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Tema 23. El proceso laboral. Procedimiento ordinario. Procedimiento por despido. Procesos de seguridad social.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), regula el proceso ante los Juzgados de lo Social, las Salas de lo Social de los TSJ, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, presidido por los principios de oralidad, inmediación, concentración y celeridad. Junto al procedimiento ordinario existen modalidades procesales para el despido, la Seguridad Social, los conflictos colectivos y la tutela de derechos fundamentales, siendo preceptivo, con carácter general, un intento previo de conciliación o mediación (o reclamación previa cuando se demanda a una Administración). La Ley Orgánica 1/2025 ha reforzado los medios adecuados de solución de controversias y renombra los Juzgados como Secciones de los Tribunales de Instancia.

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Principios que informan el proceso laboral

Oralidad, inmediación, concentración (reunir en el menor número de actos posible conciliación, contestación, prueba y conclusiones), celeridad (art. 74 LRJS), antiformalismo y tutela del trabajador como parte más débil de la relación. A ello se suma la gratuidad de la justicia en el orden social para los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social.

Ámbito de conocimiento del orden social

Conoce de conflictos individuales y colectivos entre empresarios y trabajadores derivados del contrato de trabajo, de reclamaciones de Seguridad Social, y de la impugnación de determinados actos administrativos laborales y de Seguridad Social atribuidos expresamente por la ley.

Organización de la jurisdicción social

Juzgados de lo Social (generalidad de asuntos) — Salas de lo Social de los TSJ (conflictos colectivos/convenios de ámbito autonómico y apelación/suplicación) — Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (conflictos colectivos/convenios y despidos colectivos de ámbito superior a una CCAA) — Sala Cuarta del Tribunal Supremo (casación ordinaria y para unificación de doctrina).

Competencia territorial y declinatoria en el proceso laboral

Se determina por el lugar de prestación de servicios o el domicilio del demandado, a elección del trabajador demandante; la falta de competencia se hace valer mediante declinatoria, planteable como cuestión previa al inicio del juicio.

Representación y defensa: postulación flexible

Las partes pueden comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador o graduado social colegiado (art. 18 LRJS). Para los recursos de suplicación se exige la asistencia técnica de abogado o graduado social colegiado, y para la casación, de abogado (art. 21). El Estado y entes públicos se representan por sus letrados.

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Organismo autónomo que abona a los trabajadores salarios e indemnizaciones pendientes no percibidos por insolvencia o concurso del empresario, con responsabilidad subsidiaria y límites cuantitativos y temporales legalmente tasados.

Intervención del FOGASA como parte procesal

Puede ser llamado al proceso y oponerse a las pretensiones del trabajador cuando considere que las cantidades reclamadas no responden a la realidad de lo adeudado o no concurren los presupuestos de su responsabilidad subsidiaria.

La justicia gratuita legal del trabajador

Los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social tienen reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita en el orden social (art. 2.d Ley 1/1996), en los términos que fija la ley, y están exentos de depósitos y consignaciones para recurrir (art. 229 LRJS).

La conciliación previa: obligatoriedad y órganos

Requisito procesal general y obligatorio ante trabajador y empresario privado, celebrado ante el SMAC u órgano autonómico equivalente; su omisión, cuando sea exigible, impide dictar sentencia sobre el fondo.

Efectos de la conciliación previa sobre plazos

La presentación de la solicitud de conciliación o mediación suspende los plazos de caducidad e interrumpe los de prescripción (art. 65 LRJS). El cómputo de la caducidad se reanuda al día siguiente de intentada la conciliación o transcurridos quince días desde la presentación de la solicitud sin que se haya celebrado.

Materias exceptuadas de conciliación previa

El art. 64 LRJS exceptúa, entre otros, los procesos de Seguridad Social, los de impugnación de convenios colectivos y de conflictos colectivos, los de tutela de derechos fundamentales y libertad sindical, los de materia electoral, los iniciados de oficio y aquellos en que sean parte las Administraciones Públicas (para las que se exige reclamación previa). Debe consultarse el listado completo en el texto vigente.

