Tema 17. Los procedimientos de ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Clases de ejecución: disposiciones generales de cada una de ellas. Especial referencia a la libranza de mandamientos, efectividad de los embargos acordados en el decreto acordando medidas ejecutivas concretas para llevar a cabo lo dispuesto por la orden general de ejecución y en los decretos de mejora, averiguación patrimonial, preparación procesal de la vía de apremio de muebles e inmuebles, actas de celebración de subastas y trámite de depósito judicial. Las medidas cautelares.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El Libro III de la LEC regula la ejecución forzosa, articulada en dos resoluciones sucesivas: el auto del Juez con la orden general de ejecución y el decreto del Letrado de la Administración de Justicia con las medidas ejecutivas concretas. El tema desarrolla las distintas clases de ejecución (dineraria, con embargo y apremio; y las medidas cautelares como institución afín), con especial atención a la libranza de mandamientos, la averiguación patrimonial y la subasta electrónica, tareas en las que interviene de forma directa el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Solo procede la ejecución en virtud de los títulos previstos legalmente (art. 517 LEC): judiciales (sentencias de condena firmes o provisionalmente ejecutables, laudos arbitrales firmes, resoluciones que aprueben transacciones judiciales o acuerdos de mediación) y no judiciales (escrituras públicas, pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes e intervenidas por corredor de comercio colegiado o notario, títulos cambiarios con protesto o declaración equivalente, certificaciones de valores anotados en cuenta y los demás títulos a los que la ley atribuya fuerza ejecutiva). La acción ejecutiva fundada en sentencia, laudo o acuerdo de mediación caduca si no se interpone en el plazo de cinco años desde la firmeza (art. 518 LEC).
El Título Ejecutivo Europeo
El Reglamento (CE) 805/2004 crea el Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados, permitiendo que una resolución certificada como tal se ejecute en cualquier Estado miembro sin necesidad de exequátur. Para el resto de resoluciones civiles y mercantiles de la UE, el Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis) suprime el exequátur, y la Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil, regula el reconocimiento y la ejecución de resoluciones extranjeras fuera de la UE.
La orden general de ejecución: el auto (art. 551 LEC)
Presentada la demanda ejecutiva, si concurren los presupuestos y requisitos procesales, el Juez dicta auto con la orden general de ejecución (art. 551.1 LEC), expresando las partes, la cantidad reclamada (principal, y la que se fija para intereses y costas) y las precisiones sobre el título. Con carácter previo conviene comprobar que el ejecutado no se halla en situación de concurso, circunstancia que se verifica mediante consulta del Registro Público Concursal (publicidad centralizada de concursos, acuerdos de refinanciación y resoluciones concursales relevantes, regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal), pues la declaración de concurso suspende o condiciona el inicio y la continuación de las ejecuciones singulares sobre el patrimonio del concursado. Las resoluciones judiciales o arbitrales no pueden ejecutarse hasta que transcurran veinte días desde su notificación (art. 548 LEC).
El decreto de medidas ejecutivas concretas (art. 551.3 LEC)
Dictado el auto, el LAJ dicta decreto, el mismo día o el siguiente hábil, con las medidas ejecutivas concretas (incluido el embargo), las medidas de averiguación patrimonial, y el contenido del requerimiento de pago, indicando si lo practica el Cuerpo de Auxilio Judicial o el procurador, si lo ha solicitado.
Acumulación de ejecuciones y oposición a la ejecución
Cabe acumular varias ejecuciones seguidas frente a un mismo ejecutado (art. 555 y ss. LEC). El ejecutado puede oponerse por motivos de fondo (pago o cumplimiento, caducidad de la acción ejecutiva, pactos o transacciones; para los títulos no judiciales, además, otras excepciones materiales) o procesales (defectos del título, falta de capacidad o representación), en el plazo de diez días desde la notificación del auto (arts. 556 a 559 LEC), sin que por regla general la oposición suspenda la ejecución.
Ejecución provisional: concepto y presupuestos
Permite ejecutar una sentencia de condena aún no firme, a instancia de quien la obtuvo, sin necesidad de prestar caución (art. 524 y ss. LEC); procede respecto de toda sentencia de condena de primera o segunda instancia, salvo excepciones para determinadas sentencias meramente declarativas o constitutivas.
