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Tema 2. Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género: especial referencia a la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Antecedentes. Objeto y principios rectores. Medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. Tutela institucional. Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

Cuatro normas desarrollan, desde ángulos distintos, el mandato de igualdad del art. 14 CE: la LO 3/2007 aborda la igualdad general entre mujeres y hombres; la LO 1/2004 diseña una protección integral frente a la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja, con especial relevancia para el personal de Tramitación Procesal por su intervención directa en la confección de cédulas, notificaciones y órdenes de protección; la Ley 15/2022 amplía la tutela antidiscriminatoria a cualquier causa; y la Ley 4/2023 protege a las personas trans y LGTBI.

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LO 3/2007: objeto y ámbito (art. 1)

Tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual sea su circunstancia o condición, en cualesquiera ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural.

Igualdad de trato e igualdad de oportunidades

La ley distingue el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo) del principio de igualdad de oportunidades, que habilita la adopción de medidas de acción positiva dirigidas a corregir situaciones de desigualdad de hecho, sin que estas medidas se consideren discriminatorias.

Criterios generales de actuación de los poderes públicos (art. 14 LO 3/2007)

Remoción de obstáculos que impidan la igualdad, integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas (transversalidad de género), adopción de medidas de acción positiva, colaboración y cooperación entre las Administraciones Públicas, participación equilibrada de mujeres y hombres en candidaturas y nombramientos, protección de la maternidad, atención a las singulares dificultades de los colectivos de mujeres más vulnerables, y eliminación de los estereotipos sexistas.

Los Planes de Igualdad

Conjunto ordenado de medidas, adoptado tras diagnóstico de situación, para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa (art. 45 LO 3/2007); son obligatorios, tras el RD 901/2020, para todas las empresas de 50 o más personas trabajadoras, y también para las Administraciones Públicas, que deben aprobar un Plan de Igualdad al inicio de cada legislatura (art. 64 LO 3/2007).

Permisos de maternidad y paternidad

Tras el RDL 6/2019, los progenitores disfrutan de un permiso por nacimiento y cuidado del menor individual, intransferible y de igual duración, con el objetivo de corresponsabilizar el cuidado de hijos y evitar que la maternidad opere como factor de discriminación laboral indirecta de la mujer. El RDL 5/2023 transpuso la Directiva (UE) 2019/1158 de conciliación, introduciendo nuevos permisos retribuidos de corta duración y el permiso parental no retribuido; el RDL 9/2025, de 29 de julio, amplió el permiso por nacimiento y cuidado hasta las 19 semanas por progenitor (32 en familias monoparentales), manteniéndose las seis semanas inmediatas al parto como obligatorias e ininterrumpidas.

Presencia equilibrada de mujeres y hombres

La ley define la composición equilibrada como aquella en la que, en el conjunto de que se trate, las personas de cada sexo no superan el 60% ni son menos del 40% (art. 3). Se aplica en las listas electorales (art. 44 bis LOREG), en los nombramientos de órganos directivos de las Administraciones Públicas y en los consejos de administración de las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada (art. 75). La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, refuerza este principio en órganos de decisión públicos y privados con un calendario de aplicación progresivo.

Órganos de garantía y coordinación de la igualdad

La LO 3/2007 crea la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, para la coordinación de las políticas y programas de los distintos Departamentos ministeriales; introdujo además reformas puntuales en el Estatuto de los Trabajadores, la LOPJ y la legislación electoral para incorporar la perspectiva de género.

LO 1/2004: objeto (art. 1)

Tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Conductas comprendidas

El art. 1.3 LO 1/2004 comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, siempre que la persona agresora sea o haya sido cónyuge o pareja de la víctima, aun sin convivencia.

Principios rectores (art. 2 LO 1/2004)

Fortalecer las medidas de sensibilización, prevención y detección temprana; garantizar derechos en los ámbitos laboral y funcionarial; garantizar derechos económicos para las víctimas; establecer un sistema integral de tutela institucional; y garantizar el principio de transversalidad de las medidas, atendiendo a las necesidades y demandas de todas las mujeres víctimas.

Medidas en el ámbito educativo (Título I, Capítulo I)

El sistema educativo incluye entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad entre hombres y mujeres, así como en la resolución pacífica de conflictos, incorporándose contenidos de prevención de la violencia de género en los currículos de todas las etapas educativas.

