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Tema 20. Los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; ordinario, abreviado y de jurado. Breve referencia al procedimiento restaurativo.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prevé distintos cauces según la gravedad del delito: el procedimiento ordinario por delitos graves, articulado en sumario y juicio oral ante un órgano distinto en aplicación del principio del juez imparcial; el procedimiento abreviado, cauce ordinario para la generalidad de los delitos; y el proceso ante el Tribunal del Jurado (LO 5/1995) para delitos de competencia tasada. A ello se suman los juicios rápidos y el juicio por delitos leves (tema siguiente). La justicia restaurativa (Ley 4/2015, Estatuto de la Víctima, y Código Penal) se incorpora como complemento, no sustituto, del proceso penal. La organización judicial penal está siendo transformada por la Ley Orgánica 1/2025, que sustituye los Juzgados por Tribunales de Instancia con secciones, implantados por fases.

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El principio del juez imparcial: separación de instrucción y enjuiciamiento

La doctrina constitucional y del TEDH exige que quien instruye una causa penal no sea quien la enjuicia y falla, para preservar su imparcialidad objetiva. Se traduce en atribuir la instrucción al Juzgado de Instrucción (en el nuevo modelo de la LO 1/2025, a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia) y el enjuiciamiento a un órgano distinto (Juzgado o Sección de lo Penal, Audiencia Provincial o, en jurado, el Magistrado-Presidente con el Jurado).

Principios del proceso penal

Rigen los principios de legalidad procesal, acusatorio (no hay condena sin acusación previa, correspondiendo acusar y juzgar a sujetos distintos), contradicción y defensa, presunción de inocencia, oficialidad (la acción penal se ejerce de oficio por el Fiscal en delitos públicos) e inmediación y oralidad en el juicio oral.

Competencia objetiva penal

La Sección de Instrucción (antes Juzgado de Instrucción) instruye las causas por delito de su partido judicial; el Juzgado o Sección de lo Penal enjuicia los delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años o con otras penas de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años; la Audiencia Provincial enjuicia los delitos con pena superior y conoce en apelación de las sentencias de los Juzgados de lo Penal; el Tribunal del Jurado conoce de los delitos de su competencia tasada. La LO 1/2025, de 2 de enero, creó los Tribunales de Instancia, implantados en tres fases durante 2025 (1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre); el despliegue está completado a la fecha de esta revisión.

El procedimiento ordinario por delitos graves (arts. 299 y ss. y 649 y ss. LECrim)

Se sigue para delitos con pena privativa de libertad superior a nueve años (el procedimiento abreviado se aplica a los de pena no superior a nueve años o a cualesquiera otras penas, art. 757). Tiene dos fases ante órganos distintos: sumario (instrucción), a cargo del Juzgado de Instrucción, y juicio oral ante la Audiencia Provincial. Entre ellas, el período intermedio.

El sumario: incoación

El proceso se inicia por denuncia, querella, atestado policial o de oficio; el Cuerpo de Tramitación Procesal interviene en la formación material del sumario: numeración de folios, diligencias de constancia, confección de piezas separadas.

La Policía Judicial en la instrucción

Actúa bajo dependencia funcional de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, con obligación de averiguar los delitos, practicar diligencias y recoger efectos, instrumentos o pruebas con riesgo de desaparición, poniéndolos a disposición judicial.

Comprobación del delito: cuerpo del delito e inspección ocular

El cuerpo del delito comprende los elementos materiales que evidencian el hecho delictivo, cuya recogida y conservación es diligencia esencial; la inspección ocular consiste en el examen directo del lugar de los hechos, describiendo todo detalle relevante.

Declaraciones testificales, prueba pericial y piezas de convicción

Las declaraciones se practican ante el Juez de Instrucción; la prueba pericial aporta conocimientos técnicos necesarios; las piezas de convicción son los objetos materiales relacionados con el delito, custodiados conforme a la cadena de custodia.

El período intermedio: concepto y función

Es la fase que media entre la conclusión de la instrucción y la apertura del juicio oral, verificando si concurren indicios racionales de criminalidad suficientes o si procede el sobreseimiento.

El auto de conclusión del sumario y su revocación

El instructor dicta auto declarando concluso el sumario cuando estima completada la instrucción, remitiendo la causa al tribunal de enjuiciamiento; contra dicho auto caben reforma y apelación, pudiendo revocarse la conclusión si faltan diligencias relevantes.

