Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).
El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), configuran el marco jurídico vigente en materia de protección de datos personales, de aplicación directa a la Administración de la Seguridad Social en el tratamiento masivo de datos de afiliación, cotización y prestaciones que gestiona diariamente.
Es uno de los temas de mayor proyección práctica para el puesto de trabajo, dado el volumen y la sensibilidad de los datos personales tratados por el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, entre ellos datos de salud. Conviene dominar los principios del artículo 5 RGPD, las bases del artículo 6, los derechos de los artículos 15 a 22, los plazos de respuesta y el régimen especial de las Administraciones Públicas en la LOPDGDD.
La protección de datos se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), que lo adapta y complementa en el ordenamiento español y derogó la Ley Orgánica 15/1999, y por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, que traspone la Directiva (UE) 2016/680. El derecho fundamental a la protección de datos se reconoce en el artículo 18.4 de la Constitución y en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y el Tribunal Constitucional lo ha configurado como derecho autónomo (STC 292/2000).
Ámbito de aplicación del RGPD
El RGPD se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero (art. 2). No se aplica, entre otros, a los tratamientos efectuados por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas ni a los de las autoridades competentes con fines penales (regulados por la Directiva 2016/680). Entró en vigor en mayo de 2016 y es directamente aplicable en España desde el 25 de mayo de 2018 sin necesidad de transposición, por tratarse de un Reglamento de la Unión Europea. Tiene alcance territorial amplio: también afecta a responsables no establecidos en la Unión cuando ofrezcan bienes o servicios a interesados en ella (art. 3). Las personas fallecidas quedan fuera del RGPD, pero la LOPDGDD (art. 3) permite a sus herederos o personas vinculadas solicitar el acceso, rectificación o supresión, salvo prohibición expresa del fallecido o de la ley.
Concepto de dato personal y definiciones básicas
Se entiende por dato personal toda información sobre una persona física identificada o identificable (el interesado); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador como un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social (art. 4.1 RGPD). Tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales (recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión, etc.). Responsable es quien determina los fines y medios del tratamiento; encargado, quien trata datos por cuenta del responsable; destinatario, quien recibe datos; la seudonimización es el tratamiento que impide atribuir datos a un interesado sin información adicional; y consentimiento, toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca.
Categorías especiales de datos personales
Quedan prohibidos, salvo excepciones tasadas, el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud y datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual (art. 9 RGPD). Entre las excepciones figuran el consentimiento explícito, el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos en materia de Derecho laboral y de la seguridad y protección social, la protección de intereses vitales, la medicina preventiva o laboral, y el interés público esencial. Los datos de salud manejados en los expedientes de incapacidad temporal y permanente pertenecen a esta categoría. El tratamiento de datos relativos a condenas e infracciones penales se rige por el artículo 10 y, en España, por el artículo 10 LOPDGDD.
Principios relativos al tratamiento
Los datos personales serán tratados con arreglo a los principios del artículo 5.1 RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad (recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines); minimización de datos (adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario); exactitud (suprimir o rectificar sin dilación los inexactos); limitación del plazo de conservación (no más tiempo del necesario para los fines); e integridad y confidencialidad (seguridad adecuada, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidental). El artículo 5.2 añade el principio de responsabilidad proactiva (rendición de cuentas): el responsable debe cumplir estos principios y ser capaz de demostrarlo.
Bases jurídicas del tratamiento
El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las condiciones del artículo 6.1 RGPD: consentimiento del interesado; necesidad para la ejecución de un contrato; cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable; protección de intereses vitales; cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos; o satisfacción de intereses legítimos del responsable o de un tercero. La base del interés legítimo no es aplicable al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. La gestión de la Seguridad Social se ampara habitualmente en el cumplimiento de una obligación legal y en el ejercicio de poderes públicos, de modo que no necesita el consentimiento del interesado. La LOPDGDD exige que estas dos bases se establezcan por una norma con rango de ley (art. 8). Para el consentimiento de menores de edad, la LOPDGDD fija el límite en los catorce años (art. 7).
