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Tema 16. Medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional. Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil: juicio ordinario y verbal.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

Tras la reforma de eficiencia procesal de la LO 1/2025, haber intentado un medio adecuado de solución de controversias (MASC) es, con carácter general, requisito de procedibilidad para acceder a la vía jurisdiccional civil y mercantil. Superado ese filtro, la LEC articula dos procesos declarativos: el juicio ordinario, para asuntos de mayor cuantía o complejidad, con demanda, contestación, audiencia previa y vista; y el juicio verbal, proceso abreviado que concentra la tramitación en una vista única, con especialidades como el desahucio, el precario, la tutela posesoria o los alimentos.

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Los MASC: marco normativo

La Ley Orgánica 1/2025 y la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, introducen con carácter general el requisito de acreditar el intento de un medio adecuado de solución de controversias como presupuesto de procedibilidad para acceder a la vía jurisdiccional civil y mercantil.

Enumeración de los MASC

Comprenden la negociación directa entre las partes, la conciliación (registral, notarial o ante el Letrado de la Administración de Justicia), la mediación, la opinión neutral de un experto independiente, la oferta vinculante confidencial, el derecho colaborativo o cualquier otro medio análogo reconocido por la ley. Se caracterizan por ser actividades negociadoras estructuradas, presenciales o telemáticas, a las que las partes acuden de buena fe.

La conciliación como MASC

Puede sustanciarse ante el Registrador de la Propiedad o Mercantil, ante Notario, o ante el Letrado de la Administración de Justicia, constituyendo uno de los cauces más habituales para acreditar el intento de solución extrajudicial de la controversia.

Naturaleza de requisito de procedibilidad

Con carácter general, la acreditación del intento de un MASC se configura como presupuesto necesario para la admisión de la demanda en la mayoría de los procesos civiles y mercantiles, no como una mera facultad de las partes.

Acreditación documental del intento

La demanda debe acompañarse de un documento que acredite haber intentado el MASC correspondiente y su resultado, o, en su caso, la imposibilidad justificada de intentarlo, so pena de inadmisión de la demanda.

Consecuencias de la falta de acreditación

La presentación de la demanda sin haber intentado el MASC exigible determina, según la ley procesal aplicable a cada materia, la inadmisión a trámite o la suspensión del procedimiento para que el demandante pueda subsanar el defecto en el plazo que se le conceda.

Excepciones a la exigencia de MASC

No se exige este requisito en procesos en que esté en juego un interés general o de terceros, ni en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores en los que no quepa disposición de las partes, entre otras materias legalmente exceptuadas.

Efectos sobre la prescripción y la caducidad

El inicio del MASC suspende el cómputo de los plazos de prescripción y de caducidad de la acción, en línea con el régimen ya conocido para la solicitud de mediación (art. 4 Ley 5/2012); el cómputo se reanuda, según los casos, al finalizar el intento sin acuerdo o al transcurrir el plazo máximo previsto para cada medio, protegiendo al demandante que cumple esta exigencia previa de no ver decaído su derecho por el tiempo empleado en la negociación.

El juicio ordinario: concepto y ámbito por razón de materia

Es el proceso declarativo tipo del Libro II de la LEC. Se decide en juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía, entre otras, las demandas sobre derechos honoríficos de la persona, las que pretendan la tutela del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen (con intervención del Ministerio Fiscal), la impugnación de acuerdos sociales, la competencia desleal, la propiedad industrial e intelectual y la publicidad (art. 249 LEC).

Ámbito del ordinario: contratación y arrendamientos

Se decide también en juicio ordinario, con independencia de la cuantía, las demandas sobre condiciones generales de la contratación y las relativas a arrendamientos urbanos o rústicos de finca, salvo las de reclamación de rentas y desahucio (que se tramitan por juicio verbal).

Ámbito del ordinario por razón de cuantía

Se decide en juicio ordinario toda demanda cuya cuantía exceda de 15.000 euros (art. 249.2 LEC) o cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo, conforme a las reglas legales de cálculo de la cuantía (arts. 251 a 253 LEC). El límite de 15.000 euros fue elevado desde los 6.000 anteriores por la Ley 42/2015.

