Tema 32. El Reglamento administrativo. La potestad reglamentaria: fundamento y límites. La inderogabilidad singular de los Reglamentos. Los actos administrativos generales y las instrucciones, circulares y órdenes de servicios. El procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general.
IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.
El tema estudia el reglamento como norma jurídica propia de la Administración, delimitando su concepto frente a otras figuras próximas —el acto administrativo general y las instrucciones y órdenes de servicio— y analizando el fundamento y los límites de la potestad reglamentaria, entre ellos la regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos que recoge el artículo 37 de la Ley 39/2015. Se cierra con el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general regulado en el Título VI de esa misma Ley, que incorpora los principios de buena regulación y los distintos trámites de planificación, consulta y audiencia previos a la aprobación de una norma reglamentaria.
El reglamento administrativo: concepto y caracteres
El reglamento puede definirse como toda norma jurídica de carácter general dictada por la Administración Pública en ejercicio de una potestad propia —la potestad reglamentaria—, con eficacia innovadora del ordenamiento jurídico y subordinación jerárquica a la ley. De esta definición se extraen sus notas esenciales: es una norma jurídica, esto es, integra el ordenamiento y no se agota con su aplicación a un caso concreto; procede de la propia Administración, a diferencia de la ley, que procede del Poder Legislativo; y, precisamente por proceder del mismo sujeto —la Administración— al que ha de aplicarse, se somete a un régimen de límites y de control judicial especialmente riguroso, distinto y más intenso que el que corresponde a la ley.
Distinción entre reglamento y acto administrativo general
El reglamento debe diferenciarse del acto administrativo de carácter general, figura con la que comparte el rasgo de dirigirse a una pluralidad indeterminada de destinatarios, pero de la que se distingue por un criterio material y no formal: el reglamento innova el ordenamiento jurídico, creando, modificando o derogando normas de alcance general y con vocación de permanencia, mientras que el acto administrativo general, aunque también se dirige a un colectivo indeterminado de personas, se limita a aplicar el ordenamiento jurídico existente a un supuesto concreto —por ejemplo, la convocatoria de un proceso selectivo o de una subvención—, agotando sus efectos con dicha aplicación. Esta distinción resulta relevante porque el régimen jurídico de impugnación, de derogación y de eficacia en el tiempo difiere sustancialmente entre una y otra figura.
La potestad reglamentaria: fundamento y titularidad
La potestad reglamentaria, a diferencia de las demás potestades administrativas, no precisa de una habilitación legal específica para cada reglamento, sino que encuentra su fundamento directo en la propia Constitución: el artículo 97 CE atribuye al Gobierno el ejercicio de la función ejecutiva y de la potestad reglamentaria «de acuerdo con la Constitución y las leyes». En el ámbito estatal, esta potestad corresponde con carácter general al Consejo de Ministros, sin perjuicio de la potestad reglamentaria de rango inferior que la legislación reconoce a otros órganos, como los titulares de los Ministerios en el ámbito de su competencia. Un fundamento paralelo se reconoce a las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de Autonomía y a las Entidades Locales en virtud de la autonomía que les garantiza la Constitución, lo que explica la existencia de una pluralidad de reglamentos de distinto origen dentro del sistema de fuentes.
Límites de la potestad reglamentaria
El ejercicio de la potestad reglamentaria se somete a límites tanto formales como materiales. Entre los formales destacan la competencia del órgano que dicta la disposición y el respeto al procedimiento legalmente establecido para su elaboración. Entre los materiales, el más relevante es el principio de jerarquía normativa: ningún reglamento puede vulnerar la Constitución ni las leyes, ni regular materias reservadas a estas por la Constitución o por una ley, ni establecer la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. A estos límites se añade, como manifestación específica del principio de legalidad en esta materia, la regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos, que se desarrolla en el punto siguiente, y que impide a la propia Administración excepcionar en un caso concreto lo que ella misma ha establecido con carácter general.
La inderogabilidad singular de los reglamentos
El artículo 37 de la Ley 39/2015 recoge el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos y disposiciones administrativas, conforme al cual las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque tales resoluciones procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Este principio constituye una manifestación directa del principio de legalidad y de la interdicción de la arbitrariedad: aunque el órgano que dictó el reglamento tenga potestad para modificarlo o derogarlo con carácter general mediante un procedimiento normativo, no puede excepcionar su aplicación en un caso singular a través de un simple acto administrativo, por elevada que sea su posición jerárquica, porque ello equivaldría a sustraer ese caso concreto del imperio de la norma general sin seguir el cauce formal previsto para modificarla.
