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Tema 14. Los Cuerpos Generales (II): Situaciones administrativas. Ordenación de la actividad profesional. Provisión de puestos de trabajo. Régimen disciplinario.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

Completando el estatuto de los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia, la LOPJ regula en el Libro VI, Títulos V, VIII y IX las situaciones administrativas distintas del servicio activo, la ordenación de la actividad profesional mediante las relaciones de puestos de trabajo, los sistemas de provisión de puestos y el régimen disciplinario aplicable, con sus faltas, sanciones y plazos de prescripción.

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Marco normativo

Las situaciones administrativas, la ordenación de la actividad profesional, la provisión de puestos y el régimen disciplinario de los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial se regulan en el Libro VI de la LOPJ (títulos sobre situaciones administrativas, ordenación de la actividad profesional, provisión de puestos de trabajo y régimen disciplinario), desarrollado por el Real Decreto 1451/2005 (provisión) y el Real Decreto 796/2005 (régimen disciplinario), y completado supletoriamente por el TREBEP (arts. 85 y ss. y 93 y ss.).

Enumeración de las situaciones administrativas (art. 506 LOPJ)

Los funcionarios pueden hallarse en servicio activo, servicios especiales, excedencia (voluntaria, en sus distintas modalidades, y forzosa en los supuestos tasados) y suspensión de funciones, además de las situaciones propias de la movilidad entre Administraciones. El TREBEP (art. 85) enumera servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones, y es el marco supletorio. Las modalidades de excedencia voluntaria son: por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género y por prestación de servicios en el sector público (contrastar el art. 506 LOPJ para el listado exacto).

El servicio activo: situación ordinaria

Es la situación en que se encuentra el funcionario que desempeña efectivamente un puesto en un centro de destino de la Administración de Justicia, manteniendo la plenitud de derechos y deberes propios de su condición.

Supuestos asimilados al servicio activo

Se consideran también en servicio activo determinados supuestos de prestación de servicios en otras instituciones o Administraciones con derecho a reserva del puesto (por ejemplo, ciertas comisiones de servicio). El listado exacto debe contrastarse en la LOPJ.

Los servicios especiales: supuestos

Se declara esta situación, entre otros casos, por el nombramiento como alto cargo, por la elección como Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembro de las asambleas legislativas autonómicas, por el desempeño de cargos de responsabilidad en organismos internacionales o por el cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria en su momento (art. 87 TREBEP).

Efectos de los servicios especiales

Otorgan derecho a la reserva de plaza y destino y al cómputo del tiempo de permanencia en esta situación a efectos de trienios, carrera profesional y derechos pasivos, si bien el funcionario percibe la retribución correspondiente al cargo efectivamente desempeñado.

La excedencia voluntaria por interés particular

Puede solicitarse tras haber prestado servicios efectivos durante un tiempo previo en el Cuerpo (el TREBEP exige cinco años inmediatamente anteriores; contrastar el requisito concreto en la LOPJ), sin que otorgue derecho a reserva de plaza, quedando el funcionario a la espera de solicitar el reingreso conforme a las vacantes existentes.

La excedencia voluntaria por agrupación familiar

Procede cuando el cónyuge o pareja de hecho del funcionario resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo con carácter definitivo, permitiéndole reunir la unidad familiar. Se concede sin necesidad de un tiempo previo de servicios efectivos (art. 89.3 TREBEP).

La excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público

Se declara cuando el funcionario pasa a prestar servicios en otro organismo o entidad del sector público y no le corresponde quedar en servicio activo ni en servicios especiales. Evita la acumulación de puestos incompatibles y permite conservar el derecho al reingreso (art. 89.1 TREBEP).

La excedencia forzosa

La LOPJ la prevé para supuestos tasados, en los que el funcionario pierde su destino sin culpa propia (por ejemplo, supresión del puesto) y no obtiene nuevo destino, con derecho a percibir las retribuciones básicas y a que el tiempo se compute como servicio efectivo durante su vigencia. El régimen exacto debe contrastarse en la LOPJ.