Oposición a la ejecución provisional
El ejecutado puede oponerse por motivos de fondo (si la condena es dineraria, alegando que sería imposible o de extrema dificultad restablecer la situación anterior si se revoca la sentencia) o de forma; revocada después la sentencia, procede la restitución de lo indebidamente percibido y, en su caso, el resarcimiento de daños.
Ejecución dineraria: concepto y presupuestos
Es la actividad dirigida a obtener, con el patrimonio del ejecutado, el pago de una cantidad líquida reconocida en un título ejecutivo; es la modalidad más frecuente en la práctica, dado que la mayoría de los títulos ejecutivos tienen por objeto una prestación pecuniaria.
Integración del título ejecutivo
Cuando el título no determina de forma líquida la cantidad debida (por ejemplo, condena a los daños que se determinen en ejecución de sentencia), es necesario un trámite previo contradictorio de liquidación para fijar la cantidad concreta por la que se despachará la ejecución.
El requerimiento de pago: cuándo procede y cuándo no
Es necesario requerir de pago al ejecutado cuando el título no ha sido objeto de proceso judicial previo (escrituras, títulos cambiarios), salvo requerimiento notarial ya practicado; no es necesario cuando el título es una resolución judicial o arbitral de condena, pudiendo el despacho de la ejecución ir acompañado directamente del embargo.
El embargo de bienes: concepto
Es la actuación ejecutiva que afecta bienes concretos del ejecutado a la satisfacción del crédito, sometiéndolos a un régimen de indisponibilidad relativa que garantiza su realización forzosa posterior; no priva de la propiedad del bien, que sigue siendo del ejecutado hasta su realización.
Orden legal de embargo de los bienes
Debe respetarse, salvo alteración justificada, el orden del art. 592 LEC: dinero o cuentas corrientes; créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo y valores admitidos a negociación en mercado oficial; joyas y objetos de arte; rentas en dinero; intereses, rentas y frutos de toda especie; bienes muebles o semovientes; bienes inmuebles; sueldos, pensiones o retribuciones que superen el SMI; y créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo. El ejecutante puede señalar bienes concretos y el ejecutado puede designar otros que aseguren la satisfacción del crédito de igual manera.
Bienes inembargables: absoluta y relativamente
El art. 605 LEC enumera los bienes absolutamente inembargables (bienes inalienables, derechos accesorios no embargables aisladamente, bienes sin valor patrimonial y bienes de dominio público destinados a servicios públicos). El art. 606 declara también inembargables determinados bienes del ejecutado y de su familia (mobiliario y menaje de la casa, ropa, libros e instrumentos de trabajo, entre otros del catálogo legal), y el art. 609 regula los bienes que solo pueden embargarse subsidiariamente. El art. 607 fija el límite para sueldos, pensiones y prestaciones.
La manifestación de bienes del ejecutado
Cuando el ejecutante no conoce bienes suficientes, puede solicitar que se requiera al ejecutado para que manifieste relación de sus bienes y cargas, bajo apercibimiento de responsabilidades penales y multas coercitivas si incumple este deber de colaboración.
Libranza de mandamientos y averiguación patrimonial
El LAJ puede dirigir mandamientos y oficios a entidades, organismos y registros públicos y privados (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Registro de la Propiedad, bancos) a través del Punto Neutro Judicial, con deber legal de colaboración de dichos organismos (arts. 589-591 LEC).
Embargo de dinero y cuentas bancarias
Se ordena mediante diligencia dirigida a la entidad de crédito, que retiene el saldo hasta el límite reclamado y lo transfiere a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones; se respetan los límites de inembargabilidad del art. 607 LEC cuando la cuenta recibe salarios o pensiones, y el embargo se extiende a los saldos que se generen durante el tiempo que dure la retención.
Embargo de sueldos y pensiones: escala de inembargabilidad (art. 607 LEC)
Es inembargable la cuantía equivalente al SMI; a partir de ahí, escala progresiva de porcentajes embargables (30%, 50%, 60%, 75% y hasta el 90% del exceso) por tramos, reducibles por el tribunal atendiendo a las cargas familiares.
