Tema 5. La Administración: regulación constitucional. La Administración General del Estado: órganos superiores y periféricos. La Administración Institucional. La Administración Consultiva. La Administración Corporativa.
IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.
Desarrolla el fundamento constitucional de la Administración Pública (arts. 103 y 106 CE) y despliega su estructura orgánica en torno a cuatro grandes bloques: la Administración General del Estado (órganos superiores y periféricos, según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público), la Administración Institucional, la Administración Consultiva y la Administración Corporativa.
El artículo 103.1 CE constituye el precepto matriz de todo el Derecho Administrativo: la Administración Pública "sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho". El artículo 103.2 CE remite a la ley la creación, gestión y coordinación de los órganos administrativos, y el artículo 103.3 CE reserva a la ley el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio del derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías de imparcialidad. El artículo 106.1 CE cierra el marco de garantías al atribuir a los Tribunales el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, y el artículo 106.2 CE reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.
Órganos superiores y órganos directivos de la Administración General del Estado
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), organiza la Administración General del Estado conforme a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas (art. 55 LRJSP). Dentro de cada Ministerio se distingue entre órganos superiores —Ministros y Secretarios de Estado—, que fijan los planes de actuación del organismo bajo su responsabilidad, y órganos directivos —Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales—, que los desarrollan y ejecutan; tanto unos como otros tienen la consideración de alto cargo, salvo los Subdirectores Generales y asimilados. La unidad administrativa es el elemento organizativo básico, definida como la agrupación de puestos de trabajo vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y organizativamente por una jefatura común (art. 56 LRJSP).
La Administración periférica del Estado
Frente a los órganos centrales, la Administración General del Estado despliega también una organización territorial. Las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas dirigen y supervisan la Administración General del Estado en su territorio y coordinan su actividad con la de la Administración autonómica correspondiente, correspondiendo su titularidad a los Delegados del Gobierno; en cada provincia existen, salvo excepciones, Subdelegaciones del Gobierno a cargo de un Subdelegado, bajo la dirección del Delegado del Gobierno respectivo. Este modelo materializa el principio de desconcentración territorial del artículo 103.1 CE, acercando la actuación administrativa del Estado al territorio sin perder la unidad de dirección política.
La Administración Institucional
Está formada por los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, regulados en el Título II de la LRJSP, creados para el desarrollo de actividades administrativas de fomento, prestación o gestión de servicios públicos, o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. La LRJSP distingue dos grandes tipos: los organismos autónomos, que desarrollan actividades de fomento, prestación o gestión de servicios y se rigen por Derecho administrativo, y las entidades públicas empresariales, que realizan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación y se rigen por el Derecho privado, salvo en la formación de la voluntad de sus órganos y en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas.
La Administración Consultiva
El artículo 107 CE proclama que "el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno", remitiendo a una ley orgánica su composición y competencia; esa ley es la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Sus dictámenes, aunque preceptivos en determinados procedimientos (como la revisión de oficio de actos administrativos nulos o los anteproyectos de reforma constitucional), no son en general vinculantes para el órgano que los solicita, salvo previsión expresa en contrario. Junto al Consejo de Estado, cada Comunidad Autónoma puede disponer de su propio órgano consultivo equivalente; en el caso de Andalucía, esa función corresponde al Consejo Consultivo de Andalucía.
La Administración Corporativa
Integrada por corporaciones de Derecho público que, sin dejar de representar y defender los intereses privados de sus miembros, ejercen también funciones públicas que la Administración les encomienda o delega. Los Colegios Profesionales encuentran su fundamento en el artículo 36 CE, que remite a la ley la regulación de las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son otro ejemplo clásico de Administración corporativa, con fundamento adicional en el mandato del artículo 52 CE a la ley para regular las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos propios.
Los principios generales de actuación del sector público (art. 3 LRJSP)
El art. 3 de la Ley 40/2015 (LRJSP) desarrolla y concreta, a nivel legal, los principios constitucionales del art. 103.1 CE, enumerando los que deben presidir la actuación de todas las Administraciones Públicas: servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública; planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados; economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales; cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones públicas; y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Estos principios operan como parámetro interpretativo de toda la actuación administrativa y como estándar de control, especialmente relevante en los procedimientos de contratación, subvenciones y gestión presupuestaria.
Órganos de coordinación interna del Gobierno: la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
Antes de llegar al Consejo de Ministros, buena parte de los asuntos de la AGE se preparan en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, regulada en el art. 8 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y las Subsecretarías de todos los Ministerios, bajo la presidencia de quien determine el Presidente del Gobierno, examina todos los asuntos que vayan a someterse a la aprobación del Consejo de Ministros, salvo los que este expresamente excluya; a diferencia del Consejo de Ministros, no puede adoptar decisiones o acuerdos por delegación de este. Dentro de cada departamento ministerial, las Secretarías Generales Técnicas desempeñan funciones de asistencia jurídica y de prestación de servicios comunes (informes normativos, publicaciones, archivo, estadística), mientras que las Subsecretarías ostentan la representación ordinaria del Ministerio y la jefatura superior de todo su personal.
