Tema 19. La jurisdicción voluntaria: Naturaleza y clases de procedimientos. Especial referencia a los actos de conciliación.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV), regula los expedientes en los que se requiere la intervención de un órgano público para tutelar derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. A diferencia de la jurisdicción contenciosa, no hay demandante y demandado sino solicitante e interesados, y la competencia se reparte entre Jueces, Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), Notarios y Registradores. Dentro de los distintos expedientes (personas, familia, sucesiones, obligaciones, derechos reales y mercantil) los actos de conciliación tienen un régimen propio (arts. 139 a 148 LJV), orientado a evitar un pleito, y han de ponerse en relación con los medios adecuados de solución de controversias (MASC) introducidos por la Ley Orgánica 1/2025.
Naturaleza de la jurisdicción voluntaria (art. 1 Ley 15/2015)
Comprende los expedientes que requieren la intervención de un órgano jurisdiccional (o de Notario, Registrador o LAJ, según los casos) para la tutela de derechos e intereses civiles y mercantiles, sin que exista controversia que deba sustanciarse en proceso contencioso, y sin producir, con carácter general, efectos de cosa juzgada material.
Ausencia de contradicción propia de la jurisdicción voluntaria
No hay demandado en sentido estricto, sino interesados, que pueden comparecer y ser oídos sin ocupar una posición procesal enfrentada; la resolución final adopta la forma de decreto o auto según quien la dicte.
Distribución competencial: Jueces, LAJ, Notarios y Registradores
La ley desjudicializó buena parte de los expedientes clásicos. Quedan reservados al Juez los que afectan a derechos fundamentales, a menores o a personas con discapacidad (provisión de apoyos, adopción, tutela, etc.) y los que exigen una decisión de fondo; al LAJ corresponden, entre otros, la conciliación, la consignación y las subastas voluntarias, algunos expedientes mercantiles (convocatoria de juntas, nombramiento de expertos) y la celebración de matrimonio y el divorcio de mutuo acuerdo sin hijos menores o con medidas de apoyo; los Notarios intervienen en matrimonio, separación y divorcio de mutuo acuerdo (junto con el LAJ), conciliación, subastas voluntarias, acta de notoriedad de declaración de herederos, contador-partidor dativo, aceptación o repudiación de herencia, consignación y otros; los Registradores de la Propiedad y Mercantiles asumen determinados expedientes (conciliación registral, convocatoria de junta, nombramiento de auditor o experto, deslinde de fincas inscritas, etc.). La concreta atribución debe consultarse en cada capítulo de la Ley.
Intervención del Ministerio Fiscal
Interviene siempre que el expediente afecte al estado civil de las personas, a menores, a personas con discapacidad o a ausentes, o cuando lo exija la ley reguladora del expediente concreto.
Postulación: abogado y procurador
Como regla general (art. 3 LJV), no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador, salvo previsión legal específica (por ejemplo, cuando quepa oposición sustanciada por el juicio verbal) o cuando la complejidad del asunto lo justifique.
Iniciación del expediente: la solicitud
Se inicia por solicitud verbal o escrita con los datos del solicitante y demás interesados, el objeto y los fundamentos jurídicos, acompañando documentos y proponiendo prueba; el órgano competente examina de oficio su competencia y da traslado al Ministerio Fiscal y a los interesados.
La comparecencia y la prueba en el expediente
Cuando la ley lo prevé, se celebra comparecencia con alegaciones y proposición de prueba; el órgano competente puede acordar prueba de oficio, sin quedar limitado por la propuesta de los interesados, valorándose conforme a la sana crítica.
La resolución del expediente: forma
Los expedientes terminan por decreto del LAJ o auto del Juez, según a quién corresponda la competencia sobre el fondo; si se tramitan ante Notario o Registrador, adoptan la forma de acta, escritura pública o resolución registral.
Recursos contra las resoluciones de jurisdicción voluntaria
Como regla general, contra los autos del Juez que ponen fin al expediente cabe recurso de apelación, y contra los decretos del LAJ, el recurso directo de revisión ante el Juez; el régimen concreto se contiene en el art. 20 LJV y en la LEC, a la que remite. No hay casación ni recurso extraordinario por infracción procesal salvo previsión legal expresa.
Eficacia de la resolución y ausencia de cosa juzgada
Las resoluciones no producen, con carácter general, cosa juzgada material, pudiendo dejarse sin efecto por resolución posterior si cambian las circunstancias, sin perjuicio de que ciertos expedientes (conciliación con avenencia, declaración de herederos) produzcan efectos más consolidados.
