Tema 31. Conceptos de archivo judicial y de documentación judicial en relación con la legislación vigente en materia de archivos judiciales. Formas de remisión de documentación judicial y relaciones documentales. Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión. Las juntas de expurgo de la documentación judicial.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El archivo judicial es el conjunto organizado de documentos generados por los órganos judiciales, conservados para garantizar su valor jurídico-probatorio, informativo e histórico. El Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, distingue tres niveles —de gestión, territorial y central o histórico— y regula el expurgo como mecanismo controlado de eliminación de documentación sin valor mediante las Juntas de Expurgo. Con la generalización del expediente judicial electrónico (Ley 18/2011 y reformas posteriores, entre ellas el Real Decreto-ley 6/2023 y la Ley Orgánica 1/2025), el archivo se desplaza en gran medida a sistemas electrónicos sometidos a los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad. La formación material de las relaciones de entrega y la gestión del archivo de gestión son cometidos habituales del Cuerpo de Tramitación Procesal.
La documentación judicial comprende el conjunto de expedientes, autos, piezas de convicción y demás documentos generados o recibidos por Juzgados, Tribunales y Fiscalías en el ejercicio de sus funciones, tanto en soporte papel —progresivamente residual tras la generalización del expediente judicial electrónico— como en soporte electrónico, hoy predominante en la práctica totalidad de la actividad procesal.
Concepto de archivo judicial
El archivo judicial es la organización, con arreglo a los principios de procedencia y de orden original propios de la archivística, encargada de recibir, conservar, clasificar y facilitar el acceso a la documentación judicial, garantizando su valor jurídico-probatorio mientras el procedimiento esté vivo o pueda reabrirse, y su valor histórico transcurrido el tiempo de utilidad administrativa.
Marco normativo: el Real Decreto 937/2003 y la legislación autonómica
El Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, constituye la norma estatal básica de referencia en la materia, sin perjuicio de las especialidades introducidas por la normativa autonómica de desarrollo en aquellas Comunidades Autónomas que ostentan competencias transferidas en materia de justicia, archivos y patrimonio documental. Se complementa con la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español (el patrimonio documental), con la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 230 y 236 bis y ss., sobre medios técnicos y protección de datos en el ámbito jurisdiccional) y con la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Principios archivísticos: procedencia y orden original
El principio de procedencia exige mantener agrupada la documentación de un mismo órgano productor sin mezclarla con la de otros, mientras que el principio de orden original impone respetar la estructura y secuencia con que la documentación fue generada dentro de cada procedimiento, garantizando así su correcta identificación y localización posterior.
El Archivo de Gestión: características
El Archivo de Gestión, ubicado en el propio órgano judicial, custodia la documentación en tramitación activa y la recientemente terminada, siendo el nivel de archivo de manejo más frecuente para el personal de la Oficina Judicial en su trabajo diario de tramitación de expedientes.
Responsable del Archivo de Gestión: el Letrado de la Administración de Justicia
La responsabilidad del correcto funcionamiento del Archivo de Gestión corresponde al Letrado de la Administración de Justicia, como director de la Oficina Judicial y de la documentación del órgano, sin perjuicio de que las tareas materiales de ordenación, custodia diaria y preparación de la documentación para su remisión al archivo territorial correspondan habitualmente al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (art. 478 LOPJ).
El Archivo Judicial Territorial: características y plazo de permanencia
El Archivo Judicial Territorial, de ámbito provincial o superior según la organización de cada Administración competente, recibe la documentación ya concluida en el Archivo de Gestión, tras un periodo de permanencia en éste que habitualmente se sitúa en torno a los dos años desde la terminación o firmeza del procedimiento (el plazo exacto debe contrastarse con el RD 937/2003 y la normativa autonómica), custodiándola mientras persistan plazos de conservación pendientes por razones jurídicas o administrativas.
El Archivo Judicial Central o Histórico
El Archivo Judicial Central o Histórico conserva de forma permanente la documentación que, tras el correspondiente proceso de expurgo, se considera de valor histórico, cultural o de investigación, integrándose en el Sistema de Archivos españoles y transfiriéndose, según los casos, a los Archivos Históricos Provinciales o Autonómicos competentes. En el patrimonio documental español, los documentos de antigüedad superior a cien años generados por entidades particulares y los generados por organismos públicos de cualquier época forman parte del patrimonio documental (Ley 16/1985).
Transferencia entre niveles: las relaciones de entrega
El traslado de documentación entre niveles de archivo, o desde un órgano judicial a los archivos territoriales o históricos, se realiza mediante relaciones de entrega, documentos normalizados que identifican los expedientes remitidos, permitiendo el control y la trazabilidad de la documentación transferida a lo largo de todo su ciclo de vida.