Transparencia e información al interesado
Cuando se obtengan datos personales del interesado, el responsable debe facilitarle, en el momento de la recogida, información sobre la identidad y datos de contacto del responsable y del delegado de protección de datos, los fines y la base jurídica del tratamiento, los destinatarios, el plazo de conservación y los derechos que le asisten (arts. 12 a 14 RGPD). La LOPDGDD (art. 11) admite el sistema de información por capas: una primera capa básica con los elementos esenciales y una segunda con la información adicional, accesible mediante un enlace o dirección electrónica.
Responsable, encargado y registro de actividades
El responsable debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme al RGPD (art. 24), así como la protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25). Cuando el tratamiento se realice por cuenta del responsable, este elegirá un encargado que ofrezca garantías suficientes y se regirá por un contrato u otro acto jurídico vinculante (art. 28). El responsable y el encargado llevarán un registro de las actividades de tratamiento (art. 30); en el caso de las Administraciones Públicas, la LOPDGDD (art. 31) exige que su inventario sea accesible por medios electrónicos. Deben aplicar medidas de seguridad adecuadas al riesgo (art. 32), que en el sector público se concretan en el Esquema Nacional de Seguridad.
El Delegado de Protección de Datos
Las autoridades y organismos públicos, entre ellos las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, están obligados a designar un Delegado de Protección de Datos (DPD), con la excepción de los órganos judiciales en ejercicio de su función (art. 37 RGPD). El DPD se designa atendiendo a sus cualidades profesionales y conocimientos especializados, actúa con independencia y no puede recibir instrucciones sobre el desempeño de sus funciones, y puede ser personal de la organización o externo. Sus funciones son informar y asesorar al responsable y al personal, supervisar el cumplimiento del RGPD, ofrecer asesoramiento sobre la evaluación de impacto y cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto con ella (art. 39). La LOPDGDD regula su designación, posición y función en los artículos 34 a 37.
Regla general sobre el ejercicio de los derechos
El responsable facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos y le responderá sin dilación indebida y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud; este plazo podrá prorrogarse otros dos meses si es necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes, informando al interesado de la prórroga y de los motivos en el plazo de un mes (art. 12.3 RGPD). La información y las actuaciones serán gratuitas; si las solicitudes son manifiestamente infundadas o excesivas, podrá cobrarse un canon razonable o negarse a actuar (art. 12.5). Si el responsable no da curso a la solicitud, informará al interesado sin dilación y a más tardar en un mes de las razones y de la posibilidad de reclamar ante la autoridad de control y de ejercer acciones judiciales (art. 12.4). El responsable puede pedir información adicional para confirmar la identidad del solicitante. La LOPDGDD desarrolla este régimen en los artículos 12 a 18.
El derecho de acceso
El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a determinada información adicional sobre el tratamiento: fines, categorías de datos, destinatarios, plazo de conservación, existencia de los demás derechos, derecho a reclamar ante la autoridad de control, origen de los datos y existencia de decisiones automatizadas (art. 15 RGPD). El responsable facilitará una copia de los datos objeto de tratamiento; por cualquier otra copia solicitada podrá percibir un canon razonable basado en los costes administrativos. El derecho no debe afectar negativamente a los derechos y libertades de otros.
Los derechos de rectificación y de supresión
El interesado tiene derecho a obtener sin dilación indebida la rectificación de los datos personales inexactos y a que se completen los incompletos (art. 16 RGPD). Tiene también derecho a la supresión («derecho al olvido») cuando los datos ya no sean necesarios, retire el consentimiento, se oponga al tratamiento, los datos se hayan tratado ilícitamente, deban suprimirse por obligación legal o se hayan obtenido en relación con servicios de la sociedad de la información ofrecidos a menores (art. 17). Este derecho queda excluido cuando el tratamiento sea necesario para ejercer la libertad de expresión e información, para cumplir una obligación legal o una misión de interés público, por razones de salud pública, con fines de archivo, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, como ocurre con buena parte de los datos gestionados por la Seguridad Social. El responsable debe comunicar la rectificación, supresión o limitación a cada destinatario al que hubiera comunicado los datos, salvo que resulte imposible (art. 19).
