Ver esquema

Tema 12. Prestaciones no contributivas y asistenciales. El ingreso mínimo vital: beneficiarios, requisitos y duración. Obligaciones de las personas beneficiarias. Cuantía, pago, reintegro de prestaciones indebidas. Prestaciones familiares múltiples. Prestaciones familiares en la modalidad contributiva. Las pensiones no contributivas: Invalidez no contributiva: Jubilación no contributiva.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

Frente al nivel contributivo, financiado con cotizaciones y proporcional al esfuerzo previo del beneficiario, el sistema de Seguridad Social incorpora un nivel no contributivo y asistencial, financiado con aportaciones del Estado, dirigido a garantizar unos ingresos mínimos a quienes se encuentran en situación de necesidad con independencia de su historial de cotización (art. 41 de la Constitución). Este nivel comprende el Ingreso Mínimo Vital (Ley 19/2021, de 20 de diciembre), las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez (arts. 363 y siguientes del TRLGSS, creadas por la Ley 26/1990) y las prestaciones familiares no contributivas. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado por el Real Decreto-ley 20/2020 y sustituido por la Ley 19/2021, es una prestación económica de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de renta a personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica, con carácter indefinido mientras subsistan los requisitos y gestión a cargo del INSS. Las pensiones no contributivas protegen a mayores de 65 años y a personas con discapacidad igual o superior al 65 por ciento que carecen de recursos. Las prestaciones familiares en modalidad contributiva consisten en beneficios por cuidado de hijos (cotizaciones asimiladas), mientras que las no contributivas son prestaciones económicas con requisitos de residencia y, en general, de ingresos. El tema exige dominar requisitos de edad, residencia y discapacidad, la cuantía como diferencia entre renta garantizada y rentas, y la distinción entre prestaciones contributivas y no contributivas.

← Ver el índice completo del temario

El nivel no contributivo y asistencial de la Seguridad Social

El sistema de Seguridad Social se compone de un nivel contributivo, financiado por cotizaciones, y un nivel no contributivo y universal, financiado con aportaciones del Estado (art. 109 y siguientes TRLGSS). Las prestaciones no contributivas se reconocen con independencia de la cotización previa, en función de la situación de necesidad (insuficiencia de recursos), la edad, la discapacidad y la residencia legal. Se integran en el nivel no contributivo las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, las prestaciones familiares no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Su fundamento constitucional es el art. 41 CE, que impone a los poderes públicos mantener un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad.

El Ingreso Mínimo Vital: naturaleza y marco normativo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se creó por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, y hoy se rige por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, y sus normas de desarrollo. Es una prestación económica de la Seguridad Social, de carácter no contributivo, que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes, viviendo solos o integrados en una unidad de convivencia, se encuentran en situación de vulnerabilidad económica por carecer de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Se configura como un derecho subjetivo y como una red de protección dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Beneficiarios del IMV y unidad de convivencia

Pueden ser titulares del IMV, en su modalidad individual, las personas que vivan solas o que, compartiendo domicilio, se encuentren en alguna de las situaciones excepcionales de la ley (víctimas de violencia de género, de trata o de explotación sexual, mujeres que abandonan establecimientos de acogida, etc.), y, en la modalidad de unidad de convivencia, quienes vivan con otras personas unidas por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción u otras relaciones legalmente asimiladas. El titular debe tener, con carácter general, al menos veintitrés años (o dieciocho en supuestos de especial vulnerabilidad previstos en la ley) y, en general, ser menor de sesenta y cinco años, salvo supuestos concretos. Una misma unidad de convivencia solo puede tener un titular.

Requisitos de acceso: residencia, vulnerabilidad económica y patrimonio

Los requisitos principales son: residencia legal y efectiva, de carácter continuado e ininterrumpido, en España durante al menos el año inmediatamente anterior a la solicitud (salvo menores, víctimas de trata o violencia de género y otras excepciones); encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, entendida como que el promedio mensual de ingresos y rentas computables del ejercicio anterior sea inferior, al menos en diez euros, a la renta garantizada que corresponda; no superar los límites de patrimonio neto establecidos (inferior a tres veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con escalas según miembros de la unidad de convivencia, sin computar la vivienda habitual); y haber solicitado previamente las pensiones y prestaciones a las que se pudiera tener derecho.

