del dominio público; no pueden enajenarse ni gravarse, y su desafectación como bienes comunales exige un procedimiento especial: acuerdo del Pleno con la mayoría absoluta del número legal de miembros (art. 47.2.n LBRL), tras exposición pública durante un mes. Los bienes comunales, por su especial carácter, tienen un régimen de aprovechamiento: el aprovechamiento ordinario se realiza en régimen de explotación común o colectiva, y solo a falta de costumbre se acude al reparto; el aprovechamiento extraordinario permite arrendar o conceder parte de los bienes con fines de interés. Hay que distinguirlos de los bienes de propios (que producen ingresos para la entidad) y de los montes vecinales en mano común (de titularidad vecinal, no municipal, Ley 55/1980). Tienen la consideración de comunales los terrenos que, según la costumbre local, se vienen aprovechando de forma común por los vecinos aunque no estuvieran formalmente catalogados, siempre que esa condición se acredite.
Alteración de la calificación jurídica: desafectación y mutación demanial
La alteración de la calificación jurídica de los bienes (cambio de su carácter demanial, comunal o patrimonial) requiere expediente en el que se acredite su oportunidad y legalidad. La desafectación es el acto por el que un bien pierde su condición de dominio público y pasa a ser patrimonial. Es necesario acuerdo del Pleno, información pública de un mes como mínimo y la mayoría absoluta del número legal de miembros en el caso de bienes demaniales y comunales (art. 47.2.n LBRL). La mutación demanial es el cambio de destino entre usos públicos, sin que el bien pierda su condición de dominio público (por ejemplo, de uso público a servicio público): se instruye de forma simplificada. Excepcionalmente, la alteración se produce automáticamente: cuando se aprueba definitivamente un plan urbanístico o proyecto de obras y servicios que lo prevé (desafectación automática), o cuando se produce la adscripción del bien a un servicio distinto. La desafectación de bienes comunales y los requisitos adicionales (por ejemplo, autorización o comunicación a la comunidad autónoma) se rigen también por la legislación autonómica.
Prerrogativas y defensa del patrimonio local
Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos (art. 68 LBRL, que además permite a los vecinos ejercer acciones en su nombre en caso de inactividad, art. 68.2). Disponen de las siguientes potestades (art. 4 LBRL y Reglamento de Bienes): investigación (determinar la titularidad de bienes presuntamente suyos), deslinde (fijar los límites de los inmuebles que pertenecen a la entidad, cuando sean colindantes con fincas de particulares), recuperación de oficio de la posesión (los bienes de dominio público pueden recuperarse en cualquier tiempo; los patrimoniales, solo dentro del año siguiente al despojo, y transcurrido ese plazo, mediante la acción correspondiente ante los tribunales ordinarios), desahucio administrativo (para desalojar a ocupantes sin título de bienes de dominio público) y, en general, las de ejecución forzosa y sanción. La entidad ostenta también la facultad de ejercer la autotutela sobre sus bienes. Los actos de los entes locales sobre bienes se impugnan ante la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo los relativos a bienes patrimoniales, cuyas cuestiones de propiedad y posesión corresponden a la jurisdicción civil.
Inventario, Registro de la Propiedad y conservación
Las entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición (art. 86 TRRL y arts. 17 y siguientes del Reglamento de Bienes). El inventario es aprobado por el Pleno, se rectifica anualmente y se comprueba cada vez que se renueve la corporación; sus copias se remiten a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma. Su custodia y formación corresponde a la Secretaría. El inventario general se organiza por epígrafes: inmuebles, derechos reales, muebles de carácter histórico-artístico, valores mobiliarios, créditos y derechos, vehículos, semovientes, muebles no comprendidos en los anteriores, y bienes y derechos revertibles. Además, deben inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales (art. 82 LBRL), con la certificación del Secretario con el visto bueno del alcalde como título inscribible (cuando no existe título previo). La entidad debe tener un seguro adecuado para los bienes susceptibles. Las entidades locales están obligadas a conservar y mantener sus bienes con la diligencia propia de un buen administrador. Todo bien, por su naturaleza o por su destino, tiene que estar anotado en el inventario, y los bienes demaniales deben ser reflejados con su condición.
Adquisición y régimen de las adquisiciones y gestión de los bienes
Las entidades locales pueden adquirir bienes y derechos por todos los modos admitidos en derecho: atribución de la ley, donación, herencia, legado, compraventa, permuta, expropiación forzosa, prescripción, ocupación (bienes mostrencos) y cualquier otro modo legítimo. La adquisición onerosa de bienes patrimoniales se rige por la legislación patrimonial y exige crédito suficiente y disponible. La aceptación de herencias se entiende hecha a beneficio de inventario. Los bienes patrimoniales pueden arrendarse, cederse en uso o gravarse con las limitaciones legales. Las cesiones gratuitas de bienes patrimoniales están restringidas a administraciones públicas y a entidades sin ánimo de lucro para fines de utilidad pública o interés social. Para los bienes sobre los que se ejerzan derechos reales administrativos de explotación se sigue la licitación pública. La Ley 33/2003 y la legislación contractual (Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que excluye de su ámbito los negocios jurídicos de adquisición de bienes inmuebles, calificados como contratos patrimoniales) completan el régimen.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Clasificación de los bienes locales: dominio público (uso público y servicio público), patrimoniales (o propios) y comunales (art. 79 LBRL). El criterio de distinción es la afectación.