Embargo de bienes inmuebles y bienes muebles
Los inmuebles se embargan mediante mandamiento al Registro de la Propiedad para la práctica de la anotación preventiva de embargo (art. 629 LEC) y la posterior certificación de dominio y cargas (art. 656); los muebles, mediante aprehensión material o depósito con designación de depositario (arts. 624 a 627), responsable de su custodia. Los vehículos se embargan además con anotación en el Registro de Bienes Muebles y comunicación a la Dirección General de Tráfico.
Embargo de créditos frente a terceros
Se practica mediante notificación de la traba al tercero deudor del ejecutado, que queda obligado a poner a disposición del tribunal las cantidades adeudadas a medida que venzan, sin poder ya pagar válidamente al propio ejecutado.
El reembargo y la prelación de embargos
El reembargo (nuevo embargo sobre un bien ya embargado) es válido pero no altera la preferencia: el embargo concede el derecho de cobrar con preferencia a los acreedores posteriores (prioridad temporal, art. 613 LEC), de modo que el reembargante solo cobra con el sobrante, salvo acumulación de ejecuciones o preferencia de derecho.
La tercería de dominio
Permite a quien afirma ser propietario de un bien embargado como si fuera del ejecutado obtener el alzamiento del embargo; exige un principio de prueba por escrito para su admisión (art. 596) y se sustancia por el declarativo que corresponda por razón de la cuantía; suspende la ejecución solo respecto del bien discutido (art. 598).
El procedimiento de apremio: concepto y fases
Comprende las actuaciones dirigidas a la realización forzosa de los bienes embargados: valoración o avalúo, publicidad y convocatoria de la subasta, y aplicación del precio obtenido al pago del ejecutante, costas y sobrante.
El avalúo de los bienes embargados
Salvo dinero o bienes de valor de mercado objetivo, se designa perito por el LAJ para dictaminar el valor de cada bien; dicho valor constituye, con carácter general, el tipo mínimo de la subasta cuando se trata de inmuebles, siendo impugnable por las partes.
La subasta electrónica de bienes
Toda subasta judicial de bienes muebles e inmuebles se realiza a través del Portal de Subastas dependiente de la Agencia Estatal del BOE, con duración mínima de veinte días naturales durante los que cualquier interesado puede consultar la información y presentar pujas telemáticas.
Requisitos para pujar: depósito
Los licitadores deben depositar, con carácter previo, el 5% del valor de tasación mediante transferencia a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o aval bancario, depósito que se pierde si, resultando adjudicatario, no consigna el resto del precio en plazo.
Aprobación del remate y pago del precio
Finalizada la subasta, el Portal comunica al órgano judicial la mejor postura y el Letrado de la Administración de Justicia dicta decreto de aprobación del remate a favor del mejor postor (art. 650 LEC para inmuebles), siempre que la postura alcance, con carácter general, el 70% del valor de subasta, o el 60% si el ejecutante acepta la adjudicación por esa cantidad, umbrales introducidos por las reformas de la subasta judicial de 2013-2015 (la numeración concreta del precepto para inmuebles debe contrastarse en el texto consolidado de la LEC); por debajo de esos umbrales se abre un trámite de mejora en el que el ejecutado puede presentar en plazo un tercero que ofrezca el 70% o pagar la diferencia hasta ese porcentaje para liberar el bien, y el ejecutante puede pedir la adjudicación por el 70% o por la cantidad debida si es menor. El rematante consigna el resto del precio en el plazo de cuarenta días (art. 653) para obtener el decreto de adjudicación y el testimonio, y se ordena la cancelación de las cargas posteriores.
Alternativas a la subasta judicial
La LEC permite tres cauces alternativos: el convenio de realización aceptado por las partes, la realización por persona o entidad especializada, y la administración para pago cuando se trata de bienes productivos; los tres exigen aprobación judicial.
La administración para pago
Consiste en atribuir al ejecutante, con su consentimiento, la administración de bienes productivos del ejecutado, aplicando los rendimientos obtenidos al pago del crédito en lugar de proceder a la venta forzosa, con obligación de rendición de cuentas periódica.