Medidas en el ámbito publicitario

Se considera publicidad ilícita, conforme a la Ley General de Publicidad, la que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio, ya utilizando directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto, ya asociándola a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento.

Medidas en el ámbito sanitario

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud impulsa protocolos sanitarios de actuación ante la violencia de género, con especial atención a la detección precoz en los servicios de atención primaria y de urgencias, aplicables a todo el territorio del Estado.

Derechos de información y de asistencia social integral

Las víctimas tienen derecho a la información sobre las medidas de protección y seguridad, sobre los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación, y a la asistencia social integral, articulada a través de servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral.

Asistencia jurídica gratuita inmediata (art. 20 LO 1/2004)

Las víctimas tienen derecho a la defensa y representación gratuitas de un mismo abogado/a en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia sufrida,; una misma dirección letrada asume la defensa de la víctima en todos ellos. La asistencia es inmediata y especializada, y se reconoce con independencia de la existencia de recursos para litigar (art. 2.g Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita).

Los Juzgados/Secciones de Violencia sobre la Mujer

Se crean por la LO 1/2004 con competencia penal y civil, en los términos del art. 87 ter LOPJ, sobre asuntos que afecten a una misma víctima, evitando la peregrinación ante distintos órganos. En lo civil conocen, entre otras materias, de las de filiación, nulidad, separación y divorcio, relaciones paternofiliales y medidas de guarda, cuando alguna de las partes sea víctima de actos de violencia de género, la otra sea el imputado y se hayan iniciado actuaciones penales o dictado orden de protección. En estos casos está vedada la mediación. Con la LO 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia se integran como Secciones de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia, con implantación progresiva y ampliación de su ámbito competencial (p. ej., violencia sexual), sin perder su especialización funcional. Existe además una Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer (art. 70 LO 1/2004) y unidades de valoración forense integral en los Institutos de Medicina Legal.

La orden de protección

Regulada en el art. 544 ter LECrim (introducido por la Ley 27/2003, de 31 de julio), concentra en una única resolución judicial de tramitación urgente medidas cautelares de naturaleza penal (alejamiento, prohibición de comunicación) y civil (uso de la vivienda familiar, custodia, régimen de visitas, pensión de alimentos), y da acceso a los derechos asistenciales y sociales de la víctima. La solicitud puede formularla la propia víctima, personas con relación de parentesco, el Ministerio Fiscal o acordarse de oficio, y puede presentarse ante la autoridad judicial, el Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, oficinas de atención a la víctima o servicios sociales. El Juez de Guardia convoca una audiencia urgente en el plazo más breve posible dentro de las 72 horas siguientes a la presentación de la solicitud. Su inscripción se realiza en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.

El delito de maltrato habitual y las agravantes de género

El art. 173.2 CP tipifica el maltrato habitual en el ámbito familiar; el art. 22.4ª CP prevé la agravante de discriminación por razón de género en cualquier delito, y los arts. 148.4ª, 153.1, 171.4 y 172.2 CP, entre otros, elevan la pena cuando la víctima es o ha sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad.

Tutela institucional (Título III LO 1/2004)

Se crean la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con funciones de proposición de política del Gobierno y coordinación de la intervención de las distintas Administraciones, y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, con funciones de asesoramiento, evaluación y elaboración de informes y estudios periódicos.

Función del Cuerpo de Tramitación Procesal en materia de violencia de género

La confección de cédulas de citación y notificación, la tramitación de exhortos y la práctica de actos de comunicación urgentes en los procedimientos de violencia de género constituyen una función habitual y preferente del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, dada la naturaleza urgente que impregna toda esta materia (art. 544 ter LECrim y normas sobre orden de protección). Al ser la fase de instrucción hábil en todos los días y horas, el funcionario debe dar cuenta inmediata de cualquier incidencia a la autoridad judicial.

Ley 15/2022: objeto y causas protegidas (art. 1)

Tiene por objeto desarrollar y garantizar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de todas las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico, predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es una norma de ámbito general (empleo, educación, sanidad, servicios sociales, acceso a bienes y servicios, justicia, etc.).

