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Tema 23. El funcionamiento electrónico del sector público. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, registros y archivo electrónico.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (cuyo Capítulo V del Título Preliminar, arts. 38 a 46, regula el funcionamiento electrónico del sector público), configuran una Administración electrónica por defecto: la tramitación electrónica no es una opción, sino la forma habitual de actuar de las Administraciones Públicas, tanto en sus relaciones internas como con los ciudadanos. Se completan con el Real Decreto 203/2021, que aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. La Administración de la Seguridad Social ha sido una de las más avanzadas en este ámbito, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y del Sistema RED para empresas. El conocimiento de este tema es imprescindible para el desempeño diario del puesto de Administrativo, centrado en buena medida en la tramitación electrónica de expedientes.

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Marco normativo del funcionamiento electrónico

La Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPAC), regula los derechos y obligaciones de los interesados en el uso de medios electrónicos, el registro electrónico, el archivo, los documentos y las notificaciones electrónicas. La Ley 40/2015, de 1 de octubre (LRJSP), regula en los artículos 38 a 46 el funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica, portal de internet, sistemas de identificación y firma de las Administraciones, actuación administrativa automatizada, firma del personal, intercambio de datos y archivo electrónico de documentos. El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, desarrolla ambas leyes en materia de sedes, registros, notificaciones, copias, expediente y archivo. El artículo 3.2 LRJSP establece que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes a través de medios electrónicos.

Derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones

Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento (art. 14.1 LPAC). Las Administraciones deben garantizar este derecho (art. 12 y 13), prestando asistencia en el uso de medios electrónicos a quienes lo requieran, para lo que existen las oficinas de asistencia en materia de registros.

Obligación de relacionarse electrónicamente: sujetos obligados

Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, como mínimo (art. 14.2 LPAC): las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional; quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse por medios electrónicos para determinados colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios (art. 14.3).

Identificación y firma electrónica de los interesados

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, de sello electrónico, o a través de sistemas de clave concertada u otros sistemas que las Administraciones consideren válidos (art. 9 LPAC), como el sistema Cl@ve. Para la firma se admiten los certificados electrónicos cualificados de firma, los de sello y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido (art. 10). Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad; la firma solo será obligatoria para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos (art. 11). Si el interesado no dispone de medios, un funcionario habilitado podrá identificarse o firmar en su nombre, con su consentimiento expreso, constando en un registro (art. 12).

El Sistema RED en el ámbito de la Seguridad Social

El Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED) es el cauce a través del cual las empresas y sus autorizados están obligados a relacionarse con la Tesorería General de la Seguridad Social para el cumplimiento de las obligaciones de afiliación, cotización y liquidación de cuotas, en aplicación de la obligación de relación electrónica establecida por la normativa general y específica de Seguridad Social (Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social). Permite a los autorizados RED actuar por cuenta de las empresas mediante un sistema de autorizaciones y certificados.

La sede electrónica y la Sede Electrónica de la Seguridad Social

La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias (art. 38.1 LRJSP). Su creación se sujeta a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad, y debe garantizarse la identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas (art. 38.3). La Sede Electrónica de la Seguridad Social (sede.seg-social.gob.es) permite acceder a los servicios y trámites de las entidades gestoras y servicios comunes. Las sedes deben garantizar la seguridad, integridad y actualización de la información, y la fecha y hora oficial figurará de modo visible.

Registro electrónico general y oficinas de asistencia en materia de registros

Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente a estos (art. 16.1 LPAC). Los documentos pueden presentarse en el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros, y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes (art. 16.4). Los documentos presentados de manera presencial deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros, devolviéndose el original al interesado. Los registros electrónicos permiten la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas del día (art. 31).

Interoperabilidad de los registros

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros (art. 16.3 LPAC). Se garantiza así que el ciudadano presente su solicitud en cualquier registro con independencia de la Administración destinataria. Estos registros se basan en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR).

Cómputo de plazos en los registros electrónicos

El registro electrónico de cada Administración se regirá, a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible (art. 31.2 LPAC). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo. Cada sede electrónica determinará los días que se considerarán inhábiles, y este será el único calendario de días inhábiles aplicable para el cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que sea de aplicación el calendario del municipio del domicilio del interesado. La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil (art. 31.3).

Archivo electrónico único

Cada Administración Pública deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable (art. 17 LPAC). Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión; se asegurará la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad conformes con el Esquema Nacional de Seguridad. El artículo 46 LRJSP dispone que todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando ello no sea posible.

