Tema 68. Deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de su cargo.
IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.
Cierra el estudio del estatuto del personal funcionario con las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones: los deberes y el código de conducta que le impone el TREBEP, el régimen de incompatibilidades que limita el ejercicio de otras actividades públicas o privadas, los distintos tipos de responsabilidad —disciplinaria, penal, civil y patrimonial— en que puede incurrir, el régimen disciplinario que desarrolla la responsabilidad de esa naturaleza, y los delitos que el Código Penal reserva específicamente a quienes tienen la condición de autoridad o funcionario público en el ejercicio de su cargo.
El TREBEP dedica el Capítulo VI de su Título III (arts. 52 a 54) a los deberes de los empleados públicos y a su código de conducta. El art. 52 impone a todo empleado público el deber genérico de desempeñar con diligencia las tareas asignadas y de velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, actuando con arreglo a principios como la objetividad, la integridad, la neutralidad, la responsabilidad, la imparcialidad, la confidencialidad, la dedicación al servicio público, la transparencia, la ejemplaridad y la eficacia. Los arts. 53 y 54 desarrollan, respectivamente, los principios éticos —entre ellos, la abstención en asuntos en los que tengan un interés personal y el rechazo de cualquier trato de favor o regalo— y los principios de conducta —trato correcto y cortés con la ciudadanía y los compañeros, diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, cumplimiento de la jornada y horario, y mantenimiento de la debida discreción sobre los asuntos que conozca por razón de su cargo—. La Ley 5/2023, de la Función Pública de Andalucía, incorpora este mismo catálogo dentro de su Título III, que regula conjuntamente los derechos, los deberes y las condiciones de trabajo del personal a su servicio.
Incompatibilidades
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, es la normativa básica estatal en la materia y resulta aplicable a todo el personal, funcionario y laboral, de las Administraciones Públicas, incluida la Junta de Andalucía. Su art. 1 formula el principio general: nadie puede compatibilizar el desempeño de un puesto de trabajo o cargo en el sector público con un segundo puesto, cargo o actividad en dicho sector, ni con una actividad privada que se relacione directamente con las funciones de su departamento u organismo o que pueda comprometer su imparcialidad o independencia. Como excepción, y previo reconocimiento expreso de compatibilidad, permite el ejercicio de actividades docentes, sanitario-asistenciales o de investigación de carácter no permanente, siempre que no se supere un determinado límite retributivo y no exista coincidencia de horario con el puesto principal; y exceptúa de cualquier régimen de autorización, entre otras actividades, la administración del propio patrimonio personal o familiar, la participación en tribunales de selección de personal y la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones que de ella se deriven, siempre que no procedan de una relación de empleo o de prestación de servicios. La Ley 5/2023 remite en este punto a esta normativa básica estatal, dentro del capítulo que su Título III dedica a las incompatibilidades.
La responsabilidad de los funcionarios
La actuación irregular de un empleado público puede generar simultáneamente distintos tipos de responsabilidad, compatibles entre sí y exigibles por vías independientes: la responsabilidad disciplinaria, derivada del incumplimiento de sus deberes funcionariales y exigible por la propia Administración a través del correspondiente procedimiento; la responsabilidad penal, cuando la conducta sea constitutiva de alguno de los delitos tipificados en el Código Penal, en particular de los delitos contra la Administración Pública cometidos en el ejercicio del cargo; la responsabilidad civil, dirigida a la reparación del daño causado a un tercero; y la responsabilidad patrimonial de la propia Administración frente a los particulares por el funcionamiento de los servicios públicos, sin perjuicio de la acción de regreso que aquella puede ejercitar contra el empleado que hubiera incurrido en dolo, culpa o negligencia grave. El art. 94.1 del TREBEP confirma esta compatibilidad al disponer que las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones de su personal sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de ellas; en el mismo sentido, el art. 37 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, precisa que la exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal resulte necesaria para fijar dicha responsabilidad patrimonial.
Régimen disciplinario: potestad disciplinaria y clasificación de las faltas
El Título VII del TREBEP (arts. 93 a 98) sienta las bases del régimen disciplinario común a funcionarios y personal laboral, sin perjuicio de que este último se rija además por la legislación laboral. El art. 93 sujeta a este régimen a todo el personal incluido en el ámbito de aplicación del Estatuto, y el art. 94 somete el ejercicio de la potestad disciplinaria a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones y sanciones, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. El art. 95 clasifica las faltas disciplinarias en muy graves, graves y leves, y enumera con carácter básico las faltas muy graves —entre ellas, el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución, toda actuación que suponga discriminación, el abandono del servicio, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave, la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, y el acoso laboral, sexual o por razón de sexo—, dejando la determinación de las faltas graves y leves a las leyes de función pública que desarrollan el Estatuto. La Ley 5/2023 dedica a esta materia su Título XII (arts. 165 a 177), donde desarrolla ese mismo esquema tripartito para el personal a su servicio.
Sanciones, prescripción y procedimiento disciplinario
El art. 96 TREBEP relaciona las sanciones que pueden imponerse: la separación del servicio, que en el caso del funcionario de carrera supone la pérdida de dicha condición, y el despido disciplinario del personal laboral; la suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo; el traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia; el demérito, con pérdida de posiciones en la carrera profesional; y el apercibimiento. El art. 97 fija los plazos de prescripción: las faltas muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, contados desde su comisión; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. El art. 98 exige la previa instrucción de un procedimiento, con audiencia a la persona interesada, para la imposición de cualquier sanción, admitiendo un procedimiento abreviado para las faltas leves. La Ley 5/2023 desarrolla este mismo esquema para el personal de la Junta de Andalucía en su Título XII, previendo además la posibilidad de acordar diligencias previas de carácter reservado antes de la incoación formal del expediente disciplinario.
