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Tema 6. La recaudación en vía ejecutiva. Normas generales. Iniciación y título ejecutivo. La providencia de apremio. Oposición y efectos. El embargo de bienes. Enajenación de bienes: modalidades. Créditos incobrables. Tercerías.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

Cuando el deudor no satisface su obligación con la Seguridad Social dentro del periodo voluntario, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) puede acudir a la vía ejecutiva o de apremio, procedimiento administrativo de ejecución forzosa que le permite cobrar la deuda mediante el embargo y la venta de los bienes del deudor sin necesidad de acudir previamente a los tribunales, en aplicación de la autotutela ejecutiva de las Administraciones Públicas. Se regula en el TRLGSS (Real Decreto Legislativo 8/2015) y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004), con aplicación supletoria de la Ley General Tributaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a inembargabilidad y a ciertos aspectos de la ejecución. Este tema completa la gestión recaudatoria y es especialmente denso en plazos, motivos tasados y garantías del deudor, que conviene memorizar con precisión. El esquema lógico es: inicio del periodo ejecutivo, título ejecutivo y providencia de apremio, oposición, embargo, enajenación, y finalización (pago, crédito incobrable o prescripción), con las tercerías como incidentes de terceros.

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Normas generales de la vía ejecutiva

La recaudación en vía ejecutiva es competencia exclusiva de la TGSS, que la ejerce a través de las Unidades de Recaudación Ejecutiva (URE) y de las Direcciones Provinciales. El procedimiento de apremio es de carácter administrativo, exclusivo de la Administración y se tramita sin necesidad de acudir a los tribunales; solo se acude a la autoridad judicial para autorizar la entrada en domicilios y otros actos que requieren autorización. Se rige por el principio de impulso de oficio, es único para todas las deudas del mismo deudor (se acumulan en un mismo expediente) y sus actuaciones se notifican al deudor y a los terceros afectados.

Inicio del periodo ejecutivo

El periodo ejecutivo se inicia, en el caso de deudas por cuotas, al día siguiente del vencimiento del plazo reglamentario de ingreso sin que se haya efectuado el pago; en el caso de otras deudas determinadas mediante resolución o reclamación de deuda, al día siguiente del vencimiento del plazo de ingreso que en ellas se conceda. Si se solicitó aplazamiento antes del vencimiento del plazo reglamentario, el periodo ejecutivo no se inicia mientras se tramita la solicitud y, si se concede, mientras se cumplan los plazos concedidos. El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de recargos e intereses, la posibilidad de embargar sin necesidad de previo requerimiento y la plena exigibilidad de la deuda.

Reclamación de deuda y acta de liquidación como actos previos

Para las deudas cuya cuantía no está determinada, o respecto de las cuales no se han presentado los documentos de cotización, o cuando se trata de diferencias detectadas por la Inspección, la TGSS notifica una reclamación de deuda o la Inspección extiende un acta de liquidación; ambos documentos conceden un plazo de ingreso. Si no se paga ni se impugna, se dicta la providencia de apremio. Para las deudas por cuotas cuyos documentos de cotización se presentaron en plazo, la providencia de apremio se dicta directamente, sin reclamación previa de deuda.

Título ejecutivo: la providencia de apremio

La providencia de apremio es el acto administrativo que inicia el procedimiento de apremio y que constituye título ejecutivo suficiente para proceder contra los bienes y derechos del deudor, con la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial. Es dictada por el Director Provincial o la autoridad competente de la TGSS (recaudador ejecutivo) y debe identificar al deudor, el concepto y periodo de la deuda, el principal, los recargos, los intereses y las costas, y advertir de que, si no se paga en el plazo señalado, se procederá al embargo de bienes. Debe notificarse al deudor y, con carácter general, al responsable solidario o subsidiario si procede.

Recargos, intereses y costas

Iniciado el periodo ejecutivo se aplican de forma automática los recargos previstos en el art. 30 TRLGSS sobre la deuda, que varían según se hayan presentado o no en plazo los documentos de cotización (con carácter general, 20 por ciento si se presentaron y 35 por ciento si no), junto con el interés de demora desde el vencimiento del plazo reglamentario hasta el pago y las costas del procedimiento, que incluyen los gastos de las actuaciones (tasaciones, anotaciones registrales, publicación de edictos, honorarios de peritos) y se cargan al deudor. El principal, los recargos, los intereses y las costas forman la deuda total que debe pagar el deudor para extinguir el procedimiento.

