Tema 25. Los actos procesales. Requisitos de los actos procesales: a) lugar; b) tiempo: Términos y plazos: Cómputo de los plazos; c) forma (consideración de la lengua oficial). Defectos de los actos: Nulidad, anulabilidad, irregularidad; subsanación de defectos.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
Los actos procesales son las manifestaciones de voluntad del órgano jurisdiccional, de las partes y de terceros que impulsan el proceso desde su inicio hasta su terminación. La LOPJ (Libro III, en especial arts. 182-185, 229-243) y la LEC (arts. 129 y ss., 142 y ss.) regulan sus requisitos de lugar, tiempo y forma, y el régimen de invalidez (nulidad, anulabilidad, irregularidad) y de subsanación. El cómputo correcto de plazos y la detección de defectos subsanables son competencias técnicas centrales y de aplicación diaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Desde la Ley Orgánica 14/2022 deben tenerse en cuenta los nuevos períodos inhábiles.
El acto procesal es la manifestación de voluntad del órgano jurisdiccional, de las partes o de terceros intervinientes que produce efectos jurídicos directos sobre la constitución, desarrollo, modificación o extinción de la relación procesal. Se clasifican en actos del órgano jurisdiccional (resoluciones), actos de las partes (de postulación, prueba, impugnación) y actos de terceros (declaraciones de testigos, dictámenes periciales). Todos están sujetos a requisitos legales de lugar, tiempo y forma (arts. 129 y ss. LEC, 182 y ss. LOPJ), cuya inobservancia puede acarrear su invalidez.
El lugar de los actos procesales: la sede judicial
Las actuaciones judiciales se practican, como regla general, en la sede del órgano judicial (edificio de los Juzgados o del Tribunal de Instancia). Excepcionalmente pueden practicarse fuera de dicha sede sin perder su carácter judicial: reconocimiento judicial de un inmueble, declaración de un testigo o parte que no pueda desplazarse por enfermedad, o actuaciones que deban practicarse en otro partido judicial mediante auxilio judicial o exhorto. Cuando la ley lo permite, pueden realizarse mediante presencia telemática. La confección de la documentación necesaria para estas actuaciones fuera de sede es tarea habitual del Cuerpo de Tramitación Procesal.
La sede judicial electrónica
Para los actos que puedan realizarse por vía telemática (presentación de escritos a través de LexNET u otros sistemas equivalentes, consulta del estado del procedimiento, notificaciones electrónicas), la sede judicial electrónica constituye un lugar virtual equivalente a la sede física a todos los efectos legales, con las garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad.
Días inhábiles a efectos procesales (arts. 182 y 183 LOPJ y art. 130 LEC)
Son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días de fiesta nacional, los festivos a efectos laborales en la Comunidad Autónoma o localidad correspondiente, y el mes de agosto (art. 183 LOPJ). La Ley Orgánica 14/2022 declaró además inhábiles los días del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive (regla antigua: solo el 24 y el 31 de diciembre). La LEC remite a estas reglas (art. 130).
El mes de agosto y las actuaciones urgentes exceptuadas
La inhabilidad del mes de agosto (y del período navideño) no afecta a las actuaciones declaradas urgentes por las leyes procesales: entre ellas, las medidas cautelares, la tutela de los derechos fundamentales, los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico y otras actuaciones que, de no adoptarse en ese período, pudieran causar perjuicio irreparable. La instrucción penal tiene días y horas siempre hábiles (art. 184 LOPJ).
Horas hábiles (art. 130.2 LEC)
Son horas hábiles, con carácter general, las que median entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa para una actuación concreta, como sucede con las diligencias de instrucción penal, para las que todas las horas son hábiles.
Habilitación de días y horas inhábiles
El órgano judicial puede habilitar, de oficio o a instancia de parte, días y horas inhábiles cuando concurra causa urgente que lo justifique (peligro de pérdida de derechos, actuaciones que no admitan demora); la resolución habilitante debe motivar sucintamente la urgencia apreciada y se documenta mediante diligencia incorporada a las actuaciones. Los actos del LAJ pueden habilitarse por él mismo en lo que sea de su competencia.
Términos y plazos: distinción conceptual
El término es el momento concreto —día y hora— señalado para la realización de una actuación (por ejemplo, la celebración de un juicio); el plazo es el periodo de tiempo dentro del cual debe realizarse válidamente un acto procesal (por ejemplo, el plazo de veinte días para contestar a la demanda). Los actos sujetos a plazo solo pueden realizarse dentro del día hábil en que venza dicho plazo.
