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Tema 10. La modernización de la oficina judicial. Nuevo modelo de organización judicial: La eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios: su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La administración de justicia y las nuevas tecnologías. Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia. El expediente digital y la presentación telemática de escritos y documentos. La firma digital, el correo electrónico. Incidencia de la legislación de protección de datos en el uso de las aplicaciones informáticas.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituye los antiguos juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia (uno por partido judicial, divididos en Secciones por materias) apoyados por una Oficina Judicial estructurada en Unidades Procesales de Apoyo Directo y Servicios Comunes Procesales, y acompaña la implantación de las Oficinas de Justicia en los municipios, que acercan el servicio público a los ciudadanos. Este tema desarrolla ese modelo organizativo, la transformación digital de la Justicia (expediente judicial electrónico, sede judicial electrónica, presentación telemática y comunicaciones por LexNET, firma electrónica y correo electrónico), el Código de Conducta de los usuarios de los sistemas informáticos y las garantías de protección de datos personales que rigen su uso (RGPD, LO 3/2018, LO 7/2021 y arts. 236 bis y ss. LOPJ).

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Diagnóstico previo a la reforma: rigidez del juzgado unipersonal

El modelo tradicional de juzgados unipersonales generaba rigidez organizativa, pues cada asunto quedaba adscrito a un único titular sin posibilidad de redistribución ágil de la carga de trabajo, y provocaba dispersión de medios materiales y personales entre órganos de la misma sede.

El Tribunal de Instancia: definición

La LO 1/2025 sustituye los juzgados unipersonales por el Tribunal de Instancia (art. 84 LOPJ en su redacción vigente): un único órgano judicial por partido judicial, con jurisdicción en todo su ámbito, que se organiza internamente en Secciones por materias (civil, instrucción, penal, violencia sobre la mujer, mercantil, contencioso-administrativo, social, menores, vigilancia penitenciaria, etc., según la planta y el tamaño del partido). No es un órgano colegiado: los asuntos siguen siendo resueltos por el juez o magistrado titular de la plaza adscrita a la Sección, salvo los supuestos en que la ley exige composición colegiada. Lo que se unifica es la organización (un único órgano, una Presidencia y unos medios comunes), no la forma de juzgar.

Objetivos de la reforma organizativa

El nuevo modelo persigue flexibilizar el reparto de asuntos entre los Magistrados de una misma Sección, ganar economías de escala en los medios materiales y personales, y avanzar hacia una mayor especialización por materias sin multiplicar el número de órganos jurisdiccionales.

Preservación de la independencia judicial individual

Pese a la organización unitaria del Tribunal de Instancia a efectos de gestión, cada juez o magistrado conserva la independencia judicial reconocida en el art. 117.1 CE y en el art. 12 LOPJ en el ejercicio de la potestad jurisdiccional sobre los asuntos que tiene atribuidos. Las decisiones organizativas (reparto, funcionamiento de las Secciones, medios comunes) no pueden interferir en el contenido de las resoluciones jurisdiccionales.

La Oficina Judicial: concepto y dirección

La Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales (art. 435 LOPJ). Su dirección técnico-procesal corresponde al Letrado de la Administración de Justicia, mientras que los medios materiales y personales dependen del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.

Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD)

Las UPAD (art. 437 LOPJ) son las unidades de la Oficina Judicial que prestan apoyo directo a los jueces y magistrados de una o varias Secciones del Tribunal de Instancia: tramitación diaria de los procedimientos, documentación, apoyo en vistas y juicios, señalamientos y ejecución de lo acordado por el juez. Es el entorno de trabajo habitual del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

Servicios Comunes Procesales (SCP)

Los Servicios Comunes Procesales (SCP, art. 438 LOPJ) asumen tareas centralizadas y compartidas, no vinculadas directamente a la dirección de un asunto concreto: registro y reparto, actos de comunicación y auxilio judicial, ejecución de resoluciones, ordenación del procedimiento en determinadas fases, documentación, archivo y atención a los profesionales. Evitan la duplicidad de recursos entre órganos de una misma sede y se organizan por funciones, no por órganos judiciales.