Oposición a la providencia de apremio: motivos tasados

Contra la providencia de apremio solo son admisibles determinados motivos de oposición: pago; prescripción; aplazamiento de la deuda; falta de notificación de la reclamación de deuda o del acta de liquidación; error u omisión material en el título; y otras causas de suspensión del procedimiento. La mera disconformidad con la deuda no es motivo de oposición: si el deudor discrepa de la liquidación debe impugnar el acto de determinación de la deuda (reclamación de deuda o acta de liquidación) por los cauces que correspondan. La oposición se formula por recurso de alzada dentro del plazo de un mes desde la notificación.

Efectos de la oposición y suspensión del procedimiento

La interposición del recurso contra la providencia de apremio no suspende por sí sola el procedimiento, salvo que se garantice íntegramente la deuda mediante aval u otra garantía suficiente, o concurra alguna causa legal de suspensión, como el error material, aritmético o de hecho demostrado, el aplazamiento o fraccionamiento concedido, la declaración de concurso en los términos de la Ley Concursal o la interposición de tercería de dominio respecto de los bienes afectados. Mientras el procedimiento esté suspendido no pueden realizarse actuaciones de enajenación, aunque pueden adoptarse medidas cautelares para asegurar el cobro.

El embargo de bienes: principios y orden

Si el deudor no paga en el plazo señalado por la providencia de apremio, se procede al embargo de sus bienes y derechos en cuantía suficiente para cubrir el principal, los recargos, los intereses y las costas presupuestadas. El embargo se rige por el principio de proporcionalidad y se traba respetando el orden legal que atiende a la mayor facilidad de enajenación y a la menor onerosidad para el deudor: dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito; créditos, derechos y valores realizables a corto plazo; sueldos, salarios y pensiones; bienes muebles y semovientes; bienes inmuebles; y establecimientos mercantiles o industriales. El deudor puede señalar bienes para el embargo, que la TGSS acepta si garantizan la deuda y no entorpecen la ejecución.

Límites de embargabilidad de salarios y pensiones

Se rige por el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: son inembargables el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía del salario mínimo interprofesional. Sobre el exceso se aplica una escala progresiva por tramos de cuantía equivalente al SMI: el 30 por ciento del primer tramo adicional, el 50 por ciento del segundo, el 60 por ciento del tercero, el 75 por ciento del cuarto, el 90 por ciento del quinto y el 100 por ciento de lo que exceda. Son también inembargables los bienes enumerados en el art. 606 de la misma ley (mobiliario del hogar, instrumentos de trabajo de profesionales en lo indispensable, entre otros). Las prestaciones de Seguridad Social se rigen por los mismos límites.

Diligencia de embargo y notificaciones

Cada embargo se documenta en una diligencia de embargo, que se notifica al deudor y, en su caso, a su cónyuge cuando se embarguen bienes comunes, a los terceros titulares de derechos sobre los bienes embargados (cotitulares, arrendatarios, titulares de cargas) y a quien sea depositario. Los bienes inmuebles y los demás bienes registrables se anotan preventivamente en el Registro correspondiente mediante mandamiento. Los embargos de cuentas y créditos se notifican a la entidad de crédito o al pagador, que queda obligado a retener las cantidades y a ingresarlas en la TGSS. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos y reciben las notificaciones por esa vía (Ley 39/2015).

Enajenación de bienes embargados: modalidades

Los bienes embargados se enajenan por alguna de estas modalidades: subasta pública, que es la regla general; concurso, que consiste en un procedimiento de concurrencia de ofertas; y adjudicación directa, cuando se hubiera declarado desierta la subasta o concurran razones de urgencia, perecibilidad, escaso valor o economía justificadas. Antes de la enajenación debe valorarse el bien (tasación) y fijarse el tipo de subasta, y el deudor puede liberar los bienes pagando el total de la deuda antes de la adjudicación. Si la subasta queda desierta, la TGSS puede adjudicarse el bien en pago de la deuda en los términos reglamentarios. Con el producto de la enajenación se cubre la deuda por el orden de costas, intereses, recargos y principal, y el sobrante se entrega al deudor o a los acreedores con derecho preferente.