La reclamación administrativa previa frente a la Administración

Sustituye a la conciliación cuando la demandada es una Administración Pública o ente de Derecho público (art. 69 LRJS); el silencio se entiende como desestimación, quedando expedita la vía judicial social. La propia ley prevé excepciones (art. 70), como los procesos de despido y de tutela de derechos fundamentales.

El proceso ordinario: demanda, conciliación judicial y juicio

Se inicia por demanda; conciliación (ante el LAJ) y juicio se celebran, con carácter general, en unidad de acto el mismo día, salvo causa justificada de separación.

Contestación oral y ratificación de la demanda

El demandante ratifica o amplía la demanda sin variaciones sustanciales; el demandado contesta oralmente en el acto del juicio, pudiendo allanarse, oponerse o formular reconvención si esta fue anunciada previamente.

Prueba y sentencia en el proceso ordinario

Se practica en el acto único del juicio con plenitud de oralidad, inmediación y contradicción; la sentencia debe dictarse dentro de los cinco días siguientes a la celebración del juicio (art. 97 LRJS), plazo de naturaleza ordenatoria.

El procedimiento por despido: plazo de caducidad

La acción para impugnar un despido disciplinario caduca a los 20 días hábiles siguientes al despido, plazo suspendido por la presentación de la papeleta de conciliación.

Calificación del despido: procedente, improcedente y nulo

Procedente (acredita el incumplimiento, sin indemnización); improcedente (no se acredita la causa o hay defectos formales, con opción entre readmisión con salarios de tramitación e indemnización); nulo (discriminación o vulneración de derechos fundamentales, readmisión obligatoria sin opción).

La opción entre readmisión e indemnización

En el despido improcedente la opción corresponde al empresario, que debe ejercerla en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia (art. 110 LRJS); si no opta, se entiende que lo hace por la readmisión. Si el trabajador despedido es representante legal de los trabajadores o delegado sindical, la opción le corresponde siempre a él (art. 56.4 ET).

El proceso por despido colectivo: impugnación colectiva e individual

Cabe impugnación colectiva por los representantes (sobre la decisión extintiva global) e impugnación individual por cada trabajador afectado (sobre aspectos personales, como los criterios de selección), suspendiéndose la individual hasta resolver la colectiva.

Procesos de Seguridad Social: reclamación previa y modalidades

Exigen, con carácter general, reclamación administrativa previa ante la entidad gestora (art. 71 LRJS), con plazo de 45 días para su resolución; el silencio equivale a desestimación. Comprenden la impugnación de resoluciones sobre prestaciones (incapacidad, jubilación, desempleo, etc.) y de actos de encuadramiento y recaudación.

El proceso de conflicto colectivo: objeto y legitimación

Resuelve controversias sobre interpretación o aplicación de una norma, convenio o práctica de empresa que afectan a un grupo genérico de trabajadores, sin individualizar a cada afectado; legitimados: sindicatos, asociaciones empresariales, empresarios y Administraciones Públicas.

Efectos de la sentencia colectiva sobre procesos individuales

La sentencia firme del conflicto colectivo produce efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes o futuros de idéntico objeto, vinculando a los tribunales que conozcan de ellos.

Impugnación de convenios colectivos: ilegalidad y lesividad

Por ilegalidad (autoridad laboral, de oficio o a instancia de parte, cuando el convenio conculca la legalidad) o por lesividad (terceros perjudicados no representados en la negociación que sufren un perjuicio grave).

El proceso de tutela de derechos fundamentales: ámbito y Fiscal

Protege los derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la discriminación y el acoso, en el ámbito de las relaciones laborales; el Ministerio Fiscal es siempre parte, con independencia de quién lo promoviera.

