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Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Proceso constituyente. Características generales y estructura. Valor normativo. La reforma constitucional. La defensa jurídica de la Constitución.

Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre · Índice oficial del BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía).

IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.

Tema de apertura de todo temario de administración general: sitúa la Constitución de 1978 como norma suprema del ordenamiento español, explica cómo se gestó tras la dictadura franquista mediante consenso entre las principales fuerzas políticas, y desarrolla su estructura y los mecanismos que garantizan su superioridad jurídica frente al resto de normas.

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El proceso constituyente

Tras la muerte de Franco (1975) y la Ley para la Reforma Política de 1976 (que desmontó por vía legal las instituciones del franquismo), las elecciones generales de junio de 1977 dieron lugar a unas Cortes con carácter constituyente. La ponencia encargada de redactar el anteproyecto de Constitución estuvo formada por siete miembros (los conocidos como "padres de la Constitución"), representando a las principales fuerzas políticas del arco parlamentario. El texto fue aprobado por el Congreso y el Senado el 31 de octubre de 1978, ratificado en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionado por el Rey el 27 de diciembre de 1978, entrando en vigor el 29 de diciembre de 1978 con su publicación en el BOE.

Estructura de la Constitución

La Constitución de 1978 consta de un Preámbulo, un Título Preliminar (artículos 1 a 9, que fija los principios básicos del Estado), y diez Títulos numerados (I a X) que regulan los derechos y deberes fundamentales, la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, las relaciones entre Gobierno y Cortes, el Poder Judicial, Economía y Hacienda, la Organización Territorial del Estado, el Tribunal Constitucional y la reforma constitucional. Se cierra con cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.

Valor normativo directo

A diferencia de anteriores textos constitucionales españoles de carácter más programático, la Constitución de 1978 tiene valor normativo directo e inmediato: vincula a todos los poderes públicos y a la ciudadanía (art. 9.1 CE), y sus preceptos son directamente aplicables por jueces y tribunales sin necesidad de desarrollo legislativo previo, salvo que el propio texto remita expresamente a una ley.

Procedimientos de reforma constitucional

El Título X regula dos procedimientos de reforma según la materia. El procedimiento ordinario (art. 167 CE) exige mayoría de tres quintos en Congreso y Senado; si no hay acuerdo, se puede acudir a una Comisión Mixta y, en su defecto, a una mayoría de dos tercios en el Congreso junto con mayoría absoluta en el Senado. El procedimiento agravado (art. 168 CE) se aplica a la revisión total de la Constitución o a la de materias especialmente protegidas (Título Preliminar, Sección 1ª del Capítulo II del Título I sobre derechos fundamentales, y el Título II sobre la Corona): requiere mayoría de dos tercios en ambas cámaras, disolución inmediata de las Cortes, ratificación del acuerdo por las nuevas Cámaras y, finalmente, referéndum obligatorio.

La defensa jurídica de la Constitución

La supremacía constitucional se garantiza principalmente a través del Tribunal Constitucional (arts. 159 a 165 CE), que controla la constitucionalidad de las leyes y disposiciones con fuerza de ley mediante el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, y protege los derechos fundamentales mediante el recurso de amparo. También contribuyen a esa defensa la rigidez de los procedimientos de reforma (que dificultan alterar la Constitución por mayorías simples) y el control judicial ordinario de la actuación de los poderes públicos.

Antecedentes históricos del constitucionalismo español

España cuenta con una tradición constitucional extensa pero discontinua, muy anterior a 1978. La Constitución de Cádiz de 1812 ("La Pepa") fue la primera constitución española, de corte liberal. Le siguieron el Estatuto Real de 1834 (una carta otorgada por la Corona, no una constitución en sentido propio), la Constitución de 1837, la de 1845 y la de 1869 (nacida de la revolución de 1868, la más democrática del siglo XIX, con sufragio universal masculino y monarquía parlamentaria). La Constitución de 1876, de la Restauración, fue la de mayor vigencia histórica (hasta 1923). La Constitución de la Segunda República de 1931 introdujo un catálogo de derechos muy amplio para su época y el sufragio femenino. Tras la Guerra Civil, la dictadura franquista no se dotó de una Constitución en sentido propio, sino de las llamadas Leyes Fundamentales del Reino. Frente a este patrón histórico de "constituciones de partido" —cada cambio de mayoría traía consigo un texto nuevo e impuesto por la fuerza política dominante—, la Constitución de 1978 rompe esa dinámica al nacer del consenso entre las principales fuerzas políticas representadas en las Cortes constituyentes surgidas de las elecciones de 1977.