Oposición en el expediente de jurisdicción voluntaria
La oposición de algún interesado convierte, en principio, la cuestión en contenciosa: la LJV (art. 17) regula los efectos de la oposición y, como regla, el expediente concluye remitiendo a las partes al proceso declarativo que corresponda, salvo que la ley reguladora del expediente concreto disponga que continúe por los trámites del juicio verbal. Es una de las zonas en que conviene contrastar el texto vigente del art. 17.
Expedientes en materia de personas: declaración de ausencia y de fallecimiento
Permiten dar respuesta jurídica a la incertidumbre sobre la existencia de una persona desaparecida. La declaración de ausencia legal (arts. 183 y ss. del Código Civil) designa representante para los bienes del ausente y, en términos generales, procede transcurrido un año desde las últimas noticias (tres años si hubiese dejado apoderado). La declaración de fallecimiento (arts. 193 y 194 CC) produce efectos equiparables a la muerte: con carácter general tras diez años desde las últimas noticias, cinco si el desaparecido hubiese cumplido setenta y cinco años, con plazos abreviados en supuestos de riesgo inminente de muerte (violencia, naufragio, catástrofe).
Provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, sustituyó el modelo de incapacitación y tutela por un sistema de apoyos (guarda de hecho, curatela, defensor judicial y poder preventivo). La LJV incluye un expediente de provisión de apoyos de carácter voluntario (arts. 42 bis a) a 42 bis c)), reservado a los supuestos sin oposición; los casos con controversia siguen el procedimiento contencioso de la LEC (arts. 756 y ss.). La decisión corresponde siempre al Juez, con intervención del Ministerio Fiscal.
Expedientes de familia
La LJV regula expedientes en el ámbito familiar tales como la dispensa de impedimentos matrimoniales, la intervención judicial en relación con la patria potestad (desacuerdos de los progenitores en el ejercicio, art. 156 CC), la tutela y curatela, la adopción, la emancipación y la habilitación de edad, y la guarda y administración de los bienes de menores. Los matrimonios y la separación y divorcio de mutuo acuerdo pueden también tramitarse fuera del juzgado: el matrimonio se puede celebrar ante LAJ o Notario (art. 51 CC), y la separación y el divorcio de mutuo acuerdo ante LAJ o Notario cuando no haya hijos menores no emancipados ni con medidas de apoyo y los cónyuges hayan convenido en escritura pública o convenio regulador (arts. 82 y 87 CC). Los pactos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos comunes de progenitores no casados se someten a aprobación judicial con intervención del Ministerio Fiscal.
Expedientes de sucesiones: albaceazgo y contador-partidor dativo
Se tramita como expediente el nombramiento de albacea cuando el testador no lo designó, y el de contador-partidor dativo, a instancia de herederos y legatarios que representen al menos el 50% del haber hereditario, ante LAJ o Notario.
La declaración de herederos abintestato
Cuando alguien fallece sin testamento válido, los herederos deben acreditar su condición. Tras la LJV, la declaración de herederos abintestato a favor del cónyuge y de los parientes del causante (descendientes, ascendientes y colaterales dentro del cuarto grado) se tramita ante Notario mediante acta de notoriedad (Ley del Notariado, arts. 55 y ss.), y no ante el Juez como ocurría antes. Si no existen herederos legítimos, la sucesión corresponde a la Administración (Estado o Comunidad Autónoma), cuya declaración se hace por la vía administrativa prevista en la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Este punto es de los más susceptibles de pregunta, por lo que se recomienda contrastar con el texto vigente.
Aceptación a beneficio de inventario y otros expedientes sucesorios
Quien desee limitar su responsabilidad por las deudas hereditarias al valor de los bienes heredados debe aceptar a beneficio de inventario (arts. 1010 y ss. CC), para lo cual se forma inventario con citación de acreedores y legatarios conocidos, en los términos y plazos que fija el Código Civil y la normativa notarial o judicial aplicable. Otros expedientes sucesorios de la LJV son la intimación al heredero para que acepte o repudie, la aceptación y repudiación de la herencia ante Notario, el nombramiento de albacea cuando el testador no lo designó y la adveración y protocolización de testamentos ológrafos y orales.
Expedientes de derecho de obligaciones: la consignación
Permite al deudor liberarse de su obligación cuando el acreedor se niega sin razón a admitir la prestación, está ausente o existe litigio sobre quién debe recibirla, mediante la puesta a disposición del órgano competente de la cosa o cantidad debida.
