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Tema 16. El procedimiento administrativo común. La capacidad de obrar y el concepto de interesado. Representación. Identificación y firma de los interesados. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Obligación de resolver y silencio administrativo. Términos y plazos.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula de forma unificada los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, los elementos y garantías básicas del procedimiento administrativo, así como su tramitación electrónica, sustituyendo a la anterior Ley 30/1992. Es la norma procedimental de referencia de toda la actuación administrativa, incluida la de las entidades gestoras de la Seguridad Social en la tramitación de solicitudes de prestaciones, aunque en esta materia se aplica supletoriamente respecto de la normativa específica (disposición adicional primera). El tema comprende la capacidad de obrar, el concepto de interesado, la representación, la identificación y firma, los derechos del interesado, la obligación de resolver, el silencio administrativo y el cómputo de términos y plazos. El silencio administrativo y los plazos de tramitación son especialmente relevantes en materia de Seguridad Social, donde afectan directamente a los ciudadanos que solicitan pensiones y prestaciones.

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Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 39/2015

La Ley 39/2015 regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art. 1). Se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional, formado por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes en cuanto ejerzan potestades administrativas, y las Universidades públicas (art. 2). Son Administraciones Públicas la AGE, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos públicos y entidades de derecho público del art. 2.2.a) (art. 2.3). Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se incluyen en este ámbito.

Especialidades por razón de la materia: Seguridad Social

Los procedimientos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en la Ley, o regulen trámites adicionales o distintos, se regirán respecto a estos por lo dispuesto en dichas leyes especiales (disposición adicional primera, apartado 1). Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo se rigen por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 39/2015 (disposición adicional primera, apartado 2). Esta regla de especialidad explica que muchos plazos y efectos del silencio en prestaciones de Seguridad Social se fijen en normas propias.

Capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas

Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas las personas físicas y jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles; los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, con la salvedad que el propio precepto establece para los supuestos en que la limitación de la capacidad afecte al ejercicio y defensa de los derechos de que se trate; y, cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos (art. 3 LPAC).

Concepto de interesado

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; c) aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva (art. 4.1 LPAC). Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca (art. 4.2). Cuando la condición de interesado derive de una relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento (art. 4.3). Un ejemplo en Seguridad Social es la sucesión de los beneficiarios en pensiones de supervivencia.

Pluralidad de interesados

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término. Esta regla evita la duplicación de notificaciones y simplifica la tramitación.

La representación

Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado (art. 5.1 LPAC). Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas (art. 5.2). Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado; para los actos y gestiones de mero trámite se presume aquella representación (art. 5.3). La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro de un plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran (art. 5.6). La representación puede acreditarse mediante apoderamiento apud acta, por comparecencia personal o electrónica en la sede electrónica, o mediante la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos (art. 5.4), y las Administraciones pueden habilitar a personas físicas o jurídicas para realizar transacciones electrónicas en representación de los interesados, como ocurre con el Sistema RED de la Seguridad Social (art. 5.7).

Registros electrónicos de apoderamientos

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas (art. 6.1 LPAC). Los poderes inscritos tienen una validez máxima de cinco años desde la inscripción, pudiendo revocarse o prorrogarse en los dos últimos meses previos a la finalización (art. 6.4). Los apoderamientos pueden ser generales para cualquier actuación, especiales para determinados procedimientos y para un solo trámite.

Identificación de los interesados

Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social que consten en el documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente (art. 9.1 LPAC). Los interesados pueden identificarse electrónicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica o de sello electrónico, sistemas de clave concertada (Cl@ve) y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido en los términos que se establezcan (art. 9.2).

Firma de los interesados

Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley (art. 11.1 LPAC). Las Administraciones solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos (art. 11.2). Los sistemas de firma admitidos incluyen los basados en certificados electrónicos cualificados de firma, los de sello electrónico y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido (art. 10). Si el interesado carece de medios electrónicos puede ser identificado o firmar por un funcionario público habilitado (art. 12.2).

