Tema 33. Los órganos administrativos: concepto y clases de órganos. La competencia: clases y criterios de delimitación. La descentralización, la desconcentración, la delegación, la encomienda de gestión y otras figuras de alteración de la competencia.
IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.
El tema aborda el órgano administrativo como unidad básica de organización de las Administraciones Públicas y la competencia como medida de la potestad que a cada órgano corresponde ejercer, dos nociones inseparables que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), regula de forma conjunta en su Título Preliminar. A partir de ahí se estudian las técnicas que permiten alterar el ejercicio ordinario de la competencia sin modificar el reparto legal de funciones —desconcentración, delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia—, así como la descentralización, figura de alcance distinto por afectar a la propia titularidad de la competencia entre personas jurídico-públicas diferentes.
El artículo 5 de la LRJSP atribuye la condición de órganos administrativos a las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Para que exista un órgano en sentido propio la norma exige, además de la atribución de funciones con relevancia jurídica externa o de trámite preceptivo, su integración en la organización administrativa con delimitación de sus funciones y competencias, de modo que la simple existencia de una unidad de trabajo o de una dotación de medios personales y materiales no basta por sí sola si no concurre esa atribución funcional diferenciada. La creación de cualquier órgano administrativo exige, conforme al artículo 5.3, el cumplimiento de tres requisitos: determinación de su forma de integración en la Administración de que se trate y su dependencia jerárquica, delimitación de sus funciones y competencias, y dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
Clases de órganos administrativos
Los órganos pueden clasificarse conforme a distintos criterios. Por su composición, se distingue entre órganos unipersonales, cuya titularidad corresponde a una sola persona física, y órganos colegiados, integrados por una pluralidad de personas que actúan de forma conjunta y cuyo régimen jurídico mínimo común —convocatoria, quórum, actas, adopción de acuerdos— regulan los artículos 15 a 18 de la LRJSP. Por su posición en la estructura jerárquica, cabe diferenciar entre órganos superiores, que fijan los fines, objetivos y prioridades de actuación, y órganos directivos, que las desarrollan y ejecutan, distinción que la propia LRJSP emplea al ordenar la Administración General del Estado. Por su función, se habla de órganos activos, que adoptan y ejecutan las decisiones; consultivos, que asesoran e informan sin decidir; y de control, que fiscalizan la actuación de los primeros. Por su ámbito territorial, se distingue entre órganos centrales, con competencia sobre todo el territorio, y órganos periféricos o territoriales, con competencia limitada a una demarcación concreta.
La competencia: concepto, clases y criterios de delimitación
La competencia es el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada órgano y que este debe ejercer precisamente por corresponderle, y no a su libre disposición: el artículo 8.1 de la LRJSP declara que la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación previstos legalmente, sin que la delegación, la encomienda de gestión, la delegación de firma o la suplencia supongan alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio. De ahí se derivan sus notas esenciales: es indisponible, irrenunciable e inderogable por acuerdo entre órganos o particulares, sin perjuicio de que la propia ley habilite mecanismos tasados para modular su ejercicio. Los criterios que sirven para delimitar la competencia entre distintos órganos son fundamentalmente tres: el jerárquico o de grado, que distribuye funciones entre órganos de distinto nivel dentro de una misma línea de mando; el territorial, que la distribuye por razón del ámbito geográfico de actuación; y el material u objetivo, que la distribuye por razón de la materia o del sector de la actividad administrativa de que se trate.
La desconcentración
El artículo 8.2 de la LRJSP permite que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos puedan ser desconcentradas en otros órganos jerárquicamente dependientes de aquellos, en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. La desconcentración se caracteriza por transferir de forma permanente y con vocación de estabilidad tanto la titularidad como el ejercicio de la competencia desde un órgano superior a otro inferior dentro de la misma Administración, mediante una norma jurídica de rango igual o superior a la que atribuyó originariamente la competencia al órgano desconcentrante, a diferencia de la delegación, que solo traslada el ejercicio, tiene carácter revocable y no exige necesariamente ese rango normativo.
La delegación de competencias
Conforme al artículo 9 de la LRJSP, los órganos de las distintas Administraciones Públicas pueden delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas, cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente. La delegación no supone la alteración de la titularidad de la competencia, sino solo de su ejercicio, y por ello es revocable en cualquier momento por el órgano delegante. La propia norma excluye determinadas materias de la delegación —entre otras, los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno, las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas autonómicas; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso; y las materias en que así lo determine una norma con rango de ley—, y exige en todo caso la publicación de la delegación en el diario oficial correspondiente para su eficacia.