Cuantía: renta garantizada y complementos

La cuantía mensual del IMV es la diferencia entre la renta garantizada para el titular (o para la unidad de convivencia) y el conjunto de ingresos y rentas de que disponga el beneficiario individual o la unidad de convivencia en el ejercicio anterior. La renta garantizada para una persona adulta equivale al cien por cien del importe anual de las pensiones no contributivas dividido por doce (en 2025, 658,81 euros mensuales, 7.905,72 euros al año), y aumenta en un 30 por ciento por cada adulto adicional y un 22 por ciento por cada menor, hasta un máximo del 220 por ciento. Se prevén complementos: de ayuda para la infancia (por cada menor, según su edad), de monoparentalidad y de discapacidad. La renta garantizada se actualiza cada año con la revalorización de las pensiones no contributivas.

Complemento de ayuda para la infancia y otros complementos

El complemento de ayuda para la infancia (CAPI) se reconoce por cada menor de dieciocho años integrado en la unidad de convivencia, en función de su edad y de los ingresos y patrimonio del hogar, y se escalona en tres tramos (menores de tres años, de tres a menores de seis y de seis a menores de dieciocho). También puede reconocerse a hogares que no perciben IMV si cumplen requisitos de renta algo superiores. El complemento de monoparentalidad se incrementa en un 22 por ciento de la renta garantizada, y el de discapacidad se reconoce cuando algún miembro tiene un grado igual o superior al 65 por ciento.

Reconocimiento, efectos económicos y pago

El IMV se solicita al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la entidad competente para su reconocimiento y gestión; las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra gestionan la prestación en su territorio en virtud de sus regímenes forales. La solicitud puede presentarse por vía telemática, presencial o telefónica, y existen mecanismos de colaboración con entidades del tercer sector y servicios sociales. El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses, y la falta de resolución en plazo tiene efecto desestimatorio. Los efectos económicos se producen desde el primer día del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, y el pago se realiza mensualmente por transferencia.

Duración, revisión, suspensión y extinción del IMV

El derecho al IMV es indefinido: se mantiene mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos. La entidad gestora revisa periódicamente su cumplimiento y la cuantía puede modificarse por cambios en la situación económica o de convivencia. Se suspende por incumplimiento temporal de requisitos u obligaciones, y se extingue por fallecimiento, por pérdida definitiva de los requisitos (por ejemplo, superación de los límites de ingresos o de patrimonio de forma sostenida), por renuncia o por resolución sancionadora. Mientras se percibe, el titular y los miembros de la unidad tienen asimismo unas obligaciones de actualización de datos y de colaboración.

Obligaciones de las personas beneficiarias

Los beneficiarios del IMV deben, entre otras obligaciones: proporcionar la información y documentación veraz necesaria para verificar los requisitos; comunicar, en el plazo que se fije, cualquier cambio de circunstancias (de convivencia, ingresos o patrimonio, de residencia, etc.) que pueda modificar, suspender o extinguir la prestación; reintegrar las cantidades indebidamente percibidas; estar inscritos como demandantes de empleo (salvo las excepciones reglamentarias); participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y solicitar las prestaciones a que pudieran tener derecho.

Compatibilidad del IMV con las rentas del trabajo

El IMV es compatible con las rentas de trabajo o con la actividad económica de las personas beneficiarias, en los términos y con los límites que se establezcan, con el objetivo de fomentar la inclusión laboral e incentivar el empleo. Así, el acceso a un empleo no supone la pérdida automática de la prestación; los ingresos computables se tienen en cuenta de forma que la cuantía se reduce progresivamente. Las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas se articulan con el IMV mediante mecanismos de coordinación que evitan duplicidades y permiten su complementariedad.

Reintegro de prestaciones indebidas e infracciones

Los perceptores del IMV que hubieran obtenido o disfrutado la prestación de forma indebida (por ocultación de datos, por falta de comunicación de cambios relevantes o por incumplimiento de las obligaciones) están obligados a reintegrar las cantidades percibidas, conforme al régimen general de reintegro de prestaciones indebidas de la Seguridad Social (art. 55 TRLGSS), sin perjuicio de las infracciones y sanciones tipificadas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que pueden dar lugar a la pérdida de la prestación durante un periodo determinado.