Inicio del cómputo de los plazos
El plazo comienza a correr, con carácter general, al día siguiente de la notificación, citación o emplazamiento en cuya virtud se otorga; si se trata de un plazo común a varias partes, el cómputo se inicia al día siguiente de la última notificación practicada a cualquiera de ellas. Verificar con precisión el día de inicio es una de las comprobaciones más habituales del Cuerpo de Tramitación Procesal antes de dar por precluido un trámite.
Cómputo de plazos señalados por días (art. 133 LEC)
Los plazos señalados por días se computan excluyendo los inhábiles, esto es, únicamente se cuentan los días hábiles transcurridos entre el inicio y el vencimiento, salvo que la ley disponga expresamente que el plazo se compute en días naturales, en cuyo caso debe advertirse expresamente al notificar la resolución que lo otorga.
Cómputo de plazos señalados por meses o años
Los plazos señalados por meses o por años se computan de fecha a fecha, sin excluir los días inhábiles; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, el plazo concluye el último día del mes, y si el último día fuera inhábil se prorroga al primer día hábil siguiente. Los escritos sujetos a plazo pueden presentarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento (art. 135 LEC), incluso por vía telemática.
Improrrogabilidad de los plazos y la fuerza mayor (art. 134 LEC)
Los plazos procesales son, con carácter general, improrrogables, si bien pueden interrumpirse y las actuaciones aplazarse cuando exista fuerza mayor que impida cumplirlos; la fuerza mayor debe ser apreciada por el tribunal, de oficio o a instancia de parte, oídas las demás partes, y debe alegarse tan pronto como sea posible, justificando la causa que impidió el cumplimiento.
La preclusión
El transcurso del plazo sin realizar el acto procesal correspondiente produce la preclusión del trámite, es decir, la pérdida definitiva de la oportunidad de realizarlo, sin necesidad de declaración expresa alguna, dando paso a la fase procesal siguiente; se trata de una manifestación del principio de seguridad jurídica y de la ordenación temporal del proceso en fases sucesivas y no retornables.
Reapertura del plazo por fuerza mayor acreditada
Cesada la fuerza mayor, la parte perjudicada dispone del mismo plazo que tenía originalmente reconocido para realizar la actuación omitida, computado desde el momento en que hubiera cesado el impedimento, previa acreditación suficiente de la causa del incumplimiento; corresponde al tribunal valorar la concurrencia y persistencia de la fuerza mayor alegada.
Requisitos de forma: el castellano como lengua oficial (art. 231 LOPJ, art. 142 LEC)
En todas las actuaciones judiciales, Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios de la Oficina Judicial usan el castellano, lengua oficial del Estado. Ello no obsta al derecho de todos ellos, así como de las partes, testigos y peritos, a usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones, siempre que ninguna parte se oponga alegando indefensión por desconocimiento.
Uso de la lengua cooficial por las partes, testigos y peritos
Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, pueden utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en que tengan lugar las actuaciones tanto en manifestaciones orales como escritas, sin que quepa exigirles traducción cuando la actuación deba surtir efecto dentro del propio territorio de esa Comunidad.
Validez de las actuaciones en lengua cooficial sin necesidad de traducción
Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial propio de una Comunidad Autónoma tienen, sin necesidad de traducción, plena validez y eficacia respecto de las Comunidades Autónomas cooficiales, si bien se traducen de oficio cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma en que sea cooficial la lengua empleada, cuando así lo disponga la ley, o cuando lo solicite alguna parte que alegue indefensión.
Nulidad de pleno derecho: falta de jurisdicción o competencia (art. 238 LOPJ)
Son nulos de pleno derecho los actos judiciales realizados por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional, causa que compromete la propia validez del acto desde su origen. La falta de competencia territorial, en cambio, solo produce nulidad cuando la regla es improrrogable y no cabe sumisión tácita.
Nulidad de pleno derecho: violencia o intimidación (art. 238 LOPJ)
Son igualmente nulos de pleno derecho los actos judiciales que se realicen bajo violencia o intimidación, en cuanto vician de raíz la voluntad de quien los realiza, sin necesidad de que se acredite indefensión material añadida.