Principios rectores de la Oficina Judicial

La LOPJ regula expresamente los principios de la Oficina Judicial: agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre Administraciones con competencias sobre medios materiales de la Justicia.

El Letrado de la Administración de Justicia Coordinador Provincial

El Secretario Coordinador Provincial (hoy integrado en la jerarquía de los Letrados de la Administración de Justicia, art. 463 LOPJ) coordina la actuación de los Letrados que prestan servicio en una misma provincia y homogeneiza criterios organizativos y de interpretación procesal entre las distintas Oficinas Judiciales del territorio. No es una figura introducida por la LO 1/2025: su ordenación se estudia en el tema 11.

Los MASC como pieza de la estrategia de eficiencia

La reducción de la litigiosidad mediante la exigencia, con carácter general, de haber intentado un medio adecuado de solución de controversias antes de acudir a la vía jurisdiccional civil y mercantil es otro de los pilares de la reforma de eficiencia, desarrollado con mayor detalle en el tema relativo a los procedimientos declarativos.

La sede judicial electrónica

Es el punto de acceso telemático de los ciudadanos y profesionales a la información y a los trámites judiciales, permitiendo la presentación de escritos, la consulta del estado de los procedimientos y el acceso a notificaciones electrónicas con plenas garantías de autenticidad.

El expediente judicial electrónico

Constituye el soporte único del procedimiento, sin necesidad de papel, integrando todos los documentos, actuaciones y resoluciones con garantías de integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación.

Obligatoriedad de medios telemáticos para profesionales

La normativa procesal (arts. 273 y ss. LEC y legislación de desarrollo, con las reformas de 2023-2025) impone el uso de medios electrónicos a los profesionales de la justicia (Abogados, Procuradores, Graduados Sociales), a las personas jurídicas y a las Administraciones Públicas en sus relaciones con la Administración de Justicia, mientras que las personas físicas que actúan sin representación profesional conservan, con carácter general, la facultad de optar por medios no electrónicos. Los escritos presentados en soporte papel por quien está obligado a presentarlos telemáticamente pueden ser objeto de requerimiento de subsanación.

Presentación telemática de escritos (art. 230 LOPJ)

Juzgados, Tribunales y Fiscalías están obligados a utilizar los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos a su disposición; los documentos electrónicos gozan de la validez de un documento original si se garantiza su autenticidad e integridad.

Sistemas de intercambio: LexNET y equivalentes autonómicos

La presentación telemática de escritos y documentos y la recepción de notificaciones se canalizan a través de LexNET (regulado por el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, para el ámbito territorial del Ministerio de Justicia) o de los sistemas equivalentes de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, garantizando la interoperabilidad. Reglas prácticas de examen: los escritos sujetos a plazo pueden presentarse hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al del vencimiento (art. 135.5 LEC); en los actos de comunicación electrónicos, transcurridos tres días hábiles desde su depósito sin que el destinatario acceda al contenido, la comunicación se entiende realizada (art. 162.2 LEC).

La firma electrónica cualificada

La firma electrónica cualificada (antes llamada reconocida) es la firma avanzada creada mediante un dispositivo cualificado y basada en un certificado cualificado; tiene un efecto jurídico equivalente al de la firma manuscrita (Reglamento (UE) 910/2014, eIDAS, y Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, que sustituyó a la Ley 59/2003). Garantiza la identidad del firmante, la integridad del documento y el no repudio, y es la base de la validez de las resoluciones y diligencias emitidas por medios telemáticos por Jueces, Letrados y funcionarios. Los documentos judiciales incorporan además un Código Seguro de Verificación (CSV) que permite contrastar la copia con el original electrónico.

