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Tema 31. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley autonómica: sus límites. Relación entre la Ley autonómica y la estatal. Supuestos de competencia compartida. Legislación autonómica y leyes de armonización. Supletoriedad del Derecho estatal. Las disposiciones normativas con fuerza de Ley.

Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre · Índice oficial del BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía).

IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.

El tema profundiza en la Ley como fuente del Derecho, distinguiendo dentro de la ley estatal entre leyes orgánicas y ordinarias según el criterio material y de procedimiento que fija la Constitución. A continuación se estudia la ley autonómica, sus límites derivados del bloque de constitucionalidad, y la relación —de competencia, no de jerarquía— que mantiene con la ley estatal, prestando especial atención a los supuestos de competencia compartida, a las leyes de armonización del artículo 150.3 CE y a la regla de supletoriedad del Derecho estatal del artículo 149.3 CE. El tema se cierra con las disposiciones normativas con fuerza de ley que puede dictar el Gobierno: los decretos-leyes y los decretos legislativos.

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La ley estatal: concepto y posición en el sistema de fuentes

La ley estatal es la norma jurídica aprobada por las Cortes Generales conforme al procedimiento legislativo constitucionalmente previsto, expresión de la voluntad popular a través de sus representantes y, por ello, fuente primaria y preferente del ordenamiento tras la Constitución. Frente al reglamento, la ley no precisa de habilitación previa de ninguna otra norma para regular una materia —salvo en aquellos ámbitos que la propia Constitución reserva a un tipo específico de ley—, y puede innovar el ordenamiento jurídico con el único límite del respeto a la Constitución y, en su caso, al reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El control de constitucionalidad de las leyes corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional, a diferencia del control de los reglamentos, que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria.

Leyes orgánicas: materias reservadas y mayoría exigida

El artículo 81.1 CE reserva a la ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, la aprobación de los Estatutos de Autonomía, la regulación del régimen electoral general, y las demás materias que la propia Constitución prevé expresamente para este tipo de ley en otros preceptos. Se trata, por tanto, de una reserva material tasada: solo son leyes orgánicas las que regulan alguna de esas materias, y únicamente en lo que a ellas se refiere, de modo que una misma ley puede contener preceptos orgánicos y preceptos ordinarios según la materia que cada uno regule. El artículo 81.2 CE exige para su aprobación, modificación o derogación una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto, frente a la mayoría simple que basta, con carácter general, para las leyes ordinarias.

Leyes ordinarias y relación entre ambos tipos de ley estatal

Las leyes ordinarias son el resto de las leyes estatales, aprobadas por el procedimiento legislativo común y por mayoría simple, que regulan cualquier materia no reservada constitucionalmente a la ley orgánica. La relación entre las leyes orgánicas y las ordinarias no es, según la doctrina hoy dominante y la jurisprudencia constitucional, una relación de jerarquía, sino de competencia: cada una tiene reservado un ámbito material propio, de modo que una ley ordinaria que invadiera una materia reservada a ley orgánica sería inconstitucional por razones competenciales, y no por infringir una norma jerárquicamente superior. Esta distinción resulta relevante para el Derecho Administrativo porque buena parte de las normas que regulan la organización y el funcionamiento de las Administraciones Públicas —como la propia Ley 39/2015 o la Ley 40/2015— tienen naturaleza de ley ordinaria.

La ley autonómica: fundamento y límites

Las Comunidades Autónomas, en virtud del derecho a la autonomía que reconoce el artículo 2 CE y del ejercicio de las competencias legislativas que asuman en sus respectivos Estatutos dentro del marco de los artículos 148 y 149 CE, disponen de Asambleas Legislativas propias con potestad para aprobar leyes con el mismo rango y fuerza, dentro de su ámbito competencial, que las leyes de las Cortes Generales. El ejercicio de esta potestad legislativa autonómica se somete, no obstante, a un doble límite: por un lado, el respeto a la Constitución, que fija el marco general de distribución de competencias; y, por otro, el respeto al propio Estatuto de Autonomía de cada Comunidad, que como norma institucional básica concreta qué competencias asume esa Comunidad en particular y con qué alcance, de modo que una ley autonómica que exceda las competencias asumidas en su Estatuto incurre en inconstitucionalidad por falta de competencia.