La excedencia por cuidado de hijo

Puede disfrutarse por un período no superior a tres años por cada hijo, tanto por naturaleza como por adopción o acogimiento, contado desde la fecha de nacimiento o de la resolución judicial o administrativa (art. 89.4 TREBEP). El tiempo cuenta a efectos de antigüedad, carrera y derechos pasivos, con reserva del puesto durante el primer año y, transcurrido este, de un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

La excedencia por cuidado de familiar

Puede disfrutarse por un período no superior a tres años para el cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida (art. 89.4 TREBEP).

La suspensión de funciones

La suspensión de funciones puede ser provisional, acordada durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario (en el TREBEP, no superior a seis meses salvo paralización imputable al interesado), o firme, en cumplimiento de una sanción disciplinaria o de una pena (suspensión firme: art. 90 TREBEP; la suspensión firme superior a seis meses comporta la pérdida del puesto). Durante la suspensión no se perciben retribuciones, salvo la parte que la ley reconozca.

La ordenación de la actividad profesional: competencias

Corresponde al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas la planificación y ordenación de los recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia en su respectivo ámbito territorial.

Las relaciones de puestos de trabajo (RPT)

Son el instrumento técnico a través del cual se ordena la actividad profesional, determinando la denominación, las características esenciales de cada puesto, el Cuerpo o Cuerpos a que están adscritos y, en su caso, sus complementos retributivos específicos.

Evaluación del desempeño y formación continua

La ordenación de la actividad profesional incluye la evaluación del desempeño de los funcionarios y su formación continua, impartida a través del Centro de Estudios Jurídicos y de las Escuelas de Formación de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

La carrera profesional horizontal

Se fomentan sistemas de progresión profesional que no exigen necesariamente el cambio de puesto de trabajo, en desarrollo de los principios generales establecidos por el TREBEP para el conjunto de las Administraciones Públicas.

El concurso como sistema ordinario de provisión

Es el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo, en el que se valoran méritos objetivos (antigüedad, formación, cursos) con convocatoria periódica y respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia. En la Administración de Justicia se articula en concursos generales de traslados (con periodicidad prevista en la LOPJ, que debe contrastarse) y concursos específicos para determinados puestos.

La libre designación

Se reserva a puestos de especial responsabilidad o confianza expresamente identificados como tales en la relación de puestos de trabajo, exigiéndose motivación de la resolución de nombramiento.

Comisiones de servicio

Pueden ser voluntarias o forzosas, y permiten cubrir con carácter temporal puestos vacantes o atender necesidades urgentes de personal, sin necesidad de acudir al procedimiento ordinario de provisión definitiva.

Adscripciones provisionales y reordenación de efectivos

Se emplean para atender necesidades organizativas sobrevenidas, así como para la redistribución de efectivos entre distintas unidades cuando las cargas de trabajo lo justifiquen, con carácter temporal en tanto se provee el puesto de forma definitiva.

Clasificación de las faltas disciplinarias

La LOPJ clasifica las faltas disciplinarias de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en muy graves, graves y leves, en función de la gravedad de la conducta y de sus consecuencias para el servicio. El régimen sancionador se sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia y non bis in idem (arts. 25 a 31 de la Ley 40/2015). Numeración habitual: art. 535 (muy graves), 536 (graves), 537 (leves), 538 (sanciones), 539 (competencia) y 540 (prescripción), que debe contrastarse.

Faltas muy graves

Entre otras: el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución, la discriminación por razón de sexo, origen o cualquier otra condición personal, el abandono del servicio, el incumplimiento grave de resoluciones judiciales cuya ejecución tengan encomendada, la desobediencia grave o reiterada, el acoso sexual y la agresión grave.

Faltas graves

Entre otras: la desobediencia a los superiores en el ejercicio legítimo de sus funciones que no constituya falta muy grave, las faltas de consideración con superiores, compañeros o ciudadanos, la reiteración de faltas injustificadas de asistencia en un período determinado y el uso indebido de las claves de acceso a los sistemas informáticos.