Los derechos de limitación, portabilidad y oposición
La limitación del tratamiento (art. 18 RGPD) procede cuando el interesado impugna la exactitud de los datos, el tratamiento es ilícito y el interesado se opone a su supresión, el responsable ya no necesita los datos pero el interesado los necesita para reclamaciones, o el interesado se ha opuesto mientras se verifica si prevalecen los motivos legítimos del responsable; los datos limitados solo podrán ser tratados, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para reclamaciones. La portabilidad (art. 20) permite recibir los datos que el interesado haya facilitado en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y transmitirlos a otro responsable, siempre que el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato y se efectúe por medios automatizados; no se aplica al tratamiento necesario para una misión de interés público. El derecho de oposición (art. 21) permite oponerse, por motivos relacionados con su situación particular, a un tratamiento basado en el interés público, el ejercicio de poderes públicos o el interés legítimo, salvo que el responsable acredite motivos legítimos imperiosos; frente al marketing directo la oposición es absoluta.
Decisiones individuales automatizadas
Todo interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar (art. 22 RGPD), salvo que sea necesaria para un contrato, esté autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros con medidas adecuadas, o se base en el consentimiento explícito. Es relevante para la actuación administrativa automatizada y para el uso de algoritmos en la tramitación de prestaciones, y exige garantizar, como mínimo, el derecho a obtener intervención humana, expresar su punto de vista e impugnar la decisión.
Ejercicio de los derechos ante la Administración de la Seguridad Social
Los interesados pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición ante la Administración de la Seguridad Social a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o presencialmente en las Direcciones Provinciales y CAISS, dirigiéndose al responsable del tratamiento que consta en el registro de actividades. El plazo general de respuesta es de un mes, ampliable a dos meses adicionales en caso de complejidad, conforme al artículo 12.3 RGPD. Si no se atiende la solicitud, el interesado puede reclamar ante el delegado de protección de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de la tutela judicial.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
La AEPD es la autoridad de control independiente en España encargada de supervisar la aplicación del RGPD y de la LOPDGDD. Es una autoridad administrativa independiente con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, y se rige por su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio. Tiene potestad para tramitar reclamaciones de los interesados, realizar investigaciones, adoptar medidas correctoras e imponer sanciones. Existen también autoridades autonómicas de protección de datos (por ejemplo, en Cataluña y el País Vasco) con competencia sobre los tratamientos de sus administraciones. Las Administraciones Públicas no pueden ser sancionadas con multa administrativa, sino con apercibimiento y las medidas correctoras que procedan (art. 77 LOPDGDD).
Régimen específico de la LOPDGDD para las Administraciones Públicas
La Ley Orgánica 3/2018 desarrolla el RGPD adaptándolo al ordenamiento español y regula, entre otros aspectos, el tratamiento por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos (art. 8), los derechos de las personas fallecidas, los tratamientos de categorías especiales, la designación del DPD, el régimen de la AEPD, los procedimientos y un régimen sancionador propio articulado en infracciones leves, graves y muy graves (arts. 72 a 74). Contiene una regulación específica de los derechos digitales (Título X): neutralidad de Internet, acceso universal, derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87), a la desconexión digital (art. 88), a la intimidad frente al uso de videovigilancia y grabación de sonidos (art. 89) y de sistemas de geolocalización (art. 90), y al testamento digital (art. 96).
Confidencialidad de los datos de Seguridad Social frente a terceros
La normativa de Seguridad Social establece un deber reforzado de confidencialidad sobre los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración en el ejercicio de sus funciones, que solo podrán utilizarse para los fines encomendados, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros salvo en los supuestos expresamente previstos por la ley. Este régimen es de especial relevancia dada la naturaleza económica y de salud de buena parte de los datos tratados, y su incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, administrativa e incluso penal.
Evaluación de impacto relativa a la protección de datos
Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales (art. 35 RGPD). Es obligatoria, entre otros casos, en la evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en un tratamiento automatizado, el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos y la observación sistemática a gran escala de zonas de acceso público. Si la evaluación muestra un alto riesgo que el responsable no puede mitigar, debe consultar previamente a la autoridad de control (art. 36).
Notificación de violaciones de seguridad de los datos
En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar setenta y dos horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas (art. 33 RGPD). Cuando sea probable que entrañe un alto riesgo, el responsable la comunicará también al interesado sin dilación indebida (art. 34). El encargado debe notificar al responsable, sin dilación, las violaciones de que tenga conocimiento. Todas las violaciones deben documentarse.