Relación entre la ley autonómica y la estatal: el principio de competencia y la competencia compartida

La relación entre la ley estatal y la ley autonómica no se rige, con carácter general, por el principio de jerarquía, sino por el principio de competencia: cada una es válida y eficaz dentro de su propio ámbito competencial, de modo que no cabe hablar de primacía de una sobre otra en abstracto, sino de qué ley resulta aplicable en cada materia según el reparto competencial fijado por la Constitución y los Estatutos. Dentro de este esquema existen numerosos supuestos de competencia compartida, en los que el artículo 149.1 CE atribuye al Estado la fijación de las bases o de la legislación básica de una materia (por ejemplo, en régimen jurídico de las Administraciones Públicas o en función pública), reservando a las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y, en su caso, la ejecución de esas bases dentro de su territorio; en estos casos, la ley autonómica de desarrollo debe respetar el marco básico estatal, cuya infracción determina su inconstitucionalidad.

Leyes de armonización y supletoriedad del Derecho estatal

Junto al reparto ordinario de competencias, el artículo 150.3 CE habilita al Estado, con carácter excepcional, a dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, incluso en materias de competencia autonómica, cuando así lo exija el interés general; la apreciación de esta necesidad corresponde a las Cortes Generales por mayoría absoluta de cada Cámara. Por su parte, el artículo 149.3 CE, tras fijar la regla general de que las materias no atribuidas expresamente al Estado pueden corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos, cierra el sistema disponiendo que el Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas; esta cláusula de supletoriedad opera así como una garantía última frente a las lagunas del ordenamiento autonómico, sin que ello suponga que el Estado pueda dictar normas con la única finalidad de ser supletorias en materias ajenas a su competencia.

Disposiciones normativas con fuerza de ley: decretos-leyes y decretos legislativos

Junto a la ley en sentido estricto, el ordenamiento reconoce al Gobierno la potestad de dictar, en supuestos tasados, disposiciones con fuerza de ley. El decreto-ley, regulado en el artículo 86 CE, es una norma que el Gobierno puede dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad, con exclusión de determinadas materias (entre otras, el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos y libertades del Título I o el régimen de las Comunidades Autónomas), y que debe ser sometida a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días para su convalidación o derogación. El decreto legislativo, regulado en los artículos 82 a 85 CE, responde en cambio a una delegación expresa de las Cortes Generales en el Gobierno, que puede adoptar dos formas: una ley de bases que el Gobierno desarrolla mediante un texto articulado, o una ley ordinaria que autoriza al Gobierno a refundir varios textos legales en un texto refundido, con o sin facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos objeto de refundición.

El procedimiento legislativo: elaboración, sanción, promulgación y publicación de la ley

La elaboración de una ley estatal se inicia mediante la iniciativa legislativa, que corresponde al Gobierno a través de proyectos de ley, al Congreso y al Senado mediante proposiciones de ley conforme a sus respectivos Reglamentos, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas, que pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, y a los ciudadanos mediante la iniciativa legislativa popular en los términos y con los requisitos que establece su ley orgánica reguladora. Tras su tramitación en Comisión y Pleno del Congreso de los Diputados, el texto pasa al Senado, que puede aprobarlo, oponer su veto por mayoría absoluta o introducir enmiendas; en caso de veto, el Congreso puede levantarlo por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, por mayoría simple, mientras que las enmiendas del Senado se someten a un nuevo debate y votación en el Congreso. Una vez aprobada definitivamente, el Rey sanciona la ley en el plazo de quince días y ordena su inmediata publicación (art. 91 CE), publicación que condiciona su entrada en vigor a los veinte días de su completa inserción en el BOE salvo que la propia ley disponga otro plazo de vacatio legis (art. 2.1 CC).