El sobreseimiento libre y el sobreseimiento provisional

El sobreseimiento libre (inexistencia del hecho, atipicidad, exención de responsabilidad acreditada) produce efectos equiparables a cosa juzgada; el provisional (falta de justificación suficiente, o indicios sin motivos bastantes para acusar a persona determinada) permite reabrir la causa si aparecen nuevos elementos.

El auto de apertura del juicio oral

Determina el órgano competente, contra qué personas se abre el juicio y qué bienes deben quedar embargados o afianzados para responsabilidades pecuniarias, poniendo fin a la instrucción y dando paso al juicio oral.

Los artículos de previo pronunciamiento

Cuestiones procesales que la defensa puede plantear, en el proceso ordinario y antes de iniciarse la práctica de la prueba, de acuerdo con el art. 666 LECrim: declinatoria de jurisdicción, cosa juzgada, prescripción del delito, amnistía o indulto y falta de autorización administrativa para procesar. En el procedimiento abreviado cumplen una función semejante las cuestiones previas del art. 786.2, resueltas al comenzar el juicio oral.

Las calificaciones provisionales

Escritos en que las partes (acusaciones primero, defensa después) exponen su posición sobre hechos, calificación jurídica, participación, circunstancias modificativas, pena solicitada y proposición de prueba, fijando el marco fáctico y jurídico del juicio oral.

La conformidad del acusado

Acto por el que el acusado, asistido de letrado, admite los hechos y acepta la pena solicitada, permitiendo terminar el proceso mediante sentencia sin práctica de prueba. En el ordinario (art. 655) y en el abreviado (art. 787) la pena más grave solicitada o la suma de penas no puede exceder de seis años de prisión; el tribunal puede rechazarla si los hechos no son delito, la calificación es incorrecta o la pena resulta improcedente. En el abreviado puede prestarse al inicio del juicio oral.

El procedimiento abreviado: ámbito de aplicación

Se aplica a los delitos con pena privativa de libertad no superior a 9 años, o con cualesquiera otras penas, constituyendo el cauce ordinario de la generalidad de los delitos; la instrucción se denomina diligencias previas.

Información de derechos e instrucción del abreviado

Desde el primer momento, el investigado tiene derecho a ser informado de la atribución y de sus derechos, con entrega de documento escrito; las diligencias previas concluyen con auto de sobreseimiento o de transformación en procedimiento abreviado.

El auto de transformación en procedimiento abreviado

Expresa los hechos punibles y determina las personas investigadas, dando traslado al Fiscal y acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento; equivale, en este procedimiento, al auto de conclusión del sumario.

La conformidad en los juicios rápidos y su reducción de pena

En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (art. 801), la conformidad prestada ante el Juzgado de Guardia permite dictar sentencia de conformidad con reducción de un tercio de la pena solicitada. Es una peculiaridad de ese cauce (tema siguiente) y no debe extenderse al procedimiento abreviado general.

La sentencia oral en el procedimiento abreviado

El Juez puede dictar la sentencia oralmente en el propio acto del juicio, documentándola en acta; si las partes declaran que no van a recurrir, la sentencia adquiere firmeza inmediata sin esperar al plazo ordinario de recursos (art. 789.2 y concordantes).

El principio acusatorio en la sentencia

Impide condenar por hechos distintos de los acusados, imponer pena superior a la más grave solicitada, o apreciar de oficio una calificación más grave sin plantear tesis previa a las partes.

Recursos en el procedimiento abreviado

Contra la sentencia del Juzgado o Sección de lo Penal cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que se interpone en diez días (art. 790); contra los autos de instrucción cabe reforma (tres días) y apelación (cinco días), art. 766, y queja en cinco días. Contra los decretos del LAJ procede el recurso de revisión, con aplicación supletoria de la LEC.

La justicia restaurativa: concepto

Permite, con consentimiento libre e informado de víctima e investigado y supervisión de un facilitador especializado, un proceso de mediación penal orientado a reparar el daño y facilitar la reinserción, sin sustituir al proceso penal.

Efectos procesales de la justicia restaurativa

El acuerdo puede valorarse como atenuante de reparación del daño (art. 21.5 CP), incidir en la suspensión de la ejecución de la pena condicionada a la reparación, o en la conformidad procesal con reducción de pena.

