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Tema 38. Concepto de Administración Pública a efectos del recurso contencioso-administrativo. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes de sus respectivas competencias: la distribución de competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El procedimiento contencioso-administrativo.

Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre · Índice oficial del BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía).

IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), es la norma que articula el control judicial de la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo. El tema desarrolla el concepto de Administración Pública a efectos de esta ley, la organización de los órganos que integran el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y las reglas que determinan su competencia respectiva, con especial atención a la distribución de competencias entre las tres Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para cerrar con las fases del procedimiento contencioso-administrativo, ordinario y abreviado, y su sistema de recursos.

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Concepto de Administración Pública y ámbito de control (arts. 1 y 2 LJCA)

El artículo 1.1 LJCA atribuye a los órganos de este orden jurisdiccional el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo. Los apartados siguientes del artículo 1 delimitan qué se entiende por Administración pública a estos efectos: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, y las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades locales; también quedan sometidos a control, en lo que a su actividad administrativa se refiere, los actos y disposiciones en materia de administración electoral y las corporaciones de Derecho público cuando actúan en ejercicio de funciones públicas. El artículo 2 amplía el ámbito objetivo del orden jurisdiccional a materias que no son propiamente actos administrativos en sentido estricto pero que la ley atribuye igualmente a esta jurisdicción: los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de otros contratos sujetos a la legislación de contratos del sector público, los actos de fiscalización dictados por la Administración concedente respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y la de las autoridades y del personal a su servicio.

Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 6 LJCA)

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se estructura en una escala de órganos de distinto ámbito territorial y funcional: los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, con sede en cada provincia; los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Madrid y competencia en todo el territorio nacional; las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas; la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sala Tercera). Esta estructura combina órganos unipersonales (Juzgados) y colegiados (Salas), y permite tanto el conocimiento en única instancia de determinados asuntos como el ejercicio de funciones de revisión mediante los recursos de apelación y casación.

Reglas de competencia de cada órgano (arts. 8, 10, 11 y 12 LJCA)

La competencia se distribuye combinando el criterio del órgano autor del acto o disposición impugnados con el de la materia. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (art. 8) conocen, entre otros asuntos, de los recursos contra actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas cuando no proceda el recurso de apelación, y de las cuestiones de personal cuando no se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 10) conocen, en única instancia, de los recursos contra actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados, y, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de su circunscripción. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (art. 11) conoce, en única instancia, de los recursos contra disposiciones y actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en determinadas materias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (art. 12) conoce, en única instancia, de los recursos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno, y resuelve los recursos de casación.

Distribución de competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, cuenta con tres Salas de lo Contencioso-Administrativo, ubicadas respectivamente en Sevilla, Granada y Málaga, cada una con su propio ámbito territorial de actuación dentro de la Comunidad Autónoma conforme a la organización territorial de la Administración de Justicia. Estas Salas conocen, aplicando las reglas generales del artículo 10 LJCA, en única instancia de los recursos contra disposiciones generales y actos de la Administración de la Junta de Andalucía y de las Entidades locales de su circunscripción cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, así como de las apelaciones frente a sentencias y autos de estos últimos. La distribución de asuntos entre las tres Salas se realiza en función del territorio provincial en el que tiene su sede o produce sus efectos el órgano autor del acto o disposición recurrida, sin perjuicio de las normas de reparto que puedan aprobarse para garantizar el equilibrio en la carga de trabajo entre ellas.

El procedimiento contencioso-administrativo ordinario

El procedimiento ordinario se inicia mediante escrito de interposición del recurso, tras el cual el órgano jurisdiccional requiere a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo y ordena su emplazamiento, así como el de los demás interesados. Recibido el expediente, se da traslado al recurrente para que formule la demanda, en la que ha de concretar las pretensiones ejercitadas, seguida de la contestación de la Administración demandada y, en su caso, de otros codemandados. Puede abrirse un período de prueba cuando exista disconformidad en los hechos y estos sean relevantes para la resolución del pleito. El procedimiento concluye con el trámite de vista o de conclusiones escritas, a elección de las partes o según lo acordado por el órgano judicial, y finaliza mediante sentencia, sin perjuicio de otras formas de terminación como el desistimiento, el allanamiento o la satisfacción extraprocesal de la pretensión.

El procedimiento abreviado (art. 78 LJCA)

El procedimiento abreviado, inspirado en el principio de oralidad, se sigue ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo para asuntos de cuantía no superior a la que la ley fija para el acceso al recurso de apelación, así como para determinadas materias con independencia de su cuantía, entre ellas las cuestiones de personal al servicio de las Administraciones públicas que no se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, y las relativas a extranjería y a inadmisión de peticiones de asilo político. Se caracteriza por concentrar en una vista única, con presencia del demandante y de la Administración demandada, la alegación de hechos, la práctica de la prueba y las conclusiones, agilizando así la resolución del litigio respecto del procedimiento ordinario.