Características generales de la Constitución de 1978

La Constitución española presenta varios rasgos que conviene distinguir de cara al examen. Es extensa (169 artículos, más disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final), frente a otros textos constitucionales comparados de similar época. Es derivada o de síntesis, pues bebe tanto de la propia tradición constitucional española como del constitucionalismo europeo de posguerra (Ley Fundamental de Bonn de 1949, Constitución italiana de 1947, portuguesa de 1976). Es consensuada o pactada: no impuesta por una sola mayoría, lo que explica la ambigüedad calculada de algunos preceptos para permitir más de un desarrollo posterior (por ejemplo, la organización territorial, abierta a "nacionalidades y regiones" sin cerrar de antemano el mapa autonómico). Es parcialmente rígida, con dos procedimientos de reforma de distinta exigencia según la materia. Contiene un catálogo de derechos extenso y generoso, influido por las declaraciones internacionales de derechos humanos (art. 10.2 CE). Y configura un Estado social y democrático de Derecho bajo la forma política de monarquía parlamentaria (art. 1 CE).

El control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales (art. 95 CE)

Junto al control a posteriori de las normas internas (recurso y cuestión de inconstitucionalidad), la Constitución prevé en su art. 95 un mecanismo distinto, de control previo, aplicado a los tratados internacionales. El art. 95.1 CE dispone que "la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional". El art. 95.2 CE permite al Gobierno o a cualquiera de las Cámaras requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción, antes de prestar el consentimiento del Estado. Esta vía se activó con motivo del Tratado de Maastricht de 1992, cuando la Declaración 1/1992 del TC apreció una contradicción entre el sufragio pasivo de los ciudadanos de la Unión Europea en elecciones municipales y el entonces vigente art. 13.2 CE, lo que forzó la primera reforma constitucional. También se ha utilizado, sin que en esa ocasión el Tribunal apreciara contradicción alguna, con ocasión de otros proyectos de tratados europeos.

Las reformas constitucionales realmente acontecidas

Pese a la rigidez del Título X, la Constitución ha sido reformada en cuatro ocasiones, todas ellas por el procedimiento ordinario del art. 167 CE; el procedimiento agravado del art. 168 CE no se ha empleado nunca hasta la fecha. La primera reforma (1992) afectó al art. 13.2 CE, añadiendo el sufragio pasivo de los ciudadanos comunitarios en elecciones municipales, para dar cumplimiento al Tratado de Maastricht. La segunda reforma (2011) modificó el art. 135 CE, consagrando el principio de estabilidad presupuestaria y la prioridad absoluta del pago de la deuda pública, en el contexto de la crisis de deuda soberana (BOE de 27 de septiembre de 2011). La tercera reforma (2024) cambió el art. 49 CE, sustituyendo el término "disminuidos" por "personas con discapacidad" y reforzando su protección; fue la primera reforma constitucional de contenido social (BOE de 17 de febrero de 2024). La cuarta reforma (2026) modificó el art. 69.3 CE para separar a Formentera de la circunscripción conjunta "Ibiza-Formentera", dándole senador propio, en vigor desde el 20 de mayo de 2026.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La Constitución entró en vigor el 29-diciembre-1978, tras su publicación en el BOE.
  • Fue ratificada en referéndum el 6-diciembre-1978.
  • La ponencia constitucional estuvo formada por 7 miembros ("padres de la Constitución").
  • Consta de un Título Preliminar (arts. 1-9) y 10 Títulos numerados.
  • Se cierra con 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.
  • Tiene valor normativo directo: vincula a poderes públicos y ciudadanos sin necesidad de desarrollo legal (art. 9.1 CE).
  • El procedimiento ordinario de reforma (art. 167 CE) exige 3/5 en Congreso y Senado.
  • Si no hay acuerdo en el procedimiento ordinario: Comisión Mixta, y en su defecto 2/3 en Congreso + mayoría absoluta en Senado.
  • El procedimiento agravado (art. 168 CE) se aplica a revisión total o a materias especialmente protegidas.
  • Materias protegidas por el art. 168: Título Preliminar, derechos fundamentales (Título I, Cap. II, Sección 1ª) y Título II (Corona).
  • El procedimiento agravado exige 2/3 en ambas Cámaras, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio.
  • El Tribunal Constitucional (arts. 159-165 CE) es el principal garante de la supremacía constitucional.
  • El TC controla la constitucionalidad mediante recurso y cuestión de inconstitucionalidad.
  • El recurso de amparo protege los derechos fundamentales ante el TC.
  • La Ley para la Reforma Política de 1976 desmontó legalmente las instituciones franquistas.
  • Las elecciones de junio de 1977 dieron lugar a unas Cortes con carácter constituyente.
  • El texto fue aprobado por Congreso y Senado el 31-octubre-1978.
  • Fue sancionado por el Rey el 27-diciembre-1978.
  • Los textos constitucionales españoles anteriores eran de carácter más programático; la de 1978 es de aplicación directa.
  • La rigidez de los procedimientos de reforma es en sí misma una garantía de la supremacía constitucional.
  • La Constitución de Cádiz de 1812 fue la primera constitución española.
  • La Constitución de 1876 (Restauración) fue la de mayor vigencia histórica, hasta 1923.
  • La Constitución de la Segunda República (1931) introdujo el sufragio femenino.
  • La de 1978 rompe con el patrón histórico de "constituciones de partido" al nacer del consenso de 1977.
  • Art. 95.1 CE: un tratado con estipulaciones contrarias a la Constitución exige previa revisión constitucional.
  • Art. 95.2 CE: control previo de constitucionalidad de tratados, a instancia del Gobierno o de cualquier Cámara.
  • El Tratado de Maastricht (1992) y la Declaración 1/1992 del TC forzaron la primera reforma constitucional (art. 13.2 CE).
  • Ha habido 4 reformas constitucionales: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135), 2024 (art. 49) y 2026 (art. 69.3).
  • Las 4 reformas se tramitaron por el procedimiento ordinario (art. 167 CE); el procedimiento agravado (art. 168 CE) nunca se ha usado.
  • La reforma de 2024 (art. 49, personas con discapacidad) fue la primera de contenido social.
  • La reforma de 2026 (art. 69.3) dio a Formentera senador propio, separándola de la circunscripción Ibiza-Formentera, en vigor desde el 20 de mayo de 2026.
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¿En qué fecha entró en vigor la Constitución Española de 1978?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Técnico de Gestión?