Delitos de los funcionarios en el ejercicio de su cargo
El Libro II del Código Penal dedica su Título XIX a los delitos contra la Administración Pública, la mayoría de los cuales solo pueden ser cometidos por quien tiene la condición de autoridad o funcionario público. Entre ellos destacan la prevaricación administrativa (arts. 404 a 406), que castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo; el abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos (arts. 407 a 409); la desobediencia y la denegación de auxilio (arts. 410 a 412); la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos (arts. 413 a 418); el cohecho (arts. 419 y siguientes), que sanciona tanto la solicitud o recepción de dádivas por el funcionario como el ofrecimiento o entrega por el particular; el tráfico de influencias (arts. 428 a 431); la malversación (arts. 432 y siguientes), que castiga la apropiación o el uso indebido de caudales o efectos públicos por quien los tiene a su cargo; los fraudes y exacciones ilegales (arts. 436 a 438); y las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (arts. 439 y siguientes). La comisión de estos delitos suele llevar aparejada, junto a la pena privativa de libertad o de multa, una pena de inhabilitación especial o absoluta para empleo o cargo público.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Capítulo VI del Título III del TREBEP (arts. 52-54) regula los deberes de los empleados públicos: deberes generales (art. 52), principios éticos (art. 53) y principios de conducta (art. 54).
La Ley 5/2023 regula los deberes del personal dentro de su Título III, junto con los derechos y las condiciones de trabajo.
La Ley 53/1984 formula el principio general de incompatibilidad entre un puesto público y un segundo puesto o actividad, pública o privada.
Se exceptúan del régimen de incompatibilidades la administración del patrimonio personal o familiar y la creación literaria, artística, científica o técnica.
Las actividades docentes, sanitario-asistenciales o de investigación no permanentes requieren reconocimiento expreso de compatibilidad y respetar un límite retributivo.
La responsabilidad disciplinaria, penal, civil y patrimonial son compatibles entre sí y exigibles simultáneamente (art. 94.1 TREBEP y art. 37 Ley 40/2015).
El TREBEP (Título VII, arts. 93-98) fija las bases comunes del régimen disciplinario de funcionarios y personal laboral.
Los principios de la potestad disciplinaria (art. 94) son legalidad, tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves (art. 95); las muy graves están tasadas con carácter básico por el propio TREBEP.
Las sanciones (art. 96) van desde el apercibimiento hasta la separación del servicio o el despido disciplinario.
Prescripción de faltas: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses (art. 97); de sanciones: 3, 2 y 1 año respectivamente.
La Ley 5/2023 regula el régimen disciplinario andaluz en su Título XII (arts. 165-177).
El Título XIX del Libro II del Código Penal agrupa los delitos contra la Administración Pública.
La prevaricación administrativa (arts. 404-406) castiga la resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia.
El cohecho distingue entre la conducta del funcionario (cohecho pasivo) y la del particular que ofrece o entrega (cohecho activo).
La malversación castiga la apropiación o el uso indebido de caudales o efectos públicos por quien los tiene a su cargo.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿En qué capítulo y artículos regula el TREBEP los deberes de los empleados públicos y su código de conducta?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 68 de Técnico de Gestión?
Cierra el estudio del estatuto del personal funcionario con las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones: los deberes y el código de conducta que le impone el TREBEP, el régimen de incompatibilidades que limita el ejercicio de otras actividades públicas o privadas, los distintos tipos de responsabilidad —disciplinaria, penal, civil y patrimonial— en que puede incurrir, el régimen disciplinario que desarrolla la responsabilidad de esa naturaleza, y los delitos que el Código Penal reserva específicamente a quienes tienen la condición de autoridad o funcionario público en el ejercicio de su cargo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 68 para el examen?
El Capítulo VI del Título III del TREBEP (arts. 52-54) regula los deberes de los empleados públicos: deberes generales (art. 52), principios éticos (art. 53) y principios de conducta (art. 54). La Ley 5/2023 regula los deberes del personal dentro de su Título III, junto con los derechos y las condiciones de trabajo. La Ley 53/1984 formula el principio general de incompatibilidad entre un puesto público y un segundo puesto o actividad, pública o privada. Se exceptúan del régimen de incompatibilidades la administración del patrimonio personal o familiar y la creación literaria, artística, científica o técnica. Las actividades docentes, sanitario-asistenciales o de investigación no permanentes requieren reconocimiento expreso de compatibilidad y respetar un límite retributivo. La responsabilidad disciplinaria, penal, civil y patrimonial son compatibles entre sí y exigibles simultáneamente (art. 94.1 TREBEP y art. 37 Ley 40/2015). El TREBEP (Título VII, arts. 93-98) fija las bases comunes del régimen disciplinario de funcionarios y personal laboral. Los principios de la potestad disciplinaria (art. 94) son legalidad, tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves (art. 95); las muy graves están tasadas con carácter básico por el propio TREBEP. Las sanciones (art. 96) van desde el apercibimiento hasta la separación del servicio o el despido disciplinario. Prescripción de faltas: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses (art. 97); de sanciones: 3, 2 y 1 año respectivamente. La Ley 5/2023 regula el régimen disciplinario andaluz en su Título XII (arts. 165-177). El Título XIX del Libro II del Código Penal agrupa los delitos contra la Administración Pública. La prevaricación administrativa (arts. 404-406) castiga la resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia. El cohecho distingue entre la conducta del funcionario (cohecho pasivo) y la del particular que ofrece o entrega (cohecho activo). La malversación castiga la apropiación o el uso indebido de caudales o efectos públicos por quien los tiene a su cargo.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), arts. 52-54 y 93-98
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, Título III (arts. 28-44) y Título XII (arts. 165-177)
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Título XIX del Libro II (arts. 404-445)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 37
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