Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de la Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes. El Tribunal Constitucional. Composición y funciones.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Constitución de 1978 organiza el Estado en torno a una Monarquía parlamentaria: la Corona como magistratura simbólica sin poder de decisión efectivo, unas Cortes Generales bicamerales titulares de la potestad legislativa, y un Tribunal Constitucional como máximo garante de la propia norma fundamental frente a leyes, disposiciones y actos que pudieran contradecirla.
La CE consta de un Preámbulo (sin valor normativo directo, pero con función interpretativa), un Título Preliminar (arts. 1-9, con los valores superiores del art. 1.1 y los principios del art. 9.3) y diez títulos numerados: I Derechos y deberes fundamentales, II La Corona, III Las Cortes Generales, IV Gobierno y Administración, V Relaciones Gobierno-Cortes, VI Poder Judicial, VII Economía y Hacienda, VIII Organización Territorial, IX Tribunal Constitucional y X Reforma Constitucional; en total 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final.
Valores superiores y principios del ordenamiento (arts. 1.1 y 9.3 CE)
El art. 1.1 CE propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; no deben confundirse con los siete principios del art. 9.3: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, seguridad jurídica, responsabilidad de los poderes públicos e interdicción de la arbitrariedad.
Eficacia directa y vinculación de la Constitución (art. 9.1 CE)
El art. 9.1 CE proclama que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, consagrando su eficacia normativa directa e inmediata, sin necesidad de desarrollo legislativo previo para producir efectos jurídicos.
La reforma constitucional: procedimiento ordinario (art. 167 CE)
Para reformas que no afecten al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I ni al Título II, se exige aprobación por mayoría de 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, se constituye una Comisión Paritaria Congreso-Senado que presenta un texto votado de nuevo por ambas Cámaras, si aun así no se logra el acuerdo, y siempre que el texto haya obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de 2/3. Puede someterse a referéndum si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los 15 días siguientes a su aprobación.
La reforma constitucional: procedimiento agravado (art. 168 CE)
Cuando se propone la revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales) o al Título II (la Corona), se exige aprobación por mayoría de 2/3 de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes; las Cámaras electas deben ratificar la decisión y aprobar el nuevo texto también por 2/3, sometiéndose obligatoriamente a referéndum de ratificación. Es el único procedimiento con referéndum preceptivo, no facultativo.
La Corona: naturaleza jurídica (art. 56 CE)
El Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes; es inviolable y no está sujeto a responsabilidad (art. 56.3).
Sucesión a la Corona (art. 57 CE)
La Corona es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón; el orden de sucesión sigue la regularidad primogénita y representativa, prefiriéndose la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo, en el mismo grado el varón a la mujer, y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos.
El refrendo de los actos regios (art. 64 CE)
Los actos del Rey deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el art. 99 los refrenda el Presidente del Congreso. De los actos refrendados es responsable la persona que los refrenda, no el Rey, salvo la excepción del art. 65.2: la distribución de la cuantía global de la Casa del Rey y el libre nombramiento y relevo de su personal civil y militar.
Atribuciones del Rey (art. 62 CE)
Entre otras: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; convocar referéndum en los casos previstos; proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente; expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones; presidir, cuando lo estime oportuno, las sesiones del Consejo de Ministros; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin poder autorizar indultos generales; y el alto patronazgo de las Reales Academias.
Regencia y tutela (arts. 59-60 CE)
Cuando el Rey fuera menor de edad, el padre o madre del Rey, o el pariente mayor de edad más próximo en la sucesión, ejercerá inmediatamente la Regencia; también procede cuando el Rey se inhabilite para el ejercicio de su autoridad, reconocida la incapacidad por las Cortes Generales. La tutela del Rey menor corresponde a la persona designada en testamento por el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento, y en su defecto al padre o madre mientras permanezcan viudos.
Las Cortes Generales: composición y funciones (art. 66 CE)
Representan al pueblo español, se componen del Congreso de los Diputados y el Senado, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución; son inviolables.