Documento electrónico administrativo y expediente electrónico

Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas (art. 26 LPAC). Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado; disponer de los datos de identificación que permitan su individualización; incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos; incorporar los metadatos mínimos exigidos; e incorporar las firmas electrónicas que correspondan. El expediente administrativo se formará por el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirvan de antecedente y fundamento a la resolución, y el expediente electrónico se foliará mediante un índice electrónico firmado (art. 70).

Copias auténticas

Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando medios electrónicos, de documentos electrónicos emitidos por ellas mismas o por los particulares, tendrán la consideración de copias auténticas siempre que el documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración y la información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento (art. 27.2 LPAC). Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en ellas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación (código seguro de verificación) que permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración (art. 27.3.c). Las copias electrónicas de documentos en papel (digitalización) requieren que se haga con garantías de autenticidad, integridad y conservación, y con los metadatos adecuados.

Notificaciones electrónicas

Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (art. 41.1 LPAC). Se practican mediante comparecencia en la sede electrónica o en la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú), o ambos sistemas (art. 43.1). Se entienden practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido; cuando la notificación electrónica sea obligatoria o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido (art. 43.2), con los efectos de haberse intentado y finalizado el trámite (art. 41.5). El interesado puede recibir avisos de la puesta a disposición en su dispositivo electrónico o dirección de correo, sin que la falta de aviso afecte a la validez de la notificación (art. 41.6).

Registro electrónico de apoderamientos

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse los de carácter general otorgados apud acta, presencialmente o por comparecencia electrónica en la sede electrónica, para actuar en su nombre ante las Administraciones (art. 6 LPAC). Pueden otorgarse poderes generales (para cualquier actuación), especiales para determinados procedimientos, y para la realización de determinados trámites. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción; en cualquier momento antes de su finalización, el poderdante podrá revocarlo o prorrogarlo por otros cinco años.

Firma electrónica y sistemas de identificación de las Administraciones

Las Administraciones podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica (art. 40 LRJSP). En la actuación administrativa automatizada, cada Administración podrá determinar los supuestos de utilización de sello electrónico de órgano o entidad, basado en un certificado cualificado, y de código seguro de verificación vinculado a la Administración, que permite comprobar la integridad del documento mediante acceso a la sede electrónica (art. 42). El personal al servicio de las Administraciones se identifica y firma mediante los sistemas que cada Administración determine, que podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo y a la Administración en la que presta servicios, en particular mediante el certificado de empleado público (art. 43). El Reglamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS), modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183, y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, completan el régimen.

Actuación administrativa automatizada

Se entiende por actuación administrativa automatizada cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público (art. 41 LRJSP). En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Interoperabilidad en el sector público

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad (art. 156 LRJSP). Se desarrolla mediante las Normas Técnicas de Interoperabilidad (por ejemplo, sobre documento electrónico, expediente electrónico, digitalización de documentos y copiado auténtico). Es clave en la Seguridad Social para cruzar datos con otras entidades (Agencia Tributaria, servicios públicos de empleo) y evitar pedir al ciudadano documentos que la Administración ya tiene.

Esquema Nacional de Seguridad

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la Ley 40/2015, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permiten una protección adecuada de la información. Está regulado en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que sustituyó al Real Decreto 3/2010. Se aplica a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y exige categorizar los sistemas según el impacto (básica, media y alta) y contar con una política de seguridad. Se relaciona con la protección de datos personales, cuyo reglamento exige a las Administraciones aplicar las medidas del ENS.

El principio de una sola vez (once only)

El derecho de los interesados a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración (art. 28.2 LPAC) se sustenta en el principio de «una sola vez». La Administración podrá consultar o recabar esos documentos salvo que el interesado se oponga, o que la ley exija consentimiento expreso. Este principio es de especial relevancia práctica en la tramitación de prestaciones de Seguridad Social que requieren datos obrantes en la Agencia Tributaria o en los servicios públicos de empleo.

Intercambio electrónico en la gestión de la incapacidad temporal

La gestión de las prestaciones por incapacidad temporal exige un intercambio constante de información entre los servicios públicos de salud, las mutuas colaboradoras y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, apoyado en sistemas de información electrónicos que agilizan la comunicación de los partes de baja, confirmación y alta, de acuerdo con el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, que regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal.

