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Tema 35. El procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Fases del procedimiento.

Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre · Índice oficial del BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía).

IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.

El procedimiento administrativo es el cauce formal a través del cual se produce la actuación de la Administración y se garantiza el acierto de sus decisiones y los derechos de quienes en ellas intervienen; su regulación común para todas las Administraciones Públicas se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), que sustituyó a la antigua Ley 30/1992 integrando en un único texto la regulación del procedimiento en soporte papel y electrónico. El tema recorre los sujetos que intervienen en el procedimiento —con especial atención a la abstención y recusación de quienes lo tramitan, y a los interesados y los derechos que se les reconocen— para terminar con el estudio de las distintas fases en que se estructura el procedimiento administrativo común, desde su iniciación hasta su terminación y ejecución.

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Concepto de procedimiento administrativo y de procedimiento administrativo común

El procedimiento administrativo puede definirse como el cauce formal, integrado por una serie ordenada de actos y trámites, a través del cual se forma y se exterioriza la voluntad de la Administración Pública, y que constituye a la vez garantía del acierto de la decisión administrativa y garantía de los derechos de los particulares que en él intervienen. Junto a los procedimientos especiales por razón de la materia, la LPAC regula el procedimiento administrativo común, esto es, el conjunto de trámites, garantías y reglas de aplicación general a la actuación de todas las Administraciones Públicas, cualquiera que sea su naturaleza territorial o institucional, sin perjuicio de las especialidades que, respetando siempre ese común denominador, pueda introducir la legislación sectorial correspondiente.

Principios generales del procedimiento

El procedimiento administrativo se rige por un conjunto de principios que orientan tanto su tramitación como su interpretación. Entre ellos destacan el principio de oficialidad o impulso de oficio, conforme al cual corresponde a la Administración, y no solo a los interesados, impulsar el procedimiento en todos sus trámites; el principio de celeridad, que exige acomodar la tramitación al principio de economía procesal, reuniendo en un único acto todos los trámites que admitan un impulso simultáneo; el principio antiformalista o in dubio pro actione, que favorece la subsanación de defectos formales de los escritos de los interesados y la interpretación más favorable a la efectividad de sus derechos; el principio de contradicción, que garantiza a los interesados la posibilidad de alegar y de aportar pruebas en defensa de sus derechos e intereses; y el principio de transparencia, vinculado al derecho de los interesados a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación.

Abstención y recusación

Los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), regulan la abstención y la recusación como garantías de la imparcialidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas en la tramitación de los procedimientos. El artículo 23 enumera de forma tasada los motivos de abstención —entre otros, tener interés personal en el asunto de que se trate; tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados; tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas; haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate; o tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto—, e impone a quienes incurran en ellos la obligación de abstenerse de intervenir, comunicándolo a su superior inmediato; la actuación de autoridades y personal en quienes concurran estas circunstancias no implica, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir. La recusación, regulada en el artículo 24, permite a los interesados promoverla en cualquier momento de la tramitación mediante escrito en el que se expresará la causa en que se funda, correspondiendo al superior inmediato de la persona recusada resolver en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

Los interesados en el procedimiento

El artículo 4 de la LPAC reconoce la condición de interesado en el procedimiento administrativo a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; a los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y a aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, regulada en el artículo 3, corresponde a las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, así como a los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Derechos del interesado en el procedimiento y derechos de las personas ante las Administraciones Públicas

La LPAC distingue entre los derechos generales que corresponden a cualquier persona en sus relaciones con las Administraciones Públicas, recogidos en el artículo 13 —entre ellos, comunicarse con las Administraciones a través de un punto de acceso general electrónico, ser asistidas en el uso de medios electrónicos, utilizar las lenguas oficiales de su territorio, acceder a la información pública, ser tratadas con respeto y deferencia, exigir responsabilidades a las Administraciones y al personal a su servicio, y obtener información y orientación sobre los requisitos exigidos—, y los derechos específicos que asisten a quienes ya tienen la condición de interesados en un procedimiento concreto, enumerados en el artículo 53: conocer en cualquier momento el estado de la tramitación y sentido del silencio que corresponda, identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración actuante o de otra Administración, formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia, obtener copia sellada de los documentos que presenten, y actuar asistidas de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