Contenido de las relaciones de entrega
Las relaciones de entrega deben identificar cada expediente remitido por su número, año, tipo de procedimiento, partes y estado de conservación, elaborándose conforme a los cuadros de clasificación archivística aprobados para la documentación judicial y siendo verificadas por el archivo receptor antes de aceptar el traslado.
El cuadro de clasificación archivística
El cuadro de clasificación archivística es el instrumento técnico que organiza sistemáticamente las series documentales judiciales según su naturaleza y procedencia, garantizando que la documentación se clasifique de forma homogénea en todos los órganos y niveles de archivo, facilitando su localización posterior.
Comprobación de integridad antes de la remisión
Antes de remitir la documentación al archivo territorial correspondiente, debe comprobarse la integridad de cada expediente —foliación completa, ausencia de piezas separadas pendientes de unir, correspondencia con la relación de entrega elaborada— tarea que corresponde habitualmente al Cuerpo de Tramitación Procesal bajo la supervisión del Letrado de la Administración de Justicia.
Coordinación con el Cuerpo de Auxilio Judicial en el traslado físico
Mientras subsista documentación en soporte papel, el traslado físico de los expedientes entre el Archivo de Gestión y el Archivo Judicial Territorial se coordina entre el Cuerpo de Tramitación Procesal, responsable de la preparación documental, y el Cuerpo de Auxilio Judicial, que materializa el desplazamiento y la entrega física de la documentación.
El expediente judicial electrónico y su incidencia en el archivo físico
La generalización del expediente judicial electrónico ha reducido sustancialmente la necesidad de archivo físico, al integrar la remisión y conservación documental directamente en los sistemas de gestión procesal, sin necesidad de traslado material de los soportes, simplificando notablemente las tareas tradicionales de archivo. El expediente judicial electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contengan, con un índice electrónico y garantías de integridad.
Garantías del expediente electrónico: integridad, autenticidad, disponibilidad
El expediente judicial electrónico debe conservarse con garantías de integridad (no alteración del contenido), autenticidad (certeza sobre su origen) y disponibilidad (acceso garantizado durante todo el periodo de conservación exigido), requisitos que condicionan el diseño técnico de los sistemas de gestión procesal empleados en cada Administración.
Esquema Nacional de Seguridad y Esquema Nacional de Interoperabilidad
Los sistemas de gestión procesal electrónica deben cumplir las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo), en cuanto a la protección de la información y los servicios, y del Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010, de 8 de enero), en cuanto a la compatibilidad de formatos y sistemas entre los distintos órganos y Administraciones que intervienen en el proceso, junto con las normas técnicas de interoperabilidad del expediente y del documento electrónico.
Sellado de tiempo y firma electrónica
La conservación del expediente electrónico incorpora mecanismos de sellado de tiempo, que acreditan de forma fehaciente el momento en que se incorporó un documento, y de firma electrónica de las resoluciones judiciales, que garantiza su autenticidad e integridad frente a manipulaciones posteriores.
Copias de seguridad y recuperación ante desastres
Los sistemas de archivo digital de gestión procesal incorporan políticas de copia de seguridad periódica y planes de recuperación ante desastres, orientados a evitar la pérdida irreparable de documentación judicial en caso de fallo técnico, ciberataque o catástrofe física en las instalaciones donde se alojan los servidores.
Trazabilidad de accesos (auditoría)
Todo acceso al expediente judicial electrónico queda registrado mediante sistemas de auditoría que permiten conocer en todo momento quién ha accedido a la documentación, cuándo y con qué finalidad, garantía adicional frente a accesos indebidos y herramienta de control en caso de incidencias de seguridad o de protección de datos.
Digitalización retrospectiva de expedientes en papel
La digitalización retrospectiva de expedientes en papel conservados en archivos territoriales o históricos constituye una línea de trabajo en desarrollo, orientada a facilitar el acceso remoto y la conservación a largo plazo de documentación judicial generada antes de la generalización del expediente electrónico.
El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE)
El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, creado por la Ley 18/2011, vela por la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones utilizados por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, y establece las normas técnicas necesarias. El art. 230 LOPJ exige que los sistemas informáticos de la Administración de Justicia sean compatibles entre sí.
Las Juntas de Expurgo: composición
La Junta de Expurgo es el órgano colegiado, integrado por representantes del ámbito judicial, del Ministerio Fiscal, de la Administración competente en materia de justicia y de los archivos y el patrimonio histórico-documental (entre otros, según su normativa de creación), encargado de valorar y decidir sobre la conservación permanente, la conservación por plazos determinados o la eliminación de la documentación judicial. Su composición exacta y su ámbito territorial varían según el RD 937/2003 y la normativa autonómica de desarrollo.