Actos administrativos generales, instrucciones, circulares y órdenes de servicio
Al margen del reglamento y del acto administrativo general ya distinguidos, la actuación interna de la Administración se sirve de instrumentos como las instrucciones y las órdenes de servicio, que el artículo 6 de la Ley 40/2015 configura como el cauce a través del cual los órganos administrativos dirigen la actividad de los órganos jerárquicamente dependientes de ellos. Estas figuras —a las que la práctica administrativa añade denominaciones como circulares— carecen de eficacia jurídica externa frente a terceros y se agotan en el ámbito de la relación jerárquica interna, de modo que su incumplimiento por el órgano inferior no afecta por sí solo a la validez de los actos que este dicte en el ejercicio de su competencia, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que en su caso proceda; únicamente se publican en el diario oficial correspondiente cuando una disposición específica así lo exige o cuando se estima conveniente por razón de sus destinatarios o de los efectos que puedan producir.
El procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general
El Título VI de la Ley 39/2015 regula el procedimiento para la elaboración de reglamentos y demás disposiciones administrativas de carácter general, exigiendo que su ejercicio se ajuste a los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, principios que deben quedar suficientemente justificados en el preámbulo o en la memoria que acompañe al proyecto normativo. El procedimiento se articula sobre trámites como la planificación normativa anual de cada Administración, la consulta pública previa a la ciudadanía sobre los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma y las posibles soluciones alternativas, y, ya sobre el texto elaborado, el trámite de audiencia e información pública a las personas y organizaciones potencialmente afectadas, así como los informes preceptivos que en cada caso resulten exigibles. La norma se somete, además, a evaluación normativa periódica una vez en vigor, y su eficacia queda en todo caso condicionada a su íntegra publicación en el diario oficial correspondiente.
Clases de reglamentos y jerarquía reglamentaria
Los reglamentos admiten distintas clasificaciones según su relación con la ley. Los reglamentos ejecutivos son los más frecuentes y desarrollan directamente una ley previa que los habilita, debiendo respetar escrupulosamente los términos de esa habilitación sin poder innovar más allá de lo que la ley permite. Los reglamentos independientes regulan materias no reservadas a ley, típicamente de organización interna de la propia Administración o de las relaciones de sujeción especial, sin precisar de una habilitación legal específica distinta de la genérica atribución constitucional de la potestad reglamentaria. Los reglamentos de necesidad, en fin, se dictan ante situaciones excepcionales de urgencia y tienen una vigencia temporalmente limitada a la subsistencia de esa situación. Entre los distintos reglamentos rige además un criterio de jerarquía por razón del rango del órgano que los dicta y de la forma que revisten —fundamentalmente, el Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros frente a la Orden Ministerial de un titular de un Departamento, y la disposición de un órgano inferior frente a ambas—, de modo que ningún reglamento puede contradecir válidamente lo dispuesto por otro de rango superior, aunque proceda de la misma o de distinta materia.
El control judicial de los reglamentos: recurso directo, recurso indirecto y cuestión de ilegalidad
El artículo 106.1 CE somete la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa al control de los Tribunales, lo que se articula en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), a través de dos vías complementarias. El recurso directo se dirige contra el propio reglamento desde su aprobación o publicación, y su estimación determina la anulación de la disposición con efectos generales, es decir, erga omnes, expulsándola del ordenamiento. El recurso indirecto, en cambio, se dirige contra un acto administrativo concreto que aplica el reglamento, alegando como motivo de impugnación la ilegalidad de la propia disposición general que ese acto aplica, sin pretender directamente la anulación del reglamento sino la del acto de aplicación. Cuando el órgano judicial que conoce de un recurso indirecto carece de competencia para anular con carácter general el reglamento cuya ilegalidad se alega, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el órgano jurisdiccional que sí sea competente para pronunciarse sobre su validez, de modo que el pronunciamiento sobre la legalidad de la norma termine correspondiendo siempre al órgano llamado a controlarla en vía directa.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Reglamento: norma jurídica general dictada por la Administración en ejercicio de una potestad propia, subordinada a la ley.
El reglamento innova el ordenamiento; el acto administrativo general, aunque de destinatarios indeterminados, se limita a aplicarlo a un supuesto concreto.
Art. 97 CE: el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
La potestad reglamentaria estatal corresponde con carácter general al Consejo de Ministros, con potestad de rango inferior en otros órganos.
Límites de la potestad reglamentaria: competencia del órgano, procedimiento, jerarquía normativa, reserva de ley e irretroactividad desfavorable.