Créditos incobrables

Es crédito incobrable el que no puede hacerse efectivo en el procedimiento de apremio por insolvencia probada del deudor y de los demás responsables. Se declara mediante expediente administrativo, cuando se han agotado las gestiones recaudatorias sin éxito, por el órgano competente de la TGSS. Los efectos no son extintivos: la declaración de incobrable motiva la baja provisional de la deuda en cuentas, sin que se extinga la deuda, que puede rehabilitarse mientras no haya prescrito si se conoce la solvencia sobrevenida del deudor o de los responsables. La rehabilitación reactiva el procedimiento de apremio.

Tercería de dominio

La tercería de dominio es la reclamación de un tercero distinto del deudor que alega ser propietario de los bienes embargados, con título de propiedad anterior a la fecha de la diligencia de embargo. Se interpone ante la TGSS y debe acompañarse del título que acredite el dominio; mientras no se resuelva, se suspende la realización de los bienes afectados. Si se estima, se alza el embargo sobre esos bienes. Si se desestima, el tercero puede acudir a la vía jurisdiccional civil una vez agotada la vía administrativa. La interposición no impide que la TGSS prosiga el procedimiento sobre otros bienes del deudor.

Tercería de mejor derecho

La tercería de mejor derecho es la reclamación de un acreedor que afirma tener preferencia para cobrar su crédito sobre el de la Seguridad Social con cargo al producto de los bienes embargados. Se interpone ante la TGSS. El procedimiento continúa hasta la realización de los bienes, pero el importe obtenido se consigna a resultas de la resolución de la tercería. Si se estima, el tercero cobra con preferencia; en caso contrario, cobra la Seguridad Social. La resolución de la TGSS es recurrible ante la jurisdicción civil tras agotar la vía administrativa.

Prelación de los créditos de la Seguridad Social y concurso

Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta gozan de preferencia frente a otros créditos, en los términos del art. 22 TRLGSS, con un régimen similar al de los créditos de Hacienda. Si el deudor es declarado en concurso de acreedores, el texto refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020) clasifica los créditos de la Seguridad Social como créditos con privilegio general en el 50 por ciento de su importe, y el resto como ordinarios, sin perjuicio de los créditos con garantía real y de los créditos salariales con rango superior, y con subordinación de recargos e intereses. La declaración de concurso condiciona la tramitación del apremio sobre bienes del concursado.

Responsables solidarios y subsidiarios

La TGSS puede dirigir el apremio contra los responsables solidarios sin necesidad de agotar previamente el patrimonio del deudor principal, mientras que respecto de los responsables subsidiarios, la derivación exige antes la declaración de insolvencia del deudor principal y de los responsables solidarios. La derivación de responsabilidad se acuerda mediante resolución motivada tras audiencia al interesado, que puede recurrirse en alzada. El responsable puede oponerse alegando los mismos motivos que el deudor y, además, discutir su condición de responsable.

Colaboración de otras Administraciones y terceros

La TGSS puede recabar la colaboración de otras Administraciones (entre ellas la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los registros públicos y el Catastro) para localizar bienes y ejecutar embargos. Las personas y entidades, públicas o privadas, están obligadas a facilitar los datos con trascendencia recaudatoria que se les requieran, salvo los protegidos por el secreto profesional, y las entidades de crédito deben cumplir las órdenes de retención y embargo. El incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad y a sanciones.