Faltas leves

Comprenden la falta de respeto o consideración leves con ciudadanos o compañeros, el incumplimiento de escasa entidad de los deberes del cargo y las ausencias injustificadas de menor entidad.

Sanciones aplicables

Van desde el apercibimiento, para las faltas leves, pasando por la suspensión de empleo y sueldo y el traslado forzoso para las graves, hasta la separación del servicio, reservada a las muy graves. Para el personal interino se prevé el cese en el puesto en lugar de determinadas sanciones.

Competencia para la separación del servicio

La sanción de separación del servicio, por su especial gravedad al implicar la pérdida definitiva de la condición de funcionario, la acuerda siempre el Ministro de Justicia, con independencia de cuál sea el órgano instructor del expediente.

Prescripción de las faltas

Las faltas prescriben en plazos que son más breves cuanto menor es su gravedad (leves, graves y muy graves), computados desde la fecha de comisión o desde que se tuvo conocimiento de los hechos si se trata de infracciones continuadas. La LOPJ fija los plazos concretos, que deben contrastarse en el texto vigente.

Prescripción de las sanciones

Las sanciones impuestas prescriben igualmente en plazos que aumentan con la gravedad de la falta, computados desde la firmeza de la resolución sancionadora si no ha comenzado su cumplimiento. Los plazos de prescripción de las sanciones son distintos de los de prescripción de las faltas.

Garantías del procedimiento disciplinario

El procedimiento disciplinario garantiza en todo caso los derechos de audiencia, defensa y presunción de inocencia del funcionario expedientado, con posibilidad de revisión jurisdiccional de la sanción finalmente impuesta.

Principios de la provisión: concurso general de traslados

El concurso general de traslados es el procedimiento mediante el cual los funcionarios de carrera en servicio activo con destino definitivo obtienen nuevo destino; participan, además, los funcionarios en situaciones que conservan el derecho a participar, y los de nuevo ingreso están obligados a concursar para obtener su primer destino definitivo. El orden de preferencia en la adjudicación depende de la puntuación del baremo y, en caso de empate, de criterios objetivos como la antigüedad en el Cuerpo.

Libre designación y comisiones de servicio

La libre designación se reserva a los puestos de especial responsabilidad o confianza determinados en la relación de puestos de trabajo, con convocatoria pública y resolución motivada. Las comisiones de servicio permiten atender necesidades urgentes o temporales con carácter voluntario o forzoso, tienen duración limitada y no confieren derecho a la plaza ocupada de forma definitiva.

Relaciones de puestos de trabajo y ordenación de la actividad profesional

Las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Administración de Justicia se aprueban por el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma competente en su ámbito territorial y concretan, para cada puesto, su denominación, requisitos, Cuerpo de adscripción, funciones y retribuciones complementarias. La ordenación de la actividad profesional incluye la evaluación del desempeño y la carrera profesional, así como la formación continua a través del Centro de Estudios Jurídicos y de los órganos formativos autonómicos.

Retribuciones: básicas y complementarias

Las retribuciones de los funcionarios se componen de retribuciones básicas (sueldo según el subgrupo, trienios y pagas extraordinarias) y complementarias (complemento general de puesto, complemento específico y de productividad, según las normas retributivas de cada ámbito). Los trienios son reconocidos por cada tres años de servicios prestados en el Cuerpo. Las retribuciones se fijan cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se desarrollan en la normativa de Justicia.

Procedimiento disciplinario: fases

El Real Decreto 796/2005 regula el procedimiento: acuerdo de iniciación y nombramiento de instructor, pliego de cargos con alegaciones y proposición de prueba, práctica de pruebas, propuesta de resolución con audiencia, y resolución motivada. Se puede adoptar la suspensión provisional como medida cautelar. El procedimiento garantiza la audiencia, la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a recurrir la resolución en vía administrativa y judicial. Las faltas leves siguen un procedimiento abreviado.