El Congreso de los Diputados (art. 68 CE)
Formado por un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados (350 según la LOREG vigente), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con la provincia como circunscripción electoral y aplicación del sistema proporcional D'Hondt, para un mandato de 4 años salvo disolución anticipada.
El Senado (art. 69 CE)
Cámara de representación territorial: 4 senadores por provincia peninsular por sufragio universal directo con voto limitado a 3 candidatos (sistema mayoritario corregido); reglas específicas en islas y en Ceuta y Melilla; a ellos se suman los senadores designados por las Asambleas Legislativas autonómicas, uno fijo por Comunidad más uno adicional por cada millón de habitantes de su territorio.
Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias (art. 71 CE)
Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, y de inmunidad: solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, y no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización (suplicatorio) de la Cámara respectiva; la instrucción y el enjuiciamiento de las causas contra ellos corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Funcionamiento de las Cámaras: Pleno, Comisiones y periodos de sesiones (art. 73 CE)
Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones (Legislativas y no Legislativas); los periodos ordinarios de sesiones son de septiembre a diciembre y de febrero a junio, cabiendo sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras, con un orden del día determinado.
La Diputación Permanente (art. 78 CE)
Cada Cámara cuenta con una Diputación Permanente, de un mínimo de 21 miembros que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, presidida por el Presidente de la Cámara; vela por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida, ha sido disuelta o ha expirado su mandato, hasta la constitución de la nueva Cámara.
Mayorías parlamentarias
La regla general es la mayoría simple de los miembros presentes (art. 79.2 CE); determinadas materias exigen mayorías reforzadas: absoluta (mitad más uno del total de miembros, p. ej. leyes orgánicas, investidura en primera votación), 3/5 (p. ej. designación de vocales del CGPJ o magistrados del TC por cada Cámara) y 2/3 (p. ej. reforma agravada del art. 168 CE).
La iniciativa legislativa (art. 87 CE)
Corresponde al Gobierno (proyectos de ley), al Congreso y al Senado conforme a sus Reglamentos (proposiciones de ley), a las Asambleas de las CC.AA. y a la iniciativa popular, que exige no menos de 500.000 firmas acreditadas y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (art. 87.3 CE). Además, las Asambleas autonómicas pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley (art. 87.2).
Tramitación de las leyes: Congreso y Senado (art. 90 CE)
Aprobado un proyecto o proposición por el Congreso, su Presidente da cuenta al del Senado, que en dos meses (o veinte días naturales si el Congreso declara la urgencia) puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto (exige mayoría absoluta del Senado; se levanta por mayoría absoluta del Congreso si no han transcurrido dos meses, o por mayoría simple pasado ese plazo) o introducir enmiendas, que el Congreso aprueba o rechaza por mayoría simple.
Sanción, promulgación y publicación (art. 91 CE)
El Rey sanciona en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulga y ordena su inmediata publicación en el Boletín Oficial del Estado; la entrada en vigor se produce, salvo previsión distinta en la propia norma, a los veinte días de su completa publicación (art. 2.1 Código Civil, vacatio legis).
Las leyes orgánicas (art. 81 CE)
Se reservan al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, a la aprobación de los Estatutos de Autonomía, al régimen electoral general y a las demás materias previstas en la Constitución (p. ej. LOPJ, LO del TC); su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Delegación legislativa: los decretos legislativos (arts. 82-85 CE)
Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley mediante ley de bases (para textos articulados) o ley ordinaria (para textos refundidos), quedando excluida la materia de leyes orgánicas; la delegación se otorga de forma expresa, para materia concreta y con fijación de plazo, agotándose por su uso.
Los decretos-leyes (art. 86 CE)
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos-leyes, no pudiendo afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las CC.AA. ni al Derecho electoral general; deben someterse a debate y votación de totalidad al Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación, para su convalidación o derogación.
El Tribunal Constitucional: composición (art. 159 CE)
Compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5, 4 a propuesta del Senado con igual mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del CGPJ; deben ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional; mandato de 9 años, con renovación por terceras partes cada 3.