El control de tutela sobre la Administración Institucional
Los organismos públicos de la Administración Institucional tienen personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administración territorial de la que dependen, lo que excluye entre ambas una relación de jerarquía en sentido estricto. En su lugar, rige un control de tutela, más laxo que la jerarquía: el Ministerio de adscripción fija las directrices generales de actuación, aprueba sus instrumentos de planificación estratégica y controla su eficacia, pero no puede, con carácter general, dictar órdenes concretas sobre la gestión ordinaria del organismo. Como consecuencia de esa personalidad diferenciada, los actos de los organismos autónomos no agotan por sí solos la vía administrativa (salvo que su norma de creación disponga otra cosa): cabe recurso de alzada ante el titular del Ministerio de adscripción, que sí pone fin a esa vía y abre, en su caso, la vía contencioso-administrativa.
El funcionamiento del Consejo de Estado: Pleno y Comisión Permanente
El Consejo de Estado, regulado por la Ley Orgánica 3/1980, no actúa siempre con la misma composición. El Pleno, con la totalidad de sus Consejeros, emite los dictámenes más solemnes y trascendentes, reservados por ley a determinadas materias: entre otras, los anteproyectos de reforma constitucional, los anteproyectos de leyes orgánicas que afecten a su propia Ley Orgánica, los tratados internacionales que exijan autorización de las Cortes conforme al art. 94.1 CE, o los conflictos de atribuciones entre los departamentos ministeriales. La Comisión Permanente, de composición más reducida, despacha la mayor parte de los expedientes ordinarios sometidos a consulta: revisión de oficio de actos nulos, recursos administrativos extraordinarios de revisión, expedientes de responsabilidad patrimonial de cierta cuantía, entre otros. Existen también Comisiones de estudio para trabajos de carácter más general, no vinculados a un expediente concreto.
Otras figuras de la Administración Institucional: Agencias Estatales, Autoridades Administrativas Independientes y fundaciones públicas
Más allá de los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, la Administración Institucional del Estado incluye otras figuras organizativas con régimen propio. Las Agencias Estatales constituyen una categoría de organismo público orientada a una gestión por objetivos y resultados, sujeta a un control de eficacia reforzado mediante contratos o planes de acción plurianuales. Las Autoridades Administrativas Independientes (AAI) —como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)— constituyen una categoría singular dentro del Título II de la LRJSP: regulan o supervisan sectores económicos o de actividad que requieren garantizar su independencia frente al Gobierno, de modo que sus titulares gozan de un mandato temporal determinado y de causas tasadas de cese, y sus actos no pueden ser recurridos en alzada ante ningún órgano de la Administración General del Estado, sino directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Finalmente, el Estado puede también constituir o participar en fundaciones del sector público estatal, reguladas por la Ley 40/2015 y, en lo no previsto por ella, por la Ley 50/2002, de Fundaciones, que persiguen fines de interés general sin ánimo de lucro y están sujetas a un régimen de tutela, control económico-financiero y transparencia específico.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad los intereses generales (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, sometimiento a la ley y al Derecho).
Art. 103.3 CE: acceso a la función pública según mérito y capacidad; estatuto de los funcionarios reservado a la ley.
Art. 106.1 CE: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.
Art. 106.2 CE: responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.
La Ley 40/2015 (LRJSP) organiza la AGE por división funcional en Ministerios y gestión territorial en Delegaciones del Gobierno (art. 55 LRJSP).
Órganos superiores de la AGE: Ministros y Secretarios de Estado.
Órganos directivos de la AGE: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales.
Todos los órganos superiores y directivos tienen consideración de alto cargo, salvo Subdirectores Generales y asimilados.
La unidad administrativa es el elemento organizativo básico de la AGE (art. 56 LRJSP).
Administración periférica: Delegados del Gobierno en las CCAA y Subdelegados del Gobierno en las provincias.
Administración Institucional (Título II LRJSP): organismos autónomos y entidades públicas empresariales.
Los organismos autónomos se rigen por Derecho administrativo; las entidades públicas empresariales, por Derecho privado con excepciones.
Art. 107 CE: el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.
El Consejo de Estado se regula por Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
Los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes con carácter general, salvo previsión expresa.
Andalucía dispone de su propio órgano consultivo: el Consejo Consultivo de Andalucía.
Administración Corporativa: Colegios Profesionales (art. 36 CE) y Cámaras Oficiales (fundamento adicional en art. 52 CE).
