Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).
El Tribunal Constitucional (TC), regulado en el Título IX de la Constitución (arts. 159 a 165) y desarrollado por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. Tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. No forma parte del Poder Judicial ordinario, aunque ejerce una función jurisdiccional de garantía constitucional.
Este tema suele preguntarse sobre la composición, el nombramiento de los magistrados, la legitimación para interponer recursos y el catálogo de competencias del artículo 161 CE y de la LOTC (inconstitucionalidad, amparo, conflictos, control previo de tratados).
Naturaleza y régimen jurídico del Tribunal Constitucional
Según el artículo 1 de la LO 2/1979, el TC, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Su sede es Madrid. Se rige por el Título IX de la CE, por la LOTC y por su Reglamento de Organización y Personal. El Tribunal tiene autonomía presupuestaria y reglamentaria: aprueba su propio presupuesto, que se integra en los Presupuestos Generales del Estado.
Composición del Tribunal Constitucional
El TC está compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1 CE).
Requisitos y mandato de los magistrados
Los magistrados deben ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional (art. 159.2 CE). Son designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres años (art. 159.3 CE). No pueden ser reelegidos de forma inmediata, salvo que hubieran ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años (art. 159.5 CE).
Independencia e inamovilidad de los magistrados
Los miembros del TC serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. La condición de miembro del Tribunal es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil (art. 159.4 CE). La LOTC regula las causas de cese: renuncia aceptada por el Presidente, expiración del plazo, incapacidad, incompatibilidad sobrevenida, falta grave a sus deberes y declaración de responsabilidad civil o condena penal, entre otras.
Presidencia del Tribunal Constitucional
El Presidente del TC es nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del propio Tribunal en pleno y por un período de tres años (art. 160 CE). El Tribunal elige igualmente a un Vicepresidente por el mismo plazo. El Presidente puede ser reelegido por una sola vez. En caso de empate, el voto del Presidente es de calidad.
Organización: Pleno, Salas y Secciones
El TC funciona en Pleno, en dos Salas y en Secciones. El Pleno está formado por todos los magistrados y lo preside el Presidente del Tribunal; las Salas, compuestas por seis magistrados cada una, conocen preferentemente de los recursos de amparo (la Sala Primera la preside el Presidente y la Segunda el Vicepresidente); las Secciones, de tres magistrados, deciden sobre la admisión de los recursos. El Pleno puede recabar para sí cualquier asunto de las Salas y resuelve, entre otros, los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, los conflictos de competencia y los conflictos entre órganos constitucionales.
Competencias del Tribunal Constitucional (art. 161 CE)
El artículo 161.1 CE atribuye al TC jurisdicción en todo el territorio español y competencia para conocer: a) del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; b) del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del artículo 53.2; c) de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí; y d) de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. El artículo 161.2 permite al Gobierno impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, con suspensión automática, que el Tribunal ratificará o levantará en un plazo no superior a cinco meses. El artículo 95.2 le atribuye el control previo de los tratados internacionales.
Recurso de inconstitucionalidad: legitimación
Están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados y 50 senadores, y, cuando la norma pueda afectar a su propio ámbito de autonomía, los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 162.1.a CE). Tiene por objeto las leyes, disposiciones normativas y actos con fuerza de ley, los tratados internacionales, los reglamentos de las Cámaras y los Estatutos de Autonomía.
Plazo y efectos del recurso de inconstitucionalidad
El recurso de inconstitucionalidad debe interponerse en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la norma impugnada. Este plazo puede ampliarse a nueve meses cuando el Presidente del Gobierno o los órganos autonómicos legitimados acuerden iniciar negociaciones en una Comisión Bilateral de Cooperación para resolver las discrepancias y lo comuniquen al Tribunal dentro de los tres primeros meses. La sentencia, publicada en el BOE con los votos particulares si los hubiere, tiene valor de cosa juzgada, vincula a todos los poderes públicos y produce efectos generales desde su publicación (art. 164 CE y art. 38 LOTC). La declaración de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley no permite revisar procesos fenecidos con fuerza de cosa juzgada en los que se hayan aplicado, salvo en los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que resulte una reducción de la pena o sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad (art. 40 LOTC).
La cuestión de inconstitucionalidad
Cuando un órgano judicial considera, en algún proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo puede ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el TC con arreglo a lo que disponga la ley, que en ningún caso será suspensiva de la vigencia de la norma cuestionada (art. 163 CE). La LOTC exige que el órgano judicial oiga previamente a las partes y al Ministerio Fiscal durante un plazo común de diez días, y que se plantee una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia. La cuestión de inconstitucionalidad se resuelve con los mismos efectos que el recurso directo. El proceso judicial queda suspendido provisionalmente hasta que el Tribunal se pronuncie sobre la admisión de la cuestión (art. 35.3 LOTC), y si la admite hasta que la resuelva.