Estatuto de los magistrados del TC
Gozan de independencia e inamovilidad en el ejercicio de su mandato; su cargo es incompatible con todo mandato representativo, con cargos políticos o administrativos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal en activo, y con cualquier actividad profesional o mercantil, salvo la docencia o investigación jurídica de carácter estrictamente académico.
Recurso y cuestión de inconstitucionalidad (art. 161.1.a CE)
El recurso de inconstitucionalidad, contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, puede interponerse por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores o los órganos ejecutivos y Asambleas de las CC.AA. en su caso, en el plazo de 3 meses desde la publicación de la norma. La cuestión de inconstitucionalidad la plantea de oficio cualquier Juez o Tribunal cuando albergue dudas sobre la constitucionalidad de una norma aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo.
El recurso de amparo (art. 53.2 CE)
Protege, ante el Tribunal Constitucional (tras el agotamiento de la vía judicial previa, principio de subsidiariedad), los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 CE (igualdad) y en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15-29, derechos fundamentales y libertades públicas en sentido estricto, incluida la objeción de conciencia del art. 30.2); no protege, por esta vía, el resto de derechos del Título I.
Conflictos de competencia y otras funciones del TC (art. 161 CE)
El TC conoce de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí, de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, del control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales, y de la impugnación por el Gobierno de disposiciones y resoluciones autonómicas (art. 161.2 CE), que produce la suspensión automática de la disposición impugnada por un plazo máximo de 5 meses.
El Tribunal Constitucional frente al Poder Judicial
El TC no forma parte del Poder Judicial ni es una tercera instancia; es un órgano constitucional, intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica; sus sentencias vinculan a todos los poderes públicos y no cabe recurso alguno contra ellas.
Publicación y eficacia de las sentencias del TC
Las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares que se formulen, y tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente al de su publicación, sin que quepa recurso alguno contra ellas (art. 164.1 CE); las recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde la fecha de su publicación (art. 38 LOTC). Salvo que el fallo disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad (art. 164.2 CE). Con carácter general, la declaración de inconstitucionalidad no permite revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, salvo los penales o sancionadores en que resulte una reducción de la pena o sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad (art. 40.1 LOTC).
Proceso constituyente, entrada en vigor y reformas efectivas
La Constitución fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978, fecha de su entrada en vigor. Ha sido reformada tres veces, siempre por el procedimiento del art. 167: en 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales, por el Tratado de Maastricht), en 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y en 2024 (art. 49, para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad y reforzar su protección; aprobada por el Pleno del Congreso el 18 de enero, sancionada el 15 de febrero y publicada en el BOE el 17 de febrero de 2024, fecha de su entrada en vigor). Nunca se ha utilizado el procedimiento agravado del art. 168.
Título Preliminar (arts. 1-9): contenido esencial
Art. 1: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho; la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado; la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria. Art. 2: unidad de la Nación española y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. Art. 3: el castellano es la lengua española oficial del Estado (deber de conocerla y derecho a usarla); las demás lenguas son oficiales en sus Comunidades según sus Estatutos. Art. 4: bandera de España (rojo, amarillo y rojo, con franja central doble). Art. 5: la capital del Estado es Madrid. Art. 6: partidos políticos (creación libre; estructura y funcionamiento democráticos). Art. 7: sindicatos y asociaciones empresariales. Art. 8: las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Art. 9: sujeción a la Constitución, igualdad real y efectiva (9.2) y principios del 9.3.
Estructura del Título I y garantías de los derechos
El Título I (arts. 10-55) se divide en cinco capítulos: I, De los españoles y los extranjeros (arts. 11-13); II, Derechos y libertades, con la Sección 1ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 15-29) y la Sección 2ª De los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38); III, De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52); IV, De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53-54); y V, De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55). Garantías: vinculación de todos los poderes públicos y reserva de ley que respete el contenido esencial (art. 53.1); tutela por los tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y recurso de amparo ante el TC (art. 53.2); los principios rectores solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen (art. 53.3); Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas (art. 54). La suspensión de derechos (art. 55) es posible en estado de excepción o de sitio, y de forma individual para personas determinadas en relación con investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas mediante ley orgánica.