Expedientes de derechos reales: deslinde y amojonamiento
El deslinde permite fijar judicial o notarialmente los linderos confusos o discutidos con propietarios colindantes, sin resolver una controversia contenciosa de titularidad ya existente, pudiendo completarse con el amojonamiento.
Expedientes de subastas voluntarias
Cualquier interesado en enajenar un bien mediante subasta puede instar este expediente ante Notario o LAJ, tramitándose por el mismo sistema de subasta electrónica que las ejecuciones judiciales, sin necesidad de procedimiento de apremio previo.
Expedientes en materia mercantil: convocatoria de juntas y disolución judicial
Cuando los administradores no convocan la junta legalmente exigida, o concurre causa de disolución que no se adopta, cualquier socio interesado puede acudir al LAJ o Registrador Mercantil para la convocatoria judicial de la junta o la disolución judicial de la sociedad.
Los actos de conciliación: concepto y ámbito
Tienen por objeto alcanzar un acuerdo para evitar un pleito; quedan excluidas las materias indisponibles (estado civil, prohibición o limitación legal para transigir).
Órganos competentes para la conciliación y requisitos de la solicitud
Puede solicitarse ante el LAJ del domicilio del requerido, o ante Notario o Registrador competente por el mismo criterio, expresando datos identificativos, domicilios a efectos de citación, y objeto y motivo de la avenencia pretendida.
Celebración del acto de conciliación
El LAJ (o Notario/Registrador) cita a ambas partes a comparecencia; celebrado el acto con presencia de ambas (o solo del solicitante si el requerido no comparece, en cuyo caso se tiene por intentada sin efecto), se levanta acta con el acuerdo o la falta de avenencia.
Efectos de la conciliación: fuerza ejecutiva
Si hay avenencia, el acuerdo tiene fuerza ejecutiva, pudiendo instarse directamente su ejecución por los trámites de ejecución de títulos judiciales, sin necesidad de proceso declarativo previo; si no hay avenencia, se considera intentada la conciliación.
Fundamento constitucional y naturaleza jurídica
El art. 117.4 de la Constitución permite atribuir a los Juzgados y Tribunales, además de la potestad jurisdiccional, las funciones que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. De ahí se extrae que la jurisdicción voluntaria no es jurisdicción en sentido estricto sino una función de tutela de derechos privados sin contienda: la doctrina discute si es actividad administrativa de Derecho privado, y la propia LJV la desjudicializa en parte al encomendarla también a LAJ, Notarios y Registradores. Los Jueces conservan los expedientes más sensibles.
Principios del procedimiento
Predomina la flexibilidad: el órgano competente puede apartarse de las formas ordinarias, actuar de oficio con mayor amplitud que en el proceso contencioso (impulso, prueba, audiencia a interesados), y las resoluciones pueden modificarse si cambian las circunstancias. Rigen también los principios de oralidad en las comparecencias, economía procesal y tutela de los intereses de menores y personas con discapacidad.
Ámbito: expedientes civiles y mercantiles
La LJV se limita a los expedientes en materia de Derecho civil y mercantil. Quedan fuera los expedientes regulados en otras leyes (por ejemplo, los registrales ordinarios, Registro Civil o los de otras jurisdicciones) y los que la propia ley declara excluidos. Es supletoria de la LEC en todo lo no previsto, y se aplica sin perjuicio de las normas autonómicas con competencia en Derecho civil propio.
Clasificación de los expedientes por materias
Los expedientes se agrupan en la LJV por materias: personas (nombramiento de tutores, apoyos, ausencia y fallecimiento, etc.), familia (patria potestad, adopción, matrimonio, divorcio notarial o ante LAJ, emancipación), sucesiones (albaceas, contador-partidor, herederos, aceptación y repudiación), obligaciones (consignación), derechos reales (deslinde y amojonamiento, subastas voluntarias, expedientes de dominio y reanudación de tracto en la normativa registral) y mercantil (convocatoria de juntas, nombramiento de expertos y auditores, disolución judicial, exhibición de libros). Cada expediente concreto determina órgano competente, postulación y recurso.
Competencia y criterios territoriales
La competencia objetiva depende de cada expediente y se reparte entre Juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil (en materia mercantil), de Familia donde existan y Jueces de Paz en conciliación. En cuanto a la competencia territorial, se atiende a los foros que establece cada capítulo (domicilio del solicitante, del menor, del requerido, ubicación del bien) y, subsidiariamente, a los de la LEC. El órgano examina de oficio su competencia.