Inversión de la carga de la prueba por indicios de discriminación

Cuando de las alegaciones del actor se deduzcan indicios fundados de discriminación o vulneración de un derecho fundamental, corresponde al demandado probar una justificación objetiva, razonable y proporcionada de la medida adoptada.

El recurso de suplicación: resoluciones recurribles y motivos

Recurso ordinario devolutivo ante la Sala de lo Social del TSJ contra sentencias de los Juzgados de lo Social y autos en los casos previstos (arts. 190 y ss. LRJS). Exige afectación general o una cuantía superior a 3.000 euros en procesos de cuantía determinada (art. 191). Motivos: infracción procesal con indefensión, revisión de hechos probados (solo con prueba documental o pericial) e infracción de norma sustantiva o jurisprudencia. Se anuncia en cinco días y se formaliza en diez.

Depósitos y consignaciones para recurrir

Para recurrir en suplicación debe constituirse un depósito de 300 euros y en casación de 600 (art. 229 LRJS), además de la consignación de la condena dineraria (art. 230). Están exentos los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, las Administraciones públicas y los sindicatos, entre otros sujetos.

El recurso de casación ordinario laboral

Procede contra sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los TSJ y de la Audiencia Nacional, correspondiendo su conocimiento a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, con régimen similar al de la casación civil.

El recurso de casación para la unificación de doctrina

Recurso extraordinario específico del orden social que exige una sentencia de contraste, dictada por otra Sala o por el Tribunal Supremo, con identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones pero fallo contradictorio con el recurrido.

Requisitos de la sentencia de contraste

Debe haber ganado firmeza con anterioridad a la sentencia recurrida; la contradicción debe ser sustancial, sin admitirse diferencias circunstanciales ajenas al núcleo de la cuestión jurídica controvertida, valorándose con especial rigor en la admisión.

Disposiciones comunes a suplicación y casación

Carácter devolutivo, exigencia de depósitos y consignaciones (con exenciones para el trabajador), posibilidad de adhesión de la parte recurrida, y tramitación fundamentalmente escrita, prescindiendo habitualmente de vista.

Fuentes reguladoras: Ley 36/2011

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social unificó en un único texto la regulación anteriormente dispersa entre el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y normas complementarias, ampliando notablemente el ámbito competencial del orden social.

Acumulación de acciones y de procesos

El trabajador puede acumular en una misma demanda todas las acciones frente a un mismo demandado siempre que no deban sustanciarse en procedimientos distintos; cabe también acumular procesos ya iniciados con conexión directa entre sí.

El salario de tramitación tras la declaración de improcedencia o nulidad

Es la cantidad correspondiente a los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia (art. 56.2 ET). En el despido improcedente solo se devengan si el empresario opta por la readmisión; se cortan si el empresario reconoce la improcedencia y deposita la indemnización en el juzgado dentro de las 48 horas siguientes al despido. En el nulo se abonan siempre. Se descuentan los salarios percibidos en otro empleo.

Extinción del contrato: despido disciplinario y objetivo

El despido disciplinario exige carta de despido con hechos y fecha de efectos (art. 55 ET); el empresario soporta la carga de probar los hechos y no puede alegar motivos distintos de los de la carta (art. 105 LRJS). El despido objetivo (art. 52 ET) exige comunicación escrita, preaviso de quince días e indemnización de veinte días por año de servicio con máximo de doce mensualidades puesta a disposición simultáneamente.

Indemnización por despido improcedente

La indemnización es de treinta y tres días de salario por año de servicio, con un máximo de veinticuatro mensualidades (art. 56.1 ET); para el tiempo anterior al 12 de febrero de 2012 se aplica la cuantía de cuarenta y cinco días por año, con el límite de cuarenta y dos mensualidades, sin que el resultado total pueda sobrepasar este límite salvo excepciones.

Prescripción y caducidad en el orden social

Las acciones derivadas del contrato de trabajo sin plazo especial prescriben al año de su terminación (art. 59.1 ET). Los plazos de impugnación del despido y de otras decisiones extintivas son de caducidad y de veinte días hábiles (art. 59.3 ET; art. 103 LRJS).