Tipos de discriminación (art. 6 Ley 15/2022)

Entre los conceptos que define la ley figuran la discriminación directa, la indirecta, la discriminación por asociación y por error, la discriminación múltiple e interseccional, la inducción, orden o instrucción de discriminar, el acoso discriminatorio, la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad, y las represalias frente a quienes formulan quejas, reclamaciones, denuncias o recursos.

Inversión de la carga de la prueba

El art. 30 de la Ley 15/2022 dispone que, cuando la parte actora aporte indicios fundados de discriminación, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad; se aplica en el orden civil, social y contencioso-administrativo, y no en el proceso penal.

La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

Órgano creado por la Ley 15/2022 para la protección y promoción del derecho a la igualdad de trato, con funciones de asistencia a las víctimas, elaboración de informes y estudios, promoción de la investigación, y capacidad para iniciar actuaciones de oficio, sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo. Se vinculó al Ministerio de Igualdad por el Real Decreto 360/2025; su Estatuto se aprobó por el Real Decreto 606/2026, de 22 de julio, que regula su estructura orgánica y funcionamiento.

Régimen sancionador de la Ley 15/2022

Tipifica infracciones administrativas leves, graves y muy graves en el ámbito de sus competencias (las relaciones laborales se rigen por su normativa específica), con multas que, en las infracciones muy graves, oscilan entre 40.001 y 500.000 euros, y prevé la publicidad de las sanciones firmes como sanción accesoria.

Ley 4/2023: la rectificación registral del sexo

Regula el procedimiento para que cualquier persona de nacionalidad española mayor de 16 años pueda solicitar la rectificación registral de la mención relativa al sexo mediante mera declaración de voluntad ante el Registro Civil, sin necesidad de acreditar tratamiento médico, quirúrgico o informe psicológico; entre los 14 y 16 años se exige la asistencia de los representantes legales, y entre los 12 y 14 años, autorización judicial.

Prohibición de las terapias de conversión

La Ley 4/2023 prohíbe expresamente la promoción, financiación o práctica de las llamadas terapias de conversión, dirigidas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas, tipificándolas como infracción administrativa muy grave.

Medidas de igualdad real para personas LGTBI

La ley articula medidas en los ámbitos laboral (planes LGTBI en empresas de más de 50 personas), educativo, sanitario (prohibición de patologización), de protección social y familiar, así como un régimen de infracciones y sanciones administrativas específico para las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, o características sexuales.

Efectos de la rectificación registral del sexo

La rectificación de la mención registral del sexo, que conlleva el cambio de nombre, tiene efectos constitutivos desde su inscripción en el Registro Civil y no altera la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad al cambio registral, ni las responsabilidades penales o civiles ya existentes. Realizada la rectificación, una nueva solicitud posterior de modificación requiere resolución judicial una vez transcurridos seis meses desde la inscripción. Se prevé una fase de ratificación posterior a la solicitud inicial ante el Registro Civil.

Relación entre las cuatro normas: complementariedad

LO 3/2007 (marco general de igualdad de género), LO 1/2004 (tutela penal y civil específica frente a la violencia de pareja/expareja), Ley 15/2022 (cláusula general antidiscriminatoria por cualquier causa, con inversión de la carga de la prueba) y Ley 4/2023 (identidad de género y colectivo LGTBI) configuran un sistema de tutela antidiscriminatoria complementario, no excluyente entre sí, que el personal de la Administración de Justicia debe conocer por su proyección directa en la organización de los Tribunales de Instancia.

El principio de igualdad en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional

Fundamentos constitucionales: la igualdad como valor superior (art. 1.1), la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14), el mandato a los poderes públicos de promover la igualdad real y efectiva y remover los obstáculos (art. 9.2), la plena igualdad jurídica de hombre y mujer en el matrimonio (art. 32.1) y la prohibición de discriminación por razón de sexo en el trabajo (art. 35.1). La vulneración del art. 14 es tutelable en amparo (art. 53.2). Doctrina del TC: no toda diferencia de trato es discriminatoria, sino la carente de justificación objetiva y razonable y desproporcionada; las medidas de acción positiva a favor de mujeres no son discriminatorias cuando tienen justificación (STC 128/1987); y existe discriminación indirecta cuando una regla aparentemente neutra perjudica de forma desproporcionada a un sexo (STC 145/1991). El TC ha subrayado la dimensión constitucional de la conciliación de la vida familiar y laboral (STC 3/2007).