El recurso de amparo ante el TC
El recurso de amparo protege a los ciudadanos frente a violaciones de los derechos y libertades del artículo 14 y de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, así como de la objeción de conciencia del artículo 30, originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o vías de hecho de los poderes públicos del Estado, de las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. Están legitimados toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b CE). Es un recurso subsidiario: exige haber agotado la vía judicial previa y haber invocado formalmente el derecho en el proceso, y debe justificar la especial trascendencia constitucional del recurso (LO 6/2007).
Los conflictos de competencia
El TC conoce de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí (conflictos positivos y negativos de competencia), y la sentencia declara la titularidad de la competencia controvertida. El conflicto positivo puede promoverlo el Gobierno o el órgano ejecutivo autonómico y exige previo requerimiento de incompetencia, salvo que se plantee directamente. Son también competencia del Tribunal los conflictos entre órganos constitucionales del Estado y los conflictos en defensa de la autonomía local, que pueden plantear municipios y provincias frente a leyes estatales o autonómicas que lesionen su autonomía constitucionalmente garantizada, con requisitos reforzados de legitimación.
El control previo de tratados internacionales
El TC puede pronunciarse, con carácter previo a la prestación del consentimiento, sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales, a requerimiento del Gobierno o de cualquiera de las Cámaras (art. 95.2 CE), mediante una declaración vinculante. Ha ejercido esta competencia en dos ocasiones: la Declaración 1/1992 (Tratado de Maastricht, que dio lugar a la reforma del art. 13.2 CE) y la Declaración 1/2004 (Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa).
Declaración de inconstitucionalidad por conexión
La LOTC permite que, cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad de una norma, se declare también la nulidad de aquellos otros preceptos de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia, aunque no hubieran sido impugnados directamente (art. 39.1 LOTC), cuando resulten inseparables del precepto anulado.
Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC)
El Título V de la Ley Orgánica 2/1979 regula la impugnación por el Gobierno, ante el TC, de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas (art. 161.2 CE). La impugnación produce la suspensión automática de la disposición impugnada, que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo máximo de cinco meses. La LO 15/2015 reforzó la ejecución de las resoluciones del Tribunal (multas coercitivas y suspensión de autoridades que incumplan).
Control previo en proyectos de Estatutos de Autonomía
La Ley Orgánica 12/2015 reintrodujo un recurso previo de inconstitucionalidad, limitado a proyectos de Estatutos de Autonomía y propuestas de reforma de los Estatutos de Autonomía, que pueden interponer el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo o 50 diputados o senadores, con efecto suspensivo. Este recurso, suprimido en 1985 para las leyes orgánicas, había desaparecido del ordenamiento español general.
Vinculación de las sentencias del TC
Las sentencias del TC se publican en el BOE con los votos particulares si los hubiere, tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas (art. 164.1 CE). Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad (art. 164.2 CE).
Diferencia entre nulidad e inconstitucionalidad declarada sin nulidad
El TC puede declarar la inconstitucionalidad de un precepto sin declarar su nulidad inmediata, difiriendo los efectos de la sentencia para permitir al legislador subsanar el defecto detectado (sentencias de mera inconstitucionalidad o de inconstitucionalidad sin nulidad), técnica empleada para evitar vacíos normativos de especial trascendencia. Existen además las sentencias interpretativas, que declaran que un precepto es constitucional siempre que se interprete en el sentido que el fallo señala.
El TC y el control de las leyes orgánicas y ordinarias
El control de constitucionalidad del TC se extiende a cualquier norma con rango o fuerza de ley: leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos-leyes, decretos legislativos, los Estatutos de Autonomía y los tratados internacionales, así como los Reglamentos de las Cámaras. No alcanza a los reglamentos, cuyo control corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE). Los decretos legislativos que excedan de la delegación legislativa pueden ser controlados también por la jurisdicción ordinaria (art. 82.6 CE).
Autocuestión de inconstitucionalidad en recursos de amparo
Si al resolver un recurso de amparo la Sala o las Secciones consideran que la ley aplicada lesiona derechos fundamentales y pudiera ser contraria a la Constitución, elevan la cuestión al Pleno, que resuelve mediante sentencia con los efectos propios de la declaración de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC).
El TC como órgano constitucional, no jurisdicción ordinaria
El TC no integra el Poder Judicial regulado en el Título VI CE ni es una instancia superior a los tribunales ordinarios: es un órgano constitucional autónomo, cuya función se limita a enjuiciar la constitucionalidad de normas y actos con relevancia constitucional, sin sustituir a los jueces y tribunales ordinarios en la interpretación de la legalidad ordinaria, aunque estos están vinculados por su doctrina (art. 5 LOPJ). Esta posición se resume en que el TC es juez de la ley, no de los jueces.
