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Tema 3. El Estado Español en la Constitución. Estado de derecho. Estado social. Estado democrático. Modelo económico constitucional. La participación social en la actividad del Estado, su inserción en los órganos de la Administración.

Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre · Índice oficial del BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía).

IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.

Analiza las tres grandes cualidades que la Constitución atribuye al Estado español en su artículo 1.1 —Estado de Derecho, Estado social y Estado democrático— profundizando en el contenido jurídico de cada una de ellas, y completa el tema con el modelo económico que diseña el propio texto constitucional y los cauces que prevé para que la sociedad participe en la actividad de los poderes públicos, incluida la propia Administración.

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El Estado de Derecho

El Estado de Derecho implica el sometimiento pleno de los poderes públicos, y en particular de la Administración, al ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE: "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico"). El artículo 9.3 CE concreta este principio garantizando la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Sobre la Administración en particular, el artículo 103.1 CE exige que actúe "con sometimiento pleno a la ley y al Derecho", mientras que el artículo 106.1 CE atribuye a los Tribunales el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa.

El Estado social

El calificativo "social" incorpora al Estado liberal clásico la obligación de intervenir activamente para corregir las desigualdades y garantizar unas condiciones de vida dignas. Se proyecta principalmente en el Capítulo III del Título I (arts. 39 a 52 CE), que recoge los principios rectores de la política social y económica (protección de la familia, salud, medio ambiente, patrimonio cultural, personas con discapacidad, tercera edad y consumidores, entre otros). El artículo 9.2 CE completa esta dimensión al encomendar a los poderes públicos "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas" y "remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud".

El Estado democrático

El carácter democrático se asienta en el artículo 1.2 CE ("la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado") y se articula mediante el sufragio universal, el pluralismo político —recogido como valor superior del ordenamiento en el propio artículo 1.1 CE— y el reconocimiento de los partidos políticos como expresión de ese pluralismo (art. 6 CE). Se manifiesta tanto en la democracia representativa (elección de las Cortes Generales y de las corporaciones locales) como, de forma más limitada, en mecanismos de participación directa (referéndum, iniciativa legislativa popular del art. 87.3 CE).

El modelo económico constitucional

La Constitución no impone un modelo económico cerrado, sino un marco flexible que combina la economía de mercado con la intervención pública. El artículo 38 CE reconoce la libertad de empresa "en el marco de la economía de mercado", que los poderes públicos garantizan y protegen de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. El artículo 128.1 CE subordina "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad" al interés general, y el artículo 128.2 CE admite la iniciativa pública en la actividad económica y la posibilidad de reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio. El artículo 131.1 CE habilita al Estado para planificar mediante ley la actividad económica general, atendiendo a las necesidades colectivas y a una distribución más equitativa de la renta y la riqueza.

La participación social en la actividad del Estado y su inserción en la Administración

Junto al mandato genérico del artículo 9.2 CE de facilitar "la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", la Constitución prevé cauces específicos orientados a la actividad administrativa. El artículo 105 CE exige que la ley regule la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, así como el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. El artículo 129.1 CE prevé que la ley establezca las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general, mientras que el artículo 129.2 CE fomenta la participación de los trabajadores en la empresa y el acceso de estos a los medios de producción mediante fórmulas cooperativas.

El Consejo Económico y Social: desarrollo de la participación económica

Los arts. 129.1 y 131.2 CE prevén cauces de participación social en la actividad económica de los poderes públicos: el primero remite a la ley la participación de los interesados en la Seguridad Social y en los organismos públicos cuya función afecte a la calidad de vida; el segundo exige que el Gobierno elabore sus proyectos de planificación con el asesoramiento y la colaboración de los sindicatos y de las demás organizaciones profesionales, empresariales y económicas. Estas previsiones dieron lugar a la creación del Consejo Económico y Social (CES) mediante la Ley 21/1991, de 17 de junio, órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, integrado por representantes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como de otros sectores (agricultura, pesca, consumidores, economía social). El CES emite dictámenes preceptivos, aunque no vinculantes, sobre los anteproyectos de ley de contenido socioeconómico y laboral antes de su remisión a las Cortes Generales, y elabora informes y estudios por propia iniciativa sobre la situación socioeconómica del país.