Ejecución en caso de readmisión irregular: el incidente de no readmisión

Si el empresario no readmite al trabajador o lo hace de forma irregular, el trabajador puede instar la ejecución de la sentencia (arts. 278 y ss. LRJS). El incidente de no readmisión se resuelve por auto, que declara extinguida la relación y fija indemnización y salarios hasta la resolución. Estas cuantías deben contrastarse con el texto vigente.

Conflictos colectivos: procedimiento y preferencia

El proceso de conflicto colectivo (arts. 153 y ss. LRJS) tiene tramitación urgente y preferente. Con carácter previo se exige, según el convenio o acuerdo interprofesional aplicable, un intento de mediación ante los órganos de solución autónoma de conflictos. Se tramita ante la Sala de lo Social del TSJ o de la Audiencia Nacional según el ámbito.

Modalidades procesales especiales

La LRJS contiene modalidades específicas: despido y demás causas de extinción, sanciones, vacaciones, movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, derechos de conciliación de la vida familiar, impugnación de convenios, conflictos colectivos, tutela de derechos fundamentales y libertad sindical, materia electoral y Seguridad Social. Cada una tiene plazos y especialidades propios.

Plazos de caducidad de las modalidades más frecuentes

Despido y extinción: veinte días hábiles. Sanciones empresariales: veinte días hábiles. Modificación sustancial y movilidad geográfica: veinte días hábiles. Estos plazos se suspenden con la solicitud de conciliación. Las reclamaciones de cantidad no están sometidas a caducidad, sino a prescripción de un año.

Novedades: Ley Orgánica 1/2025 y los MASC en el orden social

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha modificado la LRJS para adaptar la conciliación previa a los medios adecuados de solución de controversias y para sustituir los Juzgados de lo Social por Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia; el despliegue, completado en tres fases durante 2025, está ya operativo en todo el territorio. Debe contrastarse con el texto vigente el alcance exacto de las modificaciones sobre la conciliación.

Acumulación y extensión de efectos

La LRJS permite acumular acciones y procesos (arts. 25 y ss.) y regula la extensión de efectos de las sentencias dictadas en procesos de conflicto colectivo, y en los de impugnación de convenios, a los procesos individuales (art. 160.5 y concordantes).

Honorarios y costas en el orden social

Cada parte soporta, en principio, sus propias costas en la instancia; en los recursos, la parte que los pierde puede ser condenada a las costas del contrario (art. 235 LRJS), con excepción de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, salvo mala fe o temeridad.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El proceso laboral se rige por los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad, antiformalismo y gratuidad para el trabajador.
  • El trabajador puede comparecer sin abogado ni procurador, o hacerse representar por un graduado social colegiado (art. 18 LRJS).
  • El FOGASA abona a los trabajadores salarios e indemnizaciones pendientes por insolvencia o concurso del empresario, con responsabilidad subsidiaria y límites tasados.
  • La conciliación o mediación previa ante el SMAC es requisito procesal general y obligatorio (art. 63 LRJS); su omisión, cuando sea exigible, impide dictar sentencia sobre el fondo.
  • La presentación de la solicitud de conciliación suspende la caducidad e interrumpe la prescripción; se reanuda al día siguiente de intentada o a los quince días.
  • Conciliación y juicio se celebran, con carácter general, en unidad de acto el mismo día, salvo causa justificada de separación.
  • El plazo de caducidad para demandar por despido es de 20 días hábiles, suspendido por la solicitud de conciliación.
  • El despido nulo obliga a readmisión sin opción; el improcedente da opción al empresario entre readmisión con salarios de tramitación e indemnización (33 días por año, máximo 24 mensualidades).
  • Si el despedido es representante legal o delegado sindical, la opción entre readmisión e indemnización le corresponde siempre a él.
  • En Seguridad Social se exige reclamación administrativa previa (no conciliación) ante la entidad gestora, con 45 días para resolver.
  • La sentencia firme del conflicto colectivo produce efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes o futuros de idéntico objeto.
  • El recurso de suplicación (ante la Sala de lo Social del TSJ) admite revisión de hechos probados solo con prueba documental o pericial; exige afectación general o cuantía superior a 3.000 euros.
  • Depósito para recurrir: 300 euros en suplicación y 600 euros en casación; el trabajador está exento.
  • La casación para la unificación de doctrina exige sentencia de contraste con identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones pero fallo contradictorio.
  • La sentencia en el proceso ordinario debe dictarse en cinco días; en el despido, la acción prescribe a los 20 días hábiles.
  • En el despido improcedente, el empresario puede evitar los salarios de tramitación reconociendo la improcedencia y depositando la indemnización en 48 horas.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Cuál es el plazo de caducidad para demandar por despido?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 23 de Tramitación Procesal (Justicia)?

