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Tema 25. La Administración electrónica: régimen jurídico. La protección de los datos de carácter personal: régimen jurídico.

Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre · Índice oficial del BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía).

IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.

Desarrolla el régimen jurídico de la Administración electrónica en el doble marco de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que regula los derechos y medios electrónicos de las personas interesadas, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el funcionamiento electrónico interno de las Administraciones. Cierra con el régimen de protección de datos de carácter personal aplicable a la actividad administrativa, construido sobre el Reglamento General de Protección de Datos y su desarrollo por la legislación orgánica española.

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Los derechos de las personas en sus relaciones electrónicas con la Administración (Ley 39/2015)

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), reconoce a las personas interesadas el derecho a comunicarse con las Administraciones a través de un Registro Electrónico General en cada Administración (art. 16 LPACAP), a través del cual pueden presentarse documentos dirigidos a cualquier órgano o entidad del sector público. El artículo 12 LPACAP obliga a las Administraciones a asistir en el uso de medios electrónicos a las personas interesadas que lo requieran, especialmente en lo relativo a la identificación y firma electrónica, la presentación de solicitudes y la obtención de copias auténticas, para lo cual deben disponer de funcionarios habilitados a tal efecto en las oficinas de asistencia en materia de registros.

La obligatoriedad de relacionarse electrónicamente

El artículo 14 LPACAP distingue entre personas físicas, que tienen derecho a elegir en todo momento si se comunican con la Administración electrónicamente o no, salvo que estén obligadas a ello por norma reglamentaria, y determinados sujetos que están obligados a relacionarse exclusivamente a través de medios electrónicos: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, los empleados públicos en los trámites relacionados con su condición de tales, y quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente.

Identificación y firma electrónica

El artículo 9 LPACAP regula los sistemas de identificación de las personas interesadas ante la Administración, admitiendo sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido con las debidas garantías. El artículo 10 LPACAP regula de forma paralela los sistemas de firma electrónica admitidos, que incluyen los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados, así como cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido. Con carácter general, un mismo sistema puede servir simultáneamente a la identificación y a la firma cuando incorpore las garantías necesarias para ambas funciones.

El funcionamiento electrónico del sector público (Ley 40/2015)

Mientras que la Ley 39/2015 regula la relación entre la Administración y la ciudadanía, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), dedica el Capítulo V de su Título Preliminar (artículos 38 a 46 bis) al funcionamiento electrónico interno de las Administraciones Públicas: la sede electrónica como dirección electrónica a disposición de la ciudadanía a través de la cual se accede a los servicios que requieren autenticación, los sistemas de identificación de las propias Administraciones en sus relaciones con otros sujetos, la actuación administrativa automatizada (aquella en la que interviene un sistema de información sin intervención directa de una persona empleada pública en cada caso concreto), la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones y el archivo electrónico de documentos.

Régimen jurídico de la protección de datos: el RGPD

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD), constituye la norma de aplicación directa en toda la Unión Europea en materia de tratamiento de datos personales. Su artículo 5 fija los principios que deben presidir todo tratamiento: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento. El artículo 6 RGPD establece las bases jurídicas que legitiman un tratamiento, entre ellas el consentimiento de la persona interesada, la necesidad para la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, la protección de intereses vitales, el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos —la base habitual de los tratamientos que realiza la Administración— y la satisfacción de intereses legítimos.

El desarrollo español: la LOPDGDD

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), adapta el ordenamiento español al RGPD y garantiza, en su título final, un catálogo de derechos digitales de nuevo cuño (derecho a la desconexión digital, a la educación digital, entre otros). Reconoce a las personas los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, y regula el régimen del responsable y del encargado del tratamiento, las transferencias internacionales de datos, las autoridades de control —la Agencia Española de Protección de Datos a nivel estatal— y el procedimiento sancionador. La actividad administrativa está sujeta a este régimen igual que cualquier otro responsable del tratamiento, con la particularidad de que buena parte de sus tratamientos se legitiman en el cumplimiento de misiones de interés público más que en el consentimiento de la persona interesada.

El Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad

El artículo 156 de la Ley 40/2015 define el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) como el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que las Administraciones Públicas deben observar para garantizar la interoperabilidad entre sus sistemas. Por su parte, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos, constituido por principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada. El ENS vigente fue aprobado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que sustituyó al primer Esquema de 2010 para reforzar la gestión continuada de la seguridad; categoriza los sistemas de información en los niveles básico, medio y alto según la valoración de las dimensiones de seguridad afectadas (confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad) y exige la certificación de conformidad periódica de las sedes y servicios electrónicos.

Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas: transmisión de datos

El Capítulo IV del Título III de la Ley 40/2015 (arts. 155 a 158) regula las relaciones electrónicas entre Administraciones. El artículo 155 obliga a cada Administración a facilitar a las demás el acceso a los datos de los interesados que obren en su poder, de conformidad con el RGPD y la LOPDGDD, de modo que el ciudadano no tenga que aportar documentos que ya estén en poder de otra Administración (principio de no duplicidad, enlazado con el art. 28 LPACAP). Esta cesión de datos entre Administraciones no exige el consentimiento del interesado cuando se realice para el ejercicio de competencias propias, pero no podrá emplearse para una finalidad incompatible con la que motivó su recogida inicial; si la Administración cesionaria pretende un tratamiento ulterior para una finalidad distinta pero compatible, debe comunicarlo previamente a la cedente, que dispone de diez días para oponerse motivadamente, pudiendo incluso la Administración General del Estado suspender cautelarmente la transmisión por razones de seguridad nacional.

Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnología entre Administraciones

Para evitar la duplicación de esfuerzos y el gasto público innecesario, el artículo 157 LRJSP obliga a las Administraciones a poner a disposición de las demás, previa solicitud, las aplicaciones de las que sean titulares de los derechos de propiedad intelectual, pudiendo declararlas de fuentes abiertas cuando con ello se favorezca la transparencia o la incorporación de la ciudadanía a la sociedad de la información. Antes de desarrollar o contratar una aplicación, cada Administración debe consultar el directorio general de aplicaciones para comprobar si existe una solución reutilizable; de existir, su uso es obligatorio salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria. El artículo 158 LRJSP complementa esta previsión obligando a las Administraciones a mantener directorios de aplicaciones actualizados e interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado.

El delegado de protección de datos en el sector público y el régimen sancionador

La LOPDGDD, en desarrollo del artículo 37 RGPD, obliga a los responsables y encargados del tratamiento del sector público a designar un delegado de protección de datos (DPO), figura que vela por el cumplimiento normativo, asesora al responsable y actúa como punto de contacto con la Agencia Española de Protección de Datos. El título IX de la LOPDGDD regula el régimen sancionador, con infracciones calificadas como leves, graves y muy graves; sin embargo, cuando el responsable o encargado del tratamiento sea una Administración Pública u otro de los sujetos enumerados en el artículo 77.1 LOPDGDD (órganos constitucionales, corporaciones de Derecho público, etc.), la Agencia no impone la sanción económica propia del régimen general, sino que se limita a dictar una resolución que, en su caso, declare la infracción, formule un apercibimiento y proponga la iniciación de actuaciones disciplinarias contra la persona responsable, cuando proceda.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 39/2015 (LPACAP): regula los derechos y medios electrónicos de las personas interesadas frente a la Administración.
  • Art. 16 LPACAP: cada Administración dispone de un Registro Electrónico General.
  • Art. 12 LPACAP: obligación de asistir en el uso de medios electrónicos a quien lo requiera.
  • Art. 14 LPACAP: obligados a relacionarse electrónicamente (personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales colegiados, empleados públicos, representantes).
  • Las personas físicas pueden elegir libremente el canal, salvo obligación reglamentaria en contrario.
  • Art. 9 LPACAP: sistemas de identificación (certificado cualificado de firma, certificado cualificado de sello, otros sistemas válidos).
  • Art. 10 LPACAP: sistemas de firma electrónica admitidos (cualificada, avanzada, otros sistemas válidos).
  • Ley 40/2015 (LRJSP): regula el funcionamiento electrónico interno de las Administraciones (Título Preliminar, Capítulo V, arts. 38 a 46 bis).
  • Sede electrónica: dirección electrónica a través de la cual se accede a servicios que requieren autenticación.
  • Actuación administrativa automatizada: interviene un sistema de información sin intervención directa de una persona en cada caso.
  • RGPD (Reglamento UE 2016/679): norma europea de aplicación directa sobre protección de datos personales.
  • Art. 5 RGPD: principios del tratamiento (licitud/lealtad/transparencia, limitación de finalidad, minimización, exactitud, limitación de conservación, integridad/confidencialidad, responsabilidad proactiva).
  • Art. 6 RGPD: bases de licitud del tratamiento; la Administración se apoya habitualmente en el cumplimiento de una misión de interés público.
  • LOPDGDD (LO 3/2018): adapta España al RGPD y añade un catálogo de derechos digitales.
  • Derechos de las personas: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad.
  • Agencia Española de Protección de Datos: autoridad de control estatal en la materia.
  • ENI y ENS (art. 156 LRJSP): criterios de interoperabilidad y política de seguridad de los medios electrónicos.
  • Esquema Nacional de Seguridad vigente aprobado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo (sustituye al de 2010); niveles básico, medio y alto.
  • Art. 155 LRJSP: cesión de datos entre Administraciones sin duplicar al ciudadano la aportación de documentos; oposición motivada de la cedente en 10 días si cambia la finalidad.
  • Arts. 157-158 LRJSP: reutilización obligatoria de aplicaciones salvo justificación de eficiencia (art. 7 LO 2/2012); directorios interoperables de aplicaciones.
  • DPO obligatorio en el sector público (art. 37 RGPD y LOPDGDD).
  • Art. 77 LOPDGDD: régimen sancionador especial para Administraciones Públicas, sin multa económica como en el sector privado; apercibimiento y propuesta de actuaciones disciplinarias.
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Respecto del régimen sancionador en protección de datos, el artículo 77 de la LOPDGDD establece que cuando el responsable sea una Administración Pública:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 25 de Técnico de Gestión?