Fases del procedimiento administrativo común

El procedimiento administrativo común se estructura en distintas fases. La iniciación puede producirse de oficio, por acuerdo del órgano competente adoptado por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia; o a solicitud de persona interesada, mediante escrito que, conforme al artículo 66, debe identificar al solicitante, el medio de notificación preferente, los hechos y razones en que se concreta la petición, el lugar y fecha, la firma y el órgano al que se dirige, con posibilidad de requerir su subsanación en el plazo de diez días si adoleciera de algún defecto conforme al artículo 68. La ordenación del procedimiento se rige por el impulso de oficio en todos sus trámites y por el principio de celeridad. La instrucción comprende los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos —alegaciones, prueba e informes— y culmina, cuando proceda, en el trámite de audiencia, en el que se pone de manifiesto el expediente a los interesados por un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para que puedan formular alegaciones. La terminación puede producirse por resolución expresa, desistimiento, renuncia al derecho en que se funde la solicitud, declaración de caducidad, imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas o, en los casos que la ley prevea, terminación convencional. Y, una vez firmes, los actos resultantes despliegan su eficacia a través de la ejecución, voluntaria o, en su caso, forzosa.

El cómputo de plazos en el procedimiento administrativo

El artículo 30 de la LPAC regula el cómputo de los plazos administrativos, estableciendo que, salvo que por ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos; esta exclusión de los sábados constituyó una novedad introducida por la propia LPAC respecto de la legislación anterior, que únicamente excluía domingos y festivos. Cuando los plazos se señalen por días naturales, esta circunstancia debe hacerse constar expresamente en las correspondientes notificaciones. Los plazos fijados en meses o en años se computan de fecha a fecha, de modo que, si en el mes de vencimiento no existe día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día del mes. Y cuando el último día del plazo sea inhábil, este se entiende prorrogado automáticamente al primer día hábil siguiente, sin que la Administración pueda rechazar un escrito presentado en ese día de prórroga.

La prueba en el procedimiento administrativo

Los artículos 77 y 78 de la LPAC regulan la actividad probatoria dentro del procedimiento, estableciendo que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada que debe comunicarse a los interesados. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, fijando el número y las características de las que vayan a practicarse; los gastos ocasionados por la práctica de pruebas que exijan la realización de gastos ajenos a la Administración corresponden al interesado que las haya propuesto.

La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

El artículo 96 de la LPAC introduce, como novedad respecto de la Ley 30/1992, la posibilidad de que las Administraciones Públicas acuerden, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada de un procedimiento cuando razones de interés público o la falta de complejidad del asunto así lo aconsejen. En esta modalidad, el procedimiento debe resolverse en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a aquel en que se notificó al interesado el acuerdo de tramitación simplificada, reduciéndose sustancialmente los trámites: las alegaciones se formulan conjuntamente con el trámite de audiencia, se emite un único informe cuando resultan preceptivos varios de igual objeto, y se prescinde de determinados informes no imprescindibles. Esta vía resulta procedente, entre otros supuestos, cuando existan elementos de juicio suficientes para resolver, cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones de escasa complejidad o cuando, no teniendo el procedimiento carácter sancionador ni de responsabilidad patrimonial, ningún interesado se oponga expresamente a esta tramitación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Procedimiento administrativo: cauce formal de la serie de actos que forman y exteriorizan la voluntad administrativa.
  • LPAC (Ley 39/2015): regulación común del procedimiento, sustituye a la Ley 30/1992 y unifica tramitación en papel y electrónica.
  • Principios: oficialidad/impulso de oficio, celeridad, antiformalismo (in dubio pro actione), contradicción, transparencia.
  • Arts. 23 y 24 LRJSP: abstención y recusación, garantías de imparcialidad del personal que tramita el procedimiento.
  • Motivos de abstención (art. 23): interés personal, parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, haber sido perito o testigo, relación de servicio.
  • No abstenerse cuando procede no implica necesariamente la invalidez del acto, sin perjuicio de responsabilidad.
  • Recusación (art. 24): la promueven los interesados por escrito motivado; resuelve el superior inmediato en tres días.
  • Art. 4 LPAC: interesados, quienes promueven el procedimiento, quienes tienen derechos afectados, quienes se personan con interés legítimo.
  • Art. 3 LPAC: capacidad de obrar, según normas civiles, y de los menores para derechos que puedan ejercer sin asistencia.
  • Art. 13 LPAC: derechos generales de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
  • Art. 53 LPAC: derechos específicos del interesado en el procedimiento concreto (conocer estado de tramitación, sentido del silencio, no aportar documentos ya en poder de la Administración).
  • Iniciación: de oficio o a solicitud del interesado (art. 66); subsanación de defectos en diez días (art. 68).
  • Instrucción: alegaciones, prueba, informes y trámite de audiencia (diez a quince días).
  • Terminación: resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material o terminación convencional.
  • Ejecución de los actos: voluntaria o forzosa, una vez el acto es eficaz y, en su caso, firme.
  • Art. 30 LPAC: los plazos señalados por días se computan como hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos (novedad frente a la Ley 30/1992); los plazos por meses o años se computan de fecha a fecha.
  • Si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado automáticamente al primer día hábil siguiente.
  • Arts. 77 y 78 LPAC: periodo de prueba de entre diez y treinta días cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados; el instructor solo rechaza pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
  • Art. 96 LPAC: tramitación simplificada del procedimiento común, con resolución en treinta días, para asuntos de escasa complejidad o cuando existan elementos de juicio suficientes.
  • La tramitación simplificada admite, entre otras reducciones de trámites, la formulación conjunta de alegaciones y audiencia, y no suele emplearse, salvo previsión específica, en procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Los menores de edad pueden ejercitar y defender ante la Administración, sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 35 de Técnico de Gestión?

