Tema 28. La Administración Pública: concepto y caracteres. Pluralidad de Administraciones Públicas. La Administración y el Derecho: el principio de legalidad. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración.
IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.
Este tema abre el bloque de Derecho Administrativo con las nociones más básicas de la disciplina: qué se entiende por Administración Pública y qué la distingue de los demás poderes del Estado, la pluralidad de organizaciones que hoy reciben esa condición conforme a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la posición de la Administración frente al Derecho a través del principio de legalidad consagrado en el artículo 103.1 de la Constitución. Se completa con el estudio de las potestades administrativas como técnica de atribución de poder jurídico a la Administración, distinguiendo las potestades regladas de las discrecionales, y con los límites y el control judicial a que se somete el ejercicio de la discrecionalidad.
Concepto y caracteres de la Administración Pública
La Administración Pública puede definirse como la organización que, dotada de personalidad jurídica propia, sirve con objetividad los intereses generales bajo la dirección del Gobierno y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, tal como proclama el artículo 103.1 de la Constitución Española. De esta caracterización derivan sus rasgos esenciales: es una organización, esto es, un conjunto de órganos y medios personales y materiales ordenados a un fin; actúa con personalidad jurídica propia, lo que le permite ser titular de derechos y obligaciones y comparecer como sujeto de relaciones jurídicas; su actividad se dirige al servicio objetivo del interés general, no a intereses particulares; y, a diferencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial, se encuentra subordinada jerárquica y funcionalmente al Gobierno, que dirige la Administración civil y militar conforme al artículo 97 CE. El propio artículo 103.1 CE añade los principios de organización y funcionamiento que rigen su actuación: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
La pluralidad de Administraciones Públicas
El modelo territorial español, articulado en el Título VIII de la Constitución, da lugar a una pluralidad de Administraciones Públicas territoriales que actúan con plena autonomía dentro de su ámbito competencial: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Administraciones de las Entidades Locales. A ellas se añade, conforme al artículo 2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, el sector público institucional vinculado o dependiente de cada una de las anteriores, integrado por organismos públicos, entidades de Derecho público y demás entidades de Derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones territoriales. Junto a este esquema general existen además otras Administraciones de base no exclusivamente territorial, como las Universidades públicas, dotadas de autonomía por el artículo 27.10 CE, o las Corporaciones de Derecho público (colegios profesionales, cámaras oficiales), que ejercen funciones públicas delegadas sin integrarse en la estructura jerárquica de ninguna Administración territorial.
La Administración y el Derecho: el principio de legalidad
El principio de legalidad, proclamado con carácter general para todos los poderes públicos en el artículo 9.1 CE y referido específicamente a la Administración en el artículo 103.1 CE, expresa que la Administración no actúa con un poder propio y originario, sino que su actuación deriva siempre de una habilitación previa del ordenamiento jurídico. La doctrina distingue dos formas de entender esta vinculación: la vinculación negativa, propia del Derecho privado, conforme a la cual el sujeto puede hacer todo lo que la norma no prohíbe; y la vinculación positiva, propia de la actuación administrativa, conforme a la cual la Administración solo puede hacer aquello para lo que una norma previa la habilita expresamente. Este sometimiento pleno «a la ley y al Derecho» que exige el artículo 103.1 CE no se agota en el respeto a las leyes formales, sino que se extiende a los reglamentos, a los principios generales del Derecho y al conjunto del ordenamiento jurídico, lo que constituye el fundamento último del control judicial de toda la actividad administrativa.
Las potestades administrativas: concepto y naturaleza
La potestad administrativa es la situación de poder que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración para la consecución de un fin de interés general, habilitándola para imponer, en su caso, conductas a terceros. Se trata de una figura jurídica distinta del derecho subjetivo: mientras que el derecho subjetivo nace de una relación jurídica concreta entre sujetos determinados y tiene un objeto específico, la potestad es un poder genérico, no derivado de ninguna relación previa, que se proyecta sobre un círculo indeterminado de sujetos y situaciones y que la Administración no puede renunciar ni transmitir. Las potestades no se presumen: en aplicación del principio de legalidad, toda potestad administrativa ha de venir atribuida por una norma con rango legal, de manera que la Administración solo dispone de aquellas potestades que el ordenamiento le confiere de forma expresa o que resulten necesarias para el ejercicio de las expresamente atribuidas.
Clases de potestades: regladas y discrecionales
Atendiendo al grado de libertad que la norma deja a la Administración en su ejercicio, las potestades se clasifican en regladas y discrecionales. En las potestades regladas, la norma predetermina de forma completa todos los elementos de la actuación administrativa —el supuesto de hecho, el órgano competente, el procedimiento a seguir y el contenido de la decisión—, de modo que, dado el presupuesto previsto, la Administración está obligada a dictar una única solución posible, sin margen de apreciación. En las potestades discrecionales, por el contrario, la norma habilita a la Administración para optar, dentro de los límites legales, entre varias soluciones igualmente válidas en Derecho, atendiendo a criterios de oportunidad, conveniencia o mérito que la propia norma no precisa. La discrecionalidad no equivale, sin embargo, a un espacio exento de Derecho, sino a un margen de apreciación que la propia norma reconoce a la Administración dentro del marco jurídico que la disciplina.