Art. 37 Ley 39/2015: inderogabilidad singular; una resolución particular no puede vulnerar una disposición general, ni de un órgano de igual o superior jerarquía.
La inderogabilidad singular es manifestación del principio de legalidad y de la interdicción de la arbitrariedad.
Art. 6 Ley 40/2015: instrucciones y órdenes de servicio dirigen la actividad de los órganos jerárquicamente dependientes.
Las instrucciones y órdenes de servicio tienen eficacia interna; su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez del acto dictado.
Las instrucciones y órdenes de servicio solo se publican cuando una norma lo exige o conviene por sus destinatarios o efectos.
Título VI Ley 39/2015: procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.
Principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Trámites del procedimiento: planificación normativa, consulta pública previa, audiencia e información pública, informes preceptivos.
La eficacia del reglamento queda condicionada a su íntegra publicación en el diario oficial correspondiente.
Reglamentos ejecutivos (desarrollan una ley previa, sujetos a sus términos), independientes (organización interna, sin habilitación legal específica) y de necesidad (situaciones de urgencia, vigencia limitada).
La jerarquía entre disposiciones reglamentarias se ordena según el rango del órgano que las dicta y la forma que revisten: Real Decreto por encima de la Orden Ministerial, y ambas por encima de las disposiciones de órganos inferiores.
Art. 106.1 CE: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.
El recurso directo contra un reglamento, de estimarse, anula la disposición con efectos generales (erga omnes).
El recurso indirecto impugna un acto de aplicación alegando la ilegalidad del reglamento que aplica; si el órgano judicial no es competente para anularlo con carácter general, debe plantear la cuestión de ilegalidad.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 Ley 39/2015) significa que:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 32 de Técnico de Gestión?
El tema estudia el reglamento como norma jurídica propia de la Administración, delimitando su concepto frente a otras figuras próximas —el acto administrativo general y las instrucciones y órdenes de servicio— y analizando el fundamento y los límites de la potestad reglamentaria, entre ellos la regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos que recoge el artículo 37 de la Ley 39/2015. Se cierra con el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general regulado en el Título VI de esa misma Ley, que incorpora los principios de buena regulación y los distintos trámites de planificación, consulta y audiencia previos a la aprobación de una norma reglamentaria.
¿Qué hay que memorizar del Tema 32 para el examen?
Reglamento: norma jurídica general dictada por la Administración en ejercicio de una potestad propia, subordinada a la ley. El reglamento innova el ordenamiento; el acto administrativo general, aunque de destinatarios indeterminados, se limita a aplicarlo a un supuesto concreto. Art. 97 CE: el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. La potestad reglamentaria estatal corresponde con carácter general al Consejo de Ministros, con potestad de rango inferior en otros órganos. Límites de la potestad reglamentaria: competencia del órgano, procedimiento, jerarquía normativa, reserva de ley e irretroactividad desfavorable. Art. 37 Ley 39/2015: inderogabilidad singular; una resolución particular no puede vulnerar una disposición general, ni de un órgano de igual o superior jerarquía. La inderogabilidad singular es manifestación del principio de legalidad y de la interdicción de la arbitrariedad. Art. 6 Ley 40/2015: instrucciones y órdenes de servicio dirigen la actividad de los órganos jerárquicamente dependientes. Las instrucciones y órdenes de servicio tienen eficacia interna; su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez del acto dictado. Las instrucciones y órdenes de servicio solo se publican cuando una norma lo exige o conviene por sus destinatarios o efectos. Título VI Ley 39/2015: procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. Principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Trámites del procedimiento: planificación normativa, consulta pública previa, audiencia e información pública, informes preceptivos. La eficacia del reglamento queda condicionada a su íntegra publicación en el diario oficial correspondiente. Reglamentos ejecutivos (desarrollan una ley previa, sujetos a sus términos), independientes (organización interna, sin habilitación legal específica) y de necesidad (situaciones de urgencia, vigencia limitada). La jerarquía entre disposiciones reglamentarias se ordena según el rango del órgano que las dicta y la forma que revisten: Real Decreto por encima de la Orden Ministerial, y ambas por encima de las disposiciones de órganos inferiores. Art. 106.1 CE: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. El recurso directo contra un reglamento, de estimarse, anula la disposición con efectos generales (erga omnes). El recurso indirecto impugna un acto de aplicación alegando la ilegalidad del reglamento que aplica; si el órgano judicial no es competente para anularlo con carácter general, debe plantear la cuestión de ilegalidad.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Artículo 97 de la Constitución Española de 1978
Artículo 37 y Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
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