Procedimiento de expurgo: tablas de valoración documental y dictamen técnico
El expurgo requiere siempre un procedimiento reglado, sustentado en las tablas de valoración documental aprobadas para cada serie de documentación judicial y precedido de un dictamen técnico archivístico, que determina si la documentación propuesta carece de valor administrativo, jurídico, fiscal o histórico que justifique su conservación indefinida; solo tras dictamen favorable puede procederse a su destrucción física.
Documentación excluida del expurgo
Quedan excluidas del expurgo las sentencias y resoluciones con valor jurisprudencial relevante, los procedimientos por delitos especialmente graves o de trascendencia histórica o social, la documentación sujeta a obligaciones legales de conservación específicas, y cualquier otra que las Juntas de Expurgo consideren de valor permanente, así como las piezas de convicción o efectos judiciales pendientes de resolución sobre su destino final.
Remisión de documentación judicial: formas y relaciones documentales
La documentación judicial se remite entre órganos y a los archivos por distintos cauces: remisión de los autos o de testimonio de los mismos al tribunal superior en los recursos (en el proceso civil, la remisión de autos para la apelación y los recursos extraordinarios se regula en los arts. 463 y concordantes LEC, y en el penal en la LECrim), oficios y exhortos a otros órganos, remisión de piezas separadas y de ejecutorias, y remisión al archivo mediante relaciones de entrega. Actualmente la remisión se hace preferentemente por vía electrónica (LexNET y sistemas de gestión procesal), con acuse de recibo y conservación del justificante.
Relaciones documentales: clases y finalidad
Las relaciones documentales son los instrumentos que identifican los documentos o expedientes transferidos, remitidos o destruidos: las relaciones de entrega acompañan a las transferencias entre archivos; las relaciones de expurgo identifican las series propuestas para eliminación; y los inventarios y registros de entrada y salida permiten controlar el movimiento de la documentación. Deben elaborarse con rigor, porque son la prueba de que el traslado o la destrucción se han producido con las garantías legales.
Expedientes de ejecución y piezas de convicción
Las piezas de convicción, efectos y objetos intervenidos en procesos penales no se archivan como documentos ordinarios: su destino (devolución, depósito, enajenación anticipada, destrucción) se resuelve conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 367 bis y ss.) y a las disposiciones sobre efectos judiciales, y deben constar en el expediente. Mientras no se resuelva su destino, el procedimiento no puede considerarse plenamente concluido a efectos de archivo definitivo y expurgo.
Protección de datos y acceso a los archivos judiciales
La documentación judicial contiene datos personales cuyo tratamiento con fines jurisdiccionales se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 236 bis y ss.) y por la normativa de protección de datos. El acceso a los archivos judiciales está limitado a las partes, a quienes acrediten un interés legítimo y a los investigadores en los términos que establezca la normativa, con protección reforzada de los datos especialmente sensibles (menores, víctimas, procedimientos de familia). Todo acceso electrónico queda auditado.
Fases del procedimiento de expurgo
El expurgo sigue estas fases: (1) identificación de las series y expedientes susceptibles de eliminación por el LAJ o el archivo; (2) propuesta de expurgo con relación de la documentación; (3) valoración por la Junta de Expurgo conforme a las tablas de valoración; (4) publicidad y, en su caso, plazo para que se pongan de manifiesto las objeciones; (5) resolución de la Junta; (6) ejecución material de la destrucción garantizando la confidencialidad; y (7) levantamiento de acta y constancia de lo destruido. Las reglas concretas deben consultarse en el RD 937/2003 y en la normativa autonómica.
Digitalización y copia auténtica
La digitalización de documentos en papel con valor de copia auténtica (con firma electrónica y metadatos conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad) permite incorporarlos al expediente judicial electrónico y reducir el archivo físico. La destrucción posterior del papel digitalizado no es automática: exige cumplir los requisitos y procedimientos de valoración y expurgo previstos para la documentación judicial.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El archivo judicial se rige por los principios de procedencia (no mezclar documentación de distintos órganos) y de orden original (respetar la secuencia de generación).
El sistema de archivos judiciales tiene tres niveles: de Gestión (en el órgano), Territorial (tras un periodo de permanencia en gestión que habitualmente es de unos 2 años) y Central o Histórico (documentación de valor permanente tras el expurgo).
La responsabilidad del Archivo de Gestión corresponde al LAJ, aunque las tareas materiales de ordenación y custodia diaria las realiza el Cuerpo de Tramitación Procesal.