Los bienes comunales son los de dominio público cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos; no son patrimoniales aunque produzcan beneficio.
Dominio público y comunales: inalienables, inembargables e imprescriptibles (art. 132 CE).
Los bienes patrimoniales se rigen por derecho privado, salvo normas de adquisición, enajenación y control; son enajenables y prescriptibles.
Normas básicas: LBRL (arts. 79 y siguientes), TRRL (RDLeg 781/1986) y Reglamento de Bienes (RD 1372/1986). La LPAP 33/2003 sólo se aplica en lo básico o supletoriamente.
Desafectación: expediente con información pública de un mes y acuerdo del Pleno por mayoría absoluta (art. 47.2.n LBRL). La mutación demanial no hace perder la condición de dominio público.
Recuperación de oficio: bienes demaniales, en cualquier tiempo; patrimoniales, en el plazo de un año desde el despojo.
Concesión demanial: máximo 99 años según el Reglamento de Bienes. Autorización: uso temporal y revocable.
Competencia para enajenar patrimoniales: Pleno si excede del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y en todo caso de 3 millones de euros; alcalde en el resto (arts. 21.1.p y 22.2.l LBRL).
El inventario lo aprueba el Pleno, se rectifica anualmente y se comprueba al renovarse la corporación; los inmuebles deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.
Distinguir bienes comunales de montes vecinales en mano común (titularidad de los vecinos, Ley 55/1980) y de bienes de propios.
Dato a revisar por un humano: los plazos de desafectación de comunales y los umbrales de autorización autonómica varían según la comunidad autónoma.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Los bienes de dominio público local son:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 38 de Administrativo Ayuntamiento?
El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenecen (art. 79 LBRL). Su régimen jurídico se articula en torno a la Ley 7/1985 (LBRL), el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (Real Decreto Legislativo 781/1986), el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986), la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en lo que tiene carácter básico o supletorio), la legislación autonómica de régimen local y el Código Civil. Los bienes locales se clasifican en bienes de dominio público (de uso público o afectos a un servicio público), bienes patrimoniales o de propios y bienes comunales, categoría propia del régimen local cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. El dominio público es inalienable, inembargable e imprescriptible; los patrimoniales se rigen por el derecho privado salvo las normas de adquisición, enajenación y control; los comunales comparten el régimen del dominio público. Las entidades locales cuentan con prerrogativas para defender su patrimonio (investigación, deslinde, recuperación de oficio, desahucio administrativo), deben inventariar sus bienes e inscribirlos en el Registro de la Propiedad.
¿Qué hay que memorizar del Tema 38 para el examen?
Clasificación de los bienes locales: dominio público (uso público y servicio público), patrimoniales (o propios) y comunales (art. 79 LBRL). El criterio de distinción es la afectación. Los bienes comunales son los de dominio público cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos; no son patrimoniales aunque produzcan beneficio. Dominio público y comunales: inalienables, inembargables e imprescriptibles (art. 132 CE). Los bienes patrimoniales se rigen por derecho privado, salvo normas de adquisición, enajenación y control; son enajenables y prescriptibles. Normas básicas: LBRL (arts. 79 y siguientes), TRRL (RDLeg 781/1986) y Reglamento de Bienes (RD 1372/1986). La LPAP 33/2003 sólo se aplica en lo básico o supletoriamente. Desafectación: expediente con información pública de un mes y acuerdo del Pleno por mayoría absoluta (art. 47.2.n LBRL). La mutación demanial no hace perder la condición de dominio público. Recuperación de oficio: bienes demaniales, en cualquier tiempo; patrimoniales, en el plazo de un año desde el despojo. Concesión demanial: máximo 99 años según el Reglamento de Bienes. Autorización: uso temporal y revocable. Competencia para enajenar patrimoniales: Pleno si excede del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y en todo caso de 3 millones de euros; alcalde en el resto (arts. 21.1.p y 22.2.l LBRL). El inventario lo aprueba el Pleno, se rectifica anualmente y se comprueba al renovarse la corporación; los inmuebles deben inscribirse en el Registro de la Propiedad. Distinguir bienes comunales de montes vecinales en mano común (titularidad de los vecinos, Ley 55/1980) y de bienes de propios. Dato a revisar por un humano: los plazos de desafectación de comunales y los umbrales de autorización autonómica varían según la comunidad autónoma.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, art. 132.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 21, 22, 47, 68, 79 y siguientes).
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales en mano común.
Legislación autonómica de régimen local y patrimonio.
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