Marco internacional y europeo

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, ONU, 1979); Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011), ratificado por España; Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017.

LO 3/2007: estructura y conceptos básicos (arts. 3 a 13)

Art. 3: el principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Art. 6: discriminación directa (situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo) e indirecta (disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que sitúan a personas de un sexo en desventaja particular, salvo justificación objetiva y proporcionada). Art. 7: acoso sexual (comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad de una persona, en particular cuando crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo) y acoso por razón de sexo (comportamiento realizado en función del sexo con el mismo propósito o efecto); el condicionamiento de un derecho o expectativa a la aceptación de una situación de acoso se considera también discriminación por razón de sexo. Art. 8: constituye discriminación directa todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Art. 9: indemnidad frente a represalias. Art. 11: acciones positivas. Art. 13: prueba, con inversión de la carga cuando se aporten indicios de discriminación, excepto en el proceso penal.

LO 3/2007: estructura sistemática y políticas públicas

Título I, igualdad y tutela contra la discriminación; Título II, políticas públicas para la igualdad (Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, informes de impacto de género, acción administrativa en educación, cultura, salud, sociedad de la información, desarrollo rural, deporte, cooperación al desarrollo); Título III, igualdad y medios de comunicación; Título IV, derecho al trabajo en igualdad de oportunidades (acceso al empleo, formación, promoción, retribución, planes de igualdad, protocolos frente al acoso); Título V, principio de igualdad en el empleo público (criterios de actuación de las Administraciones, protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado, Plan de Igualdad de la AGE); Título VI, igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios; Título VII, igualdad en la responsabilidad social de las empresas (incluido el distintivo empresarial en materia de igualdad); Título VIII, disposiciones organizativas (Comisión Interministerial de Igualdad, unidades de igualdad, Consejo de Participación de la Mujer). El Instituto de las Mujeres es el organismo autónomo encargado de promover la igualdad.

LO 1/2004: estructura sistemática

Título Preliminar (disposiciones generales); Título I, sensibilización, prevención y detección (ámbitos educativo, publicidad y medios de comunicación, sanitario); Título II, derechos de las mujeres víctimas (información, asistencia social integral y asistencia jurídica gratuita; derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social; derechos de las funcionarias públicas; derechos económicos); Título III, tutela institucional; Título IV, tutela penal; Título V, tutela judicial (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, normas procesales civiles y penales, medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas, Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer). La ley fue complementada por la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y modificada en 2021 por la LO 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que amplía el concepto para incluir la violencia ejercida sobre familiares o allegados menores de edad con el objetivo de causar perjuicio a la mujer (violencia vicaria).

Derechos laborales y económicos de las víctimas (LO 1/2004, Título II)

Las trabajadoras víctimas tienen derecho a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto (duración inicial de seis meses, prorrogable por el juez hasta un máximo de dieciocho), a la extinción del contrato y a que las faltas de asistencia, totales o parciales, motivadas por la situación de violencia se consideren justificadas. Las funcionarias públicas tienen derechos análogos (reducción o reordenación de jornada, movilidad, excedencia). Se prevé una ayuda económica de pago único para víctimas con especiales dificultades para obtener empleo y rentas bajas, así como acceso preferente a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.

Medidas judiciales de protección y seguridad (LO 1/2004, Título V, Capítulo III)