Costas y gastos del expediente
Los gastos corren, en principio, a cargo del solicitante, salvo que haya oposición, en cuyo caso se estará a las reglas generales de la LEC. Es un punto susceptible de matices en cada expediente concreto, por lo que no conviene memorizarlo con cifras.
La conciliación: Ley 15/2015 y encaje con los MASC (LO 1/2025)
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha configurado como requisito de procedibilidad en el orden civil el haber intentado previamente un medio adecuado de solución de controversias (negociación, conciliación, mediación, opinión neutral de experto, oferta vinculante confidencial), antes de interponer demanda en determinados asuntos. La conciliación regulada en la LJV es un cauce más, pero la reforma exige contrastar con el texto vigente de los arts. 139 a 148 LJV y de la LEC (art. 399 y concordantes) el alcance exacto del cambio.
Conciliación: ámbito y exclusiones
Puede acudir al acto de conciliación quien pretenda evitar un pleito. Quedan fuera las materias indisponibles (estado civil, derechos sobre los que las partes no pueden transigir), los asuntos de naturaleza laboral, que tienen su propia conciliación en la jurisdicción social, y las pretensiones sometidas a su normativa especial. Debe contrastarse el art. 139 LJV para las exclusiones concretas.
Conciliación: competencia, solicitud y postulación
Es competente el LAJ del Juzgado de Primera Instancia (o de lo Mercantil, en su caso) del domicilio del requerido; en municipios sin Juzgado de Primera Instancia propio, el Juez de Paz. También pueden intervenir Notarios (Ley del Notariado, arts. 81 a 83) y Registradores (art. 103 bis de la Ley Hipotecaria) en los términos legales. La solicitud, que puede presentarse por escrito o verbalmente, no exige abogado ni procurador, e identifica a las partes, el domicilio del requerido y el objeto de la pretensión.
Conciliación: comparecencia, acta y ejecución
Admitida la solicitud, se cita a las partes a comparecencia. Si hay avenencia se levanta acta con el acuerdo; si no la hay, se tiene por intentada sin avenencia; si no comparece el requerido, se tiene por intentada sin efecto. El acuerdo es título ejecutivo y puede ejecutarse conforme a las reglas de la LEC para los títulos judiciales. La LJV prevé además que lo convenido pueda impugnarse por las causas que invalidan los contratos.
Diferencias entre conciliación, mediación y arbitraje
La conciliación se orienta a que las partes alcancen un acuerdo ante un funcionario (LAJ, Notario, Registrador o Juez de Paz) que, en principio, no propone la solución; la mediación (Ley 5/2012, de 6 de julio) se desarrolla ante un mediador profesional con estatuto propio, y el acuerdo se formaliza en escritura pública para ser título ejecutivo; el arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre) concluye con un laudo vinculante que decide la controversia. La confusión entre estas figuras es un error típico de examen.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
En jurisdicción voluntaria no hay demandado en sentido estricto, sino solicitante e interesados, ni, por regla general, efectos de cosa juzgada material.
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria se limita a expedientes civiles y mercantiles; su base constitucional es el art. 117.4 CE.
Los expedientes se reparten entre Juez, LAJ, Notario y Registrador según la materia: los que afectan a menores o a personas con discapacidad y los que exigen decisión de fondo quedan reservados al Juez.
El Ministerio Fiscal interviene cuando el expediente afecte al estado civil, a menores, a personas con discapacidad o a ausentes, o cuando lo disponga la ley del expediente.
Como regla general, no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador en jurisdicción voluntaria, salvo previsión legal específica; en la conciliación no son necesarios.
Contra el auto del Juez cabe apelación y contra el decreto del LAJ recurso directo de revisión; no cabe casación salvo previsión expresa.
La Ley 8/2021 sustituyó la incapacitación por un sistema de apoyos y creó un expediente voluntario de provisión de apoyos (arts. 42 bis a) a c) LJV), reservando la LEC para los casos con oposición.
Tras la LJV, la declaración de herederos abintestato de cónyuge y parientes se tramita ante Notario por acta de notoriedad; la sucesión del Estado o de la Comunidad Autónoma sigue la vía administrativa de la Ley 33/2003.
El contador-partidor dativo se nombra a instancia de herederos y legatarios que representen al menos el 50% del haber hereditario.