Prevalencia del criterio de materia sobre el de cuantía

Cuando existan dudas sobre el cauce procesal aplicable por concurrir a la vez criterios de materia y de cuantía, prevalece el criterio de la materia, de modo que un asunto de escasa cuantía incluido en las materias tasadas se tramitará siempre por el juicio ordinario.

Contenido de la demanda en el juicio ordinario

Debe expresar con claridad y precisión los hechos, los fundamentos de derecho y la petición concreta (petitum), consignando los datos identificativos del actor y del demandado y, en su caso, un domicilio del demandado a efectos de su localización.

Documentos que deben acompañar la demanda

Debe acompañarse del poder del Procurador (o del apoderamiento apud acta), de los documentos en que la parte funde su derecho —cuya presentación posterior queda en principio precluida salvo excepciones tasadas— y, en su caso, de los dictámenes periciales que apoyen la pretensión.

Admisión de la demanda y plazo de contestación

Admitida la demanda por el Letrado de la Administración de Justicia, se da traslado al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles (art. 404 LEC), con emplazamiento mediante cédula. La contestación debe presentarse por escrito, firmada por Abogado y Procurador.

Actitudes del demandado ante la demanda

El demandado puede contestar oponiéndose (alegando excepciones procesales o de fondo), allanarse total o parcialmente, no contestar (situación de rebeldía procesal) o formular reconvención frente al actor.

La rebeldía procesal

No supone allanamiento ni admisión de los hechos de la demanda, sino la continuación del proceso sin la participación activa del demandado, quien puede personarse en cualquier momento sin que el procedimiento retroceda a trámites ya precluidos.

La reconvención

Se propone en el propio escrito de contestación, con requisitos de forma equiparables a los de la demanda, siempre que exista conexión con las pretensiones de la demanda principal y el tribunal tenga competencia objetiva para conocer de ella, dando lugar a que el actor conteste a su vez a ella.

Ampliación de la demanda

Puede ampliarse antes de la contestación, acumulando nuevas pretensiones o extendiéndola a nuevos demandados, sin necesidad de iniciar un procedimiento independiente.

La audiencia previa: concepto y finalidades

Es una comparecencia con las partes y sus abogados que cumple varias finalidades: intentar la conciliación o transacción, examinar las cuestiones procesales que puedan obstar a la prosecución del proceso, fijar el objeto del litigio y proponer y admitir la prueba que se practicará en el juicio (art. 414 LEC). Se convoca por el Letrado de la Administración de Justicia para que se celebre dentro de los veinte días siguientes a la contestación a la demanda o, en su caso, a la reconvención.

Examen de cuestiones procesales en la audiencia previa

En la audiencia previa se resuelven las excepciones procesales que puedan afectar a la válida prosecución del proceso, como la falta de litisconsorcio pasivo necesario, la indebida acumulación de acciones o la falta de capacidad o representación de las partes.

Fijación del objeto del litigio y proposición de prueba

Las partes fijan con precisión los hechos controvertidos sobre los que exista disconformidad y sobre los que deba versar la prueba, proponiendo los medios probatorios de que intenten valerse, que el tribunal admite o inadmite según su pertinencia y utilidad.

La vista de juicio

En el acto del juicio se practican las pruebas previamente admitidas —interrogatorio de partes, testifical, pericial contradictoria, reconocimiento judicial— y las partes formulan oralmente sus conclusiones sobre los hechos probados.

Las diligencias finales

Excepcionalmente, cuando la prueba practicada no haya resultado suficiente para el esclarecimiento de los hechos, el tribunal puede acordar la práctica de diligencias finales, de oficio o a instancia de parte, en los supuestos tasados por la ley.

Terminación por sentencia

El procedimiento puede terminar por sentencia estimatoria, desestimatoria o mixta, dictada tras la valoración conjunta de la prueba practicada, dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio (art. 434 LEC).

El allanamiento como forma de terminación anómala

El demandado se somete a la pretensión del actor, dando lugar a sentencia condenatoria conforme a lo solicitado, salvo que suponga fraude de ley o perjuicio a tercero, supuestos en que el tribunal puede rechazarlo.