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente

Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos (art. 14.1 LPAC). Están obligados, en todo caso: las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones en ejercicio de dicha actividad; quienes representen a un interesado obligado; y los empleados de las Administraciones para los trámites que realicen con ellas por razón de su condición (art. 14.2). Reglamentariamente puede extenderse a determinados colectivos de personas físicas en atención a su capacidad económica, técnica o dedicación profesional (art. 14.3). En la Seguridad Social, el Sistema RED y los medios de la sede electrónica son obligatorios para empresas y para determinados colectivos.

Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas tienen los siguientes derechos (art. 13 LPAC): comunicarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley de Transparencia; ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos; exigir responsabilidades de las Administraciones y autoridades cuando legalmente corresponda; obtener y utilizar medios de identificación y firma electrónica; protección de sus datos personales; y cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Derechos del interesado en el procedimiento administrativo (art. 53)

Además de los derechos del artículo 13, quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho (art. 53.1 LPAC) a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente para la instrucción y la resolución y los actos de trámite dictados, así como a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento; a identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramite; a no presentar documentos originales salvo excepción y, si deben hacerlo, a obtener copia autenticada; a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento, que ya se encuentren en poder de las Administraciones o hayan sido elaborados por estas; a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia, que serán tenidos en cuenta al redactar la propuesta de resolución; a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos exigibles; y a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente. En los procedimientos sancionadores gozan además de los derechos a ser notificados de los hechos que se imputan, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que se les puedan imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para sancionar y de la norma que atribuya tal competencia, y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario (art. 53.2).

Derecho a no aportar documentos ya presentados

Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, pudiendo la Administración actuante consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera (art. 28.2 LPAC). Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario (art. 28.3). Estas reglas son de especial aplicación en Seguridad Social, donde la Administración dispone de bases de datos propias (vida laboral, bases de cotización) y de convenios de intercambio de datos con otras Administraciones.

Registros y lugares de presentación

Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba (art. 16 LPAC). Los documentos dirigidos a las Administraciones podrán presentarse en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan y en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del artículo 2.1; en las oficinas de Correos; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; en las oficinas de asistencia en materia de registros; y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes (art. 16.4). Las personas obligadas a relacionarse electrónicamente deben presentar sus solicitudes por vía electrónica; si lo hacen presencialmente se les requerirá para que subsanen mediante presentación electrónica (art. 68.4).

Términos y plazos: obligatoriedad y cómputo por horas y días

Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos (art. 29 LPAC). Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, los plazos señalados por horas se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto y no pueden exceder de veinticuatro horas, en cuyo caso se expresan en días (art. 30.1). Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos (art. 30.2); el mes de agosto es hábil en el procedimiento administrativo. Los plazos expresados en días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo (art. 30.3). Si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente (art. 30.5).

Cómputo de plazos señalados por meses o años

Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, y el plazo concluye el mismo día en que se produjo la notificación en el mes o el año de vencimiento; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entenderá que el plazo expira el último día del mes (art. 30.4 LPAC).

Cómputo de plazos en los registros electrónicos

El registro electrónico se rige, a efectos del cómputo de plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que debe contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad. Permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas del día. A efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles o naturales y para el cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil (art. 31 LPAC).

Ampliación de plazos y tramitación de urgencia

La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. La petición de los interesados y la decisión sobre la ampliación deberán producirse antes del vencimiento del plazo, no podrá ampliarse un plazo ya vencido y los acuerdos sobre ampliación de plazos o su denegación no son susceptibles de recurso (art. 32 LPAC). Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar la tramitación de urgencia, por la cual se reducen a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos; no cabe recurso contra el acuerdo que declare la tramitación de urgencia ni contra su denegación, sin perjuicio del recurso contra la resolución final (art. 33).

Obligación de resolver

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración (art. 21.1 LPAC). Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones que tengan a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos son responsables directos de su tramitación (art. 20).

Plazo máximo para resolver y su cómputo

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea (art. 21.2 LPAC). Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses (art. 21.3). El plazo se cuenta, en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación, y en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. En todo caso, se comunicará al interesado, en el plazo de diez días desde la recepción de la solicitud, el plazo máximo para resolver y notificar y los efectos del silencio administrativo (art. 21.4).

Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado: regla general

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario (art. 24.1 LPAC). Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. La estimación por silencio tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento; la desestimación tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso procedente (art. 24.2).

Silencio administrativo negativo: excepciones a la regla general

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución; aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público; los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, y los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (art. 24.1 LPAC). No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud, se entenderá estimado si llegado el plazo de resolución el órgano competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas anteriormente (silencio positivo en alzada).

Régimen de la resolución expresa posterior al silencio

La obligación de resolver tras producirse el silencio se rige por estas reglas (art. 24.3 LPAC): en los casos de estimación por silencio, la resolución expresa posterior solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo; en los casos de desestimación por silencio, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. Los actos producidos por silencio administrativo pueden hacerse valer ante la Administración y ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo (art. 24.4).

Silencio administrativo en materia de prestaciones de Seguridad Social

En materia de prestaciones económicas de la Seguridad Social, la propia LGSS y sus normas reglamentarias de desarrollo establecen, para determinados procedimientos, el sentido -estimatorio o desestimatorio- del silencio administrativo transcurrido el plazo máximo de resolución, previsión especial que prevalece sobre la regla general de la Ley 39/2015 en aplicación del principio de especialidad normativa.

Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración de la obligación legal de resolver, pero produce efectos: si de ellos pudiera derivarse el reconocimiento de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio; si la Administración ejercita potestades sancionadoras o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad, con archivo de las actuaciones (art. 25.1 LPAC).

Suspensión del plazo máximo para resolver

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender, entre otros casos, cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento; cuando deban solicitarse informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, sin que la suspensión pueda exceder de tres meses; cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante su ejecución; y cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio (art. 22 LPAC).

Ampliación del plazo máximo para resolver

Agotados todos los medios personales y materiales disponibles, la Administración podrá acordar de forma motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, que no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno (art. 23 LPAC).

Certificación de actos presuntos

Los actos administrativos producidos por silencio podrán hacerse valer ante cualquier persona; su existencia puede acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver; sin perjuicio de ello, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo de quince días desde dicha petición (art. 24.4 LPAC). La obligación de resolver persiste tras el vencimiento del plazo.

Silencio y reclamación previa en prestaciones de Seguridad Social

En materia de prestaciones de Seguridad Social, transcurrido el plazo máximo sin resolución expresa, el interesado puede considerar producido el silencio con el sentido que fije la normativa específica y, antes de acudir al orden jurisdiccional social, debe formular reclamación previa, que sustituye a los recursos administrativos ordinarios en este ámbito (arts. 69 a 71 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social), cuestión que se desarrolla en el tema 18.

Derecho a formular alegaciones en el procedimiento

Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución (art. 76 LPAC), garantía procedimental básica del principio de contradicción en el procedimiento administrativo.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Plazo máximo para resolver: el fijado por la norma del procedimiento, nunca más de seis meses salvo ley o Derecho de la UE; si la norma no fija plazo, tres meses (art. 21.2 y 21.3 LPAC). Se cuenta desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente, o desde el acuerdo de iniciación si es de oficio.
  • Silencio positivo como regla general en procedimientos a solicitud (art. 24.1). Silencio negativo: derecho de petición, transferencia de facultades de dominio público o servicio público, impugnación de actos y disposiciones, y responsabilidad patrimonial. En alzada contra desestimación presunta, la falta de resolución expresa produce silencio positivo.
  • Tras silencio positivo, la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria; tras silencio negativo, la Administración resuelve sin vinculación al sentido del silencio (art. 24.3).
  • Certificado de silencio: se expide de oficio en quince días desde que vence el plazo máximo, o a petición del interesado en cualquier momento (art. 24.4).
  • Plazos por días: hábiles (excluidos sábados, domingos y festivos); agosto es hábil en vía administrativa. Los meses y años se cuentan de fecha a fecha (art. 30). Si el último día es inhábil, se prorroga al primer hábil siguiente.
  • Ampliación de plazos: no más de la mitad del plazo, antes de que venza, sin perjudicar a terceros y sin recurso (art. 32). Tramitación de urgencia: reduce a la mitad los plazos, salvo presentación de solicitudes y recursos, sin recurso contra el acuerdo (art. 33).
  • Representación: para solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimiento y renuncia debe acreditarse por medio válido que deje constancia fidedigna; para actos de mero trámite se presume (art. 5.3). Subsanación de la falta de acreditación: diez días (art. 5.6). Poderes del registro de apoderamientos: validez máxima de cinco años (art. 6.4).
  • Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2): personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados obligatorios en el ejercicio de su actividad, representantes de obligados y empleados públicos por razón de su condición. Las personas físicas pueden elegir salvo obligación reglamentaria.
  • La firma solo se exige para solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia (art. 11.2). Para el resto basta la identificación.
  • Seguridad Social: la gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 39/2015 (DA 1.ª.2). Los plazos y el sentido del silencio de las prestaciones están en normas propias.
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Se consideran interesados en un procedimiento administrativo, entre otros:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 16 de Administrativo Seguridad Social?