La Corona: otros preceptos (arts. 57.5, 58, 61, 63 y 65)
Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho en el orden de sucesión se resuelven por ley orgánica (art. 57.5); así se hizo efectiva la abdicación de Don Juan Carlos I mediante la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, y Don Felipe VI fue proclamado Rey el 19 de junio de 2014. La heredera es S.A.R. la Princesa de Asturias, Doña Leonor, que juró la Constitución al cumplir la mayoría de edad el 31 de octubre de 2023. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas (art. 61); el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo, prestan el mismo juramento y el de fidelidad al Rey. Art. 63: el Rey acredita a los embajadores y recibe las acreditaciones; manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por tratados; y, previa autorización de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz. Art. 65.1: el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa.
Las Cortes Generales: estatuto y reglas de funcionamiento (arts. 67, 72, 74-77, 79-80)
Art. 67: nadie puede ser miembro de las dos Cámaras ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso; los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo; las reuniones de parlamentarios sin convocatoria reglamentaria no vinculan a las Cámaras. Art. 70: las causas de inelegibilidad e incompatibilidad las fija la ley electoral (LOREG); la validez de las actas y credenciales está sometida a control judicial. Art. 72: cada Cámara establece su propio Reglamento (aprobado por mayoría absoluta), elige su Presidente y Mesa y aprueba autónomamente su presupuesto; las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso. Art. 74: las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye a las Cortes Generales (p. ej., proclamación del Rey, regencia). Art. 75: las Cámaras pueden delegar en Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, pero quedan excluidos la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado. Art. 76: el Congreso y el Senado pueden nombrar Comisiones de investigación; sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales, sin perjuicio de que se comuniquen al Ministerio Fiscal; la comparecencia ante ellas es obligatoria. Art. 77: las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito. Art. 79: para la adopción de acuerdos es necesaria la presencia de la mayoría de los miembros; el voto de Diputados y Senadores es personal e indelegable. Art. 80: las sesiones plenarias son públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.
Atribuciones de cada Cámara: relación con el Gobierno y funciones del Senado
El Congreso concentra el control político del Gobierno: otorga la confianza al candidato a Presidente (investidura, art. 99: mayoría absoluta en primera votación; si no, mayoría simple en una segunda votación 48 horas después; si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato obtiene la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso), tramita la cuestión de confianza (art. 112) y la moción de censura (art. 113: debe proponerla al menos una décima parte de los Diputados, incluir un candidato alternativo y ser aprobada por mayoría absoluta; no puede votarse hasta que pasen cinco días desde su presentación). El Congreso tiene también la última palabra en el procedimiento legislativo y en la convalidación de los decretos-leyes. El Senado, como Cámara de representación territorial (art. 69.1), interviene de forma específica en la autorización de los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas (art. 145.2, decisión de ambas Cámaras con procedimiento iniciado en el Senado), en el Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2) y, sobre todo, en el art. 155 CE: ante el incumplimiento por una Comunidad Autónoma de sus obligaciones constitucionales o legales, o si atenta gravemente contra el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente autonómico y, si no es atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso. Las decisiones de los arts. 94.1 (tratados que requieren autorización de las Cortes), 145.2 y 158.2 se adoptan por mayoría de cada Cámara, con Comisión Mixta y decisión final del Congreso por mayoría absoluta si no hay acuerdo (art. 74.2).
Grupos parlamentarios y órganos de gobierno de las Cámaras
Cada Cámara tiene un Presidente, una Mesa (órgano rector, con Vicepresidentes y Secretarios), una Junta de Portavoces, el Pleno, las Comisiones y la Diputación Permanente. Los parlamentarios se organizan en grupos parlamentarios, que según los Reglamentos requieren un número mínimo de miembros (15 Diputados en el Congreso y 10 Senadores en el Senado, con reglas especiales de excepción en el Congreso para formaciones con apoyo electoral relevante); los parlamentarios no integrados en un grupo pasan al Grupo Mixto. Los Reglamentos vigentes son el del Congreso de los Diputados (de 10 de febrero de 1982) y el texto refundido del Reglamento del Senado (de 3 de mayo de 1994).