El desistimiento

El actor renuncia a continuar el proceso, sin que produzca efectos de cosa juzgada; si el demandado ya ha contestado a la demanda, se exige su consentimiento para que el desistimiento surta efecto.

La transacción judicial

Es el acuerdo entre las partes homologado judicialmente que pone fin al litigio, con eficacia de cosa juzgada equivalente a la de una sentencia firme, y que puede instarse en cualquier momento del procedimiento.

La satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto

Se produce cuando, por circunstancias sobrevenidas ajenas a la voluntad procesal de las partes, deja de tener sentido continuar el proceso, procediendo su terminación sin pronunciamiento sobre el fondo.

El juicio verbal: concepto y ámbito por razón de materia

Es el proceso declarativo abreviado del Libro II de la LEC. Se decide en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, entre otras materias, los procesos de desahucio por falta de pago o expiración del plazo, la reclamación de rentas, el precario, la tutela sumaria de la tenencia o posesión (los antiguos interdictos), la suspensión de obra nueva y la demolición de obra ruinosa (art. 250.1 LEC).

Ámbito del verbal: derechos reales, alimentos y rectificación

Se decide también en juicio verbal, con independencia de la cuantía, las acciones de tutela de derechos reales inscritos frente a quien perturbe el derecho sin título inscrito, las peticiones de alimentos debidos por disposición legal, la impugnación de acuerdos de las juntas de propietarios, las acciones de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales, y determinadas acciones sobre ventas a plazos y arrendamiento financiero.

Ámbito del verbal por razón de cuantía

Se decide en juicio verbal toda demanda de cuantía no superior a 15.000 euros que no esté incluida en las materias que se tramitan por juicio ordinario con independencia de su cuantía (art. 250.2 LEC).

La demanda de juicio verbal

Es sucinta: identifica a las partes y su domicilio, expone los hechos y fundamentos de derecho de forma numerada y separada, y formula la petición concreta (art. 437 LEC), acompañada de los documentos y dictámenes en que se funde. A diferencia del ordinario no hay audiencia previa.

Contestación escrita y prueba en el juicio verbal

Admitida la demanda, se da traslado al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de diez días (art. 438 LEC, tras la reforma de la Ley 42/2015). Los documentos y dictámenes se aportan con la demanda y la contestación; las pruebas se proponen y practican en la vista (art. 443 LEC), sin perjuicio de que las partes puedan solicitar en el breve plazo del art. 440.1 la citación judicial de testigos y peritos que no puedan comparecer por sí mismos.

Admisión y citación a la vista

Contestada la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia cita a las partes a la vista (art. 440 LEC) con la antelación que fija la ley, de modo que quede tiempo para preparar la comparecencia y para citar judicialmente a testigos y peritos. En los casos de desahucio se aplica un régimen especial de requerimiento al demandado (ver punto sobre el juicio de desahucio).

Inasistencia del actor a la vista

La incomparecencia injustificada del actor determina el desistimiento de la demanda, salvo que el demandado alegue interés legítimo en la continuación del proceso, en cuyo caso puede proseguirse sin la presencia del actor.

Inasistencia del demandado a la vista

No impide la continuación del acto: se entiende que se opone a la demanda si contestó por escrito previamente, o que continúa en rebeldía si no lo hizo.

Desarrollo de la vista del juicio verbal

Se formulan alegaciones complementarias, se resuelven las cuestiones procesales planteadas, se fija el objeto del debate, se practica la prueba previamente admitida y las partes formulan sus conclusiones orales, dictándose sentencia dentro de los diez días siguientes.

Recursos frente a resoluciones interlocutorias

Contra las resoluciones dictadas en el curso de la vista cabe, con carácter general, recurso de reposición sin efecto suspensivo, dejando constancia en el acta a efectos de un eventual recurso de apelación contra la sentencia.

Juicios verbales plenarios y sumarios

Se distingue entre juicios verbales plenarios, cuya sentencia produce efectos de cosa juzgada material, y juicios verbales sumarios (por ejemplo, la tutela sumaria de la posesión y la tutela de derechos reales inscritos), cuya sentencia no produce cosa juzgada y deja a salvo el derecho de las partes a plantear la cuestión con plenitud en el declarativo correspondiente (art. 447 LEC).