El control de los decretos-leyes y de los decretos legislativos

El decreto-ley se somete a un doble control: por un lado, el control político inmediato del Congreso de los Diputados, que debe pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, pudiendo además tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia una vez convalidado; por otro, el control de constitucionalidad que corresponde al Tribunal Constitucional, que fiscaliza tanto el respeto a las materias excluidas del artículo 86.1 CE como la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, sin que una simple conveniencia de oportunidad política baste para justificarlo. El decreto legislativo, por su parte, admite las fórmulas adicionales de control que la propia ley de delegación establezca (art. 82.6 CE), sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales: cuando el Gobierno excede los términos de la delegación conferida por las Cortes Generales —actuación conocida como ultra vires—, ese exceso carece de fuerza de ley y opera como un simple reglamento, de modo que puede ser directamente controlado, en lo que exceda, por la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que el Tribunal Constitucional conserva en todo caso el control de lo dictado dentro de los términos de la delegación.

Vigencia, derogación e irretroactividad de las leyes

El Código Civil cierra el régimen general de la ley con tres reglas de vigencia temporal aplicables, en lo no previsto específicamente por cada norma, a todo el ordenamiento. El artículo 2.1 fija la entrada en vigor a los veinte días de la completa publicación de la ley en el BOE, salvo que en ella se disponga otra cosa, periodo conocido como vacatio legis que permite a sus destinatarios conocer la norma antes de que les resulte exigible. El artículo 2.2 regula la derogación, que puede ser expresa, cuando la nueva ley así lo declara, o tácita, en cuanto a todo aquello que la nueva ley, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior, sin que la derogación de una ley recupere la vigencia de las que esta hubiera derogado, salvo previsión expresa en contrario. El artículo 2.3 proclama la irretroactividad de las leyes si no dispusieran lo contrario, regla que para las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales adquiere además rango constitucional en el artículo 9.3 CE.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La ley estatal es fuente primaria tras la Constitución; su control de constitucionalidad corresponde al Tribunal Constitucional.
  • Art. 81.1 CE: reserva material tasada a la ley orgánica (derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás casos previstos en la Constitución).
  • Art. 81.2 CE: la ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto.
  • Leyes orgánicas y ordinarias se relacionan por competencia material, no por jerarquía, según la doctrina y jurisprudencia constitucional dominantes.
  • Art. 2 CE: fundamento del derecho a la autonomía de las Comunidades Autónomas.
  • La ley autonómica se somete a un doble límite: la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad.
  • La relación entre ley estatal y ley autonómica se rige por el principio de competencia, no de jerarquía.
  • Art. 149.1 CE: supuestos de competencia compartida, con bases estatales y desarrollo legislativo autonómico.
  • La ley autonómica de desarrollo debe respetar el marco básico estatal; su infracción determina la inconstitucionalidad.
  • Art. 150.3 CE: leyes de armonización, para armonizar normativa autonómica por interés general, aprobadas por mayoría absoluta de cada Cámara.
  • Art. 149.3 CE (in fine): el Derecho estatal es supletorio del Derecho autonómico.
  • Art. 86 CE: decreto-ley, por extraordinaria y urgente necesidad, con materias excluidas y convalidación del Congreso en 30 días.
  • Arts. 82 a 85 CE: decreto legislativo, por delegación de las Cortes Generales, mediante ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria de delegación (texto refundido).
  • El procedimiento legislativo se inicia por iniciativa del Gobierno (proyectos de ley), de las Cámaras, de las Asambleas autonómicas o popular; tras su tramitación en Congreso y Senado, el Rey la sanciona y ordena su publicación en el plazo de quince días (art. 91 CE).
  • Art. 2.1 CC: las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, salvo que dispongan otra cosa (vacatio legis).
  • El Congreso debe pronunciarse sobre la convalidación o derogación del decreto-ley en los treinta días siguientes a su promulgación; el Tribunal Constitucional controla el presupuesto habilitante y las materias excluidas.
  • Art. 82.6 CE: el exceso del decreto legislativo sobre los términos de la delegación (ultra vires) puede controlarse, en lo que exceda, por la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Constitucional sobre lo dictado dentro de la delegación.
  • Art. 2.2 y 2.3 CC: las leyes se derogan por otras posteriores (derogación expresa o tácita por incompatibilidad) y no tienen efecto retroactivo salvo que dispongan lo contrario; la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables tiene además respaldo constitucional (art. 9.3 CE).
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El decreto legislativo que adopta la forma de texto refundido se dicta en virtud de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 31 de Técnico de Gestión?