El proceso ante el Tribunal del Jurado: fuentes y competencia

Regulado por la LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, en desarrollo del art. 125 CE (participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante el Jurado); la LECrim se aplica supletoriamente. La competencia es tasada y cerrada: entre otros, homicidio y sus formas, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales y varios delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo (infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas). La enumeración exacta del art. 1.2 debe contrastarse con el texto vigente.

Composición del Tribunal del Jurado

Se compone de 9 jurados titulares y 2 suplentes, presididos por un Magistrado-Presidente que no participa en la deliberación ni en la votación del veredicto, reservándose para él la dirección del proceso y el dictado de la sentencia.

Selección de los jurados: doble sorteo y recusación

Se realiza mediante doble sorteo (anual, sobre el censo electoral, y específico para cada causa); las partes pueden recusar candidatos con causa o sin necesidad de alegarla, dentro de un cupo tasado por cada parte.

La instrucción y el auto de hechos justiciables

La instrucción se atribuye al Juez de Instrucción, culminando en el auto de hechos justiciables, que determina el hecho o hechos justiciables, equivalente al auto de transformación del abreviado o de conclusión del sumario.

El objeto del veredicto y las instrucciones al Jurado

El Magistrado-Presidente redacta el objeto del veredicto, con los hechos que el Jurado debe declarar probados o no, e instruye al Jurado sobre presunción de inocencia, valoración de la prueba y reglas de deliberación y votación.

Deliberación y votación del veredicto

El Jurado delibera en sesión secreta, eligiendo un portavoz; se exige mayoría de al menos 7 votos de 9 para declarar probado un hecho contrario al acusado, y de al menos 5 votos para uno favorable.

Disolución del Jurado por falta de prueba de cargo

Si tras las conclusiones definitivas el Magistrado-Presidente entiende que no existe prueba de cargo suficiente, puede dictar directamente sentencia absolutoria sin someter el caso a votación del Jurado.

Lectura del veredicto y sentencia del Magistrado-Presidente

El Magistrado-Presidente controla la legalidad del acta de votación, pudiendo devolverla para subsanar defectos; proclamado el veredicto de culpabilidad, dicta sentencia individualizando la pena sobre la base fáctica ya fijada, sin poder alterarla.

Recursos contra la sentencia del Tribunal del Jurado

Cabe apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, pudiendo fundarse en la vulneración de la presunción de inocencia por insuficiencia de prueba, quebrantamiento de garantías o infracción constitucional; posteriormente cabe casación ante el Tribunal Supremo.

Régimen de recursos según el procedimiento seguido

Desde la Ley 41/2015, de 5 de octubre, las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales (procedimiento ordinario) son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (art. 846 ter LECrim); las del Juzgado de lo Penal (abreviado) son apelables ante la Audiencia Provincial. La casación ante el Tribunal Supremo, tras la generalización de la doble instancia penal, procede fundamentalmente contra las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ y por la Audiencia Nacional, y contra las dictadas en única instancia por estos mismos órganos en los supuestos legales (art. 847 LECrim); los motivos y el alcance exacto de cada modalidad deben contrastarse en el texto vigente.

Fases comunes documentales del proceso penal

Con independencia del cauce, la tramitación incluye formación de piezas separadas (personal, de situación, de responsabilidad civil), confección de exhortos y mandamientos, tramitación de recursos de reforma y apelación, y cédulas de citación a juicio.

La rebeldía y el juicio en ausencia

Con carácter general no cabe sentencia condenatoria sin presencia del acusado: declarada la rebeldía, se suspende el curso de la causa respecto a él. Como excepción, el art. 786.1 LECrim permite celebrar el juicio en ausencia del acusado citado personalmente si la pena solicitada no excede de dos años de privación de libertad o, de ser de distinta naturaleza, de seis años, siempre que su letrado esté presente y el Juez estime que existen elementos suficientes.

El Ministerio Fiscal en el proceso penal

Actúa conforme a los principios de legalidad e imparcialidad, promoviendo la acción de la justicia tanto de oficio como a instancia de parte, correspondiéndole velar por las garantías del investigado y solicitar la absolución si de la instrucción no resultan indicios suficientes.