La tercería de mejor derecho
Permite a un tercero titular de un crédito preferente frente al ejecutado que el importe obtenido en la ejecución se destine con preferencia a satisfacer su propio crédito; a diferencia de la de dominio, no suspende la ejecución, que continúa, reteniéndose solo el importe obtenido.
Especialidades de la ejecución sobre bienes hipotecados
Los arts. 681 y ss. LEC regulan la ejecución directa sobre bienes hipotecados: la escritura debe fijar el precio de tasación para subasta y un domicilio para requerimientos y notificaciones; se dirige contra el bien hipotecado, con causas de oposición tasadas (extinción de la garantía, error en la cantidad, existencia de otra ejecución anterior y carácter abusivo de cláusulas contractuales). La Ley 5/2019, de contratos de crédito inmobiliario, regula el vencimiento anticipado (impago de un porcentaje del capital en la primera mitad de la vida del préstamo o de un número mínimo de cuotas, con umbrales superiores en la segunda mitad).
Control de oficio de cláusulas abusivas en la ejecución hipotecaria
El tribunal debe examinar de oficio, también en el despacho de la ejecución (art. 552 LEC) y al oponerse el ejecutado (art. 695), si una cláusula que fundamenta la ejecución o determina la cantidad exigible es abusiva, conforme a la Directiva 93/13/CEE y a la jurisprudencia del TJUE (sentencia Aziz de 14 de marzo de 2013), decretando la improcedencia de la ejecución o su continuación sin aplicar dicha cláusula.
Destino del sobrante tras la ejecución
Satisfecho íntegramente el ejecutante, el sobrante se entrega al ejecutado, salvo que existan embargos posteriores de otros acreedores, en cuyo caso se pone a su disposición por orden de antigüedad de sus respectivas trabas.
Las medidas cautelares: concepto y fundamento
Son resoluciones judiciales instrumentales y provisionales dirigidas a asegurar la efectividad de la tutela judicial que pueda otorgarse en la sentencia futura, evitando que la duración del proceso frustre el resultado práctico del pleito.
Presupuestos de las medidas cautelares
Exigen la concurrencia acumulativa de periculum in mora (riesgo de que se frustre la efectividad de la sentencia), fumus boni iuris (apariencia de buen derecho, sin prejuzgar el fondo) y prestación de caución por el solicitante.
Caracteres de las medidas cautelares
Son instrumentales (dependen de un proceso principal), provisionales (vigentes hasta la sentencia firme) y variables (modificables o susceptibles de alzamiento si cambian las circunstancias que determinaron su adopción).
Momento de solicitud de las medidas cautelares
Pueden solicitarse antes de la demanda (si se justifica la urgencia; la medida caduca si no se presenta la demanda en el plazo de veinte días, art. 730 LEC), junto con ella, o durante la pendencia del proceso, incluso en fase de recurso. Es competente el tribunal que conozca del asunto principal (o el que lo vaya a conocer, si la solicitud es previa).
Tipos de medidas cautelares específicas (art. 727 LEC)
Catálogo no exhaustivo: embargo preventivo de bienes, intervención o administración judicial de bienes productivos, depósito de cosa mueble, formación de inventarios, anotación preventiva de demanda, orden de cesar en una actividad, entre otras, completado por la cláusula de medidas innominadas.
Tramitación con audiencia del demandado
Regla general: se sustancia con audiencia previa del demandado, mediante comparecencia con alegaciones y prueba de ambas partes, resolviéndose por auto motivado sobre la adopción, denegación o modificación de la medida.
Tramitación sin audiencia (inaudita parte) y oposición posterior
Excepcionalmente cabe adoptar la medida sin previa audiencia, por razones de urgencia o riesgo de frustración; el demandado, una vez notificada, puede formular oposición, que se sustancia en vista sin suspender por sí sola la medida ya adoptada.
Recursos y efectos frente al auto de medidas cautelares
Cabe recurso de apelación contra el auto que resuelve sobre la medida, sin que su interposición suspenda, con carácter general, la efectividad de la medida acordada, dada la finalidad de urgencia que la propia institución persigue.