Transformación digital y atención multicanal

La estrategia de transformación digital de la Administración de la Seguridad Social combina la atención electrónica (Sede Electrónica, aplicación para móviles «Tu Seguridad Social»), la atención telefónica y la atención presencial en un modelo multicanal, de forma que el ciudadano pueda elegir en cada momento el canal que mejor se adapte a sus necesidades, sin que ningún canal resulte excluyente de los demás.

Firma electrónica de empleados públicos

El personal al servicio de las Administraciones Públicas dispone habitualmente de un certificado electrónico de empleado público, distinto del certificado personal del ciudadano, para la firma de documentos y actuaciones en el ejercicio de sus funciones (art. 43 LRJSP). Es una herramienta de uso habitual para el personal del Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social en la tramitación electrónica de expedientes.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Las personas físicas pueden elegir si se relacionan electrónicamente, salvo que estén obligadas; pueden cambiar de medio en cualquier momento (art. 14.1 LPAC).
  • Obligados a la relación electrónica (art. 14.2): personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiación obligatoria, representantes de obligados y empleados públicos.
  • Los registros electrónicos funcionan 24 horas todos los días del año; el cómputo se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica.
  • Solo rige el calendario de días inhábiles de la sede; la presentación en día inhábil se entiende hecha en la primera hora del primer día hábil siguiente.
  • Notificación electrónica obligatoria o elegida: se entiende rechazada a los diez días naturales sin acceder a su contenido.
  • Los apoderamientos inscritos en el registro electrónico tienen una validez máxima de cinco años, prorrogable por otros cinco.
  • El archivo electrónico único guarda los documentos de los procedimientos finalizados (art. 17 LPAC).
  • Las copias en papel de documentos electrónicos llevan código seguro de verificación; las copias electrónicas auténticas exigen que el original esté en poder de la Administración.
  • Funcionamiento electrónico del sector público: arts. 38 a 46 de la Ley 40/2015. ENI: RD 4/2010. ENS: RD 311/2022 (sustituyó al RD 3/2010).
  • El Sistema RED se regula en la Orden ESS/484/2013 y es el cauce obligatorio de las empresas con la TGSS.
  • La firma del interesado solo es obligatoria para solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias.
  • Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos: Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
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Una notificación electrónica obligatoria se entiende rechazada cuando transcurran, sin acceder a su contenido:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 23 de Administrativo Seguridad Social?

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (cuyo Capítulo V del Título Preliminar, arts. 38 a 46, regula el funcionamiento electrónico del sector público), configuran una Administración electrónica por defecto: la tramitación electrónica no es una opción, sino la forma habitual de actuar de las Administraciones Públicas, tanto en sus relaciones internas como con los ciudadanos. Se completan con el Real Decreto 203/2021, que aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. La Administración de la Seguridad Social ha sido una de las más avanzadas en este ámbito, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y del Sistema RED para empresas. El conocimiento de este tema es imprescindible para el desempeño diario del puesto de Administrativo, centrado en buena medida en la tramitación electrónica de expedientes.

¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?

Las personas físicas pueden elegir si se relacionan electrónicamente, salvo que estén obligadas; pueden cambiar de medio en cualquier momento (art. 14.1 LPAC). Obligados a la relación electrónica (art. 14.2): personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiación obligatoria, representantes de obligados y empleados públicos. Los registros electrónicos funcionan 24 horas todos los días del año; el cómputo se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica. Solo rige el calendario de días inhábiles de la sede; la presentación en día inhábil se entiende hecha en la primera hora del primer día hábil siguiente. Notificación electrónica obligatoria o elegida: se entiende rechazada a los diez días naturales sin acceder a su contenido. Los apoderamientos inscritos en el registro electrónico tienen una validez máxima de cinco años, prorrogable por otros cinco. El archivo electrónico único guarda los documentos de los procedimientos finalizados (art. 17 LPAC). Las copias en papel de documentos electrónicos llevan código seguro de verificación; las copias electrónicas auténticas exigen que el original esté en poder de la Administración. Funcionamiento electrónico del sector público: arts. 38 a 46 de la Ley 40/2015. ENI: RD 4/2010. ENS: RD 311/2022 (sustituyó al RD 3/2010). El Sistema RED se regula en la Orden ESS/484/2013 y es el cauce obligatorio de las empresas con la TGSS. La firma del interesado solo es obligatoria para solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias. Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos: Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 6, 9 a 14, 16, 17, 26 a 28, 31, 41, 43 y 70)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 3, 38 a 46 y 156)
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
  • Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
  • Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social
  • Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
  • Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal

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