Prestaciones familiares: clases

Las prestaciones familiares de la Seguridad Social se dividen en dos modalidades (Título II y Título VI del TRLGSS): a) prestaciones familiares en su modalidad contributiva, que consisten en considerar como cotizados, a efectos de determinadas prestaciones, ciertos periodos dedicados al cuidado de hijos o menores (arts. 235 a 237), y b) prestaciones familiares en su modalidad no contributiva (arts. 351 y siguientes), consistentes en prestaciones económicas: la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, la prestación económica por nacimiento o adopción en familias numerosas, monoparentales o con progenitores con discapacidad, y la prestación por parto o adopción múltiples.

Prestaciones familiares contributivas: beneficios por cuidado de hijos

Las prestaciones familiares en modalidad contributiva son periodos que se consideran cotizados: 1) a favor de las mujeres trabajadoras, ciento doce días completos de cotización por cada parto de un solo hijo, ampliables en catorce días por cada hijo a partir del segundo en caso de parto múltiple (sin superponerse a los periodos efectivamente cotizados); 2) los periodos de interrupción de la cotización por extinción del contrato entre los nueve meses anteriores al nacimiento (o tres antes de la adopción) y los seis años posteriores, a razón de doscientos setenta días por hijo; 3) el periodo de excedencia por cuidado de hijos, que computa como cotizado hasta tres años por hijo, y la excedencia por cuidado de otros familiares, hasta un año; y 4) un incremento de la cotización asimilada en las reducciones de jornada por cuidado de menores, para los primeros años de reducción.

Prestaciones familiares no contributivas: asignación por hijo y pagos únicos

Las prestaciones familiares no contributivas son: la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo (prestación periódica por hijos menores de dieciocho años, sujeta a límite de ingresos cuando el hijo no tiene discapacidad, y por hijos con discapacidad igual o superior al 33 por ciento en menores o 65 por ciento en mayores de dieciocho años, sin límite de ingresos); la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción en familias numerosas, monoparentales y con madre o progenitor con discapacidad igual o superior al 65 por ciento; y la prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples. Se financian con aportaciones del Estado, requieren residencia legal en España y se gestionan por el INSS. Con la creación del IMV, el apoyo a la infancia en riesgo de pobreza se canaliza a través del complemento de ayuda para la infancia.

Pensiones no contributivas: concepto, financiación y gestión

Las pensiones no contributivas (PNC) de jubilación e invalidez, creadas por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, y reguladas hoy en el Título VI del TRLGSS (arts. 363 y siguientes), garantizan una prestación económica a las personas que carecen de recursos suficientes, aunque no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho el tiempo necesario para acceder a las pensiones contributivas. Se financian exclusivamente con aportaciones del Estado. Su gestión corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en Ceuta y Melilla, y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que han asumido el traspaso. Dan derecho a asistencia sanitaria gratuita y a servicios sociales complementarios.

Requisitos de la pensión de jubilación no contributiva

Tienen derecho a la pensión de jubilación no contributiva las personas que, en el momento de la solicitud: tengan sesenta y cinco o más años; residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante diez años entre los dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud; y carezcan de rentas o ingresos suficientes, según los límites legales, que se aprecian en la unidad económica de convivencia. No se exige cotización previa. La pensión de invalidez no contributiva, al cumplir sesenta y cinco años, pasa a denominarse de jubilación, sin que cambie su cuantía.

Requisitos de la pensión de invalidez no contributiva

Tienen derecho a la pensión de invalidez no contributiva las personas mayores de dieciocho y menores de sesenta y cinco años, afectadas por una discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65 por ciento, que carezcan de rentas o ingresos suficientes y residan legalmente en España y lo hayan hecho durante cinco años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. La condición de discapacitado se determina por los equipos de valoración de la Comunidad Autónoma o del IMSERSO conforme al baremo de discapacidad. Se paga en catorce mensualidades y no exige cotizaciones.