Órganos competentes en materia disciplinaria

La competencia sancionadora se distribuye entre los distintos órganos del Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autónoma competente según la gravedad de la falta. Para las faltas leves y las graves actúan los órganos que determina la LOPJ y su reglamento; para la separación del servicio, sanción por falta muy grave, la competencia es siempre del Ministro de Justicia. El instructor ha de ser un funcionario de igual o superior Cuerpo al del expedientado.

Responsabilidad disciplinaria y responsabilidad penal

La sanción disciplinaria es compatible con la responsabilidad penal y la civil, pero la LOPJ y el reglamento aplican el principio non bis in idem cuando existe identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si los hechos pueden ser constitutivos de delito, el procedimiento disciplinario puede suspenderse hasta que recaiga resolución judicial firme, y los hechos probados en sentencia vinculan a la Administración.

Reingreso desde las excedencias

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular o por prestación de servicios en el sector público solicitan el reingreso al servicio activo; si no hay vacante, permanecen en excedencia y obtienen destino provisional cuando haya plaza. Los que disfrutan de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de género tienen reserva de puesto en los términos de la ley y reingresan al finalizar el período.

Cómputo del tiempo en las distintas situaciones

El tiempo en servicios especiales y en excedencia por cuidado de familiares computa a efectos de antigüedad, trienios, carrera y derechos pasivos. En la excedencia voluntaria por interés particular o agrupación familiar no se computa. La suspensión firme de funciones no cuenta como tiempo de servicio activo.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Las situaciones administrativas son: servicio activo, servicios especiales, las distintas excedencias voluntarias, excedencia forzosa y suspensión de funciones (art. 506 LOPJ).
  • El servicio activo es la situación ordinaria; se asimilan a él determinados servicios en el TC, el CGPJ, el Tribunal de Cuentas o las Cortes Generales.
  • Los servicios especiales dan derecho a reserva de plaza y cómputo de antigüedad, aunque se percibe la retribución del cargo desempeñado; no cabe asesorar pericialmente en asuntos relacionados con ese cargo.
  • La excedencia voluntaria por interés particular no da derecho a reserva de plaza; la de agrupación familiar permite reunir la unidad familiar cuando el cónyuge reside en otro municipio por trabajo.
  • La excedencia por cuidado de hijo o de familiar puede disfrutarse hasta un máximo de 3 años.
  • La suspensión de funciones puede ser provisional (durante procesamiento penal o expediente disciplinario) o firme (en cumplimiento de sanción o condena ejecutoria).
  • Las relaciones de puestos de trabajo (RPT) determinan denominación, características esenciales, Cuerpo de adscripción y complementos retributivos de cada puesto.
  • El sistema ordinario de provisión es el concurso; la libre designación se reserva a puestos de especial responsabilidad o confianza.
  • Las comisiones de servicio, voluntarias o forzosas, cubren temporalmente puestos vacantes o necesidades urgentes sin acudir al procedimiento ordinario de provisión.
  • Las faltas disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves; entre las muy graves están el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución, el abandono del servicio y el acoso sexual.
  • El uso indebido de las claves de acceso a los sistemas informáticos está tipificado como falta grave.
  • Las sanciones van del apercibimiento (leves) a la suspensión de empleo y sueldo o el traslado forzoso (graves) hasta la separación del servicio (muy graves); el cese en el puesto solo se aplica a interinos.
  • La separación del servicio SOLO cabe por faltas muy graves y la acuerda SIEMPRE el Ministro de Justicia, con independencia del órgano instructor.
  • El procedimiento disciplinario garantiza en todo caso audiencia, defensa y presunción de inocencia, con posibilidad de revisión jurisdiccional de la sanción.
  • Trampa: la prescripción de las faltas (por gravedad) y la de las sanciones impuestas son plazos distintos; las cifras exactas deben contrastarse en el texto vigente de la LOPJ.
  • Excedencia por cuidado de hijo o de familiar: hasta tres años (art. 89.4 TREBEP); reserva del puesto el primer año.
  • Suspensión provisional: no más de seis meses salvo paralización imputable al interesado (TREBEP); suspensión firme superior a seis meses implica pérdida del puesto.
  • El régimen sancionador se rige por legalidad, tipicidad, proporcionalidad y non bis in idem (Ley 40/2015, arts. 25 y ss.). Reglamento disciplinario de Justicia: RD 796/2005.
  • Los puestos se ordenan mediante relaciones de puestos de trabajo (RPT), aprobadas por el Ministerio de Justicia o por la Comunidad Autónoma competente.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Se computa el tiempo de servicios especiales a efectos de trienios y carrera?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 14 de Tramitación Procesal (Justicia)?