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), regula el proceso ante los Juzgados de lo Social, las Salas de lo Social de los TSJ, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, presidido por los principios de oralidad, inmediación, concentración y celeridad. Junto al procedimiento ordinario existen modalidades procesales para el despido, la Seguridad Social, los conflictos colectivos y la tutela de derechos fundamentales, siendo preceptivo, con carácter general, un intento previo de conciliación o mediación (o reclamación previa cuando se demanda a una Administración). La Ley Orgánica 1/2025 ha reforzado los medios adecuados de solución de controversias y renombra los Juzgados como Secciones de los Tribunales de Instancia.

¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?

El proceso laboral se rige por los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad, antiformalismo y gratuidad para el trabajador. El trabajador puede comparecer sin abogado ni procurador, o hacerse representar por un graduado social colegiado (art. 18 LRJS). El FOGASA abona a los trabajadores salarios e indemnizaciones pendientes por insolvencia o concurso del empresario, con responsabilidad subsidiaria y límites tasados. La conciliación o mediación previa ante el SMAC es requisito procesal general y obligatorio (art. 63 LRJS); su omisión, cuando sea exigible, impide dictar sentencia sobre el fondo. La presentación de la solicitud de conciliación suspende la caducidad e interrumpe la prescripción; se reanuda al día siguiente de intentada o a los quince días. Conciliación y juicio se celebran, con carácter general, en unidad de acto el mismo día, salvo causa justificada de separación. El plazo de caducidad para demandar por despido es de 20 días hábiles, suspendido por la solicitud de conciliación. El despido nulo obliga a readmisión sin opción; el improcedente da opción al empresario entre readmisión con salarios de tramitación e indemnización (33 días por año, máximo 24 mensualidades). Si el despedido es representante legal o delegado sindical, la opción entre readmisión e indemnización le corresponde siempre a él. En Seguridad Social se exige reclamación administrativa previa (no conciliación) ante la entidad gestora, con 45 días para resolver. La sentencia firme del conflicto colectivo produce efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes o futuros de idéntico objeto. El recurso de suplicación (ante la Sala de lo Social del TSJ) admite revisión de hechos probados solo con prueba documental o pericial; exige afectación general o cuantía superior a 3.000 euros. Depósito para recurrir: 300 euros en suplicación y 600 euros en casación; el trabajador está exento. La casación para la unificación de doctrina exige sentencia de contraste con identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones pero fallo contradictorio. La sentencia en el proceso ordinario debe dictarse en cinco días; en el despido, la acción prescribe a los 20 días hábiles. En el despido improcedente, el empresario puede evitar los salarios de tramitación reconociendo la improcedencia y depositando la indemnización en 48 horas.

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Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, arts. 2-10, 18, 21, 25 y ss., 63-71, 74, 82, 97, 103-113, 124, 140-146, 153-166, 177-184, 190-230 y 278 y ss.
  • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, arts. 33, 52-56 y 59.
  • Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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