El correo electrónico oficial

El correo electrónico es un cauce habitual de comunicación interna entre operadores jurídicos y con la Oficina Judicial; no sustituye a los sistemas de comunicación procesal seguros (LexNET, sede electrónica), de modo que las notificaciones formales no pueden hacerse por correo electrónico ordinario salvo que la ley lo permita. El correo corporativo es un medio de trabajo de titularidad pública: no debe utilizarse para fines particulares ni para transmitir datos personales sin las medidas de seguridad adecuadas.

El Código de Conducta: finalidad y ámbito subjetivo

El personal al servicio de la Administración de Justicia que utiliza los equipos y aplicaciones informáticas judiciales está sujeto a un Código de Conducta que regula el uso adecuado, diligente y responsable de dichos medios, aplicable con independencia de la Administración (Ministerio de Justicia o Comunidad Autónoma) de la que dependa orgánicamente.

Confidencialidad de las claves de acceso

El Código de Conducta impone el deber de mantener la confidencialidad de las claves de acceso personales e intransferibles asignadas a cada usuario, prohibiendo su cesión a terceros, incluidos otros compañeros del mismo órgano.

Prohibición de acceso a datos o expedientes ajenos

Se prohíbe expresamente acceder a datos, expedientes o aplicaciones ajenos a las funciones encomendadas al puesto de trabajo, aunque el usuario disponga técnicamente de credenciales que lo permitan, así como consultar asuntos por mera curiosidad sin relación con el servicio.

Deber de custodia y uso profesional exclusivo

El personal debe custodiar diligentemente la información a la que accede y utilizar los recursos informáticos exclusivamente para fines profesionales, quedando prohibida su utilización para fines personales o ajenos al servicio, así como la instalación de software no autorizado.

Deber de reportar incidencias de seguridad

El usuario tiene la obligación de comunicar de inmediato cualquier incidencia de seguridad detectada (accesos sospechosos, pérdida de dispositivos, posibles brechas) a los servicios de informática judicial competentes.

Régimen disciplinario del uso indebido de sistemas informáticos

El incumplimiento del Código de Conducta puede constituir falta disciplinaria. El régimen disciplinario de los Cuerpos de funcionarios de la LOPJ (Libro VI, título dedicado a la responsabilidad disciplinaria) tipifica la utilización indebida de las claves de acceso a los sistemas informáticos como falta grave (art. 536 LOPJ según la numeración habitual; contrastar en el texto consolidado). Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal (por ejemplo, descubrimiento y revelación de secretos) y de la responsabilidad en materia de protección de datos.

Marco de protección de datos aplicable

El tratamiento de los datos personales contenidos en los expedientes judiciales queda sometido al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con las especialidades de los arts. 236 bis y siguientes de la LOPJ para los tratamientos con fines jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Los tratamientos con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales se rigen por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo.

Especialidades de los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales

La LOPJ (arts. 236 bis a 236 decies, introducidos por la LO 7/2015) regula la protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia: distingue los tratamientos con fines jurisdiccionales (vinculados a la tramitación de procesos, regidos por las leyes procesales y por la LOPJ) de los tratamientos con fines no jurisdiccionales (gestión administrativa, personal, etc., sometidos al régimen general y a la Agencia Española de Protección de Datos). Atención: el Título V de la LO 3/2018 NO trata esta materia (regula al responsable y al encargado del tratamiento, incluido el delegado de protección de datos).

Supervisión del CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial es la autoridad de control de los tratamientos de datos realizados por los órganos judiciales con fines jurisdiccionales (art. 236 octies LOPJ), garantizando que el control externo no afecte a la independencia judicial; para los tratamientos con fines no jurisdiccionales la autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos.

Datos especialmente protegidos en los expedientes judiciales

El uso de las aplicaciones informáticas judiciales exige especial cautela cuando el expediente contiene categorías especiales de datos (salud, ideología, orientación sexual, origen étnico), frecuentes en procedimientos de familia, penal o social, reforzando los deberes de confidencialidad del personal tramitador.