Completando el estatuto de los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia, la LOPJ regula en el Libro VI, Títulos V, VIII y IX las situaciones administrativas distintas del servicio activo, la ordenación de la actividad profesional mediante las relaciones de puestos de trabajo, los sistemas de provisión de puestos y el régimen disciplinario aplicable, con sus faltas, sanciones y plazos de prescripción.

¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?

Las situaciones administrativas son: servicio activo, servicios especiales, las distintas excedencias voluntarias, excedencia forzosa y suspensión de funciones (art. 506 LOPJ). El servicio activo es la situación ordinaria; se asimilan a él determinados servicios en el TC, el CGPJ, el Tribunal de Cuentas o las Cortes Generales. Los servicios especiales dan derecho a reserva de plaza y cómputo de antigüedad, aunque se percibe la retribución del cargo desempeñado; no cabe asesorar pericialmente en asuntos relacionados con ese cargo. La excedencia voluntaria por interés particular no da derecho a reserva de plaza; la de agrupación familiar permite reunir la unidad familiar cuando el cónyuge reside en otro municipio por trabajo. La excedencia por cuidado de hijo o de familiar puede disfrutarse hasta un máximo de 3 años. La suspensión de funciones puede ser provisional (durante procesamiento penal o expediente disciplinario) o firme (en cumplimiento de sanción o condena ejecutoria). Las relaciones de puestos de trabajo (RPT) determinan denominación, características esenciales, Cuerpo de adscripción y complementos retributivos de cada puesto. El sistema ordinario de provisión es el concurso; la libre designación se reserva a puestos de especial responsabilidad o confianza. Las comisiones de servicio, voluntarias o forzosas, cubren temporalmente puestos vacantes o necesidades urgentes sin acudir al procedimiento ordinario de provisión. Las faltas disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves; entre las muy graves están el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución, el abandono del servicio y el acoso sexual. El uso indebido de las claves de acceso a los sistemas informáticos está tipificado como falta grave. Las sanciones van del apercibimiento (leves) a la suspensión de empleo y sueldo o el traslado forzoso (graves) hasta la separación del servicio (muy graves); el cese en el puesto solo se aplica a interinos. La separación del servicio SOLO cabe por faltas muy graves y la acuerda SIEMPRE el Ministro de Justicia, con independencia del órgano instructor. El procedimiento disciplinario garantiza en todo caso audiencia, defensa y presunción de inocencia, con posibilidad de revisión jurisdiccional de la sanción. Trampa: la prescripción de las faltas (por gravedad) y la de las sanciones impuestas son plazos distintos; las cifras exactas deben contrastarse en el texto vigente de la LOPJ. Excedencia por cuidado de hijo o de familiar: hasta tres años (art. 89.4 TREBEP); reserva del puesto el primer año. Suspensión provisional: no más de seis meses salvo paralización imputable al interesado (TREBEP); suspensión firme superior a seis meses implica pérdida del puesto. El régimen sancionador se rige por legalidad, tipicidad, proporcionalidad y non bis in idem (Ley 40/2015, arts. 25 y ss.). Reglamento disciplinario de Justicia: RD 796/2005. Los puestos se ordenan mediante relaciones de puestos de trabajo (RPT), aprobadas por el Ministerio de Justicia o por la Comunidad Autónoma competente.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666), Libro VI: situaciones administrativas, provisión de puestos y régimen disciplinario (numeración habitual: art. 506, 521 y ss., 535-540; contrastar).
  • Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
  • Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia.
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE-A-2015-11719): arts. 85-92 y 93-98.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: arts. 25-31 (principios de la potestad sancionadora).

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