La Administración Corporativa combina representación de intereses privados con el ejercicio de funciones públicas delegadas.
Art. 3 LRJSP: principios de organización y funcionamiento del sector público (servicio a la ciudadanía, eficacia, planificación y evaluación, transparencia, cooperación interadministrativa, entre otros).
La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios prepara las sesiones del Consejo de Ministros (art. 8 Ley 50/1997, del Gobierno), pero no puede adoptar acuerdos por delegación de este.
Entre la Administración Institucional y la Administración territorial de la que depende rige un control de tutela, no de jerarquía.
El recurso de alzada contra actos de la Administración Institucional se interpone, salvo excepción, ante el Ministerio de adscripción, que sí agota la vía administrativa.
El Consejo de Estado actúa en Pleno (dictámenes más solemnes, como anteproyectos de reforma constitucional o tratados del art. 94.1 CE) y en Comisión Permanente (expedientes ordinarios).
Las Agencias Estatales se orientan a la gestión por objetivos y resultados, con control de eficacia reforzado.
Las Autoridades Administrativas Independientes (AAI, p. ej. CNMC, CNMV) garantizan su independencia del Gobierno mediante mandatos temporales y causas tasadas de cese.
Los actos de las AAI no se recurren en alzada dentro de la AGE: cabe acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Las fundaciones del sector público estatal se rigen por la Ley 40/2015 y, supletoriamente, por la Ley 50/2002, de Fundaciones.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Los organismos autónomos se rigen, con carácter general, por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Técnico de Gestión?
Desarrolla el fundamento constitucional de la Administración Pública (arts. 103 y 106 CE) y despliega su estructura orgánica en torno a cuatro grandes bloques: la Administración General del Estado (órganos superiores y periféricos, según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público), la Administración Institucional, la Administración Consultiva y la Administración Corporativa.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
Art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad los intereses generales (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, sometimiento a la ley y al Derecho). Art. 103.3 CE: acceso a la función pública según mérito y capacidad; estatuto de los funcionarios reservado a la ley. Art. 106.1 CE: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Art. 106.2 CE: responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor. La Ley 40/2015 (LRJSP) organiza la AGE por división funcional en Ministerios y gestión territorial en Delegaciones del Gobierno (art. 55 LRJSP). Órganos superiores de la AGE: Ministros y Secretarios de Estado. Órganos directivos de la AGE: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales. Todos los órganos superiores y directivos tienen consideración de alto cargo, salvo Subdirectores Generales y asimilados. La unidad administrativa es el elemento organizativo básico de la AGE (art. 56 LRJSP). Administración periférica: Delegados del Gobierno en las CCAA y Subdelegados del Gobierno en las provincias. Administración Institucional (Título II LRJSP): organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Los organismos autónomos se rigen por Derecho administrativo; las entidades públicas empresariales, por Derecho privado con excepciones. Art. 107 CE: el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. El Consejo de Estado se regula por Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes con carácter general, salvo previsión expresa. Andalucía dispone de su propio órgano consultivo: el Consejo Consultivo de Andalucía. Administración Corporativa: Colegios Profesionales (art. 36 CE) y Cámaras Oficiales (fundamento adicional en art. 52 CE). La Administración Corporativa combina representación de intereses privados con el ejercicio de funciones públicas delegadas. Art. 3 LRJSP: principios de organización y funcionamiento del sector público (servicio a la ciudadanía, eficacia, planificación y evaluación, transparencia, cooperación interadministrativa, entre otros). La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios prepara las sesiones del Consejo de Ministros (art. 8 Ley 50/1997, del Gobierno), pero no puede adoptar acuerdos por delegación de este. Entre la Administración Institucional y la Administración territorial de la que depende rige un control de tutela, no de jerarquía. El recurso de alzada contra actos de la Administración Institucional se interpone, salvo excepción, ante el Ministerio de adscripción, que sí agota la vía administrativa. El Consejo de Estado actúa en Pleno (dictámenes más solemnes, como anteproyectos de reforma constitucional o tratados del art. 94.1 CE) y en Comisión Permanente (expedientes ordinarios). Las Agencias Estatales se orientan a la gestión por objetivos y resultados, con control de eficacia reforzado. Las Autoridades Administrativas Independientes (AAI, p. ej. CNMC, CNMV) garantizan su independencia del Gobierno mediante mandatos temporales y causas tasadas de cese. Los actos de las AAI no se recurren en alzada dentro de la AGE: cabe acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Las fundaciones del sector público estatal se rigen por la Ley 40/2015 y, supletoriamente, por la Ley 50/2002, de Fundaciones.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 55-56 y Título II)
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado
Mientras tanto, practica con tests gratis de Técnico de Gestión.