Delitos públicos, semipúblicos y privados

En los delitos públicos la acción se ejercita de oficio; en los semipúblicos, la persecución exige denuncia previa del ofendido (o del Ministerio Fiscal en ciertos casos), pero después el proceso sigue de oficio; en los privados (calumnias e injurias entre particulares), exige querella del ofendido, que sostiene la acusación y puede perdonar al reo.

El aforamiento

Atribuye la instrucción y el enjuiciamiento de determinadas personas por razón de su cargo a un órgano judicial superior (Tribunal Supremo para aforados de ámbito estatal, Tribunales Superiores de Justicia para autonómicos), como garantía institucional frente a la instrumentalización política del proceso, no como privilegio sustantivo.

Cuestiones de competencia territorial: inhibitoria y declinatoria

Pueden plantearse mediante inhibitoria (ante el órgano que se estima competente, para que requiera de inhibición al que conoce) o declinatoria (ante el propio órgano que conoce); en caso de discrepancia entre órganos, resuelve el superior jerárquico común.

La instrucción de derechos al investigado

Desde el primer momento en que se le atribuye la comisión de un hecho punible, verbalmente o por escrito, tiene derecho a ser informado de forma inmediata y comprensible de dicha atribución y de los derechos que le asisten, incluido el de guardar silencio.

Plazo de instrucción (art. 324 LECrim)

Tras la reforma de la Ley 41/2015, la instrucción de las causas tiene un plazo máximo de doce meses desde la incoación, prorrogable por períodos de seis meses por el Juez, previa audiencia de las partes, e incluso declarable compleja con un plazo inicial más amplio. Es un contenido muy preguntado del procedimiento penal.

Medidas de investigación tecnológica (LO 13/2015)

La LO 13/2015 reformó la LECrim para regular las medidas de investigación tecnológica (interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas, captación de imágenes y sonido, registros de dispositivos, agente encubierto informático, etc.), con exigencia de autorización judicial motivada y principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad (art. 588 bis a).

Derechos del investigado y asistencia letrada

Desde la LO 5/2015 y la LO 13/2015 se refuerzan los derechos de información, traducción e interpretación, acceso a las actuaciones, derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo y derecho a la asistencia letrada. La detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, no más de 72 horas (art. 17 CE), debiendo ponerse al detenido a disposición judicial en ese plazo; la incomunicación exige resolución judicial.

Las medidas cautelares personales: la prisión provisional

La prisión provisional exige delito con pena igual o superior a dos años (o menor si hay antecedentes), motivos bastantes para creer responsable al investigado y concurrencia de alguno de los fines legales (riesgo de fuga, ocultación de pruebas, reiteración delictiva o protección de la víctima). Se adopta por auto motivado previa comparecencia (art. 505 LECrim) y tiene límites temporales: dos años en delito con pena superior a tres años, prorrogables hasta cuatro, y un año (prorrogable seis meses) en los demás (art. 504).

Delimitación del objeto en el ordinario y en el abreviado: diferencias esenciales

Ordinario: delitos graves; sumario; auto de procesamiento; auto de conclusión del sumario; revisión por Audiencia; artículos de previo pronunciamiento. Abreviado: delitos con pena hasta nueve años; diligencias previas; imputación formal; auto de transformación (art. 779.1.4.ª); escritos de acusación; juicio ante Juzgado de lo Penal o Audiencia según pena. La clave es que en el abreviado no existe auto de procesamiento.

Justicia restaurativa: regulación y requisitos

El art. 15 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, regula los servicios de justicia restaurativa. Exige: consentimiento libre e informado y revocable de víctima e infractor, reconocimiento por éste de los hechos esenciales, que no entrañe riesgo para la seguridad de la víctima ni de nuevos perjuicios, que la ley no lo prohíba para el delito y confidencialidad de lo tratado. Se desarrolla por profesionales especializados (mediación penal) y puede aplicarse en cualquier fase del proceso. En violencia de género está excluida la mediación (art. 87 ter.5 LOPJ).

El Tribunal del Jurado: requisitos de los jurados y desarrollo del juicio

Pueden ser jurados los españoles mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que sepan leer y escribir, sean vecinos de la provincia y no estén incursos en incompatibilidad o prohibición. El juicio incluye la audiencia preliminar ante el Magistrado-Presidente, la constitución del Jurado, el juicio oral, la entrega del objeto del veredicto, la deliberación a puerta cerrada y la lectura del veredicto.