La confección de las relaciones de entrega y la comprobación de la integridad de los expedientes antes de su remisión es tarea propia del Cuerpo de Tramitación Procesal.
El expediente judicial electrónico debe conservarse con garantías de integridad, autenticidad y disponibilidad, conforme al Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022) y al Esquema Nacional de Interoperabilidad (RD 4/2010).
Todo acceso al expediente judicial electrónico queda registrado mediante sistemas de auditoría que permiten conocer quién accedió, cuándo y con qué finalidad.
La Junta de Expurgo integra representantes del órgano judicial, del Ministerio de Justicia o CC.AA., del Ministerio Fiscal y de archivos y patrimonio histórico-documental.
El expurgo requiere tablas de valoración documental y dictamen técnico archivístico antes de poder destruir físicamente cualquier documentación judicial.
Las resoluciones con valor jurisprudencial relevante, y los procedimientos por delitos especialmente graves, quedan excluidos del expurgo, con independencia del tiempo transcurrido.
La norma básica de archivos judiciales es el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales.
El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) se crea en la Ley 18/2011.
El destino de las piezas de convicción se decide conforme a la LECrim; no se expurgan como documentos ordinarios.
Trampa: la responsabilidad del archivo de gestión es del LAJ; el Cuerpo de Tramitación Procesal realiza las tareas materiales; el Cuerpo de Auxilio Judicial se encarga del traslado físico.
Documentos de más de cien años de particulares y los de organismos públicos son patrimonio documental (Ley 16/1985).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Quién materializa el traslado físico de los expedientes en papel entre el archivo de gestión y el archivo territorial?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 31 de Tramitación Procesal (Justicia)?
El archivo judicial es el conjunto organizado de documentos generados por los órganos judiciales, conservados para garantizar su valor jurídico-probatorio, informativo e histórico. El Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, distingue tres niveles —de gestión, territorial y central o histórico— y regula el expurgo como mecanismo controlado de eliminación de documentación sin valor mediante las Juntas de Expurgo. Con la generalización del expediente judicial electrónico (Ley 18/2011 y reformas posteriores, entre ellas el Real Decreto-ley 6/2023 y la Ley Orgánica 1/2025), el archivo se desplaza en gran medida a sistemas electrónicos sometidos a los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad. La formación material de las relaciones de entrega y la gestión del archivo de gestión son cometidos habituales del Cuerpo de Tramitación Procesal.
¿Qué hay que memorizar del Tema 31 para el examen?
El archivo judicial se rige por los principios de procedencia (no mezclar documentación de distintos órganos) y de orden original (respetar la secuencia de generación). El sistema de archivos judiciales tiene tres niveles: de Gestión (en el órgano), Territorial (tras un periodo de permanencia en gestión que habitualmente es de unos 2 años) y Central o Histórico (documentación de valor permanente tras el expurgo). La responsabilidad del Archivo de Gestión corresponde al LAJ, aunque las tareas materiales de ordenación y custodia diaria las realiza el Cuerpo de Tramitación Procesal. La confección de las relaciones de entrega y la comprobación de la integridad de los expedientes antes de su remisión es tarea propia del Cuerpo de Tramitación Procesal. El expediente judicial electrónico debe conservarse con garantías de integridad, autenticidad y disponibilidad, conforme al Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022) y al Esquema Nacional de Interoperabilidad (RD 4/2010). Todo acceso al expediente judicial electrónico queda registrado mediante sistemas de auditoría que permiten conocer quién accedió, cuándo y con qué finalidad. La Junta de Expurgo integra representantes del órgano judicial, del Ministerio de Justicia o CC.AA., del Ministerio Fiscal y de archivos y patrimonio histórico-documental. El expurgo requiere tablas de valoración documental y dictamen técnico archivístico antes de poder destruir físicamente cualquier documentación judicial. Las resoluciones con valor jurisprudencial relevante, y los procedimientos por delitos especialmente graves, quedan excluidos del expurgo, con independencia del tiempo transcurrido. La norma básica de archivos judiciales es el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales. El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) se crea en la Ley 18/2011. El destino de las piezas de convicción se decide conforme a la LECrim; no se expurgan como documentos ordinarios. Trampa: la responsabilidad del archivo de gestión es del LAJ; el Cuerpo de Tramitación Procesal realiza las tareas materiales; el Cuerpo de Auxilio Judicial se encarga del traslado físico. Documentos de más de cien años de particulares y los de organismos públicos son patrimonio documental (Ley 16/1985).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 230, 236 bis y ss. y 478.
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 367 bis y ss.
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