El Juez puede acordar, con carácter cautelar o como pena accesoria, la salida del domicilio del agresor, el alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la patria potestad o de la guarda y custodia, la suspensión del régimen de visitas y la suspensión del derecho a la tenencia y porte de armas. Pueden adoptarse de oficio o a instancia de la víctima, de los hijos, de las personas que convivan con ella, del Ministerio Fiscal o de la Administración que ofrezca asistencia. Los dispositivos telemáticos de control del alejamiento y el sistema VioGén de seguimiento policial complementan su efectividad. El teléfono 016 ofrece información y asesoramiento jurídico gratuito, no deja rastro en la factura y atiende en múltiples idiomas.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LO 3/2007 distingue la igualdad de trato (ausencia de discriminación) de la igualdad de oportunidades (medidas de acción positiva, no consideradas discriminatorias).
  • Los Planes de Igualdad son obligatorios, tras el RD 901/2020, para empresas de 50 o más trabajadores y para las Administraciones Públicas.
  • Tras el RDL 6/2019, el permiso de nacimiento y cuidado es individual, intransferible e igual para ambos progenitores; el RDL 9/2025 lo amplió hasta las 19 semanas por progenitor (32 en familias monoparentales).
  • La composición equilibrada exige que ningún sexo baje del 40% ni supere el 60% en listas electorales y órganos directivos.
  • La LO 1/2004 solo cubre violencia de pareja o expareja, con o sin convivencia — no cualquier violencia contra la mujer.
  • El art. 1.3 LO 1/2004 comprende violencia física, psicológica, agresiones sexuales, amenazas, coacciones y privación de libertad ejercidas por cónyuge o pareja/expareja.
  • Los Juzgados/Secciones de Violencia sobre la Mujer acumulan competencia civil y penal respecto de una misma víctima; tras la LO 1/2025 son Secciones dentro de los Tribunales de Instancia.
  • La orden de protección (art. 544 ter LECrim) concentra en una única resolución de tramitación urgente medidas cautelares penales y civiles, con acceso automático a derechos asistenciales.
  • Las víctimas de violencia de género tienen derecho a asistencia jurídica gratuita inmediata de un mismo abogado/a (art. 20 LO 1/2004), sin esperar el reconocimiento del derecho.
  • La confección de cédulas de notificación y citación, y la tramitación de exhortos, en materia de violencia de género es tarea preferente y urgente del Cuerpo de Tramitación Procesal (art. 544 ter LECrim).
  • El art. 22.4ª CP prevé la agravante de discriminación por razón de género aplicable a cualquier delito.
  • La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer son los órganos de tutela institucional de la LO 1/2004.
  • La Ley 15/2022 protege frente a la discriminación por cualquier causa, con conceptos como la discriminación directa, indirecta, por asociación o por error, múltiple e interseccional, el acoso discriminatorio y la denegación de ajustes razonables.
  • La Ley 15/2022 invierte la carga de la prueba (art. 30): acreditados indicios de discriminación, corresponde a la parte demandada justificar objetivamente sus medidas.
  • La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación se crea por la Ley 15/2022, sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo.
  • La Ley 4/2023 prohíbe expresamente las terapias de conversión, tipificándolas como infracción administrativa muy grave.
  • Las cuatro normas (LO 3/2007, LO 1/2004, Ley 15/2022, Ley 4/2023) configuran un sistema de tutela antidiscriminatoria complementario, no excluyente entre sí.
  • Composición equilibrada (art. 3 LO 3/2007): ninguno de los sexos por debajo del 40% ni por encima del 60%; la ley no menciona el IBEX-35 sino las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada (art. 75).
  • LO 3/2007 art. 7: el acoso sexual y el acoso por razón de sexo se consideran discriminación por razón de sexo; art. 8: trato desfavorable por embarazo o maternidad es discriminación directa; art. 13: inversión de la carga de la prueba salvo en el proceso penal.
  • La orden de protección se resuelve en una audiencia urgente dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud (art. 544 ter LECrim) y puede pedirla la víctima, familiares, el Fiscal o acordarse de oficio.
  • En violencia de género está vedada la mediación (art. 87 ter LOPJ).
  • Suspensión de la relación laboral por violencia de género: seis meses iniciales, prorrogables judicialmente hasta dieciocho.
  • La asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género es inmediata, con una misma dirección letrada para todos los procesos derivados, y no depende de los recursos económicos de la víctima.
  • La LO 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada, es la novedad más reciente sobre paridad en órganos de decisión.
  • Ley 4/2023: 16 años o más, mera declaración; 14 a 16, con asistencia de los representantes legales; 12 a 14, autorización judicial; menores de 12 años, no procede. La rectificación no altera derechos y obligaciones preexistentes.
  • Doctrina del TC: la acción positiva es admisible si está justificada (STC 128/1987); la discriminación indirecta no exige intención (STC 145/1991).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se consideran, según el art. 7 LO 3/2007:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Tramitación Procesal (Justicia)?