Secuencia de la causa ante el Jurado

La instrucción corresponde al Juez de Instrucción; terminada, se dicta el auto de hechos justiciables; sigue la audiencia preliminar y el auto de apertura del juicio oral por el Magistrado-Presidente, que remite la causa a la Audiencia Provincial. El veredicto debe motivarse sucintamente; si se declara la culpabilidad, el Magistrado-Presidente dicta sentencia imponiendo la pena.

La intervención del LAJ y del Cuerpo de Tramitación en el proceso penal

El LAJ ostenta la fe pública, el impulso formal del procedimiento y la documentación de las actuaciones, mientras que el personal del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa lleva a cabo las funciones de ordenación del procedimiento, tramitación y ejecución de actos de comunicación, formación de piezas separadas y rollo de sala, y colaboración en el registro de las actuaciones. Con la LO 1/2025, estas funciones se reorganizan dentro de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes procesales.

El procedimiento por aceptación de decreto

La Ley 41/2015 introdujo el procedimiento por aceptación de decreto (arts. 803 bis a) a 803 bis j) LECrim): para ciertos delitos de escasa gravedad (los castigados con penas leves como multa, trabajos en beneficio de la comunidad o privación del derecho a conducir), el Ministerio Fiscal propone una pena que, si el investigado la acepta, se impone por decreto sin necesidad de juicio. Conviene contrastar con el texto vigente el catálogo exacto de delitos y los plazos.

El procedimiento de decomiso autónomo y otros especiales

La LECrim regula además otros procedimientos especiales: procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicación, procedimiento de decomiso autónomo (arts. 803 ter a) y ss.), procedimiento contra reos ausentes, etc. Su estudio detallado excede del programa, pero conviene identificarlos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El principio del juez imparcial exige que quien instruye no sea quien enjuicia: el Juzgado (o Sección) de Instrucción instruye y un órgano distinto enjuicia.
  • El criterio de deslinde entre ordinario y abreviado es la pena: más de 9 años de prisión pasa al ordinario (sumario); hasta 9 años u otras penas, al abreviado (diligencias previas).
  • Dentro del abreviado, enjuicia el Juzgado o Sección de lo Penal si la pena de prisión no excede de 5 años (u otras penas hasta 10 años), y la Audiencia Provincial si la excede.
  • El sobreseimiento libre produce efectos equiparables a cosa juzgada; el provisional permite reabrir la causa si aparecen nuevos elementos.
  • Los artículos de previo pronunciamiento (art. 666) son cinco: declinatoria, cosa juzgada, prescripción, amnistía o indulto y falta de autorización para procesar.
  • La conformidad (arts. 655 y 787) requiere pena no superior a 6 años de prisión; el tribunal puede rechazarla si los hechos no son delito o la pena resulta improcedente.
  • En el abreviado no hay auto de procesamiento: se dicta el auto de transformación en procedimiento abreviado.
  • En el procedimiento abreviado, si todas las partes anuncian que no recurrirán, la sentencia oral adquiere firmeza inmediata.
  • Contra la sentencia del Juzgado de lo Penal cabe apelación ante la Audiencia Provincial en 10 días; contra autos de instrucción, reforma (3 días) y apelación (5 días).
  • La justicia restaurativa (art. 15 Ley 4/2015) complementa, no sustituye, al proceso penal, pudiendo incidir en la atenuante de reparación (art. 21.5 CP) o en la suspensión de la pena (art. 84 CP); está excluida en violencia de género.
  • El Tribunal del Jurado (LO 5/1995) tiene competencia tasada: homicidio, amenazas, omisión de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales y determinados delitos de funcionarios.
  • El Tribunal del Jurado se compone de 9 jurados titulares y 2 suplentes, presididos por un Magistrado-Presidente que no delibera ni vota, pero dicta la sentencia.
  • Se exige mayoría de al menos 7 votos de 9 para declarar probado un hecho desfavorable al acusado, y de al menos 5 votos para uno favorable.
  • Contra la sentencia del Tribunal del Jurado cabe apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y, después, casación ante el Tribunal Supremo.
  • Desde la Ley 41/2015, la sentencia de la Audiencia Provincial en el procedimiento ordinario es apelable ante el TSJ; no va directamente a casación.
  • El plazo de instrucción es de 12 meses prorrogables por períodos de seis (art. 324 LECrim).
  • La detención no puede exceder de 72 horas sin poner al detenido a disposición judicial (art. 17 CE).
  • Juicio en ausencia en el abreviado (art. 786.1): pena solicitada no superior a 2 años de privación de libertad o 6 años de otra naturaleza.
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¿Cuántos jurados legos componen el Tribunal del Jurado?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 20 de Tramitación Procesal (Justicia)?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prevé distintos cauces según la gravedad del delito: el procedimiento ordinario por delitos graves, articulado en sumario y juicio oral ante un órgano distinto en aplicación del principio del juez imparcial; el procedimiento abreviado, cauce ordinario para la generalidad de los delitos; y el proceso ante el Tribunal del Jurado (LO 5/1995) para delitos de competencia tasada. A ello se suman los juicios rápidos y el juicio por delitos leves (tema siguiente). La justicia restaurativa (Ley 4/2015, Estatuto de la Víctima, y Código Penal) se incorpora como complemento, no sustituto, del proceso penal. La organización judicial penal está siendo transformada por la Ley Orgánica 1/2025, que sustituye los Juzgados por Tribunales de Instancia con secciones, implantados por fases.