Implantación escalonada de los Tribunales de Instancia

La LO 1/2025 implantó los Tribunales de Instancia de forma escalonada en tres fases durante 2025: 1 de julio (primera fase), 1 de octubre (segunda fase) y 31 de diciembre (tercera fase, que incluyó los partidos judiciales de mayor volumen y la constitución del Tribunal Central de Instancia). A la fecha de esta revisión (octubre de 2026) el despliegue está completado en todo el territorio nacional. Los Juzgados Centrales y los órganos colegiados (Audiencias Provinciales, TSJ, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo) no se transforman en Tribunales de Instancia.

La Presidencia del Tribunal de Instancia

Cada Tribunal de Instancia cuenta con un Presidente, que ostenta la representación del órgano y ejerce funciones de gobierno y de coordinación (distribución de asuntos entre Secciones, impulso de la organización y relación con la Sala de Gobierno del TSJ). El Presidente del Tribunal de Instancia no puede alterar la independencia jurisdiccional de los titulares de las plazas.

Reparto de asuntos y normas de organización

El reparto de asuntos entre las Secciones y entre los jueces de una misma Sección se rige por normas objetivas y predeterminadas aprobadas por la Sala de Gobierno, de modo que se respete el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). La flexibilidad del nuevo modelo permite reforzar temporalmente una Sección con jueces de otra, siempre con arreglo a esas normas.

Las Oficinas de Justicia en los municipios

Son sedes de proximidad dependientes del Tribunal de Instancia que se implantan en municipios que no son sede del Tribunal, mediante convenios con las Administraciones competentes y los Ayuntamientos. Prestan servicios de información y atención ciudadana, presentación y recepción de escritos, realización de actos de comunicación y de determinadas actuaciones de apoyo (comparecencias, videoconferencias, trámites de jurisdicción voluntaria o de Registro Civil, según su dotación). Se conciben como el medio de que el ciudadano no tenga que desplazarse a la cabecera del partido y como heredera funcional de la proximidad que antes ofrecían los Juzgados de Paz (el régimen transitorio de estos debe contrastarse en el texto vigente).

Servicios que prestan las Oficinas de Justicia en el municipio

Su cartera de servicios incluye la atención presencial y telemática, la información sobre el estado de los procedimientos, la ayuda a utilizar los sistemas electrónicos (identificación, firma, sede electrónica), la práctica de actos de comunicación y la celebración de actuaciones por videoconferencia desde el municipio. El personal puede ser de la Administración de Justicia o de la Administración local, según los convenios suscritos.

Comunicaciones y actuaciones telemáticas

La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, introdujo con carácter inicial la celebración de actos procesales por videoconferencia y la generalización de las actuaciones telemáticas, y las reformas posteriores (con origen en el Real Decreto-ley 6/2023 y en la Ley 1/2025) las consolidan como una modalidad ordinaria cuando el órgano lo acuerde y se garanticen la identidad de los intervinientes, la publicidad y los derechos de defensa. Los testigos, peritos y partes pueden intervenir desde una Oficina de Justicia o desde otra sede judicial.

Servicio Público de Justicia digital: Punto de Acceso y Carpeta Justicia

El modelo de Justicia digital se apoya en la sede judicial electrónica, el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia y la Carpeta Justicia, a través de los cuales el ciudadano identificado (certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve) puede consultar sus procedimientos, recibir comunicaciones y presentar escritos. La interoperabilidad entre los sistemas de gestión procesal del Ministerio y de las Comunidades Autónomas se articula a través del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, previsto en la Ley 18/2011.

Marco normativo de las TIC en la Administración de Justicia

La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, fue la primera norma general en la materia; sus previsiones han sido completadas o desplazadas en parte por las reformas de eficiencia digital de 2023-2025 (Real Decreto-ley 6/2023 y legislación posterior), por la LOPJ (art. 230) y por la LEC (arts. 135, 162 y 273). Junto a ellas son de aplicación el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010). Se recomienda al opositor contrastar siempre la vigencia concreta de cada precepto en el texto consolidado.