Nulidad de pleno derecho: normas esenciales del procedimiento e indefensión (art. 238 LOPJ)
Son nulos los actos en que se prescinda de normas esenciales del procedimiento siempre que por esa causa haya podido producirse indefensión, y los realizados con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa cuando efectivamente se haya producido. La doctrina constitucional sobre el art. 24 CE exige que la indefensión sea material y efectiva, no meramente formal.
Nulidad: falta de abogado preceptivo, falta del LAJ en vistas y otros casos legales
Se declaran igualmente nulos los actos realizados sin intervención de Abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva, las vistas celebradas sin la preceptiva intervención del Letrado de la Administración de Justicia, y los demás casos en que las leyes procesales así lo establezcan. Estos supuestos se conectan con la garantía del derecho de defensa y con la fe pública judicial.
La anulabilidad de los actos procesales
Frente a la nulidad de pleno derecho o radical, la anulabilidad afecta a los actos que infringen normas procesales sin llegar a producir indefensión, o a supuestos que, aun implicando cierta indefensión, no encajan en las causas tasadas de nulidad; a diferencia de la nulidad, que puede apreciarse de oficio, la anulabilidad requiere impugnación de la parte perjudicada en el momento procesal oportuno, convalidándose el acto si no se impugna.
La irregularidad procesal
La irregularidad es la mera infracción de una forma no esencial del acto procesal que, pese a no ajustarse estrictamente a lo previsto por la ley, no invalida el acto si éste ha cumplido la finalidad para la que estaba destinado; es la categoría de menor gravedad dentro del régimen de invalidez de los actos procesales, y su tratamiento práctico habitual es la mera advertencia o corrección, sin necesidad de declarar nulidad ni de instar recurso alguno.
El principio de conservación de los actos procesales (art. 243 LOPJ y art. 230 LEC)
El principio de conservación impone al tribunal —y, en la práctica diaria, al personal de la Oficina Judicial que revisa escritos y documentos— procurar que se subsanen los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en ellos se haya manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley y concurran los presupuestos necesarios para ello, y que la subsanación no impida ni entorpezca el normal desarrollo del procedimiento; la nulidad, en todo caso, se limita a la actuación o parte de ella que resulte afectada por el defecto.
Momento procesal oportuno para la subsanación
La subsanación debe intentarse en cuanto se advierta el defecto, ya sea de oficio por el propio tribunal u Oficina Judicial, ya a instancia de parte, otorgándose un plazo razonable para corregirlo (por ejemplo, aportar poder de representación insuficiente o subsanar la falta de firma en un escrito); transcurrido dicho plazo sin subsanar, el defecto insubsanado puede determinar la nulidad del acto o su ineficacia procesal.
Nulidad de actuaciones a instancia de parte y de oficio
La nulidad de actuaciones puede ser apreciada de oficio por el propio órgano jurisdiccional antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, o instada por vía de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate, o, excepcionalmente, mediante el incidente excepcional de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ frente a resoluciones firmes, cuando se invoque la vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art. 53.2 CE.
Efectos de la declaración de nulidad (art. 242 LOPJ)
La nulidad de un acto no implica la de los sucesivos que fueren independientes del mismo, ni la de aquellos cuyo contenido hubiera permanecido el mismo de no haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad. La nulidad se limita, por tanto, a la actuación viciada y a las que traigan causa directa e inmediata de ella, en aplicación del principio de conservación.
Repercusión práctica en el trabajo del Cuerpo de Tramitación Procesal
La correcta apreciación de los requisitos de lugar, tiempo y forma, y del cómputo de plazos, condiciona directamente tareas cotidianas del Cuerpo de Tramitación Procesal como la elaboración de diligencias de constancia sobre plazos vencidos, la comprobación de la subsanabilidad de defectos en escritos de las partes antes de dar cuenta al Letrado de la Administración de Justicia, o la propuesta de habilitación de días y horas inhábiles en asuntos urgentes.
Requisitos subjetivos y objetivos de los actos procesales
Los actos del órgano jurisdiccional exigen jurisdicción y competencia; los de las partes, capacidad para ser parte, capacidad procesal y postulación (representación por procurador y defensa por abogado cuando la ley lo exige); los de terceros, legitimación para intervenir. Los requisitos objetivos incluyen la causa (voluntad del acto) y el contenido (adecuación a lo previsto en la norma).