¿Qué hay que memorizar del Tema 20 para el examen?

El principio del juez imparcial exige que quien instruye no sea quien enjuicia: el Juzgado (o Sección) de Instrucción instruye y un órgano distinto enjuicia. El criterio de deslinde entre ordinario y abreviado es la pena: más de 9 años de prisión pasa al ordinario (sumario); hasta 9 años u otras penas, al abreviado (diligencias previas). Dentro del abreviado, enjuicia el Juzgado o Sección de lo Penal si la pena de prisión no excede de 5 años (u otras penas hasta 10 años), y la Audiencia Provincial si la excede. El sobreseimiento libre produce efectos equiparables a cosa juzgada; el provisional permite reabrir la causa si aparecen nuevos elementos. Los artículos de previo pronunciamiento (art. 666) son cinco: declinatoria, cosa juzgada, prescripción, amnistía o indulto y falta de autorización para procesar. La conformidad (arts. 655 y 787) requiere pena no superior a 6 años de prisión; el tribunal puede rechazarla si los hechos no son delito o la pena resulta improcedente. En el abreviado no hay auto de procesamiento: se dicta el auto de transformación en procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, si todas las partes anuncian que no recurrirán, la sentencia oral adquiere firmeza inmediata. Contra la sentencia del Juzgado de lo Penal cabe apelación ante la Audiencia Provincial en 10 días; contra autos de instrucción, reforma (3 días) y apelación (5 días). La justicia restaurativa (art. 15 Ley 4/2015) complementa, no sustituye, al proceso penal, pudiendo incidir en la atenuante de reparación (art. 21.5 CP) o en la suspensión de la pena (art. 84 CP); está excluida en violencia de género. El Tribunal del Jurado (LO 5/1995) tiene competencia tasada: homicidio, amenazas, omisión de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales y determinados delitos de funcionarios. El Tribunal del Jurado se compone de 9 jurados titulares y 2 suplentes, presididos por un Magistrado-Presidente que no delibera ni vota, pero dicta la sentencia. Se exige mayoría de al menos 7 votos de 9 para declarar probado un hecho desfavorable al acusado, y de al menos 5 votos para uno favorable. Contra la sentencia del Tribunal del Jurado cabe apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y, después, casación ante el Tribunal Supremo. Desde la Ley 41/2015, la sentencia de la Audiencia Provincial en el procedimiento ordinario es apelable ante el TSJ; no va directamente a casación. El plazo de instrucción es de 12 meses prorrogables por períodos de seis (art. 324 LECrim). La detención no puede exceder de 72 horas sin poner al detenido a disposición judicial (art. 17 CE). Juicio en ausencia en el abreviado (art. 786.1): pena solicitada no superior a 2 años de privación de libertad o 6 años de otra naturaleza.

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Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 14, 299 y ss., 324, 504-505, 649 y ss., 655, 666, 757 y ss., 766, 779, 786-790, 801, 846 ter y 847.
  • Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, art. 15.
  • Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
  • Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Código Penal, arts. 21.5 y 84.

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