Elaboración de las leyes: fases del procedimiento legislativo
1) Iniciativa (art. 87): Gobierno, Congreso, Senado, Asambleas autonómicas y pueblo. 2) Tramitación en el Congreso: los proyectos de ley del Gobierno van acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios (art. 88); tras la publicación, plazo de enmiendas; debate de totalidad si se presentan enmiendas a la totalidad (de devolución o de texto alternativo); ponencia, Comisión y Pleno; el Pleno vota. 3) Remisión al Senado (art. 90), que dispone de dos meses (20 días naturales en urgencia) para aprobar, vetar o enmendar. 4) Vuelta al Congreso para decidir sobre veto y enmiendas. 5) Sanción (15 días), promulgación y publicación en el BOE (art. 91). Procedimientos abreviados: urgencia (plazos a la mitad), lectura única y competencia legislativa plena de las Comisiones (art. 75.2). Las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios requieren su toma en consideración por el Pleno del Congreso. El Presupuesto tiene un procedimiento propio (art. 134) y su presentación corresponde al Gobierno.
Clases de leyes y relaciones entre ellas
Ley orgánica y ley ordinaria no se relacionan por jerarquía sino por competencia o materia reservada (doctrina del TC desde la STC 5/1981): la ley orgánica solo puede regular lo reservado por el art. 81 y las materias que la CE le atribuye, y la reserva debe interpretarse de forma restrictiva. Otras leyes estatales: leyes marco, que atribuyen a las CC.AA. la facultad de dictar normas legislativas en el marco de principios, bases y directrices fijados por ley estatal (art. 150.1); leyes de transferencia o delegación de facultades de titularidad estatal (art. 150.2, ley orgánica); y leyes de armonización, cuando lo exija el interés general, cuya necesidad aprecia cada Cámara por mayoría absoluta (art. 150.3). Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas y norma institucional básica de cada CA (art. 147.1). Son normas con rango de ley las leyes (orgánicas y ordinarias), los decretos legislativos y los decretos-leyes.
Presidente, organización y atribuciones complementarias del Tribunal Constitucional
El Presidente del TC es nombrado por el Rey, a propuesta del propio Tribunal en Pleno, por un periodo de tres años (art. 160 CE). Organización (LOTC): Pleno (los 12 magistrados), dos Salas de seis magistrados y Secciones de tres. La LOTC fue modificada por la LO 6/2007 (que introdujo el requisito de la especial trascendencia constitucional para la admisión del amparo) y por reformas posteriores, entre ellas la LO 15/2015, de 16 de octubre, sobre ejecución de resoluciones. Procesos constitucionales: recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia entre el Estado y las CC.AA. (positivos y negativos), conflictos entre órganos constitucionales, conflictos en defensa de la autonomía local, impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones autonómicas (título V LOTC, art. 161.2 CE) y control previo de constitucionalidad de tratados internacionales (art. 95 CE, a requerimiento del Gobierno o de cualquiera de las Cámaras).
El recurso de amparo: legitimación, plazos y admisión
Legitimación (art. 162.1.b CE): toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Procede contra violaciones originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, CC.AA. y demás entes públicos (arts. 41 a 43 LOTC), siempre que se haya agotado la vía judicial previa y se haya invocado formalmente el derecho vulnerado en el proceso. Plazos de interposición: tres meses contra decisiones o actos sin valor de ley de las Cortes o sus órganos (art. 42 LOTC); veinte días hábiles contra actos del Gobierno, autoridades o funcionarios y órganos administrativos (art. 43); y treinta días hábiles contra resoluciones judiciales (art. 44), contados desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. Condición de admisión: que el recurso contenga especial trascendencia constitucional (art. 50.1.b LOTC), apreciada por el propio TC.
Recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad: diferencias
El recurso de inconstitucionalidad es un control abstracto y directo, de legitimación tasada (art. 162.1.a CE), con plazo de tres meses desde la publicación de la norma (art. 33 LOTC); la ley recurrida sigue vigente salvo que la suspensión se produzca en los supuestos legales (p. ej., impugnaciones del Gobierno frente a normas autonómicas, art. 161.2). La cuestión de inconstitucionalidad es un control concreto planteado por un órgano judicial en un proceso concreto, mediante auto motivado, una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal (art. 163 CE y art. 35 LOTC). Por ello puede decirse que el recurso lo promueven determinados sujetos legitimados, mientras que la cuestión solo la puede plantear un juez o tribunal.
Estatuto y régimen de los magistrados del Tribunal Constitucional
Los magistrados son nombrados por el Rey (art. 159.1 CE). Deben ser magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional (art. 159.2). Sus miembros no pueden ser reelegidos inmediatamente, salvo que hubieran ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años (art. 16.4 LOTC). Se les aplican las incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial (art. 159.4 CE), son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato (art. 159.5) y solo cesan en los supuestos legales. Su renovación por terceras partes cada tres años fija la sucesión de los cuatro grupos propuestos por Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La CE consta de un Preámbulo, un Título Preliminar (arts. 1-9) y diez títulos numerados, con 169 artículos en total.
Los valores superiores del art. 1.1 CE (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) no deben confundirse con los principios del art. 9.3 CE (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad).
El art. 9.1 CE consagra la eficacia normativa directa e inmediata de la Constitución, sin necesidad de desarrollo legislativo previo.
La reforma ordinaria (art. 167 CE) exige 3/5 de cada Cámara, con Comisión Paritaria si hay desacuerdo; el referéndum es solo facultativo, a petición de una décima parte de los miembros de una Cámara en los 15 días siguientes a la aprobación. Si no hay acuerdo en la Comisión Paritaria, el Congreso puede aprobar por 2/3 siempre que el Senado haya dado mayoría absoluta.
El procedimiento agravado de reforma (art. 168 CE) es el único que exige disolución de las Cortes y referéndum de ratificación obligatorio, reservado a la revisión total o de las partes más sensibles.
Las atribuciones del Rey (art. 62 CE) requieren refrendo del Presidente del Gobierno o de los Ministros competentes (art. 64 CE), que traslada la responsabilidad al refrendante salvo la excepción de la Casa Real (art. 65.2 CE).
El Senado combina elección directa provincial (4 por provincia) con designación autonómica proporcional a la población — no es una cámara puramente territorial en sentido federal.
El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados (350 actuales), sistema proporcional D'Hondt y circunscripción provincial (art. 68 CE).
La inviolabilidad protege las opiniones manifestadas en el ejercicio del cargo; la inmunidad exige suplicatorio de la Cámara para inculpar o procesar, con instrucción y enjuiciamiento por la Sala de lo Penal del TS (art. 71 CE).
Las mayorías reforzadas más habituales son la absoluta (leyes orgánicas), 3/5 (vocales del CGPJ, magistrados del TC) y 2/3 (reforma agravada del art. 168 CE).
La iniciativa legislativa popular exige 500.000 firmas y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional ni en la prerrogativa de gracia (art. 87.3 CE).
En la tramitación Congreso-Senado (art. 90 CE), el Senado dispone de dos meses (o 20 días con urgencia) para vetar o enmendar; el veto se levanta por mayoría absoluta o simple del Congreso según el plazo transcurrido.
Las leyes orgánicas (art. 81 CE) exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Los decretos legislativos (delegación previa mediante ley de bases u ordinaria, excluida la materia orgánica) se distinguen de los decretos-leyes (extraordinaria y urgente necesidad, convalidación del Congreso en 30 días).
El TC tiene 12 miembros (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ) con mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3 años (art. 159 CE).
El recurso de inconstitucionalidad (legitimación tasada) se distingue de la cuestión de inconstitucionalidad, que plantea de oficio cualquier Juez o Tribunal ante una norma de cuya validez dependa el fallo.
Solo los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) más el art. 14 CE gozan de recurso de amparo (art. 53.2 CE), tras agotar la vía judicial previa (subsidiariedad).