El régimen sancionador del RGPD y de la LOPDGDD
El RGPD prevé multas administrativas de hasta 10 millones de euros o, tratándose de una empresa, el 2 por ciento del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior, optándose por la de mayor cuantía, por el incumplimiento de determinadas obligaciones (art. 83.4), y de hasta 20 millones de euros o el 4 por ciento por las infracciones de los principios básicos, los derechos de los interesados y las transferencias internacionales (art. 83.5). La LOPDGDD clasifica las infracciones en muy graves (art. 72), graves (art. 73) y leves (art. 74) y fija su prescripción en tres, dos y un año, respectivamente. Las Administraciones Públicas no pueden ser sancionadas con multa, sin perjuicio de la eventual apertura de un procedimiento disciplinario contra el personal responsable (art. 77).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
RGPD: Reglamento (UE) 2016/679, aplicable desde el 25 de mayo de 2018. LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, que derogó la LO 15/1999.
Principios del art. 5 RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva.
Plazo de respuesta a los derechos: un mes, prorrogable por otros dos meses en casos complejos (art. 12.3 RGPD).
Notificación de una brecha de seguridad a la autoridad de control: sin dilación y, de ser posible, en 72 horas (art. 33).
Los derechos ARCO ampliados del RGPD: acceso (15), rectificación (16), supresión (17), limitación (18), portabilidad (20) y oposición (21); además, el derecho del art. 22 sobre decisiones automatizadas.
La portabilidad solo procede si el tratamiento se basa en el consentimiento o en un contrato y es automatizado; no se aplica a tratamientos de interés público.
Las autoridades y organismos públicos deben designar siempre un DPD (art. 37.1.a RGPD).
Las Administraciones Públicas no son sancionadas con multas administrativas: reciben apercibimiento y medidas correctoras (art. 77 LOPDGDD).
Multas máximas del RGPD: 10 millones o 2% (art. 83.4) y 20 millones o 4% (art. 83.5).
El consentimiento de los menores de edad exige, en España, tener al menos 14 años (art. 7 LOPDGDD).
El interés legítimo no es una base válida para las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
La AEPD se rige por el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, y se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
El plazo general para responder a una solicitud de ejercicio de derechos del interesado es, según el artículo 12.3 del RGPD, de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 22 de Administrativo Seguridad Social?
El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), configuran el marco jurídico vigente en materia de protección de datos personales, de aplicación directa a la Administración de la Seguridad Social en el tratamiento masivo de datos de afiliación, cotización y prestaciones que gestiona diariamente.
Es uno de los temas de mayor proyección práctica para el puesto de trabajo, dado el volumen y la sensibilidad de los datos personales tratados por el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, entre ellos datos de salud. Conviene dominar los principios del artículo 5 RGPD, las bases del artículo 6, los derechos de los artículos 15 a 22, los plazos de respuesta y el régimen especial de las Administraciones Públicas en la LOPDGDD.
¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?
RGPD: Reglamento (UE) 2016/679, aplicable desde el 25 de mayo de 2018. LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, que derogó la LO 15/1999. Principios del art. 5 RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva. Plazo de respuesta a los derechos: un mes, prorrogable por otros dos meses en casos complejos (art. 12.3 RGPD). Notificación de una brecha de seguridad a la autoridad de control: sin dilación y, de ser posible, en 72 horas (art. 33). Los derechos ARCO ampliados del RGPD: acceso (15), rectificación (16), supresión (17), limitación (18), portabilidad (20) y oposición (21); además, el derecho del art. 22 sobre decisiones automatizadas. La portabilidad solo procede si el tratamiento se basa en el consentimiento o en un contrato y es automatizado; no se aplica a tratamientos de interés público. Las autoridades y organismos públicos deben designar siempre un DPD (art. 37.1.a RGPD). Las Administraciones Públicas no son sancionadas con multas administrativas: reciben apercibimiento y medidas correctoras (art. 77 LOPDGDD). Multas máximas del RGPD: 10 millones o 2% (art. 83.4) y 20 millones o 4% (art. 83.5). El consentimiento de los menores de edad exige, en España, tener al menos 14 años (art. 7 LOPDGDD). El interés legítimo no es una base válida para las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. La AEPD se rige por el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, y se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, art. 18.4
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales
Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 8
Mientras tanto, practica con tests gratis de Administrativo Seguridad Social.