El sistema de recursos: apelación y casación

Contra las sentencias y autos de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo cabe, cuando la cuantía del asunto supere el límite legal o la materia lo permita, recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, que revisa tanto los hechos como el derecho aplicado. Frente a las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, procede el recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, el recurso de casación exige que el Tribunal Supremo aprecie la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, lo que ha sustituido el anterior sistema basado fundamentalmente en umbrales de cuantía.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El orden contencioso-administrativo controla la actuación de las Administraciones Públicas sujeta a Derecho Administrativo (art. 1 LJCA).
  • Art. 1 LJCA: son Administración Pública a estos efectos la AGE, las CCAA, las EELL y las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas.
  • Art. 2 LJCA amplía el control a: contratos administrativos, responsabilidad patrimonial y actos de corporaciones de derecho público en ejercicio de funciones públicas.
  • Art. 6 LJCA: cinco tipos de órganos — Juzgados de lo CA, Juzgados Centrales de lo CA, Salas de los TSJ, Sala de la Audiencia Nacional, Sala Tercera del TS.
  • Art. 8 LJCA fija la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
  • Art. 10 LJCA fija la competencia de las Salas de lo CA de los TSJ: única instancia y apelación.
  • Art. 11 LJCA: competencia de la Sala de lo CA de la Audiencia Nacional.
  • Art. 12 LJCA: competencia de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo.
  • El TSJ de Andalucía tiene sede en Granada y tres Salas de lo Contencioso-Administrativo: Sevilla, Granada y Málaga.
  • Las Salas del TSJ de Andalucía conocen en única instancia y en apelación de los asuntos de la Administración autonómica y local de su circunscripción.
  • El procedimiento ordinario: interposición, reclamación del expediente, demanda, contestación, prueba, vista/conclusiones, sentencia.
  • El procedimiento abreviado (art. 78 LJCA) se sigue ante los Juzgados, para asuntos de cuantía limitada o determinadas materias, con vista oral única.
  • Materias del abreviado con independencia de cuantía: personal (salvo nacimiento/extinción de la relación de funcionarios de carrera), extranjería, asilo.
  • El recurso de apelación se interpone contra sentencias y autos de los Juzgados, ante la Sala del TSJ correspondiente.
  • El recurso de casación se resuelve por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
  • Desde la reforma de la LO 7/2015, la casación exige que el Tribunal Supremo aprecie interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
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¿Qué característica distingue al procedimiento abreviado regulado en el artículo 78 LJCA frente al procedimiento ordinario?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 38 de Técnico de Gestión?

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), es la norma que articula el control judicial de la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo. El tema desarrolla el concepto de Administración Pública a efectos de esta ley, la organización de los órganos que integran el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y las reglas que determinan su competencia respectiva, con especial atención a la distribución de competencias entre las tres Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para cerrar con las fases del procedimiento contencioso-administrativo, ordinario y abreviado, y su sistema de recursos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 38 para el examen?

El orden contencioso-administrativo controla la actuación de las Administraciones Públicas sujeta a Derecho Administrativo (art. 1 LJCA). Art. 1 LJCA: son Administración Pública a estos efectos la AGE, las CCAA, las EELL y las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas. Art. 2 LJCA amplía el control a: contratos administrativos, responsabilidad patrimonial y actos de corporaciones de derecho público en ejercicio de funciones públicas. Art. 6 LJCA: cinco tipos de órganos — Juzgados de lo CA, Juzgados Centrales de lo CA, Salas de los TSJ, Sala de la Audiencia Nacional, Sala Tercera del TS. Art. 8 LJCA fija la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Art. 10 LJCA fija la competencia de las Salas de lo CA de los TSJ: única instancia y apelación. Art. 11 LJCA: competencia de la Sala de lo CA de la Audiencia Nacional. Art. 12 LJCA: competencia de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo. El TSJ de Andalucía tiene sede en Granada y tres Salas de lo Contencioso-Administrativo: Sevilla, Granada y Málaga. Las Salas del TSJ de Andalucía conocen en única instancia y en apelación de los asuntos de la Administración autonómica y local de su circunscripción. El procedimiento ordinario: interposición, reclamación del expediente, demanda, contestación, prueba, vista/conclusiones, sentencia. El procedimiento abreviado (art. 78 LJCA) se sigue ante los Juzgados, para asuntos de cuantía limitada o determinadas materias, con vista oral única. Materias del abreviado con independencia de cuantía: personal (salvo nacimiento/extinción de la relación de funcionarios de carrera), extranjería, asilo. El recurso de apelación se interpone contra sentencias y autos de los Juzgados, ante la Sala del TSJ correspondiente. El recurso de casación se resuelve por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Desde la reforma de la LO 7/2015, la casación exige que el Tribunal Supremo aprecie interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (arts. 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12 y 78)
  • Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (reforma del recurso de casación contencioso-administrativo)

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