Cuatro normas desarrollan, desde ángulos distintos, el mandato de igualdad del art. 14 CE: la LO 3/2007 aborda la igualdad general entre mujeres y hombres; la LO 1/2004 diseña una protección integral frente a la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja, con especial relevancia para el personal de Tramitación Procesal por su intervención directa en la confección de cédulas, notificaciones y órdenes de protección; la Ley 15/2022 amplía la tutela antidiscriminatoria a cualquier causa; y la Ley 4/2023 protege a las personas trans y LGTBI.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

La LO 3/2007 distingue la igualdad de trato (ausencia de discriminación) de la igualdad de oportunidades (medidas de acción positiva, no consideradas discriminatorias). Los Planes de Igualdad son obligatorios, tras el RD 901/2020, para empresas de 50 o más trabajadores y para las Administraciones Públicas. Tras el RDL 6/2019, el permiso de nacimiento y cuidado es individual, intransferible e igual para ambos progenitores; el RDL 9/2025 lo amplió hasta las 19 semanas por progenitor (32 en familias monoparentales). La composición equilibrada exige que ningún sexo baje del 40% ni supere el 60% en listas electorales y órganos directivos. La LO 1/2004 solo cubre violencia de pareja o expareja, con o sin convivencia — no cualquier violencia contra la mujer. El art. 1.3 LO 1/2004 comprende violencia física, psicológica, agresiones sexuales, amenazas, coacciones y privación de libertad ejercidas por cónyuge o pareja/expareja. Los Juzgados/Secciones de Violencia sobre la Mujer acumulan competencia civil y penal respecto de una misma víctima; tras la LO 1/2025 son Secciones dentro de los Tribunales de Instancia. La orden de protección (art. 544 ter LECrim) concentra en una única resolución de tramitación urgente medidas cautelares penales y civiles, con acceso automático a derechos asistenciales. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a asistencia jurídica gratuita inmediata de un mismo abogado/a (art. 20 LO 1/2004), sin esperar el reconocimiento del derecho. La confección de cédulas de notificación y citación, y la tramitación de exhortos, en materia de violencia de género es tarea preferente y urgente del Cuerpo de Tramitación Procesal (art. 544 ter LECrim). El art. 22.4ª CP prevé la agravante de discriminación por razón de género aplicable a cualquier delito. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer son los órganos de tutela institucional de la LO 1/2004. La Ley 15/2022 protege frente a la discriminación por cualquier causa, con conceptos como la discriminación directa, indirecta, por asociación o por error, múltiple e interseccional, el acoso discriminatorio y la denegación de ajustes razonables. La Ley 15/2022 invierte la carga de la prueba (art. 30): acreditados indicios de discriminación, corresponde a la parte demandada justificar objetivamente sus medidas. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación se crea por la Ley 15/2022, sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo. La Ley 4/2023 prohíbe expresamente las terapias de conversión, tipificándolas como infracción administrativa muy grave. Las cuatro normas (LO 3/2007, LO 1/2004, Ley 15/2022, Ley 4/2023) configuran un sistema de tutela antidiscriminatoria complementario, no excluyente entre sí. Composición equilibrada (art. 3 LO 3/2007): ninguno de los sexos por debajo del 40% ni por encima del 60%; la ley no menciona el IBEX-35 sino las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada (art. 75). LO 3/2007 art. 7: el acoso sexual y el acoso por razón de sexo se consideran discriminación por razón de sexo; art. 8: trato desfavorable por embarazo o maternidad es discriminación directa; art. 13: inversión de la carga de la prueba salvo en el proceso penal. La orden de protección se resuelve en una audiencia urgente dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud (art. 544 ter LECrim) y puede pedirla la víctima, familiares, el Fiscal o acordarse de oficio. En violencia de género está vedada la mediación (art. 87 ter LOPJ). Suspensión de la relación laboral por violencia de género: seis meses iniciales, prorrogables judicialmente hasta dieciocho. La asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género es inmediata, con una misma dirección letrada para todos los procesos derivados, y no depende de los recursos económicos de la víctima. La LO 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada, es la novedad más reciente sobre paridad en órganos de decisión. Ley 4/2023: 16 años o más, mera declaración; 14 a 16, con asistencia de los representantes legales; 12 a 14, autorización judicial; menores de 12 años, no procede. La rectificación no altera derechos y obligaciones preexistentes. Doctrina del TC: la acción positiva es admisible si está justificada (STC 128/1987); la discriminación indirecta no exige intención (STC 145/1991).

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Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 1.1, 9.2, 14, 32, 35 y 53.2.
  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
  • Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
  • Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 544 ter (orden de protección), y Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 87 ter.
  • Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.

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