Plazos preclusivos y plazos meramente ordenatorios
Los plazos para las partes son perentorios: su vencimiento produce preclusión. Los plazos para el órgano judicial y su Oficina son, por regla general, meramente ordenatorios, de modo que su incumplimiento no invalida el acto, aunque puede generar responsabilidad disciplinaria. Es una distinción muy preguntada.
Presentación de escritos y comunicaciones electrónicas
Los profesionales de la justicia y las personas jurídicas están obligados a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos (art. 273 LEC). La presentación se hace a través de LexNET o del sistema autonómico equivalente, y se entiende producida en la fecha y hora del justificante de recepción; el último día del plazo pueden presentarse hasta las 15:00 horas del siguiente día hábil.
Publicidad y oralidad de las actuaciones
Las actuaciones judiciales son públicas, con las excepciones que establezcan las leyes de procedimiento (art. 120.1 CE; art. 232 LOPJ). Las actuaciones orales (vistas, juicios, comparecencias) se documentan mediante grabación en soporte apto para la reproducción del sonido y la imagen, bajo la fe pública del LAJ (art. 147 LEC), sin necesidad de acta escrita salvo previsión legal.
Fe pública y documentación de los actos
El Letrado de la Administración de Justicia ejerce con exclusividad la fe pública judicial (art. 453 LOPJ), dejando constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal o ante él, mediante diligencia, acta o certificación. El personal de Gestión y de Tramitación colabora en la formación y custodia de los autos.
Nulidad de actuaciones: de oficio, por recurso y por incidente excepcional
La nulidad puede apreciarse de oficio por el órgano judicial, antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y si no procede la subsanación, previa audiencia de las partes (art. 240.2 LOPJ); puede hacerse valer por los recursos establecidos en la ley; y, frente a resoluciones firmes, mediante el incidente excepcional de nulidad (art. 241 LOPJ) por vulneración de derechos del art. 53.2 CE, que no hayan podido denunciarse antes, en el plazo de veinte días desde la notificación o desde que se conoció el defecto, con un máximo de cinco años.
Plazos para la nulidad por defectos de forma
Los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión darán lugar a la nulidad de pleno derecho (art. 240 LOPJ). La nulidad por defectos formales debe alegarse con la mayor rapidez en el proceso; en otro caso queda subsanada.
Comparación entre nulidad, anulabilidad e irregularidad
Nulidad: vicio grave, apreciable de oficio y no convalidable (art. 238 LOPJ). Anulabilidad: vicio menor, solo alegable por la parte perjudicada y que se sana si no se impugna a tiempo. Irregularidad: infracción de forma no esencial sin efecto invalidante. La subsanación prevalece como regla (art. 243 LOPJ y art. 231 LEC).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Las actuaciones se practican en la sede judicial; excepcionalmente fuera de ella (reconocimiento judicial, testigo enfermo, exhorto) sin perder su carácter judicial.
Inhábiles: sábados, domingos, festivos nacionales, autonómicos y locales, el mes de agosto y, desde la LO 14/2022, del 24 de diciembre al 6 de enero, salvo actuaciones urgentes. En la instrucción penal todos los días y horas son hábiles.
Horas hábiles: de 8:00 a 20:00 (art. 130.2 LEC), salvo disposición legal en contrario.
Los escritos sujetos a plazo pueden presentarse hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al vencimiento (art. 135 LEC).
El término es el momento concreto señalado para una actuación; el plazo es el periodo de tiempo dentro del cual debe realizarse.
El plazo comienza a correr al día siguiente de la notificación, citación o emplazamiento; si es común a varias partes, desde la última notificación practicada.
Plazos por días: solo se cuentan los hábiles; plazos por meses o años: de fecha a fecha; si vencen en día inhábil, se prorrogan al siguiente hábil.
Los plazos procesales son improrrogables, salvo fuerza mayor apreciada por el tribunal, que permite reabrir el plazo desde que cesa el impedimento.
El transcurso del plazo sin realizar el acto produce preclusión, sin necesidad de declaración expresa; los plazos del órgano judicial son ordenatorios.
El derecho a usar la lengua cooficial no exige traducción cuando la actuación deba surtir efecto dentro del territorio de esa Comunidad Autónoma; se traduce de oficio si debe surtir efectos fuera, si lo manda la ley o si la parte alega indefensión (art. 231 LOPJ).