La avocación
El artículo 10 de la LRJSP faculta a los órganos superiores para avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. La avocación se acuerda mediante acto motivado que debe notificarse a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte, y contra ese acuerdo no cabe recurso independiente, sin perjuicio de que pueda impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. La avocación constituye así el mecanismo inverso a la delegación: mientras esta traslada el ejercicio de una competencia hacia abajo, la avocación lo recupera puntualmente hacia el órgano superior para un asunto concreto.
La encomienda de gestión
El artículo 11 de la LRJSP permite que la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público pueda ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. A diferencia de la delegación y la desconcentración, la encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, de modo que sigue correspondiendo al órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. Cuando la encomienda se realiza entre órganos administrativos o entidades de derecho público pertenecientes a la misma Administración se formaliza en los términos que establezca su normativa propia; cuando se realiza entre distintas Administraciones se formaliza mediante convenio, salvo en el caso de encomiendas de gestión relativas a actividades regidas por el derecho de la Unión Europea o el de contratación pública.
Otras figuras y la descentralización
Junto a las anteriores, la LRJSP regula la delegación de firma (art. 12), que autoriza a los titulares de los órganos administrativos a delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades que de ellos dependan, sin que se altere la competencia del órgano delegante ni sea preciso publicar la delegación; y la suplencia (art. 13), que opera en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano administrativo, cubriéndose por quien designe el órgano competente para el nombramiento o, en su defecto, por quien determine el órgano administrativo inmediato superior. Distinta de todas estas figuras es la descentralización, que no constituye una técnica de alteración del ejercicio ordinario de la competencia dentro de una misma Administración, sino la transferencia, mediante ley, de la titularidad de una competencia desde una Administración territorial a otra persona jurídico-pública diferente —por ejemplo, del Estado a las Comunidades Autónomas, o de estas a las Entidades Locales o a organismos dotados de personalidad jurídica propia—, de manera que la competencia transferida deja de pertenecer a la Administración de origen y pasa a integrarse, con autonomía, en el acervo competencial de la Administración destinataria.
El funcionamiento de los órganos colegiados
Los artículos 15 a 18 de la LRJSP establecen el régimen jurídico mínimo común al que deben sujetarse los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, sin perjuicio de las particularidades que su normativa específica de creación pueda introducir. Para la válida constitución del órgano a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se requiere, salvo que su normativa específica disponga otra cosa, la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario, o de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos de los miembros presentes, salvo que para determinados asuntos su normativa de creación exija una mayoría cualificada. La convocatoria debe cursarse con la antelación necesaria y acompañada del orden del día, y de cada sesión se levanta acta, que debe especificar necesariamente los asistentes, el orden del día, las circunstancias de lugar y tiempo, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. La propia LRJSP admite expresamente que los órganos colegiados puedan constituirse, convocarse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno diga lo contrario.
Los conflictos de atribuciones entre órganos
El artículo 14 de la LRJSP regula los conflictos de atribuciones, que se plantean cuando un órgano administrativo se considera competente, o incompetente, para conocer de un asunto que otro órgano de la misma Administración pública está tramitando o pretende archivar, siempre que entre ambos órganos no exista relación de jerarquía. Estos conflictos, tanto positivos (cuando dos órganos se consideran competentes) como negativos (cuando ninguno se considera competente), se resuelven por el superior jerárquico común de ambos órganos en conflicto, cuya decisión agota la vía administrativa; si los órganos en conflicto pertenecen a distintos Ministerios, la resolución corresponde, en el ámbito de la Administración General del Estado, al órgano que determine la legislación orgánica, normalmente el Consejo de Ministros. Estos conflictos de atribuciones internos, resueltos dentro de la propia organización administrativa, deben diferenciarse netamente de los conflictos de competencia entre distintas Administraciones territoriales —por ejemplo, entre el Estado y una Comunidad Autónoma—, que al afectar al propio reparto constitucional de competencias se resuelven, en última instancia, por el Tribunal Constitucional.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 5 LRJSP: órgano administrativo, unidad con funciones de efectos jurídicos frente a terceros o de actuación preceptiva.
Requisitos de creación de un órgano (art. 5.3): forma de integración y dependencia, delimitación de funciones, dotación de créditos.
Arts. 15 a 18 LRJSP: régimen jurídico mínimo de los órganos colegiados.
Art. 8.1 LRJSP: la competencia es irrenunciable, salvo delegación o avocación; delegación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad, solo el ejercicio.
Criterios de delimitación de la competencia: jerárquico, territorial y material.
Art. 8.2 LRJSP: desconcentración, transferencia permanente de titularidad y ejercicio a un órgano jerárquicamente dependiente.
Art. 9 LRJSP: delegación, traslada solo el ejercicio, es revocable y exige publicación en diario oficial.
Materias no delegables: relaciones con Jefatura del Estado, Cortes Generales, disposiciones generales, resolución de recursos del propio órgano.