Tema de apertura de todo temario de administración general: sitúa la Constitución de 1978 como norma suprema del ordenamiento español, explica cómo se gestó tras la dictadura franquista mediante consenso entre las principales fuerzas políticas, y desarrolla su estructura y los mecanismos que garantizan su superioridad jurídica frente al resto de normas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

La Constitución entró en vigor el 29-diciembre-1978, tras su publicación en el BOE. Fue ratificada en referéndum el 6-diciembre-1978. La ponencia constitucional estuvo formada por 7 miembros ("padres de la Constitución"). Consta de un Título Preliminar (arts. 1-9) y 10 Títulos numerados. Se cierra con 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Tiene valor normativo directo: vincula a poderes públicos y ciudadanos sin necesidad de desarrollo legal (art. 9.1 CE). El procedimiento ordinario de reforma (art. 167 CE) exige 3/5 en Congreso y Senado. Si no hay acuerdo en el procedimiento ordinario: Comisión Mixta, y en su defecto 2/3 en Congreso + mayoría absoluta en Senado. El procedimiento agravado (art. 168 CE) se aplica a revisión total o a materias especialmente protegidas. Materias protegidas por el art. 168: Título Preliminar, derechos fundamentales (Título I, Cap. II, Sección 1ª) y Título II (Corona). El procedimiento agravado exige 2/3 en ambas Cámaras, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio. El Tribunal Constitucional (arts. 159-165 CE) es el principal garante de la supremacía constitucional. El TC controla la constitucionalidad mediante recurso y cuestión de inconstitucionalidad. El recurso de amparo protege los derechos fundamentales ante el TC. La Ley para la Reforma Política de 1976 desmontó legalmente las instituciones franquistas. Las elecciones de junio de 1977 dieron lugar a unas Cortes con carácter constituyente. El texto fue aprobado por Congreso y Senado el 31-octubre-1978. Fue sancionado por el Rey el 27-diciembre-1978. Los textos constitucionales españoles anteriores eran de carácter más programático; la de 1978 es de aplicación directa. La rigidez de los procedimientos de reforma es en sí misma una garantía de la supremacía constitucional. La Constitución de Cádiz de 1812 fue la primera constitución española. La Constitución de 1876 (Restauración) fue la de mayor vigencia histórica, hasta 1923. La Constitución de la Segunda República (1931) introdujo el sufragio femenino. La de 1978 rompe con el patrón histórico de "constituciones de partido" al nacer del consenso de 1977. Art. 95.1 CE: un tratado con estipulaciones contrarias a la Constitución exige previa revisión constitucional. Art. 95.2 CE: control previo de constitucionalidad de tratados, a instancia del Gobierno o de cualquier Cámara. El Tratado de Maastricht (1992) y la Declaración 1/1992 del TC forzaron la primera reforma constitucional (art. 13.2 CE). Ha habido 4 reformas constitucionales: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135), 2024 (art. 49) y 2026 (art. 69.3). Las 4 reformas se tramitaron por el procedimiento ordinario (art. 167 CE); el procedimiento agravado (art. 168 CE) nunca se ha usado. La reforma de 2024 (art. 49, personas con discapacidad) fue la primera de contenido social. La reforma de 2026 (art. 69.3) dio a Formentera senador propio, separándola de la circunscripción Ibiza-Formentera, en vigor desde el 20 de mayo de 2026.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • BOE-A-2011-15210 (reforma del art. 135 CE, de 27 de septiembre de 2011)
  • BOE-A-2024-3099 (reforma del art. 49 CE, de 17 de febrero de 2024)

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