El juicio verbal de desahucio

Puede fundarse en la falta de pago de rentas o cantidades asimiladas, o en la expiración del plazo contractual; en la demanda cabe acumular la reclamación de rentas. Admitida la demanda, se requiere al demandado para que en el plazo de diez días desaloje el inmueble, pague o comparezca alegando razones para oponerse (art. 440.3 LEC); si no lo hace, se da por terminado el juicio y se procede al lanzamiento. En los desahucios de vivienda con personas vulnerables se prevé la comunicación a los servicios sociales y la posible suspensión del lanzamiento (arts. 441 y 703 LEC y Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda; contrastar la redacción vigente).

La enervación de la acción de desahucio

El arrendatario puede paralizar el desahucio por falta de pago mediante el pago o la consignación de lo debido antes de la vista (art. 22.4 LEC), salvo que ya hubiera enervado la acción en una ocasión anterior o que el arrendador le hubiera requerido de pago fehacientemente con al menos un mes de antelación a la demanda.

El juicio de precario

Se dirige contra quien disfruta de una finca sin título o con título ya extinguido y sin pagar merced, pudiendo instarlo el propietario, el poseedor con derecho a poseer o cualquier otra persona con derecho a poseer la finca.

El juicio sobre tutela posesoria (interdictos)

Protege de forma sumaria al poseedor frente a actos de despojo o perturbación de su posesión (antiguos interdictos), sin entrar a valorar la titularidad del derecho de fondo, que queda reservada a un ulterior proceso declarativo plenario. La demanda no se admite si ha transcurrido más de un año desde el despojo o perturbación (art. 439.1 LEC).

La tutela de derechos reales inscritos

Permite al titular registral obtener la efectividad de su derecho frente a quien lo perturbe de hecho o de derecho sin disponer de título inscrito que legitime la contradicción, en un proceso de tramitación rápida.

El juicio verbal de alimentos

Da cauce procesal a las reclamaciones de alimentos debidos por disposición legal, permitiendo obtener con rapidez una resolución que fije la prestación alimenticia debida al necesitado.

La rectificación de hechos inexactos y perjudiciales

Permite a quien se vea afectado por informaciones inexactas y perjudiciales difundidas por un medio de comunicación obtener su rectificación por la vía procesal del juicio verbal, con la celeridad propia de este cauce.

El juicio verbal en compraventas a plazos y arrendamiento financiero

Se tramitan también por el cauce del juicio verbal determinadas acciones relativas a contratos de compraventa a plazos de bienes muebles y de arrendamiento financiero, dada la naturaleza habitualmente poco compleja de estas controversias.

Presupuestos de la intervención de Abogado y Procurador

En el juicio ordinario es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador. En el juicio verbal no lo es cuando la cuantía no excede de 2.000 euros, salvo en los desahucios y en los supuestos en que la ley la exija (arts. 23 y 31 LEC). La falta de postulación en el escrito inicial no impide su admisión, pero el Letrado de la Administración de Justicia concede un plazo de subsanación.

Cómputo de los plazos

Los plazos procesales se cuentan en días hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos, y el mes de agosto es inhábil para las actuaciones procesales salvo las declaradas urgentes (arts. 133 y 130 LEC y art. 183 LOPJ). Los plazos se computan desde el día siguiente al de la notificación, y los de meses, de fecha a fecha. En el ordinario destacan los veinte días para contestar (art. 404), veinte para la audiencia previa (art. 414) y veinte para dictar sentencia (art. 434); en el verbal, diez para contestar (art. 438) y diez para dictar sentencia (art. 447).

Determinación de la cuantía

La cuantía se fija por el interés económico de la demanda, y se rige por las reglas de los arts. 251 a 253 LEC: en las reclamaciones dinerarias se atiende a la cantidad reclamada (sin contar los intereses ni las costas); si hay acumulación de acciones, se suman los valores; y si no es posible calcular el interés económico, ni siquiera de forma relativa, el asunto se tramita por el juicio ordinario. La determinación de la cuantía puede ser impugnada por el demandado en su contestación.