Recusación y abstención de los magistrados
Los magistrados del TC pueden ser recusados por las partes en un proceso constitucional por las causas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto resulten aplicables, y deben abstenerse cuando concurra alguna de dichas causas, garantizando así la imparcialidad del Tribunal en su función de control.
Conflictos entre órganos constitucionales
El TC resuelve los conflictos que puedan surgir entre el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial acerca de las atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren directamente a estos órganos, mecanismo dirigido a preservar el equilibrio institucional diseñado por la propia Constitución (arts. 73 a 75 LOTC).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
12 magistrados: 4 Congreso (3/5), 4 Senado (3/5), 2 Gobierno, 2 CGPJ. Nombrados por el Rey para 9 años; renovación por terceras partes cada 3 años.
Requisito: juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Reelección no inmediata (salvo mandato no superior a 3 años).
Presidente: nombrado por el Rey a propuesta del Pleno del TC, por 3 años.
Recurso de inconstitucionalidad: 3 meses (ampliable a 9 con Comisión Bilateral); legitimados Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y órganos de las CCAA (en su ámbito).
Amparo: art. 14, Sección 1ª y 30.2; legitimados persona con interés legítimo, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal; exige agotar vía judicial y especial trascendencia constitucional (LO 6/2007).
La cuestión de inconstitucionalidad solo puede plantearla un órgano judicial (art. 163 CE) y no suspende la vigencia de la norma cuestionada.
El TC no controla reglamentos: eso corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Control previo de tratados (art. 95.2): Declaración 1/1992 (Maastricht) y 1/2004 (Constitución Europea). No se pronunció sobre el Tratado de Lisboa. Error típico del test.
Art. 161.2: el Gobierno impugna disposiciones autonómicas con suspensión automática, que el TC ratifica o levanta en menos de 5 meses.
Las sentencias tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE, no cabe recurso contra ellas y las de inconstitucionalidad tienen efectos frente a todos.
Incompatibilidades del art. 159.4: mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partidos o sindicatos, carreras judicial y fiscal, actividad profesional o mercantil.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Sobre qué tratados internacionales se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en el ejercicio del control previo del art. 95.2 CE:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Administrativo Seguridad Social?
El Tribunal Constitucional (TC), regulado en el Título IX de la Constitución (arts. 159 a 165) y desarrollado por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. Tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. No forma parte del Poder Judicial ordinario, aunque ejerce una función jurisdiccional de garantía constitucional.
Este tema suele preguntarse sobre la composición, el nombramiento de los magistrados, la legitimación para interponer recursos y el catálogo de competencias del artículo 161 CE y de la LOTC (inconstitucionalidad, amparo, conflictos, control previo de tratados).
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
12 magistrados: 4 Congreso (3/5), 4 Senado (3/5), 2 Gobierno, 2 CGPJ. Nombrados por el Rey para 9 años; renovación por terceras partes cada 3 años. Requisito: juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Reelección no inmediata (salvo mandato no superior a 3 años). Presidente: nombrado por el Rey a propuesta del Pleno del TC, por 3 años. Recurso de inconstitucionalidad: 3 meses (ampliable a 9 con Comisión Bilateral); legitimados Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y órganos de las CCAA (en su ámbito). Amparo: art. 14, Sección 1ª y 30.2; legitimados persona con interés legítimo, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal; exige agotar vía judicial y especial trascendencia constitucional (LO 6/2007). La cuestión de inconstitucionalidad solo puede plantearla un órgano judicial (art. 163 CE) y no suspende la vigencia de la norma cuestionada. El TC no controla reglamentos: eso corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. Control previo de tratados (art. 95.2): Declaración 1/1992 (Maastricht) y 1/2004 (Constitución Europea). No se pronunció sobre el Tratado de Lisboa. Error típico del test. Art. 161.2: el Gobierno impugna disposiciones autonómicas con suspensión automática, que el TC ratifica o levanta en menos de 5 meses. Las sentencias tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE, no cabe recurso contra ellas y las de inconstitucionalidad tienen efectos frente a todos. Incompatibilidades del art. 159.4: mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partidos o sindicatos, carreras judicial y fiscal, actividad profesional o mercantil.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), Título IX (arts. 159 a 165), arts. 95.2, 106.1 y 163.
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de modificación de la LOTC.
Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de modificación de la LOTC en materia de recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de Estatutos de Autonomía.
Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de modificación de la LOTC para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Declaraciones del Tribunal Constitucional 1/1992 y 1/2004.
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