El Estado social: de la cláusula social a su función interpretativa

El calificativo "social" del art. 1.1 CE tiene su origen histórico en el constitucionalismo de entreguerras (la Constitución de Weimar de 1919 fue pionera en incorporar derechos sociales junto a los derechos y libertades clásicos), como reacción al Estado liberal puramente abstencionista del siglo XIX. En la Constitución de 1978 esta cláusula social se proyecta sobre todo en los principios rectores del Capítulo III (arts. 39 a 52 CE), pero no se agota ahí: cumple también una función interpretativa general, pues orienta la lectura de todo el texto constitucional y de las leyes que lo desarrollan. Aunque el art. 53.3 CE limita la exigibilidad directa de los principios rectores (solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, y no cabe amparo constitucional frente a ellos), esto no les resta valor jurídico: vinculan al legislador, informan la práctica judicial y sirven de canon de interpretación de las demás normas del ordenamiento.

El modelo de "constitución económica abierta"

La doctrina y la jurisprudencia constitucional describen el modelo económico diseñado por la Constitución como una "constitución económica abierta": no impone ni un capitalismo de mercado puro ni una economía colectivizada, sino un marco de reglas (libertad de empresa del art. 38 CE, propiedad privada del art. 33 CE, subordinación de la riqueza al interés general del art. 128.1 CE, posibilidad de iniciativa pública y reserva de sectores esenciales del art. 128.2 CE, planificación económica del art. 131 CE) dentro del cual caben distintas políticas económicas, de mayor o menor intervención estatal, según las mayorías parlamentarias de cada momento. Esta apertura explica que el art. 128.2 CE exija que la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, se realice mediante ley, nunca por simple decisión reglamentaria del Gobierno, como garantía frente a actuaciones expropiatorias o nacionalizadoras arbitrarias.

El control parlamentario del Gobierno, otra manifestación del Estado democrático

Junto a la elección periódica de las Cortes, el carácter democrático del Estado se proyecta de forma continua en los instrumentos de control parlamentario sobre el Gobierno, que hacen de las Cortes Generales algo más que un órgano legislativo. El artículo 109 CE permite a ambas Cámaras y a sus Comisiones recabar, a través de los Presidentes de las respectivas Cámaras, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos. El artículo 110 CE habilita a las Cámaras para reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, que a su vez tienen acceso a las sesiones y pueden hacerse oír en ellas. El artículo 111 CE regula las interpelaciones y preguntas parlamentarias, con un día semanal reservado en cada Cámara para las preguntas conforme a su Reglamento. El artículo 76 CE permite al Congreso y al Senado, y en su caso a ambas Cámaras conjuntamente, nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, cuyas conclusiones no son vinculantes para los Tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado se comunique al Ministerio Fiscal si procede.

El derecho de petición como cauce de participación ciudadana directa

Dentro de los mecanismos que permiten a la ciudadanía intervenir en la actividad de los poderes públicos sin mediación representativa, el artículo 29 CE reconoce a todos los españoles el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley (los miembros de las Fuerzas o Institutos armados y de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y con arreglo a su legislación específica). Su desarrollo actual corresponde a la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, que obliga a la autoridad u órgano receptor a acusar recibo, declarar su admisibilidad o inadmisibilidad y, en su caso, a comunicar al peticionario el resultado de la tramitación en un plazo determinado. A diferencia de los recursos administrativos, la petición no requiere invocar un derecho subjetivo o interés legítimo propio, ni genera por sí sola un acto administrativo recurrible: es un instrumento de participación más amplio, que puede referirse a cualquier asunto de interés general o particular dentro del ámbito de competencias del destinatario.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 1.1 CE define a España como Estado social y democrático de Derecho.
  • Estado de Derecho: sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento (art. 9.1 CE).
  • Art. 9.3 CE: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de normas, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
  • Art. 103.1 CE: la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
  • Art. 106.1 CE: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.
  • Estado social: principios rectores de política social y económica, arts. 39-52 CE (Título I, Cap. III).
  • Art. 9.2 CE: los poderes públicos deben promover condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.
  • Estado democrático: la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2 CE).
  • El pluralismo político es valor superior del ordenamiento (art. 1.1 CE); los partidos políticos lo expresan (art. 6 CE).
  • La iniciativa legislativa popular se regula en el art. 87.3 CE.
  • Modelo económico: libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38 CE).
  • Art. 128.1 CE: toda la riqueza del país queda subordinada al interés general.
  • Art. 128.2 CE: cabe iniciativa pública en la economía y reserva de recursos o servicios esenciales.
  • Art. 131.1 CE: el Estado puede planificar la actividad económica general mediante ley.
  • Art. 105 CE: audiencia ciudadana en la elaboración de disposiciones administrativas y acceso a archivos y registros.
  • Art. 129.1 CE: participación de los interesados en la Seguridad Social y en organismos públicos.
  • Art. 129.2 CE: participación de los trabajadores en la empresa y fomento de las cooperativas.
  • El Consejo Económico y Social (CES) se creó por la Ley 21/1991, de 17 de junio.
  • El CES es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral; sus dictámenes son preceptivos pero no vinculantes.
  • La cláusula del "Estado social" tiene su antecedente histórico en la Constitución de Weimar de 1919.
  • Los principios rectores del Cap. III (art. 53.3 CE) no son exigibles directamente; solo según lo que dispongan sus leyes de desarrollo, y no tienen amparo.
  • El modelo económico constitucional se describe como una "constitución económica abierta": no impone un modelo único.
  • La reserva al sector público de recursos o servicios esenciales (art. 128.2 CE) exige en todo caso una ley, nunca un simple reglamento.
  • Art. 109 CE: las Cámaras pueden recabar información y ayuda del Gobierno; art. 110 CE: pueden reclamar la presencia de sus miembros.
  • Art. 111 CE: interpelaciones y preguntas parlamentarias, con un día semanal reservado en cada Cámara para preguntas.
  • Art. 76 CE: Congreso y Senado pueden nombrar Comisiones de investigación; sus conclusiones no vinculan a los Tribunales.
  • Art. 29 CE: derecho de petición individual y colectiva, por escrito; los militares solo pueden ejercerlo individualmente.
  • El derecho de petición se desarrolla en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.
  • La petición no exige invocar un derecho subjetivo propio ni genera un acto administrativo recurrible, a diferencia de un recurso.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Cuál de las siguientes garantías NO está expresamente recogida en el art. 9.3 CE?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 3 de Técnico de Gestión?