Garantías del expediente judicial electrónico

El expediente electrónico debe garantizar integridad (no alterabilidad no autorizada), autenticidad (identidad de quien firma o introduce el documento), confidencialidad (acceso solo a quien tiene derecho), conservación a largo plazo y trazabilidad (registro de accesos y operaciones). La foliación se sustituye por un índice electrónico firmado. La digitalización de documentos en papel que se aportan al procedimiento se realiza por la Oficina Judicial, que devuelve el original cuando corresponde.

Principios del RGPD aplicables al uso de las aplicaciones judiciales

El art. 5 RGPD establece los principios de licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva. En el uso diario de las aplicaciones judiciales se traducen en acceder solo a los datos necesarios para la tarea, no copiar datos fuera de los sistemas oficiales, no utilizarlos para fines distintos de los procesales y no conservarlos más allá de lo necesario.

Violaciones de seguridad de los datos

Si se produce una violación de la seguridad de los datos personales (acceso no autorizado, pérdida, destrucción o divulgación), el responsable del tratamiento debe notificarla a la autoridad de control competente sin dilación indebida y, de ser posible, en un plazo máximo de 72 horas desde que tuvo constancia de ella, salvo que sea improbable que entrañe un riesgo para los derechos de las personas (art. 33 RGPD). El empleado que detecta el incidente debe comunicarlo de inmediato a los responsables de seguridad, tal como exige el Código de Conducta.

Derechos de los interesados y límites en el proceso

Los interesados tienen los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad (arts. 15 a 22 RGPD), pero en los tratamientos con fines jurisdiccionales su ejercicio se canaliza por las normas procesales (por ejemplo, el acceso a los autos corresponde a las partes y a quienes acrediten interés legítimo). La publicidad de las resoluciones se realiza con disociación o anonimización de los datos personales de los intervinientes cuando procede, y las víctimas de determinados delitos gozan de protección especial de su intimidad.