Son nulos de pleno derecho los actos con manifiesta falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional, bajo violencia o intimidación, con infracción de normas esenciales con indefensión, sin abogado preceptivo o vistas sin LAJ (art. 238 LOPJ).
La anulabilidad, a diferencia de la nulidad de pleno derecho, requiere impugnación de la parte perjudicada y se convalida si no se impugna.
La irregularidad procesal (infracción de forma no esencial) no invalida el acto si cumplió su finalidad.
El principio de conservación de los actos procesales (art. 243 LOPJ) prioriza la subsanación sobre la nulidad, siempre que sea posible.
La declaración de nulidad no afecta necesariamente a las actuaciones sucesivas independientes (art. 242 LOPJ).
El incidente excepcional de nulidad (art. 241 LOPJ) cabe contra resoluciones firmes por vulneración de derechos del art. 53.2 CE, en 20 días y con máximo de 5 años.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
En la instrucción penal, los días y horas son:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 25 de Tramitación Procesal (Justicia)?
Los actos procesales son las manifestaciones de voluntad del órgano jurisdiccional, de las partes y de terceros que impulsan el proceso desde su inicio hasta su terminación. La LOPJ (Libro III, en especial arts. 182-185, 229-243) y la LEC (arts. 129 y ss., 142 y ss.) regulan sus requisitos de lugar, tiempo y forma, y el régimen de invalidez (nulidad, anulabilidad, irregularidad) y de subsanación. El cómputo correcto de plazos y la detección de defectos subsanables son competencias técnicas centrales y de aplicación diaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Desde la Ley Orgánica 14/2022 deben tenerse en cuenta los nuevos períodos inhábiles.
¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?
Las actuaciones se practican en la sede judicial; excepcionalmente fuera de ella (reconocimiento judicial, testigo enfermo, exhorto) sin perder su carácter judicial. Inhábiles: sábados, domingos, festivos nacionales, autonómicos y locales, el mes de agosto y, desde la LO 14/2022, del 24 de diciembre al 6 de enero, salvo actuaciones urgentes. En la instrucción penal todos los días y horas son hábiles. Horas hábiles: de 8:00 a 20:00 (art. 130.2 LEC), salvo disposición legal en contrario. Los escritos sujetos a plazo pueden presentarse hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al vencimiento (art. 135 LEC). El término es el momento concreto señalado para una actuación; el plazo es el periodo de tiempo dentro del cual debe realizarse. El plazo comienza a correr al día siguiente de la notificación, citación o emplazamiento; si es común a varias partes, desde la última notificación practicada. Plazos por días: solo se cuentan los hábiles; plazos por meses o años: de fecha a fecha; si vencen en día inhábil, se prorrogan al siguiente hábil. Los plazos procesales son improrrogables, salvo fuerza mayor apreciada por el tribunal, que permite reabrir el plazo desde que cesa el impedimento. El transcurso del plazo sin realizar el acto produce preclusión, sin necesidad de declaración expresa; los plazos del órgano judicial son ordenatorios. El derecho a usar la lengua cooficial no exige traducción cuando la actuación deba surtir efecto dentro del territorio de esa Comunidad Autónoma; se traduce de oficio si debe surtir efectos fuera, si lo manda la ley o si la parte alega indefensión (art. 231 LOPJ). Son nulos de pleno derecho los actos con manifiesta falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional, bajo violencia o intimidación, con infracción de normas esenciales con indefensión, sin abogado preceptivo o vistas sin LAJ (art. 238 LOPJ). La anulabilidad, a diferencia de la nulidad de pleno derecho, requiere impugnación de la parte perjudicada y se convalida si no se impugna. La irregularidad procesal (infracción de forma no esencial) no invalida el acto si cumplió su finalidad. El principio de conservación de los actos procesales (art. 243 LOPJ) prioriza la subsanación sobre la nulidad, siempre que sea posible. La declaración de nulidad no afecta necesariamente a las actuaciones sucesivas independientes (art. 242 LOPJ). El incidente excepcional de nulidad (art. 241 LOPJ) cabe contra resoluciones firmes por vulneración de derechos del art. 53.2 CE, en 20 días y con máximo de 5 años.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 120-130 (principios), 182-185, 229-233, 238-243 y 453.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, arts. 129 y ss., 130, 133-136, 142 y 273.
Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea (inhabilidad del 24 de diciembre al 6 de enero).
Constitución Española, arts. 24, 53.2 y 120.1.
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