Cuantía de las pensiones no contributivas y complementos

La cuantía de la pensión no contributiva se fija cada año (mediante la ley de presupuestos o la norma de revalorización de pensiones) como una cantidad anual (en 2025, 7.905,72 euros anuales, que equivalen a la renta garantizada del IMV) que se percibe en catorce pagas. Si el beneficiario tiene ingresos inferiores al límite, percibe la diferencia, con un mínimo del 25 por ciento de la pensión íntegra. En la pensión de invalidez, cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 75 por ciento y se acredite la necesidad del concurso de otra persona para los actos esenciales de la vida, la pensión se incrementa en un 50 por ciento. Se prevé además un complemento para titulares con vivienda alquilada.

Unidad económica de convivencia y cómputo de ingresos

Para determinar si se cumple el requisito de carencia de recursos, se atiende a las rentas del solicitante y de su unidad económica de convivencia, formada por las personas unidas por matrimonio o pareja de hecho, parentesco por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. Si los ingresos del solicitante son inferiores al límite pero se convive con parientes, el límite se multiplica según el número de convivientes, de forma que la pensión puede reducirse. La pensión se reconoce con carácter indefinido, previa revisión anual de las circunstancias económicas y de convivencia.

Incompatibilidades y compatibilidades de las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son compatibles con las rentas del beneficiario mientras no se superen los límites de ingresos. La pensión de jubilación no contributiva y la de invalidez no contributiva son incompatibles entre sí, y también lo son con los subsidios de la LISMI, respecto de los cuales el interesado opta. La pensión de invalidez no contributiva es incompatible con la asignación económica por hijo a cargo cuando el beneficiario de ésta sea el propio hijo con discapacidad mayor de dieciocho años.

Otras prestaciones asistenciales: LISMI, SOVI

Junto a las pensiones no contributivas persisten, a extinguir, prestaciones asistenciales anteriores: los subsidios de la Ley 13/1982 de integración social de los minusválidos (LISMI), consistentes en el subsidio de garantía de ingresos mínimos, el subsidio por ayuda de tercera persona y el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte, que ya no se reconocen a nuevos solicitantes pero se mantienen a quienes los tenían a la entrada en vigor de la Ley 26/1990; y las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que protegen a quienes cotizaron antes de 1967 sin reunir los requisitos de las pensiones contributivas actuales.

Asistencia sanitaria y servicios sociales de los pensionistas no contributivos

Los beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez tienen derecho a la asistencia médico-farmacéutica gratuita y a los servicios sociales que, para los pensionistas de estas características, tengan establecidos o puedan establecer las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, así como el IMSERSO en el ámbito de las suyas (servicios de información, atención y reinserción social para personas mayores o con discapacidad).

Infracciones y sanciones en materia de prestaciones no contributivas y asistenciales

El incumplimiento por los beneficiarios de las obligaciones establecidas para el mantenimiento del derecho a las prestaciones no contributivas, familiares o del IMV (en particular, la ocultación de datos o la falta de comunicación de cambios de circunstancias que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción) se tipifica como infracción en la LISOS, con sanciones que incluyen la pérdida de la prestación por un periodo determinado, sin perjuicio de la obligación de reintegro de lo percibido indebidamente.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • IMV: regulado por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre (antes RDL 20/2020); prestación no contributiva de la Seguridad Social; gestión del INSS (País Vasco y Navarra, por sus regímenes forales).
  • IMV: residencia legal y efectiva de un año; diferencia de al menos 10 euros respecto de la renta garantizada; patrimonio inferior a tres veces la renta garantizada anual en el hogar unipersonal.
  • Renta garantizada: 100 % de la PNC anual /12 (658,81 euros mensuales en 2025); +30 % por adulto adicional, +22 % por menor, máximo del 220 %.
  • Cuantía del IMV = renta garantizada menos rentas e ingresos del ejercicio anterior; carácter indefinido mientras subsistan los requisitos.
  • PNC de jubilación: 65 años; 10 años de residencia entre los 16 años y el devengo, 2 consecutivos inmediatamente anteriores.
  • PNC de invalidez: de 18 a 64 años; discapacidad o enfermedad crónica igual o superior al 65 %; 5 años de residencia, 2 consecutivos inmediatamente anteriores; incremento del 50 % si el grado es igual o superior al 75 % y precisa tercera persona.
  • La PNC íntegra equivale a la renta garantizada del IMV para un adulto; la cuantía mínima de la PNC es el 25 % de la íntegra.
  • Prestaciones familiares contributivas = periodos asimilados a cotizados (112 días por parto, 270 días por interrupción de cotización, excedencia de hasta tres años por hijo); no confundir con las no contributivas, que son prestaciones económicas.
  • Prestaciones familiares no contributivas: asignación por hijo, pago único por nacimiento en familias numerosas/monoparentales/con discapacidad, y parto o adopción múltiples.
  • Gestión de PNC: IMSERSO en Ceuta y Melilla y Comunidades Autónomas con traspasos; financiación íntegra del Estado.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 110 aciertos