Capacidad, representación y legitimación

Los presupuestos procesales exigen capacidad para ser parte y capacidad procesal (arts. 6 y 7 LEC), legitimación (art. 10), postulación (arts. 23 y 31) y competencia objetiva y territorial. Los defectos se alegan como excepciones procesales y se resuelven en la audiencia previa (juicio ordinario) o al comienzo de la vista (juicio verbal). Los defectos subsanables dan lugar a un plazo de subsanación antes de acordar el sobreseimiento.

La prueba: medios y valoración

Los medios de prueba (art. 299 LEC) son: interrogatorio de las partes, documentos públicos, documentos privados, dictamen de peritos, reconocimiento judicial, interrogatorio de testigos y medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, y los instrumentos que permiten archivar y conocer datos. Los documentos públicos hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documentan (art. 319), mientras que el testifical, la pericial y el interrogatorio se valoran según las reglas de la sana crítica.

Grabación del juicio y vistas telemáticas

Las vistas y comparecencias se documentan en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen (art. 147 LEC), sin necesidad de acta escrita ni de presencia del Letrado de la Administración de Justicia en la sala cuando se garantizan la autenticidad e integridad de la grabación. Cuando el órgano lo acuerde, la vista puede celebrarse por videoconferencia, y el Cuerpo de Tramitación colabora en la gestión del señalamiento y el soporte.

Costas procesales

Rige el principio del vencimiento (art. 394 LEC): en los procesos declarativos las costas se imponen a la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente rechazadas, salvo que el tribunal aprecie serias dudas de hecho o de derecho. Si hay estimación parcial, cada parte abona las suyas y la mitad de las comunes. Ley 1/2025 vincula la actitud ante el MASC (negativa injustificada a negociar) con la imposición de costas y la apreciación de mala fe.

Sentencias, recursos y firmeza

Contra las sentencias dictadas en primera instancia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que debe interponerse ante el tribunal que dictó la resolución en el plazo de veinte días desde su notificación (art. 458 LEC). Los decretos y diligencias de ordenación son recurribles en reposición (art. 451) y revisión (art. 454 bis). La resolución es firme cuando transcurre el plazo sin recurso o no cabe recurso (art. 207 LEC).

El papel del Cuerpo de Tramitación en los procesos declarativos

Bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia, el tramitador registra el escrito inicial, prepara el decreto de admisión (o la diligencia de ordenación), elabora la cédula de emplazamiento y las cédulas de citación, gestiona el señalamiento en la agenda programada, prepara las comunicaciones, documenta las actuaciones en el expediente electrónico y deja constancia de las incidencias mediante diligencias de constancia. La corrección del cómputo de plazos y de la identificación de las partes es una fuente habitual de errores.

Acumulación de acciones y de procesos

La acumulación de acciones (arts. 71 y ss. LEC) permite ejercitar en una misma demanda varias acciones del demandante contra el demandado si no son incompatibles ni exigen trámites distintos; la acumulación de procesos (arts. 74 y ss.) exige conexión y que los procesos se hallen en primera instancia. Su finalidad es evitar sentencias contradictorias. La indebida acumulación se resuelve en la audiencia previa.

Litispendencia y cosa juzgada

La litispendencia impide la tramitación simultánea de dos procesos idénticos (art. 421 LEC); la cosa juzgada material impide un segundo proceso sobre el mismo objeto (arts. 222 y 421). La excepción de cosa juzgada y de litispendencia se alegan en la contestación y se resuelven en la audiencia previa; si concurre, se sobresee el proceso.