Ejecución de las medidas cautelares y caución sustitutoria
Las medidas cautelares se ejecutan conforme a las normas de la ejecución forzosa que corresponda según la naturaleza de la medida; el demandado puede evitar la medida u obtener su alzamiento ofreciendo caución sustitutoria suficiente (art. 746 LEC).
Clases de ejecución en la LEC
La ejecución forzosa se divide en dineraria (obtener el pago de una cantidad líquida, arts. 571 y ss.) y no dineraria (obligaciones de dar cosas distintas de dinero, de hacer y de no hacer, arts. 699 y ss.), además de la ejecución provisional (arts. 524 y ss.), la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados (arts. 681 y ss.) y las medidas cautelares (arts. 721 y ss.), que no son ejecución propiamente dicha pero comparten técnicas con ella.
Disposiciones generales: competencia, legitimación y demanda ejecutiva
Es competente para ejecutar una resolución judicial el tribunal que conoció del asunto en primera instancia (art. 545 LEC) y, para los títulos extrajudiciales, el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del ejecutado o del lugar donde deban surtir efectos (según los fueros legales). La ejecución se inicia siempre a instancia de parte (demanda ejecutiva, art. 549) con el título ejecutivo y los documentos exigidos. Son partes el ejecutante y el ejecutado, y pueden serlo terceros que acrediten legitimación.
Ejecución no dineraria: dar, hacer y no hacer
Cuando la condena es de entregar cosas (muebles o inmuebles), se requiere al ejecutado para que las entregue y, si no lo hace, se procede al lanzamiento o a la entrega forzosa (arts. 699 a 704); para las de hacer, el ejecutado dispone de un plazo para cumplir y, si se trata de una obligación no personalísima, el ejecutante puede pedir que se haga por un tercero a costa del ejecutado, mientras que en las personalísimas procede la compensación económica (arts. 706 a 709); para las de no hacer se deshace lo mal hecho y se imponen medidas coercitivas (art. 710). La liquidación de daños y perjuicios se tramita conforme a los arts. 712 y ss.
Cuantía ejecutiva: intereses y costas
La cantidad por la que se despacha la ejecución comprende el principal, los intereses vencidos y una cantidad calculada provisionalmente para intereses que puedan devengarse durante la ejecución y las costas, que no excede del 30% del principal salvo que el tribunal fije otra cantidad (art. 575 LEC). Las costas de la ejecución las abona el ejecutado que ha dado lugar a ella, salvo estimación de la oposición.
Decreto de mejora del embargo
Si los bienes embargados resultan insuficientes para cubrir la cantidad por la que se despachó la ejecución, el ejecutante puede solicitar la ampliación (mejora) del embargo sobre otros bienes del ejecutado (art. 612 LEC), previa audiencia de este si procede, mediante decreto del Letrado de la Administración de Justicia, y también cabe la reducción del embargo cuando resulte excesivo. La mejora requiere, normalmente, nueva averiguación patrimonial.
Decreto de averiguación patrimonial y Punto Neutro Judicial
Si el ejecutante no señala bienes, el LAJ puede acordar en el decreto la investigación del patrimonio mediante consulta de los registros públicos y de las bases de datos a las que accede el Punto Neutro Judicial (Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección General de Tráfico, Catastro, registros de la propiedad y mercantiles, ficheros de titularidades financieras, etc.) y la libranza de oficios a entidades financieras y a terceros (arts. 590 y 591 LEC). Las entidades están obligadas a colaborar y su negativa conlleva multas coercitivas.
Libranza de mandamientos
Los mandamientos son órdenes escritas del órgano judicial dirigidas a registros, entidades u organismos: mandamiento de anotación preventiva de embargo, de prórroga o de cancelación de anotación, de cancelación de cargas posteriores tras la adjudicación (art. 674 LEC), mandamiento al pagador para la retención de salarios, y oficios a entidades de crédito para el embargo de cuentas. El Cuerpo de Tramitación los redacta y los somete a la firma del Letrado de la Administración de Justicia, con firma electrónica cualificada.