El Ingreso Mínimo Vital se regula actualmente en:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 12 de Administrativo Seguridad Social?

Frente al nivel contributivo, financiado con cotizaciones y proporcional al esfuerzo previo del beneficiario, el sistema de Seguridad Social incorpora un nivel no contributivo y asistencial, financiado con aportaciones del Estado, dirigido a garantizar unos ingresos mínimos a quienes se encuentran en situación de necesidad con independencia de su historial de cotización (art. 41 de la Constitución). Este nivel comprende el Ingreso Mínimo Vital (Ley 19/2021, de 20 de diciembre), las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez (arts. 363 y siguientes del TRLGSS, creadas por la Ley 26/1990) y las prestaciones familiares no contributivas. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado por el Real Decreto-ley 20/2020 y sustituido por la Ley 19/2021, es una prestación económica de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de renta a personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica, con carácter indefinido mientras subsistan los requisitos y gestión a cargo del INSS. Las pensiones no contributivas protegen a mayores de 65 años y a personas con discapacidad igual o superior al 65 por ciento que carecen de recursos. Las prestaciones familiares en modalidad contributiva consisten en beneficios por cuidado de hijos (cotizaciones asimiladas), mientras que las no contributivas son prestaciones económicas con requisitos de residencia y, en general, de ingresos. El tema exige dominar requisitos de edad, residencia y discapacidad, la cuantía como diferencia entre renta garantizada y rentas, y la distinción entre prestaciones contributivas y no contributivas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?

IMV: regulado por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre (antes RDL 20/2020); prestación no contributiva de la Seguridad Social; gestión del INSS (País Vasco y Navarra, por sus regímenes forales). IMV: residencia legal y efectiva de un año; diferencia de al menos 10 euros respecto de la renta garantizada; patrimonio inferior a tres veces la renta garantizada anual en el hogar unipersonal. Renta garantizada: 100 % de la PNC anual /12 (658,81 euros mensuales en 2025); +30 % por adulto adicional, +22 % por menor, máximo del 220 %. Cuantía del IMV = renta garantizada menos rentas e ingresos del ejercicio anterior; carácter indefinido mientras subsistan los requisitos. PNC de jubilación: 65 años; 10 años de residencia entre los 16 años y el devengo, 2 consecutivos inmediatamente anteriores. PNC de invalidez: de 18 a 64 años; discapacidad o enfermedad crónica igual o superior al 65 %; 5 años de residencia, 2 consecutivos inmediatamente anteriores; incremento del 50 % si el grado es igual o superior al 75 % y precisa tercera persona. La PNC íntegra equivale a la renta garantizada del IMV para un adulto; la cuantía mínima de la PNC es el 25 % de la íntegra. Prestaciones familiares contributivas = periodos asimilados a cotizados (112 días por parto, 270 días por interrupción de cotización, excedencia de hasta tres años por hijo); no confundir con las no contributivas, que son prestaciones económicas. Prestaciones familiares no contributivas: asignación por hijo, pago único por nacimiento en familias numerosas/monoparentales/con discapacidad, y parto o adopción múltiples. Gestión de PNC: IMSERSO en Ceuta y Melilla y Comunidades Autónomas con traspasos; financiación íntegra del Estado.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital
  • Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (derogado por la Ley 19/2021)
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (arts. 55, 235 a 237, 351 y ss. y 363 y ss.)
  • Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas
  • Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990
  • Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
  • Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (en lo vigente)

Mientras tanto, practica con tests gratis de Administrativo Seguridad Social.

Empieza gratis ahora