El procedimiento administrativo es el cauce formal a través del cual se produce la actuación de la Administración y se garantiza el acierto de sus decisiones y los derechos de quienes en ellas intervienen; su regulación común para todas las Administraciones Públicas se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), que sustituyó a la antigua Ley 30/1992 integrando en un único texto la regulación del procedimiento en soporte papel y electrónico. El tema recorre los sujetos que intervienen en el procedimiento —con especial atención a la abstención y recusación de quienes lo tramitan, y a los interesados y los derechos que se les reconocen— para terminar con el estudio de las distintas fases en que se estructura el procedimiento administrativo común, desde su iniciación hasta su terminación y ejecución.

¿Qué hay que memorizar del Tema 35 para el examen?

Procedimiento administrativo: cauce formal de la serie de actos que forman y exteriorizan la voluntad administrativa. LPAC (Ley 39/2015): regulación común del procedimiento, sustituye a la Ley 30/1992 y unifica tramitación en papel y electrónica. Principios: oficialidad/impulso de oficio, celeridad, antiformalismo (in dubio pro actione), contradicción, transparencia. Arts. 23 y 24 LRJSP: abstención y recusación, garantías de imparcialidad del personal que tramita el procedimiento. Motivos de abstención (art. 23): interés personal, parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, haber sido perito o testigo, relación de servicio. No abstenerse cuando procede no implica necesariamente la invalidez del acto, sin perjuicio de responsabilidad. Recusación (art. 24): la promueven los interesados por escrito motivado; resuelve el superior inmediato en tres días. Art. 4 LPAC: interesados, quienes promueven el procedimiento, quienes tienen derechos afectados, quienes se personan con interés legítimo. Art. 3 LPAC: capacidad de obrar, según normas civiles, y de los menores para derechos que puedan ejercer sin asistencia. Art. 13 LPAC: derechos generales de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Art. 53 LPAC: derechos específicos del interesado en el procedimiento concreto (conocer estado de tramitación, sentido del silencio, no aportar documentos ya en poder de la Administración). Iniciación: de oficio o a solicitud del interesado (art. 66); subsanación de defectos en diez días (art. 68). Instrucción: alegaciones, prueba, informes y trámite de audiencia (diez a quince días). Terminación: resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material o terminación convencional. Ejecución de los actos: voluntaria o forzosa, una vez el acto es eficaz y, en su caso, firme. Art. 30 LPAC: los plazos señalados por días se computan como hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos (novedad frente a la Ley 30/1992); los plazos por meses o años se computan de fecha a fecha. Si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado automáticamente al primer día hábil siguiente. Arts. 77 y 78 LPAC: periodo de prueba de entre diez y treinta días cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados; el instructor solo rechaza pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Art. 96 LPAC: tramitación simplificada del procedimiento común, con resolución en treinta días, para asuntos de escasa complejidad o cuando existan elementos de juicio suficientes. La tramitación simplificada admite, entre otras reducciones de trámites, la formulación conjunta de alegaciones y audiencia, y no suele emplearse, salvo previsión específica, en procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Artículos 3, 4, 13, 53, 66 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

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