Preclusión y hechos nuevos

La demanda y la contestación fijan el objeto del proceso y la preclusión impide alegar con posterioridad hechos distintos, salvo los hechos nuevos o de nueva noticia (art. 286 LEC), que pueden alegarse hasta el momento de la vista o el juicio. Los documentos en que la parte funda su derecho deben aportarse con la demanda o la contestación (arts. 264 y 265), salvo las excepciones tasadas (arts. 270 y 271).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Tras la LO 1/2025 y la Ley 1/2025, acreditar el intento de un MASC es, con carácter general, requisito de procedibilidad para acceder a la vía civil y mercantil.
  • Los MASC incluyen negociación directa, mediación, conciliación (registral, notarial o ante el LAJ), opinión neutral de experto independiente y oferta vinculante confidencial.
  • La falta de acreditación del MASC exigible determina, según la ley procesal aplicable, la inadmisión o la suspensión del procedimiento para subsanar el defecto.
  • No se exige MASC en procesos con interés general o de terceros, ni en materias no disponibles como capacidad, filiación, matrimonio y menores.
  • El inicio de un MASC suspende (no interrumpe) el cómputo de la prescripción y de la caducidad de las acciones, reanudándose tras su finalización sin acuerdo.
  • Se decide en juicio ordinario, cualquiera que sea la cuantía, los derechos honoríficos, la impugnación de acuerdos sociales, la competencia desleal, la propiedad industrial/intelectual y las condiciones generales de la contratación.
  • Se decide en juicio ordinario toda demanda que supere los 15.000 euros o cuyo interés económico sea imposible de calcular.
  • Cuando concurren a la vez criterios de materia y de cuantía, prevalece siempre el criterio de la materia.
  • Admitida la demanda de juicio ordinario, el plazo de contestación es de 20 días; el demandado puede oponerse, allanarse, no contestar (rebeldía) o reconvenir.
  • La audiencia previa del juicio ordinario intenta la conciliación, examina cuestiones procesales, fija el objeto del litigio y propone/admite la prueba.
  • El procedimiento ordinario puede terminar de forma anómala por allanamiento, desistimiento, transacción judicial o satisfacción extraprocesal, además de por sentencia.
  • Se decide en juicio verbal, cualquiera que sea la cuantía, el desahucio, los interdictos, la tutela sumaria de la posesión y la suspensión de obra nueva.
  • Se decide en juicio verbal toda demanda de cuantía no superior a 15.000 euros que no esté entre las materias tasadas para el ordinario.
  • La incomparecencia injustificada del actor a la vista determina el desistimiento, salvo que el demandado alegue interés legítimo en continuar.
  • Se distingue entre juicios verbales plenarios (con efectos de cosa juzgada, como el desahucio por falta de pago) y sumarios (sin cosa juzgada, como los interdictos posesorios).
  • La enervación de la acción de desahucio permite al arrendatario paralizarlo pagando o consignando lo debido antes de la vista, salvo enervación previa ya utilizada.
  • Trampa: el límite entre juicio verbal y ordinario por cuantía es 15.000 euros (no 6.000; reforma de la Ley 42/2015).
  • Juicio ordinario: 20 días para contestar (art. 404), audiencia previa dentro de los 20 días siguientes a la contestación (art. 414) y sentencia en 20 días (art. 434).
  • Juicio verbal: contestación escrita en 10 días (art. 438), pruebas en la vista y sentencia en 10 días (art. 447).
  • En el verbal la prueba se propone y practica en la vista; la demanda es sucinta y se acompañan los documentos. No hay audiencia previa.
  • Desahucio: requerimiento al demandado para que en 10 días desaloje, pague o se oponga (art. 440.3); la enervación se rige por el art. 22.4 LEC.
  • No se exige abogado ni procurador en el verbal de hasta 2.000 euros (arts. 23 y 31 LEC), salvo en desahucio.
  • Tutela sumaria de la posesión: la demanda se inadmite si pasó más de un año desde el despojo (art. 439.1 LEC).
  • Allanamiento (art. 21), desistimiento (art. 20), transacción (art. 19) y carencia sobrevenida de objeto (art. 22) son formas de terminación anómala.
  • Rebeldía: no equivale a allanamiento ni a admisión de los hechos (arts. 496 y ss. LEC).
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Pregunta 1 de 130 aciertos

En el juicio verbal, ¿a partir de qué cuantía es preceptiva la intervención de abogado y procurador?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 16 de Tramitación Procesal (Justicia)?

Tras la reforma de eficiencia procesal de la LO 1/2025, haber intentado un medio adecuado de solución de controversias (MASC) es, con carácter general, requisito de procedibilidad para acceder a la vía jurisdiccional civil y mercantil. Superado ese filtro, la LEC articula dos procesos declarativos: el juicio ordinario, para asuntos de mayor cuantía o complejidad, con demanda, contestación, audiencia previa y vista; y el juicio verbal, proceso abreviado que concentra la tramitación en una vista única, con especialidades como el desahucio, el precario, la tutela posesoria o los alimentos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?