Quien desee limitar su responsabilidad por deudas hereditarias debe aceptar a beneficio de inventario con arreglo a los arts. 1010 y ss. del Código Civil.
Los actos de conciliación excluyen las materias indisponibles y las laborales (que tienen su propia conciliación), y se solicitan ante LAJ del domicilio del requerido, Juez de Paz, Notario o Registrador.
El acuerdo alcanzado en conciliación tiene fuerza ejecutiva; la falta de comparecencia del requerido determina que se tenga por intentada sin efecto.
Matrimonio, separación y divorcio de mutuo acuerdo pueden tramitarse ante LAJ o Notario, pero el divorcio notarial o ante LAJ exige que no haya hijos menores no emancipados ni con medidas de apoyo.
La LO 1/2025 introduce los MASC como requisito de procedibilidad: no confundir conciliación (LJV), mediación (Ley 5/2012) y arbitraje (Ley 60/2003).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué efecto tiene el acuerdo alcanzado en un acto de conciliación?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 19 de Tramitación Procesal (Justicia)?
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV), regula los expedientes en los que se requiere la intervención de un órgano público para tutelar derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. A diferencia de la jurisdicción contenciosa, no hay demandante y demandado sino solicitante e interesados, y la competencia se reparte entre Jueces, Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), Notarios y Registradores. Dentro de los distintos expedientes (personas, familia, sucesiones, obligaciones, derechos reales y mercantil) los actos de conciliación tienen un régimen propio (arts. 139 a 148 LJV), orientado a evitar un pleito, y han de ponerse en relación con los medios adecuados de solución de controversias (MASC) introducidos por la Ley Orgánica 1/2025.
¿Qué hay que memorizar del Tema 19 para el examen?
En jurisdicción voluntaria no hay demandado en sentido estricto, sino solicitante e interesados, ni, por regla general, efectos de cosa juzgada material. La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria se limita a expedientes civiles y mercantiles; su base constitucional es el art. 117.4 CE. Los expedientes se reparten entre Juez, LAJ, Notario y Registrador según la materia: los que afectan a menores o a personas con discapacidad y los que exigen decisión de fondo quedan reservados al Juez. El Ministerio Fiscal interviene cuando el expediente afecte al estado civil, a menores, a personas con discapacidad o a ausentes, o cuando lo disponga la ley del expediente. Como regla general, no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador en jurisdicción voluntaria, salvo previsión legal específica; en la conciliación no son necesarios. Contra el auto del Juez cabe apelación y contra el decreto del LAJ recurso directo de revisión; no cabe casación salvo previsión expresa. La Ley 8/2021 sustituyó la incapacitación por un sistema de apoyos y creó un expediente voluntario de provisión de apoyos (arts. 42 bis a) a c) LJV), reservando la LEC para los casos con oposición. Tras la LJV, la declaración de herederos abintestato de cónyuge y parientes se tramita ante Notario por acta de notoriedad; la sucesión del Estado o de la Comunidad Autónoma sigue la vía administrativa de la Ley 33/2003. El contador-partidor dativo se nombra a instancia de herederos y legatarios que representen al menos el 50% del haber hereditario. Quien desee limitar su responsabilidad por deudas hereditarias debe aceptar a beneficio de inventario con arreglo a los arts. 1010 y ss. del Código Civil. Los actos de conciliación excluyen las materias indisponibles y las laborales (que tienen su propia conciliación), y se solicitan ante LAJ del domicilio del requerido, Juez de Paz, Notario o Registrador. El acuerdo alcanzado en conciliación tiene fuerza ejecutiva; la falta de comparecencia del requerido determina que se tenga por intentada sin efecto. Matrimonio, separación y divorcio de mutuo acuerdo pueden tramitarse ante LAJ o Notario, pero el divorcio notarial o ante LAJ exige que no haya hijos menores no emancipados ni con medidas de apoyo. La LO 1/2025 introduce los MASC como requisito de procedibilidad: no confundir conciliación (LJV), mediación (Ley 5/2012) y arbitraje (Ley 60/2003).
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Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, art. 117.4.
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE de 3 de julio de 2015), en especial arts. 1-2, 17, 20, 42 bis a)-c) y 139-148.
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Código Civil, arts. 51, 82, 87, 183 y ss., 193-194 y 1010 y ss.
Ley del Notariado, arts. 55 y ss. y 81-83; Ley Hipotecaria, art. 103 bis.
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles; Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
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