La actividad discrecional de la Administración: límites y control
Incluso en el ejercicio de potestades discrecionales, determinados elementos del acto permanecen siempre reglados y, por tanto, plenamente controlables por los tribunales: la existencia misma de la potestad, la competencia del órgano que la ejerce, el procedimiento seguido y el fin que la norma persigue, cuya desviación —la llamada desviación de poder— convierte en ilegal cualquier acto dictado, aunque formalmente se ajuste al resto de exigencias legales. A estos límites tradicionales se añaden, en el control jurisdiccional de la discrecionalidad, la fiscalización de los hechos determinantes de la decisión, que deben ser ciertos y estar acreditados con independencia de la valoración que de ellos haga la Administración, y el respeto a los principios generales del Derecho, en particular los de proporcionalidad, igualdad, buena fe e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que proclama el artículo 9.3 CE. La motivación del acto discrecional resulta, en este contexto, un requisito esencial que permite tanto a la persona interesada como al órgano judicial conocer y fiscalizar las razones de la decisión adoptada.
Los conceptos jurídicos indeterminados
Junto a la discrecionalidad, la doctrina y la jurisprudencia contencioso-administrativa distinguen la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, es decir, nociones que la norma emplea con un margen de imprecisión en su enunciado —como «interés público», «justo precio», «necesidad urgente» o «buena fe»— pero que, a diferencia de la discrecionalidad, admiten en principio una única solución justa en cada caso concreto, de manera que su aplicación no implica una elección entre alternativas igualmente válidas, sino la determinación de si el supuesto de hecho se integra o no en el concepto definido por la norma. Esta distinción, formulada clásicamente por García de Enterría, tiene una consecuencia práctica relevante: mientras que el núcleo de la decisión discrecional queda exento de sustitución por el juez, la aplicación de un concepto jurídico indeterminado es en principio plenamente revisable en vía jurisdiccional, sin perjuicio del margen de apreciación técnica que en ocasiones debe reconocerse a la Administración cuando la concreción del concepto exige conocimientos especializados.
Clasificación de las potestades administrativas por su contenido
Atendiendo a su contenido, las potestades administrativas se clasifican tradicionalmente en potestades de supremacía general, que la Administración ejerce sobre el conjunto de los ciudadanos en cuanto tales (por ejemplo, la potestad reglamentaria o la potestad tributaria), y potestades de supremacía especial, que se ejercen sobre quienes se encuentran en una relación jurídica cualificada con la Administración (funcionarios públicos, concesionarios, internos en centros penitenciarios). Entre las potestades más relevantes por su contenido destacan la potestad reglamentaria (dictar normas de rango inferior a la ley), la potestad organizatoria (estructurar los propios servicios), la potestad sancionadora (imponer sanciones por infracciones administrativas, con los límites de los arts. 25 y siguientes de la Ley 40/2015), la potestad expropiatoria (privar a los particulares de sus bienes o derechos por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización, conforme al art. 33.3 CE), y la potestad de autotutela, estudiada en el punto siguiente.
La autotutela administrativa
La autotutela es la potestad, exorbitante respecto del Derecho privado, en cuya virtud la Administración puede declarar por sí misma el Derecho aplicable a una situación concreta y ejecutar lo declarado sin necesidad de acudir previamente a los tribunales. Se distingue la autotutela declarativa, que permite a la Administración dictar actos administrativos dotados de presunción de validez y de ejecutividad desde el momento en que se dictan (arts. 38 y 39 de la Ley 39/2015), de la autotutela ejecutiva, que le permite llevar a la práctica esos actos de forma forzosa, incluso contra la voluntad del obligado, a través de los medios de ejecución forzosa previstos en el artículo 100 de la misma Ley (apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas). La autotutela no excluye el control judicial posterior de la actuación administrativa, pero invierte la carga de la iniciativa procesal: es la persona interesada disconforme quien debe impugnar el acto ante los tribunales, y no la Administración quien debe demandarla para hacer valer su pretensión, como ocurriría entre particulares.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Principios de organización/funcionamiento del art. 103.1 CE: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
Art. 97 CE: el Gobierno dirige la Administración civil y militar y ejerce la potestad reglamentaria.
La Administración actúa con personalidad jurídica propia y está subordinada al Gobierno, a diferencia de los Poderes Legislativo y Judicial.
Art. 2 Ley 40/2015: pluralidad de Administraciones territoriales (AGE, CCAA, EELL) más el sector público institucional de cada una.
Administraciones no territoriales: Universidades (autonomía del art. 27.10 CE) y Corporaciones de Derecho público (colegios, cámaras).
Principio de legalidad (art. 9.1 y 103.1 CE): la Administración solo puede actuar con habilitación previa del ordenamiento.