Preparación procesal de la vía de apremio sobre inmuebles
Una vez embargado el inmueble, se libra mandamiento al Registro de la Propiedad para la anotación preventiva y la certificación de dominio y cargas (arts. 629 y 656 LEC), se notifica el embargo al titular registral y a los titulares de cargas posteriores, se obtiene el avalúo cuando procede y se convoca la subasta con el anuncio en el Portal de Subastas. El valor de subasta se obtiene de la tasación del bien menos las cargas anteriores al gravamen que se ejecuta.
Preparación procesal de la vía de apremio sobre muebles
Para los muebles se procede a la aprehensión o a la designación de depositario (arts. 624 a 627 LEC), a la valoración (por perito cuando proceda), al anuncio de la subasta y, si procede, a la anotación del embargo en el Registro de Bienes Muebles. Cuando se trata de vehículos u otros bienes inscritos, la anotación en el registro correspondiente garantiza la oponibilidad de la traba frente a terceros.
Actas de la subasta y decreto de aprobación del remate
Al ser la subasta electrónica y no presencial, la documentación del acto se basa en la información que genera el Portal de Subastas (pujas, hora de cierre, mejor postor, relación de postores en reserva); tras su cierre, el Letrado de la Administración de Justicia dicta el decreto que aprueba el remate o acuerda la mejora, y el Cuerpo de Tramitación incorpora las certificaciones del Portal al expediente, notifica a las partes, y prepara los mandamientos de cancelación de cargas y el testimonio de adjudicación.
Trámite de depósito judicial: Cuenta de Depósitos y Consignaciones
Las consignaciones, depósitos y fianzas se ingresan en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del órgano judicial (disposición adicional cuarta LOPJ): el depósito para pujar en la subasta (5% del valor de tasación), el precio de remate, las cantidades embargadas y las que consigna el ejecutado. El LAJ ordena la devolución de los depósitos a los postores no adjudicatarios y las transferencias al ejecutante o a las partes con derecho, y el Cuerpo de Tramitación prepara las órdenes de entrega, que se materializan por transferencia.
La medida cautelar: competencia y resolución
Las medidas cautelares se adoptan por el Juez mediante auto, tras la vista contradictoria (art. 733 LEC), que convoca el Letrado de la Administración de Justicia, salvo que se acuerden sin audiencia por urgencia. La solicitud debe indicar la medida, los hechos que acreditan el peligro por mora y la apariencia de buen derecho y ofrecer la caución (art. 728). Las medidas pueden modificarse o alzarse si cambian las circunstancias, y se cancelan si el demandante pierde el proceso o no presenta la demanda en plazo.
Recursos y control durante la ejecución
Las infracciones de normas procesales durante la ejecución pueden denunciarse mediante los recursos que la ley prevé (art. 562 LEC): reposición contra los autos y decretos del Juez o del Letrado de la Administración de Justicia, apelación en los supuestos tasados y, en su caso, revisión de decretos definitivos. Los interesados pueden igualmente hacer valer defectos de embargo mediante las reclamaciones previstas para los terceros y las tercerías.
Intereses y devengos durante la ejecución
Desde que se despacha ejecución el principal devenga el interés legal incrementado en dos puntos (interés procesal del art. 576 LEC) salvo que se haya pactado otro mayor o que se trate de condenas al Estado. Este interés se liquida al final de la ejecución en la tasación de costas e intereses, por el Letrado de la Administración de Justicia, y se paga con cargo al producto de la realización de bienes.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Los títulos ejecutivos pueden ser judiciales (sentencias firmes o provisionalmente ejecutables, laudos, transacciones homologadas) o no judiciales (escrituras públicas, pólizas intervenidas, títulos cambiarios protestados) (art. 517 LEC).
El esquema de la ejecución dineraria es: AUTO del Juez con la orden general de ejecución (art. 551.1-2 LEC), seguido de DECRETO del LAJ con las medidas ejecutivas concretas, dictado el mismo día o el siguiente hábil (art. 551.3 LEC).
El ejecutado puede oponerse a la ejecución por motivos de fondo o procesales en 10 días desde la notificación del auto, sin que por regla general suspenda la ejecución.
La ejecución provisional permite ejecutar una sentencia de condena aún no firme sin necesidad de prestar caución.
El requerimiento de pago solo es necesario cuando el título no ha sido objeto de proceso judicial previo; no lo es cuando el título es una resolución judicial o arbitral de condena.