Tras la LO 1/2025 y la Ley 1/2025, acreditar el intento de un MASC es, con carácter general, requisito de procedibilidad para acceder a la vía civil y mercantil. Los MASC incluyen negociación directa, mediación, conciliación (registral, notarial o ante el LAJ), opinión neutral de experto independiente y oferta vinculante confidencial. La falta de acreditación del MASC exigible determina, según la ley procesal aplicable, la inadmisión o la suspensión del procedimiento para subsanar el defecto. No se exige MASC en procesos con interés general o de terceros, ni en materias no disponibles como capacidad, filiación, matrimonio y menores. El inicio de un MASC suspende (no interrumpe) el cómputo de la prescripción y de la caducidad de las acciones, reanudándose tras su finalización sin acuerdo. Se decide en juicio ordinario, cualquiera que sea la cuantía, los derechos honoríficos, la impugnación de acuerdos sociales, la competencia desleal, la propiedad industrial/intelectual y las condiciones generales de la contratación. Se decide en juicio ordinario toda demanda que supere los 15.000 euros o cuyo interés económico sea imposible de calcular. Cuando concurren a la vez criterios de materia y de cuantía, prevalece siempre el criterio de la materia. Admitida la demanda de juicio ordinario, el plazo de contestación es de 20 días; el demandado puede oponerse, allanarse, no contestar (rebeldía) o reconvenir. La audiencia previa del juicio ordinario intenta la conciliación, examina cuestiones procesales, fija el objeto del litigio y propone/admite la prueba. El procedimiento ordinario puede terminar de forma anómala por allanamiento, desistimiento, transacción judicial o satisfacción extraprocesal, además de por sentencia. Se decide en juicio verbal, cualquiera que sea la cuantía, el desahucio, los interdictos, la tutela sumaria de la posesión y la suspensión de obra nueva. Se decide en juicio verbal toda demanda de cuantía no superior a 15.000 euros que no esté entre las materias tasadas para el ordinario. La incomparecencia injustificada del actor a la vista determina el desistimiento, salvo que el demandado alegue interés legítimo en continuar. Se distingue entre juicios verbales plenarios (con efectos de cosa juzgada, como el desahucio por falta de pago) y sumarios (sin cosa juzgada, como los interdictos posesorios). La enervación de la acción de desahucio permite al arrendatario paralizarlo pagando o consignando lo debido antes de la vista, salvo enervación previa ya utilizada. Trampa: el límite entre juicio verbal y ordinario por cuantía es 15.000 euros (no 6.000; reforma de la Ley 42/2015). Juicio ordinario: 20 días para contestar (art. 404), audiencia previa dentro de los 20 días siguientes a la contestación (art. 414) y sentencia en 20 días (art. 434). Juicio verbal: contestación escrita en 10 días (art. 438), pruebas en la vista y sentencia en 10 días (art. 447). En el verbal la prueba se propone y practica en la vista; la demanda es sucinta y se acompañan los documentos. No hay audiencia previa. Desahucio: requerimiento al demandado para que en 10 días desaloje, pague o se oponga (art. 440.3); la enervación se rige por el art. 22.4 LEC. No se exige abogado ni procurador en el verbal de hasta 2.000 euros (arts. 23 y 31 LEC), salvo en desahucio. Tutela sumaria de la posesión: la demanda se inadmite si pasó más de un año desde el despojo (art. 439.1 LEC). Allanamiento (art. 21), desistimiento (art. 20), transacción (art. 19) y carencia sobrevenida de objeto (art. 22) son formas de terminación anómala. Rebeldía: no equivale a allanamiento ni a admisión de los hechos (arts. 496 y ss. LEC).

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Sí, 13 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323): arts. 19-22, 23, 31, 71 y ss., 133, 147, 249-253, 264-265, 286, 299, 319, 394, 399-447, 451-458 y 496 y ss.
  • Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC (elevación a 15.000 euros del umbral del juicio verbal y contestación escrita en el verbal).
  • Ley 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (MASC y requisito de procedibilidad) y Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.
  • Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles; Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (conciliación).
  • Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (desahucios; contrastar la redacción vigente).

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