Analiza las tres grandes cualidades que la Constitución atribuye al Estado español en su artículo 1.1 —Estado de Derecho, Estado social y Estado democrático— profundizando en el contenido jurídico de cada una de ellas, y completa el tema con el modelo económico que diseña el propio texto constitucional y los cauces que prevé para que la sociedad participe en la actividad de los poderes públicos, incluida la propia Administración.

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

Art. 1.1 CE define a España como Estado social y democrático de Derecho. Estado de Derecho: sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento (art. 9.1 CE). Art. 9.3 CE: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de normas, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. Art. 103.1 CE: la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Art. 106.1 CE: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Estado social: principios rectores de política social y económica, arts. 39-52 CE (Título I, Cap. III). Art. 9.2 CE: los poderes públicos deben promover condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Estado democrático: la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2 CE). El pluralismo político es valor superior del ordenamiento (art. 1.1 CE); los partidos políticos lo expresan (art. 6 CE). La iniciativa legislativa popular se regula en el art. 87.3 CE. Modelo económico: libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38 CE). Art. 128.1 CE: toda la riqueza del país queda subordinada al interés general. Art. 128.2 CE: cabe iniciativa pública en la economía y reserva de recursos o servicios esenciales. Art. 131.1 CE: el Estado puede planificar la actividad económica general mediante ley. Art. 105 CE: audiencia ciudadana en la elaboración de disposiciones administrativas y acceso a archivos y registros. Art. 129.1 CE: participación de los interesados en la Seguridad Social y en organismos públicos. Art. 129.2 CE: participación de los trabajadores en la empresa y fomento de las cooperativas. El Consejo Económico y Social (CES) se creó por la Ley 21/1991, de 17 de junio. El CES es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral; sus dictámenes son preceptivos pero no vinculantes. La cláusula del "Estado social" tiene su antecedente histórico en la Constitución de Weimar de 1919. Los principios rectores del Cap. III (art. 53.3 CE) no son exigibles directamente; solo según lo que dispongan sus leyes de desarrollo, y no tienen amparo. El modelo económico constitucional se describe como una "constitución económica abierta": no impone un modelo único. La reserva al sector público de recursos o servicios esenciales (art. 128.2 CE) exige en todo caso una ley, nunca un simple reglamento. Art. 109 CE: las Cámaras pueden recabar información y ayuda del Gobierno; art. 110 CE: pueden reclamar la presencia de sus miembros. Art. 111 CE: interpelaciones y preguntas parlamentarias, con un día semanal reservado en cada Cámara para preguntas. Art. 76 CE: Congreso y Senado pueden nombrar Comisiones de investigación; sus conclusiones no vinculan a los Tribunales. Art. 29 CE: derecho de petición individual y colectiva, por escrito; los militares solo pueden ejercerlo individualmente. El derecho de petición se desarrolla en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre. La petición no exige invocar un derecho subjetivo propio ni genera un acto administrativo recurrible, a diferencia de un recurso.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).

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