Art. 10 LRJSP: avocación, el órgano superior recupera para sí un asunto concreto mediante acuerdo motivado y notificado.
Art. 11 LRJSP: encomienda de gestión, actividades materiales o técnicas, sin ceder titularidad de la competencia.
Encomienda entre distinta Administración: se formaliza mediante convenio.
Art. 12 LRJSP: delegación de firma, no altera la competencia ni exige publicación.
Art. 13 LRJSP: suplencia, por vacante, ausencia o enfermedad del titular del órgano.
Descentralización: transferencia por ley de la titularidad de una competencia entre distintas Administraciones territoriales, no un simple mecanismo de ejercicio.
Órganos colegiados (arts. 15 a 18 LRJSP): quórum de constitución con la mitad al menos de los miembros más Presidente y Secretario; acuerdos por mayoría de los presentes salvo mayoría cualificada específica; admiten sesiones y acuerdos a distancia.
Art. 14 LRJSP: conflictos de atribuciones (positivos o negativos) entre órganos no relacionados jerárquicamente de una misma Administración, resueltos por su superior jerárquico común.
Los conflictos de competencia entre distintas Administraciones territoriales (Estado/Comunidad Autónoma) se resuelven, en última instancia, por el Tribunal Constitucional, a diferencia de los conflictos de atribuciones internos.
La descentralización afecta a la titularidad de la competencia entre personas jurídico-públicas distintas; la desconcentración, delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia operan dentro de la misma Administración sin alterar, salvo la desconcentración, la titularidad.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
El art. 5 de la LRJSP atribuye la condición de órgano administrativo a las unidades que:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 33 de Técnico de Gestión?
El tema aborda el órgano administrativo como unidad básica de organización de las Administraciones Públicas y la competencia como medida de la potestad que a cada órgano corresponde ejercer, dos nociones inseparables que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), regula de forma conjunta en su Título Preliminar. A partir de ahí se estudian las técnicas que permiten alterar el ejercicio ordinario de la competencia sin modificar el reparto legal de funciones —desconcentración, delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia—, así como la descentralización, figura de alcance distinto por afectar a la propia titularidad de la competencia entre personas jurídico-públicas diferentes.
¿Qué hay que memorizar del Tema 33 para el examen?
Art. 5 LRJSP: órgano administrativo, unidad con funciones de efectos jurídicos frente a terceros o de actuación preceptiva. Requisitos de creación de un órgano (art. 5.3): forma de integración y dependencia, delimitación de funciones, dotación de créditos. Órganos: unipersonales/colegiados, superiores/directivos, activos/consultivos/de control, centrales/periféricos. Arts. 15 a 18 LRJSP: régimen jurídico mínimo de los órganos colegiados. Art. 8.1 LRJSP: la competencia es irrenunciable, salvo delegación o avocación; delegación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad, solo el ejercicio. Criterios de delimitación de la competencia: jerárquico, territorial y material. Art. 8.2 LRJSP: desconcentración, transferencia permanente de titularidad y ejercicio a un órgano jerárquicamente dependiente. Art. 9 LRJSP: delegación, traslada solo el ejercicio, es revocable y exige publicación en diario oficial. Materias no delegables: relaciones con Jefatura del Estado, Cortes Generales, disposiciones generales, resolución de recursos del propio órgano. Art. 10 LRJSP: avocación, el órgano superior recupera para sí un asunto concreto mediante acuerdo motivado y notificado. Art. 11 LRJSP: encomienda de gestión, actividades materiales o técnicas, sin ceder titularidad de la competencia. Encomienda entre distinta Administración: se formaliza mediante convenio. Art. 12 LRJSP: delegación de firma, no altera la competencia ni exige publicación. Art. 13 LRJSP: suplencia, por vacante, ausencia o enfermedad del titular del órgano. Descentralización: transferencia por ley de la titularidad de una competencia entre distintas Administraciones territoriales, no un simple mecanismo de ejercicio. Órganos colegiados (arts. 15 a 18 LRJSP): quórum de constitución con la mitad al menos de los miembros más Presidente y Secretario; acuerdos por mayoría de los presentes salvo mayoría cualificada específica; admiten sesiones y acuerdos a distancia. Art. 14 LRJSP: conflictos de atribuciones (positivos o negativos) entre órganos no relacionados jerárquicamente de una misma Administración, resueltos por su superior jerárquico común. Los conflictos de competencia entre distintas Administraciones territoriales (Estado/Comunidad Autónoma) se resuelven, en última instancia, por el Tribunal Constitucional, a diferencia de los conflictos de atribuciones internos. La descentralización afecta a la titularidad de la competencia entre personas jurídico-públicas distintas; la desconcentración, delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia operan dentro de la misma Administración sin alterar, salvo la desconcentración, la titularidad.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Artículos 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
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