El orden legal de embargo (art. 592 LEC) es: dinero y cuentas; créditos y valores realizables a corto plazo; joyas y objetos de arte; rentas; intereses y frutos; muebles; inmuebles; sueldos y pensiones por encima del SMI; créditos a largo plazo.
El embargo de sueldos y pensiones respeta la inembargabilidad del SMI y aplica una escala progresiva de porcentajes sobre el exceso (art. 607 LEC).
El LAJ puede dirigir mandamientos de averiguación patrimonial a organismos y registros (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Registro de la Propiedad, bancos) a través del Punto Neutro Judicial.
El requerimiento de pago puede practicarlo el Cuerpo de Auxilio Judicial o el procurador, si este último lo ha solicitado expresamente.
La tercería de dominio permite a un tercero propietario obtener el alzamiento del embargo y suspende la ejecución solo del bien discutido; la tercería de mejor derecho no suspende la ejecución.
La subasta judicial de bienes muebles e inmuebles se desarrolla siempre a través del Portal de Subastas dependiente de la Agencia Estatal del BOE, con duración mínima de 20 días naturales.
Los licitadores deben depositar el 5% del valor de tasación para poder pujar.
Como alternativas a la subasta, la LEC permite el convenio de realización, la realización por persona o entidad especializada, y la administración para pago.
En la ejecución hipotecaria, el tribunal debe examinar de oficio si una cláusula que fundamenta la ejecución es abusiva, conforme a la jurisprudencia del TJUE.
Las medidas cautelares exigen periculum in mora, fumus boni iuris y caución, y son instrumentales, provisionales y variables.
Las medidas cautelares se tramitan, por regla general, con audiencia previa del demandado; excepcionalmente cabe adoptarlas inaudita parte por urgencia o riesgo de frustración.
El demandado puede evitar o alzar una medida cautelar ofreciendo caución sustitutoria suficiente.
Trampa: el Portal de Subastas es el de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (no es un portal del Ministerio de Justicia).
Plazo de espera: no se despacha ejecución de una resolución judicial hasta pasados 20 días desde su notificación (art. 548 LEC). La acción ejecutiva caduca a los 5 años desde la firmeza (art. 518).
Orden de embargo (art. 592): dinero o cuentas; créditos y valores a corto plazo; joyas y objetos de arte; rentas; intereses y frutos; muebles; inmuebles; sueldos y pensiones superiores al SMI; créditos a largo plazo.
Intereses y costas presupuestados: hasta el 30% del principal salvo fijación distinta (art. 575 LEC); interés procesal: legal más dos puntos (art. 576).
Mejora del embargo (art. 612 LEC): ampliación sobre otros bienes si los embargados no bastan; se hace mediante decreto del LAJ.
Tras la subasta: consignación del resto del precio en 40 días (art. 653). El depósito de 5% se devuelve a los postores no adjudicatarios.
Medidas cautelares previas a la demanda: caducan si no se presenta la demanda en 20 días (art. 730 LEC).
La ejecución hipotecaria es un procedimiento específico (arts. 681 y ss.) con causas de oposición tasadas y control de oficio de cláusulas abusivas (TJUE, Aziz).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué ley regula el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario, con umbrales distintos según la primera o la segunda mitad de su vida?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 17 de Tramitación Procesal (Justicia)?
El Libro III de la LEC regula la ejecución forzosa, articulada en dos resoluciones sucesivas: el auto del Juez con la orden general de ejecución y el decreto del Letrado de la Administración de Justicia con las medidas ejecutivas concretas. El tema desarrolla las distintas clases de ejecución (dineraria, con embargo y apremio; y las medidas cautelares como institución afín), con especial atención a la libranza de mandamientos, la averiguación patrimonial y la subasta electrónica, tareas en las que interviene de forma directa el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?