Fin del procedimiento de apremio

El procedimiento de apremio concluye por el pago íntegro de la deuda, por la declaración de crédito incobrable, por la anulación de la deuda o por cualquier otra causa de extinción (prescripción, compensación, condonación en los supuestos legales, insolvencia declarada en concurso con extinción de los créditos). La falta de bienes conocidos del deudor no impide que se reanude el procedimiento si, dentro del plazo de prescripción de cuatro años, se detecta solvencia sobrevenida. Los actos de apremio interrumpen la prescripción.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La providencia de apremio es título ejecutivo suficiente, con la misma fuerza que una sentencia judicial. Contiene principal, recargo, intereses y costas.
  • Motivos de oposición a la providencia de apremio (tasados): pago, prescripción, aplazamiento, falta de notificación de la reclamación de deuda o acta de liquidación, error u omisión material en el título y suspensión del procedimiento. La mera disconformidad con la deuda NO es motivo.
  • Recurso de alzada contra la providencia de apremio: un mes. No suspende por sí solo, salvo garantía íntegra o causa legal de suspensión.
  • Orden de embargo: dinero en efectivo o cuentas, créditos y valores, sueldos y pensiones, bienes muebles, bienes inmuebles, establecimientos mercantiles. Siempre con proporcionalidad.
  • Inembargabilidad (art. 607 LEC): hasta el SMI; sobre el exceso, escala del 30, 50, 60, 75, 90 y 100 por ciento por tramos equivalentes al SMI.
  • Enajenación: subasta pública (regla general), concurso y adjudicación directa (subasta desierta, urgencia, perecedero o escaso valor).
  • Crédito incobrable: no extingue la deuda; baja provisional y rehabilitación mientras no prescriba (4 años).
  • Tercería de dominio: propiedad anterior al embargo; suspende la realización de los bienes afectados. Tercería de mejor derecho: preferencia de cobro; el apremio sigue y el importe se consigna.
  • En el concurso, los créditos de la Seguridad Social tienen privilegio general en el 50 % de su importe (TRLC).
  • Responsables solidarios: se les puede apremiar sin agotar al deudor principal; subsidiarios: solo tras declarar fallido al deudor principal y a los solidarios.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Contra la providencia de apremio es motivo de oposición admisible:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 6 de Administrativo Seguridad Social?

Cuando el deudor no satisface su obligación con la Seguridad Social dentro del periodo voluntario, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) puede acudir a la vía ejecutiva o de apremio, procedimiento administrativo de ejecución forzosa que le permite cobrar la deuda mediante el embargo y la venta de los bienes del deudor sin necesidad de acudir previamente a los tribunales, en aplicación de la autotutela ejecutiva de las Administraciones Públicas. Se regula en el TRLGSS (Real Decreto Legislativo 8/2015) y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004), con aplicación supletoria de la Ley General Tributaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a inembargabilidad y a ciertos aspectos de la ejecución. Este tema completa la gestión recaudatoria y es especialmente denso en plazos, motivos tasados y garantías del deudor, que conviene memorizar con precisión. El esquema lógico es: inicio del periodo ejecutivo, título ejecutivo y providencia de apremio, oposición, embargo, enajenación, y finalización (pago, crédito incobrable o prescripción), con las tercerías como incidentes de terceros.

¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?

La providencia de apremio es título ejecutivo suficiente, con la misma fuerza que una sentencia judicial. Contiene principal, recargo, intereses y costas. Motivos de oposición a la providencia de apremio (tasados): pago, prescripción, aplazamiento, falta de notificación de la reclamación de deuda o acta de liquidación, error u omisión material en el título y suspensión del procedimiento. La mera disconformidad con la deuda NO es motivo. Recurso de alzada contra la providencia de apremio: un mes. No suspende por sí solo, salvo garantía íntegra o causa legal de suspensión. Orden de embargo: dinero en efectivo o cuentas, créditos y valores, sueldos y pensiones, bienes muebles, bienes inmuebles, establecimientos mercantiles. Siempre con proporcionalidad. Inembargabilidad (art. 607 LEC): hasta el SMI; sobre el exceso, escala del 30, 50, 60, 75, 90 y 100 por ciento por tramos equivalentes al SMI. Enajenación: subasta pública (regla general), concurso y adjudicación directa (subasta desierta, urgencia, perecedero o escaso valor). Crédito incobrable: no extingue la deuda; baja provisional y rehabilitación mientras no prescriba (4 años). Tercería de dominio: propiedad anterior al embargo; suspende la realización de los bienes afectados. Tercería de mejor derecho: preferencia de cobro; el apremio sigue y el importe se consigna. En el concurso, los créditos de la Seguridad Social tienen privilegio general en el 50 % de su importe (TRLC). Responsables solidarios: se les puede apremiar sin agotar al deudor principal; subsidiarios: solo tras declarar fallido al deudor principal y a los solidarios.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (arts. 22, 24, 30 y concordantes)
  • Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 606 y 607)
  • Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (aplicación supletoria)
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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