El tema profundiza en la Ley como fuente del Derecho, distinguiendo dentro de la ley estatal entre leyes orgánicas y ordinarias según el criterio material y de procedimiento que fija la Constitución. A continuación se estudia la ley autonómica, sus límites derivados del bloque de constitucionalidad, y la relación —de competencia, no de jerarquía— que mantiene con la ley estatal, prestando especial atención a los supuestos de competencia compartida, a las leyes de armonización del artículo 150.3 CE y a la regla de supletoriedad del Derecho estatal del artículo 149.3 CE. El tema se cierra con las disposiciones normativas con fuerza de ley que puede dictar el Gobierno: los decretos-leyes y los decretos legislativos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 31 para el examen?

La ley estatal es fuente primaria tras la Constitución; su control de constitucionalidad corresponde al Tribunal Constitucional. Art. 81.1 CE: reserva material tasada a la ley orgánica (derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás casos previstos en la Constitución). Art. 81.2 CE: la ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. Leyes orgánicas y ordinarias se relacionan por competencia material, no por jerarquía, según la doctrina y jurisprudencia constitucional dominantes. Art. 2 CE: fundamento del derecho a la autonomía de las Comunidades Autónomas. La ley autonómica se somete a un doble límite: la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad. La relación entre ley estatal y ley autonómica se rige por el principio de competencia, no de jerarquía. Art. 149.1 CE: supuestos de competencia compartida, con bases estatales y desarrollo legislativo autonómico. La ley autonómica de desarrollo debe respetar el marco básico estatal; su infracción determina la inconstitucionalidad. Art. 150.3 CE: leyes de armonización, para armonizar normativa autonómica por interés general, aprobadas por mayoría absoluta de cada Cámara. Art. 149.3 CE (in fine): el Derecho estatal es supletorio del Derecho autonómico. Art. 86 CE: decreto-ley, por extraordinaria y urgente necesidad, con materias excluidas y convalidación del Congreso en 30 días. Arts. 82 a 85 CE: decreto legislativo, por delegación de las Cortes Generales, mediante ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria de delegación (texto refundido). El procedimiento legislativo se inicia por iniciativa del Gobierno (proyectos de ley), de las Cámaras, de las Asambleas autonómicas o popular; tras su tramitación en Congreso y Senado, el Rey la sanciona y ordena su publicación en el plazo de quince días (art. 91 CE). Art. 2.1 CC: las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, salvo que dispongan otra cosa (vacatio legis). El Congreso debe pronunciarse sobre la convalidación o derogación del decreto-ley en los treinta días siguientes a su promulgación; el Tribunal Constitucional controla el presupuesto habilitante y las materias excluidas. Art. 82.6 CE: el exceso del decreto legislativo sobre los términos de la delegación (ultra vires) puede controlarse, en lo que exceda, por la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Constitucional sobre lo dictado dentro de la delegación. Art. 2.2 y 2.3 CC: las leyes se derogan por otras posteriores (derogación expresa o tácita por incompatibilidad) y no tienen efecto retroactivo salvo que dispongan lo contrario; la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables tiene además respaldo constitucional (art. 9.3 CE).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Artículos 2, 81, 82 a 86, 148, 149 y 150.3 de la Constitución Española de 1978

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