La impugnación de disposiciones autonómicas por el Gobierno (art. 161.2 CE) produce suspensión automática máxima de 5 meses; el TC no forma parte del Poder Judicial y sus sentencias no admiten recurso.
Reforma ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, Comisión Paritaria; si tampoco, mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso (no 2/3 del Senado). Es trampa habitual intercambiar las mayorías.
La CE ha sido reformada tres veces: arts. 13.2 (1992), 135 (2011) y 49 (2024), siempre por el procedimiento del art. 167. El art. 168 nunca se ha aplicado.
Hitos de 1978: aprobación en Cortes 31 de octubre, referéndum 6 de diciembre, sanción 27 de diciembre y publicación y entrada en vigor 29 de diciembre.
Art. 87.3: la iniciativa popular (500.000 firmas) no procede en materia de ley orgánica, tributaria, internacional ni prerrogativa de gracia. La planificación económica general no figura entre las exclusiones.
El veto del Senado exige mayoría absoluta de esa Cámara; el Congreso lo levanta por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses desde su interposición, por mayoría simple.
El Rey nombra al Presidente del Gobierno tras proponerlo con refrendo del Presidente del Congreso; los demás actos regios los refrenda el Presidente del Gobierno o el Ministro competente. Excepción: art. 65.2.
El Rey no puede conceder indultos generales (art. 62.i); el mando supremo de las FAS (art. 62.h) es simbólico y no operativo.
Art. 155: medidas contra una CA por incumplimiento grave; exige requerimiento previo al Presidente autonómico y mayoría absoluta del Senado.
Plazos de amparo: 3 meses (actos parlamentarios, art. 42 LOTC), 20 días hábiles (Administración, art. 43) y 30 días hábiles (resoluciones judiciales, art. 44). El recurso de inconstitucionalidad prescribe a los 3 meses.
El Presidente del TC dura 3 años y lo nombra el Rey a propuesta del Pleno; los magistrados, 9 años y no reelegibles inmediatamente salvo si el mandato anterior fue de 3 años o menos.
Decreto-ley: no puede afectar a instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de las CC.AA. ni Derecho electoral general; convalidación en 30 días y posible tramitación como proyecto de ley.
La sentencia del TC tiene valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE (art. 164 CE) y efectos generales desde su publicación (art. 38 LOTC).
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Pregunta 1 de 120 aciertos
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Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Tramitación Procesal (Justicia)?
La Constitución de 1978 organiza el Estado en torno a una Monarquía parlamentaria: la Corona como magistratura simbólica sin poder de decisión efectivo, unas Cortes Generales bicamerales titulares de la potestad legislativa, y un Tribunal Constitucional como máximo garante de la propia norma fundamental frente a leyes, disposiciones y actos que pudieran contradecirla.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
La CE consta de un Preámbulo, un Título Preliminar (arts. 1-9) y diez títulos numerados, con 169 artículos en total. Los valores superiores del art. 1.1 CE (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) no deben confundirse con los principios del art. 9.3 CE (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad). El art. 9.1 CE consagra la eficacia normativa directa e inmediata de la Constitución, sin necesidad de desarrollo legislativo previo. La reforma ordinaria (art. 167 CE) exige 3/5 de cada Cámara, con Comisión Paritaria si hay desacuerdo; el referéndum es solo facultativo, a petición de una décima parte de los miembros de una Cámara en los 15 días siguientes a la aprobación. Si no hay acuerdo en la Comisión Paritaria, el Congreso puede aprobar por 2/3 siempre que el Senado haya dado mayoría absoluta. El procedimiento agravado de reforma (art. 168 CE) es el único que exige disolución de las Cortes y referéndum de ratificación obligatorio, reservado a la revisión total o de las partes más sensibles. Las atribuciones del Rey (art. 62 CE) requieren refrendo del Presidente del Gobierno o de los Ministros competentes (art. 64 CE), que traslada la responsabilidad al refrendante salvo la excepción de la Casa Real (art. 65.2 CE). El Senado combina elección directa provincial (4 por provincia) con designación autonómica proporcional a la población — no es una cámara puramente territorial en sentido federal. El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados (350 actuales), sistema proporcional D'Hondt y circunscripción provincial (art. 68 CE). La inviolabilidad protege las opiniones manifestadas en el ejercicio del cargo; la inmunidad exige suplicatorio de la Cámara para inculpar o procesar, con instrucción y enjuiciamiento por la Sala de lo Penal del TS (art. 71 CE). Las mayorías reforzadas más habituales son la absoluta (leyes orgánicas), 3/5 (vocales del CGPJ, magistrados del TC) y 2/3 (reforma agravada del art. 168 CE). La iniciativa legislativa popular exige 500.000 firmas y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional ni en la prerrogativa de gracia (art. 87.3 CE). En la tramitación Congreso-Senado (art. 90 CE), el Senado dispone de dos meses (o 20 días con urgencia) para vetar o enmendar; el veto se levanta por mayoría absoluta o simple del Congreso según el plazo transcurrido. Las leyes orgánicas (art. 81 CE) exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Los decretos legislativos (delegación previa mediante ley de bases u ordinaria, excluida la materia orgánica) se distinguen de los decretos-leyes (extraordinaria y urgente necesidad, convalidación del Congreso en 30 días). El TC tiene 12 miembros (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ) con mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3 años (art. 159 CE). El recurso de inconstitucionalidad (legitimación tasada) se distingue de la cuestión de inconstitucionalidad, que plantea de oficio cualquier Juez o Tribunal ante una norma de cuya validez dependa el fallo. Solo los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) más el art. 14 CE gozan de recurso de amparo (art. 53.2 CE), tras agotar la vía judicial previa (subsidiariedad). La impugnación de disposiciones autonómicas por el Gobierno (art. 161.2 CE) produce suspensión automática máxima de 5 meses; el TC no forma parte del Poder Judicial y sus sentencias no admiten recurso. Reforma ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, Comisión Paritaria; si tampoco, mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso (no 2/3 del Senado). Es trampa habitual intercambiar las mayorías. La CE ha sido reformada tres veces: arts. 13.2 (1992), 135 (2011) y 49 (2024), siempre por el procedimiento del art. 167. El art. 168 nunca se ha aplicado. Hitos de 1978: aprobación en Cortes 31 de octubre, referéndum 6 de diciembre, sanción 27 de diciembre y publicación y entrada en vigor 29 de diciembre. Art. 87.3: la iniciativa popular (500.000 firmas) no procede en materia de ley orgánica, tributaria, internacional ni prerrogativa de gracia. La planificación económica general no figura entre las exclusiones. El veto del Senado exige mayoría absoluta de esa Cámara; el Congreso lo levanta por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses desde su interposición, por mayoría simple. El Rey nombra al Presidente del Gobierno tras proponerlo con refrendo del Presidente del Congreso; los demás actos regios los refrenda el Presidente del Gobierno o el Ministro competente. Excepción: art. 65.2. El Rey no puede conceder indultos generales (art. 62.i); el mando supremo de las FAS (art. 62.h) es simbólico y no operativo. Art. 155: medidas contra una CA por incumplimiento grave; exige requerimiento previo al Presidente autonómico y mayoría absoluta del Senado. Plazos de amparo: 3 meses (actos parlamentarios, art. 42 LOTC), 20 días hábiles (Administración, art. 43) y 30 días hábiles (resoluciones judiciales, art. 44). El recurso de inconstitucionalidad prescribe a los 3 meses. El Presidente del TC dura 3 años y lo nombra el Rey a propuesta del Pleno; los magistrados, 9 años y no reelegibles inmediatamente salvo si el mandato anterior fue de 3 años o menos. Decreto-ley: no puede afectar a instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de las CC.AA. ni Derecho electoral general; convalidación en 30 días y posible tramitación como proyecto de ley. La sentencia del TC tiene valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE (art. 164 CE) y efectos generales desde su publicación (art. 38 LOTC).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229), Preámbulo, Título Preliminar y Títulos I a III, VI, IX y X.
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, y Reglamento del Senado (texto refundido de 3 de mayo de 1994).
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
Reforma del artículo 49 de la Constitución Española (febrero de 2024).
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