Los títulos ejecutivos pueden ser judiciales (sentencias firmes o provisionalmente ejecutables, laudos, transacciones homologadas) o no judiciales (escrituras públicas, pólizas intervenidas, títulos cambiarios protestados) (art. 517 LEC). El esquema de la ejecución dineraria es: AUTO del Juez con la orden general de ejecución (art. 551.1-2 LEC), seguido de DECRETO del LAJ con las medidas ejecutivas concretas, dictado el mismo día o el siguiente hábil (art. 551.3 LEC). El ejecutado puede oponerse a la ejecución por motivos de fondo o procesales en 10 días desde la notificación del auto, sin que por regla general suspenda la ejecución. La ejecución provisional permite ejecutar una sentencia de condena aún no firme sin necesidad de prestar caución. El requerimiento de pago solo es necesario cuando el título no ha sido objeto de proceso judicial previo; no lo es cuando el título es una resolución judicial o arbitral de condena. El orden legal de embargo (art. 592 LEC) es: dinero y cuentas; créditos y valores realizables a corto plazo; joyas y objetos de arte; rentas; intereses y frutos; muebles; inmuebles; sueldos y pensiones por encima del SMI; créditos a largo plazo. El embargo de sueldos y pensiones respeta la inembargabilidad del SMI y aplica una escala progresiva de porcentajes sobre el exceso (art. 607 LEC). El LAJ puede dirigir mandamientos de averiguación patrimonial a organismos y registros (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Registro de la Propiedad, bancos) a través del Punto Neutro Judicial. El requerimiento de pago puede practicarlo el Cuerpo de Auxilio Judicial o el procurador, si este último lo ha solicitado expresamente. La tercería de dominio permite a un tercero propietario obtener el alzamiento del embargo y suspende la ejecución solo del bien discutido; la tercería de mejor derecho no suspende la ejecución. La subasta judicial de bienes muebles e inmuebles se desarrolla siempre a través del Portal de Subastas dependiente de la Agencia Estatal del BOE, con duración mínima de 20 días naturales. Los licitadores deben depositar el 5% del valor de tasación para poder pujar. Como alternativas a la subasta, la LEC permite el convenio de realización, la realización por persona o entidad especializada, y la administración para pago. En la ejecución hipotecaria, el tribunal debe examinar de oficio si una cláusula que fundamenta la ejecución es abusiva, conforme a la jurisprudencia del TJUE. Las medidas cautelares exigen periculum in mora, fumus boni iuris y caución, y son instrumentales, provisionales y variables. Las medidas cautelares se tramitan, por regla general, con audiencia previa del demandado; excepcionalmente cabe adoptarlas inaudita parte por urgencia o riesgo de frustración. El demandado puede evitar o alzar una medida cautelar ofreciendo caución sustitutoria suficiente. Trampa: el Portal de Subastas es el de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (no es un portal del Ministerio de Justicia). Plazo de espera: no se despacha ejecución de una resolución judicial hasta pasados 20 días desde su notificación (art. 548 LEC). La acción ejecutiva caduca a los 5 años desde la firmeza (art. 518). Orden de embargo (art. 592): dinero o cuentas; créditos y valores a corto plazo; joyas y objetos de arte; rentas; intereses y frutos; muebles; inmuebles; sueldos y pensiones superiores al SMI; créditos a largo plazo. Intereses y costas presupuestados: hasta el 30% del principal salvo fijación distinta (art. 575 LEC); interés procesal: legal más dos puntos (art. 576). Mejora del embargo (art. 612 LEC): ampliación sobre otros bienes si los embargados no bastan; se hace mediante decreto del LAJ. Tras la subasta: consignación del resto del precio en 40 días (art. 653). El depósito de 5% se devuelve a los postores no adjudicatarios. Medidas cautelares previas a la demanda: caducan si no se presenta la demanda en 20 días (art. 730 LEC). La ejecución hipotecaria es un procedimiento específico (arts. 681 y ss.) con causas de oposición tasadas y control de oficio de cláusulas abusivas (TJUE, Aziz).
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Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), Libro III: arts. 517-518, 524 y ss., 538 y ss., 548, 551, 555-559, 571 y ss., 575-576, 584-633, 634-680, 681-698, 699 y ss., 721 y ss. (medidas cautelares).
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC (subasta electrónica y Portal de Subastas) y Real Decreto 1011/2017 sobre el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
Reglamento (CE) 805/2004 (título ejecutivo europeo); Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis); Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, disposición adicional cuarta (Cuenta de Depósitos y Consignaciones).
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