Desarrolla el régimen jurídico de la Administración electrónica en el doble marco de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que regula los derechos y medios electrónicos de las personas interesadas, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el funcionamiento electrónico interno de las Administraciones. Cierra con el régimen de protección de datos de carácter personal aplicable a la actividad administrativa, construido sobre el Reglamento General de Protección de Datos y su desarrollo por la legislación orgánica española.

¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?

Ley 39/2015 (LPACAP): regula los derechos y medios electrónicos de las personas interesadas frente a la Administración. Art. 16 LPACAP: cada Administración dispone de un Registro Electrónico General. Art. 12 LPACAP: obligación de asistir en el uso de medios electrónicos a quien lo requiera. Art. 14 LPACAP: obligados a relacionarse electrónicamente (personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales colegiados, empleados públicos, representantes). Las personas físicas pueden elegir libremente el canal, salvo obligación reglamentaria en contrario. Art. 9 LPACAP: sistemas de identificación (certificado cualificado de firma, certificado cualificado de sello, otros sistemas válidos). Art. 10 LPACAP: sistemas de firma electrónica admitidos (cualificada, avanzada, otros sistemas válidos). Ley 40/2015 (LRJSP): regula el funcionamiento electrónico interno de las Administraciones (Título Preliminar, Capítulo V, arts. 38 a 46 bis). Sede electrónica: dirección electrónica a través de la cual se accede a servicios que requieren autenticación. Actuación administrativa automatizada: interviene un sistema de información sin intervención directa de una persona en cada caso. RGPD (Reglamento UE 2016/679): norma europea de aplicación directa sobre protección de datos personales. Art. 5 RGPD: principios del tratamiento (licitud/lealtad/transparencia, limitación de finalidad, minimización, exactitud, limitación de conservación, integridad/confidencialidad, responsabilidad proactiva). Art. 6 RGPD: bases de licitud del tratamiento; la Administración se apoya habitualmente en el cumplimiento de una misión de interés público. LOPDGDD (LO 3/2018): adapta España al RGPD y añade un catálogo de derechos digitales. Derechos de las personas: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad. Agencia Española de Protección de Datos: autoridad de control estatal en la materia. ENI y ENS (art. 156 LRJSP): criterios de interoperabilidad y política de seguridad de los medios electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad vigente aprobado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo (sustituye al de 2010); niveles básico, medio y alto. Art. 155 LRJSP: cesión de datos entre Administraciones sin duplicar al ciudadano la aportación de documentos; oposición motivada de la cedente en 10 días si cambia la finalidad. Arts. 157-158 LRJSP: reutilización obligatoria de aplicaciones salvo justificación de eficiencia (art. 7 LO 2/2012); directorios interoperables de aplicaciones. DPO obligatorio en el sector público (art. 37 RGPD y LOPDGDD). Art. 77 LOPDGDD: régimen sancionador especial para Administraciones Públicas, sin multa económica como en el sector privado; apercibimiento y propuesta de actuaciones disciplinarias.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Artículos 9, 10, 12, 14 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Artículos 38 a 46 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Artículos 5 y 6 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
  • Artículos 155 a 158 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
  • Artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre

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