Seguridad de la información y buenas prácticas del tramitador

El personal debe bloquear el equipo al ausentarse, no dejar documentos con datos personales a la vista, no utilizar memorias USB o servicios de almacenamiento en la nube no autorizados, no abrir adjuntos ni enlaces sospechosos (phishing), usar contraseñas robustas, no compartirlas y cerrar sesión al terminar. El uso de dispositivos y redes personales para tramitar asuntos solo está permitido en los términos que autorice la Administración responsable.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LO 1/2025 sustituye el juzgado unipersonal por el Tribunal de Instancia: un único órgano por partido judicial, dividido en Secciones por materias. Es una unificación organizativa, NO un órgano colegiado: cada juez sigue resolviendo los asuntos de su plaza.
  • Cada juez o magistrado conserva su independencia (art. 117.1 CE y art. 12 LOPJ) pese a la organización unitaria del Tribunal de Instancia a efectos de gestión.
  • La Oficina Judicial se organiza en UPAD (apoyo directo a cada Sección) y Servicios Comunes Procesales (tareas centralizadas entre varias UPAD o Secciones).
  • El Tribunal de Instancia comparte los medios personales en Servicios Comunes Procesales (SCP) y UPAD, sin afectar a la independencia jurisdiccional individual.
  • La dirección técnico-procesal de la Oficina Judicial corresponde al Letrado de la Administración de Justicia; el Coordinador Provincial (art. 463 LOPJ) homogeneiza criterios entre Oficinas Judiciales de una misma provincia. No es una figura nueva de la LO 1/2025.
  • Los MASC (medios adecuados de solución de controversias), exigibles con carácter general antes de la vía civil y mercantil, son otro pilar de la reforma de eficiencia.
  • El expediente judicial electrónico es el soporte único del procedimiento, con garantías de integridad, autenticidad, confidencialidad y conservación.
  • El uso de medios electrónicos es obligatorio para profesionales (Abogados, Procuradores, Graduados Sociales) y personas jurídicas; las personas físicas pueden optar por medios no electrónicos salvo excepciones.
  • Los documentos electrónicos tienen la misma validez que un documento original si se garantiza su autenticidad e integridad (art. 230 LOPJ), canalizándose la presentación telemática a través de LexNET o sistemas autonómicos equivalentes.
  • El Código de Conducta impone confidencialidad de claves, prohibición de acceder a datos o expedientes ajenos a las funciones del puesto, y deber de reportar incidencias de seguridad.
  • El uso indebido de claves de acceso a los sistemas informáticos judiciales constituye falta disciplinaria grave en el régimen disciplinario de los Cuerpos de funcionarios de la LOPJ (art. 536 LOPJ según la numeración habitual; contrastar).
  • El tratamiento de datos personales en expedientes judiciales se rige por el RGPD, la LO 3/2018 y los arts. 236 bis y ss. LOPJ (fines jurisdiccionales); el CGPJ es la autoridad de control de los tratamientos con fines jurisdiccionales (art. 236 octies LOPJ). El Título V de la LO 3/2018 regula al responsable y encargado del tratamiento, no los tratamientos judiciales.
  • Los expedientes con categorías especiales de datos (salud, ideología, orientación sexual, origen étnico) refuerzan los deberes de confidencialidad del personal tramitador.
  • Escritos con plazo: hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al vencimiento (art. 135.5 LEC). Comunicación electrónica no abierta: se entiende realizada a los tres días hábiles (art. 162.2 LEC).
  • La firma electrónica cualificada equivale a la manuscrita (eIDAS y Ley 6/2020, que sustituyó a la Ley 59/2003); el término 'reconocida' es el antiguo.
  • LexNET se regula, en el ámbito del Ministerio de Justicia, por el Real Decreto 1065/2015; las Comunidades Autónomas con competencias tienen sistemas propios interoperables.
  • Las Oficinas de Justicia en los municipios son sedes de proximidad dependientes del Tribunal de Instancia: atención, presentación de escritos, actos de comunicación y videoconferencia.
  • Violación de seguridad de datos personales: notificación a la autoridad de control en 72 horas como máximo (art. 33 RGPD). Los empleados deben comunicar de inmediato cualquier incidencia.
  • Trampa: el Título V de la LO 3/2018 NO regula los tratamientos judiciales; estos se rigen por los arts. 236 bis y ss. LOPJ. Los tratamientos penales (prevención e investigación de delitos) se rigen por la LO 7/2021.
  • El Tribunal de Instancia no es colegiado ni elimina el juez único en la Sección; los Juzgados Centrales y los órganos colegiados superiores no se transforman en Tribunales de Instancia.
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Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 10 de Tramitación Procesal (Justicia)?

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituye los antiguos juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia (uno por partido judicial, divididos en Secciones por materias) apoyados por una Oficina Judicial estructurada en Unidades Procesales de Apoyo Directo y Servicios Comunes Procesales, y acompaña la implantación de las Oficinas de Justicia en los municipios, que acercan el servicio público a los ciudadanos. Este tema desarrolla ese modelo organizativo, la transformación digital de la Justicia (expediente judicial electrónico, sede judicial electrónica, presentación telemática y comunicaciones por LexNET, firma electrónica y correo electrónico), el Código de Conducta de los usuarios de los sistemas informáticos y las garantías de protección de datos personales que rigen su uso (RGPD, LO 3/2018, LO 7/2021 y arts. 236 bis y ss. LOPJ).

¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?