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula de forma unificada los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, los elementos y garantías básicas del procedimiento administrativo, así como su tramitación electrónica, sustituyendo a la anterior Ley 30/1992. Es la norma procedimental de referencia de toda la actuación administrativa, incluida la de las entidades gestoras de la Seguridad Social en la tramitación de solicitudes de prestaciones, aunque en esta materia se aplica supletoriamente respecto de la normativa específica (disposición adicional primera). El tema comprende la capacidad de obrar, el concepto de interesado, la representación, la identificación y firma, los derechos del interesado, la obligación de resolver, el silencio administrativo y el cómputo de términos y plazos. El silencio administrativo y los plazos de tramitación son especialmente relevantes en materia de Seguridad Social, donde afectan directamente a los ciudadanos que solicitan pensiones y prestaciones.

¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?

Plazo máximo para resolver: el fijado por la norma del procedimiento, nunca más de seis meses salvo ley o Derecho de la UE; si la norma no fija plazo, tres meses (art. 21.2 y 21.3 LPAC). Se cuenta desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente, o desde el acuerdo de iniciación si es de oficio. Silencio positivo como regla general en procedimientos a solicitud (art. 24.1). Silencio negativo: derecho de petición, transferencia de facultades de dominio público o servicio público, impugnación de actos y disposiciones, y responsabilidad patrimonial. En alzada contra desestimación presunta, la falta de resolución expresa produce silencio positivo. Tras silencio positivo, la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria; tras silencio negativo, la Administración resuelve sin vinculación al sentido del silencio (art. 24.3). Certificado de silencio: se expide de oficio en quince días desde que vence el plazo máximo, o a petición del interesado en cualquier momento (art. 24.4). Plazos por días: hábiles (excluidos sábados, domingos y festivos); agosto es hábil en vía administrativa. Los meses y años se cuentan de fecha a fecha (art. 30). Si el último día es inhábil, se prorroga al primer hábil siguiente. Ampliación de plazos: no más de la mitad del plazo, antes de que venza, sin perjudicar a terceros y sin recurso (art. 32). Tramitación de urgencia: reduce a la mitad los plazos, salvo presentación de solicitudes y recursos, sin recurso contra el acuerdo (art. 33). Representación: para solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimiento y renuncia debe acreditarse por medio válido que deje constancia fidedigna; para actos de mero trámite se presume (art. 5.3). Subsanación de la falta de acreditación: diez días (art. 5.6). Poderes del registro de apoderamientos: validez máxima de cinco años (art. 6.4). Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2): personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados obligatorios en el ejercicio de su actividad, representantes de obligados y empleados públicos por razón de su condición. Las personas físicas pueden elegir salvo obligación reglamentaria. La firma solo se exige para solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia (art. 11.2). Para el resto basta la identificación. Seguridad Social: la gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 39/2015 (DA 1.ª.2). Los plazos y el sentido del silencio de las prestaciones están en normas propias.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 1 a 7, 9 a 14, 16, 20 a 25, 28 a 33, 53 y disposición adicional primera (BOE-A-2015-10565).
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566).
  • Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, arts. 69 a 71.
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
  • Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social.
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

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