Vinculación negativa (hacer todo lo no prohibido) frente a vinculación positiva (solo lo expresamente habilitado, propia de la Administración).
Potestad administrativa: poder-función atribuido por la norma para un fin de interés general; distinta del derecho subjetivo.
Las potestades no se presumen ni son transmisibles ni renunciables; requieren atribución legal expresa.
Potestades regladas: la norma predetermina íntegramente la actuación; solución única posible.
Potestades discrecionales: margen de apreciación entre varias soluciones válidas en Derecho, por razones de oportunidad.
Elementos siempre reglados en un acto discrecional: existencia de la potestad, competencia, procedimiento y fin.
Desviación de poder: ejercicio de una potestad para fines distintos de los fijados por el ordenamiento; determina la ilegalidad del acto.
Control judicial de la discrecionalidad: fiscalización de los hechos determinantes y de los principios generales del Derecho (art. 9.3 CE).
La motivación del acto discrecional es esencial para permitir su control por la persona interesada y por los tribunales.
Conceptos jurídicos indeterminados: admiten en principio una única solución justa, revisable judicialmente; distintos de la discrecionalidad (García de Enterría).
Potestades de supremacía general (frente a todos los ciudadanos) y de supremacía especial (relación jurídica cualificada).
Potestades por su contenido: reglamentaria, organizatoria, sancionadora, expropiatoria y de autotutela.
Art. 33.3 CE: expropiación por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización.
Autotutela declarativa (presunción de validez y ejecutividad, arts. 38-39 LPACAP) y autotutela ejecutiva (ejecución forzosa, art. 100 LPACAP).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
Los conceptos jurídicos indeterminados, a diferencia de la discrecionalidad:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 28 de Técnico de Gestión?
Este tema abre el bloque de Derecho Administrativo con las nociones más básicas de la disciplina: qué se entiende por Administración Pública y qué la distingue de los demás poderes del Estado, la pluralidad de organizaciones que hoy reciben esa condición conforme a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la posición de la Administración frente al Derecho a través del principio de legalidad consagrado en el artículo 103.1 de la Constitución. Se completa con el estudio de las potestades administrativas como técnica de atribución de poder jurídico a la Administración, distinguiendo las potestades regladas de las discrecionales, y con los límites y el control judicial a que se somete el ejercicio de la discrecionalidad.
¿Qué hay que memorizar del Tema 28 para el examen?
Art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Principios de organización/funcionamiento del art. 103.1 CE: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Art. 97 CE: el Gobierno dirige la Administración civil y militar y ejerce la potestad reglamentaria. La Administración actúa con personalidad jurídica propia y está subordinada al Gobierno, a diferencia de los Poderes Legislativo y Judicial. Art. 2 Ley 40/2015: pluralidad de Administraciones territoriales (AGE, CCAA, EELL) más el sector público institucional de cada una. Administraciones no territoriales: Universidades (autonomía del art. 27.10 CE) y Corporaciones de Derecho público (colegios, cámaras). Principio de legalidad (art. 9.1 y 103.1 CE): la Administración solo puede actuar con habilitación previa del ordenamiento. Vinculación negativa (hacer todo lo no prohibido) frente a vinculación positiva (solo lo expresamente habilitado, propia de la Administración). Potestad administrativa: poder-función atribuido por la norma para un fin de interés general; distinta del derecho subjetivo. Las potestades no se presumen ni son transmisibles ni renunciables; requieren atribución legal expresa. Potestades regladas: la norma predetermina íntegramente la actuación; solución única posible. Potestades discrecionales: margen de apreciación entre varias soluciones válidas en Derecho, por razones de oportunidad. Elementos siempre reglados en un acto discrecional: existencia de la potestad, competencia, procedimiento y fin. Desviación de poder: ejercicio de una potestad para fines distintos de los fijados por el ordenamiento; determina la ilegalidad del acto. Control judicial de la discrecionalidad: fiscalización de los hechos determinantes y de los principios generales del Derecho (art. 9.3 CE). La motivación del acto discrecional es esencial para permitir su control por la persona interesada y por los tribunales. Conceptos jurídicos indeterminados: admiten en principio una única solución justa, revisable judicialmente; distintos de la discrecionalidad (García de Enterría). Potestades de supremacía general (frente a todos los ciudadanos) y de supremacía especial (relación jurídica cualificada). Potestades por su contenido: reglamentaria, organizatoria, sancionadora, expropiatoria y de autotutela. Art. 33.3 CE: expropiación por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. Autotutela declarativa (presunción de validez y ejecutividad, arts. 38-39 LPACAP) y autotutela ejecutiva (ejecución forzosa, art. 100 LPACAP).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Artículos 9.1, 9.3, 97, 103.1 y 27.10 de la Constitución Española de 1978
Artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Artículo 33.3 de la Constitución Española
Artículos 38, 39 y 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Mientras tanto, practica con tests gratis de Técnico de Gestión.