La LO 1/2025 sustituye el juzgado unipersonal por el Tribunal de Instancia: un único órgano por partido judicial, dividido en Secciones por materias. Es una unificación organizativa, NO un órgano colegiado: cada juez sigue resolviendo los asuntos de su plaza. Cada juez o magistrado conserva su independencia (art. 117.1 CE y art. 12 LOPJ) pese a la organización unitaria del Tribunal de Instancia a efectos de gestión. La Oficina Judicial se organiza en UPAD (apoyo directo a cada Sección) y Servicios Comunes Procesales (tareas centralizadas entre varias UPAD o Secciones). El Tribunal de Instancia comparte los medios personales en Servicios Comunes Procesales (SCP) y UPAD, sin afectar a la independencia jurisdiccional individual. La dirección técnico-procesal de la Oficina Judicial corresponde al Letrado de la Administración de Justicia; el Coordinador Provincial (art. 463 LOPJ) homogeneiza criterios entre Oficinas Judiciales de una misma provincia. No es una figura nueva de la LO 1/2025. Los MASC (medios adecuados de solución de controversias), exigibles con carácter general antes de la vía civil y mercantil, son otro pilar de la reforma de eficiencia. El expediente judicial electrónico es el soporte único del procedimiento, con garantías de integridad, autenticidad, confidencialidad y conservación. El uso de medios electrónicos es obligatorio para profesionales (Abogados, Procuradores, Graduados Sociales) y personas jurídicas; las personas físicas pueden optar por medios no electrónicos salvo excepciones. Los documentos electrónicos tienen la misma validez que un documento original si se garantiza su autenticidad e integridad (art. 230 LOPJ), canalizándose la presentación telemática a través de LexNET o sistemas autonómicos equivalentes. El Código de Conducta impone confidencialidad de claves, prohibición de acceder a datos o expedientes ajenos a las funciones del puesto, y deber de reportar incidencias de seguridad. El uso indebido de claves de acceso a los sistemas informáticos judiciales constituye falta disciplinaria grave en el régimen disciplinario de los Cuerpos de funcionarios de la LOPJ (art. 536 LOPJ según la numeración habitual; contrastar). El tratamiento de datos personales en expedientes judiciales se rige por el RGPD, la LO 3/2018 y los arts. 236 bis y ss. LOPJ (fines jurisdiccionales); el CGPJ es la autoridad de control de los tratamientos con fines jurisdiccionales (art. 236 octies LOPJ). El Título V de la LO 3/2018 regula al responsable y encargado del tratamiento, no los tratamientos judiciales. Los expedientes con categorías especiales de datos (salud, ideología, orientación sexual, origen étnico) refuerzan los deberes de confidencialidad del personal tramitador. Escritos con plazo: hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al vencimiento (art. 135.5 LEC). Comunicación electrónica no abierta: se entiende realizada a los tres días hábiles (art. 162.2 LEC). La firma electrónica cualificada equivale a la manuscrita (eIDAS y Ley 6/2020, que sustituyó a la Ley 59/2003); el término 'reconocida' es el antiguo. LexNET se regula, en el ámbito del Ministerio de Justicia, por el Real Decreto 1065/2015; las Comunidades Autónomas con competencias tienen sistemas propios interoperables. Las Oficinas de Justicia en los municipios son sedes de proximidad dependientes del Tribunal de Instancia: atención, presentación de escritos, actos de comunicación y videoconferencia. Violación de seguridad de datos personales: notificación a la autoridad de control en 72 horas como máximo (art. 33 RGPD). Los empleados deben comunicar de inmediato cualquier incidencia. Trampa: el Título V de la LO 3/2018 NO regula los tratamientos judiciales; estos se rigen por los arts. 236 bis y ss. LOPJ. Los tratamientos penales (prevención e investigación de delitos) se rigen por la LO 7/2021. El Tribunal de Instancia no es colegiado ni elimina el juez único en la Sección; los Juzgados Centrales y los órganos colegiados superiores no se transforman en Tribunales de Instancia.

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666): arts. 84, 117 CE y 12 LOPJ, 230, 435-438, 463, 236 bis a 236 decies; régimen disciplinario del Libro VI.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE-A-2025-76), y Ley 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia procesal, su norma ordinaria complementaria publicada en la misma fecha.
  • Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (medidas de eficiencia digital del Servicio Público de Justicia), y Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las TIC en la Administración de Justicia.
  • Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia (LexNET).
  • Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323): arts. 135, 162 y 273.
  • Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) y Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
  • Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD); Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE-A-2018-16673); Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo.
  • Real Decreto 311/2022 (Esquema Nacional de Seguridad) y Real Decreto 4/2010 (Esquema Nacional de Interoperabilidad).
  • Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia.

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