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Tema 18. Los recursos administrativos: concepto y clases. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. La jurisdicción contencioso-administrativa: objeto y plazos de interposición del recurso contencioso administrativo.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

Los recursos administrativos son los medios que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los interesados para impugnar los actos administrativos que consideren lesivos de sus derechos o intereses, obteniendo un nuevo pronunciamiento de la propia Administración antes, en su caso, de acudir a los tribunales. La Ley 39/2015 regula tres recursos: alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión, además de los procedimientos sustitutivos del artículo 112.2. Frente a la actuación administrativa se abre después el recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, regulado en la Ley 29/1998. En materia de Seguridad Social, conviene recordar que los recursos administrativos ordinarios se sustituyen por la reclamación previa a la vía judicial social frente a resoluciones de las entidades gestoras en materia de prestaciones, y que la impugnación judicial corresponde en ese caso al orden social, sin perjuicio de que otras cuestiones de gestión se revisen en el orden contencioso-administrativo.

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Concepto y clases de recursos administrativos

Los recursos administrativos son los medios que el ordenamiento pone a disposición de los interesados para impugnar ante la propia Administración los actos que consideren lesivos de sus derechos o intereses. Se regulan en el Título V de la Ley 39/2015: son recursos administrativos el de alzada, el potestativo de reposición y el extraordinario de revisión (art. 112.1 y arts. 121 a 126 LPAC). La Ley admite además que las leyes sustituyan el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación o arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la Ley reconoce (art. 112.2). La reclamación económico-administrativa y la reclamación previa a la vía judicial social son ejemplos de procedimientos especiales.

Objeto de los recursos: resoluciones y actos de trámite cualificados

Contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 (art. 112.1 LPAC). La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa; los recursos contra un acto que se funden únicamente en la nulidad de una disposición general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó la disposición.

Concepto y principio general de recurribilidad

Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 123.1 LPAC); los actos que no pongan fin a la vía administrativa serán recurribles en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó (art. 121.1). Contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión en los casos establecidos (art. 122.3).

Actos que ponen fin a la vía administrativa

Ponen fin a la vía administrativa (art. 114.1 LPAC): las resoluciones de los recursos de alzada; las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 112.2; las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario; las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca; y los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. En el ámbito estatal ponen además fin a la vía administrativa, entre otros, los actos y resoluciones de los ministros y los secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares (art. 114.2).

Requisitos comunes de los recursos administrativos

El escrito de interposición de un recurso administrativo contendrá: nombre y apellidos del recurrente y identificación personal; el acto que se recurre y la razón de su impugnación; lugar, fecha, firma y medio de notificación; órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige; y las demás particularidades exigidas por las disposiciones específicas (art. 115.1 LPAC). El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter (art. 115.2). La resolución de un recurso administrativo estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión (art. 119.1); no podrá agravarse la situación inicial del recurrente (principio de prohibición de la reformatio in peius, art. 119.3).

Suspensión de la ejecución del acto recurrido

La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado (art. 117.1 LPAC). El órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente por la eficacia inmediata del acto, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente la ejecución cuando concurra alguna de estas circunstancias: que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1 (art. 117.2). La ejecución se entiende suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión tuvo entrada en el registro electrónico del órgano competente no se ha dictado y notificado resolución expresa (art. 117.3), y al acordar la suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o acto impugnado (art. 117.4).

Recurso de alzada: ámbito y plazo

Podrán ser objeto de recurso de alzada las resoluciones y actos de trámite cualificados cuando no pongan fin a la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico del que los dictó (art. 121.1 LPAC). El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo; si se interpone ante el órgano que dictó el acto, este deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente (art. 121.2). El plazo de interposición es de un mes si el acto fuera expreso; transcurrido este plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo (art. 122.1).

Plazo de resolución del recurso de alzada

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de tres meses; transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo (silencio positivo cuando el recurso de alzada se interpuso contra la desestimación por silencio de una solicitud) (art. 122.2 LPAC). La desestimación presunta no exime a la Administración de la obligación de resolver y deja abierta la vía contencioso-administrativa.

Recurso potestativo de reposición: carácter potestativo

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 123.1 LPAC). No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto (art. 123.2). El plazo de interposición es de un mes si el acto fuera expreso, transcurrido el cual únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del extraordinario de revisión. Si no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponerlo en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 124.1). Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso (art. 124.3).

Plazo de resolución del recurso de reposición

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes (art. 124.2 LPAC). Transcurrido este plazo sin haberse notificado resolución expresa, el recurso se entiende desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. La resolución del recurso de reposición expresa debe motivarse, y si se estima, el acto queda modificado o revocado en los términos que correspondan.

Recurso extraordinario de revisión: motivos tasados

Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para resolverlo, cuando concurra alguna de estas circunstancias: a) que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; b) que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida; c) que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución; d) que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme (art. 125.1 LPAC).

Plazos y tramitación del recurso extraordinario de revisión

El recurso de revisión se interpondrá, cuando se trate de la primera causa (error de hecho), dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada; en los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme (art. 125.2 LPAC). El órgano podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado, cuando el recurso no se funde en alguna de las causas del artículo 125.1 o se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales (art. 126.1). Debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso sino, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta (art. 126.2). Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición sin haberse dictado y notificado resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa (art. 126.3).

Diferencias entre los tres recursos administrativos

Alzada: contra actos que no ponen fin a la vía administrativa; ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico; plazo de un mes (acto expreso) o cualquier momento (acto presunto); resolución en tres meses. Reposición: potestativo contra actos que ponen fin a la vía; ante el mismo órgano autor; plazo de un mes (acto expreso) o cualquier momento (acto presunto); resolución en un mes. Extraordinario de revisión: contra actos firmes en vía administrativa, por causas tasadas; ante el órgano que dictó el acto; plazo de cuatro años (error de hecho) o tres meses (resto de causas); resolución en tres meses. Solo la reposición es potestativa: la alzada es previa a la vía judicial cuando el acto no agota la vía.

La jurisdicción contencioso-administrativa: objeto (Ley 29/1998)

Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocen de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (art. 1 LJCA). Conocen asimismo de las cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive (art. 2.e), de los actos de personal, de los contratos administrativos, entre otras materias del artículo 2. No conocen de los recursos contra los actos de Gobierno en su vertiente política, cuyo control se limita a los elementos reglados y a la determinación de indemnizaciones (art. 2.a). El recurso contencioso-administrativo es revisor: se interpone contra actos o disposiciones (art. 25) y también cabe contra la inactividad de la Administración y la vía de hecho (arts. 29 y 30).

Actos impugnables y pretensiones

El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (art. 25.1 LJCA). También cabe contra la inactividad de la Administración y contra las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho (art. 25.2). Cuando la Administración esté obligada a una prestación concreta en virtud de una disposición, acto, contrato o convenio, los interesados pueden reclamar su cumplimiento y, si transcurren tres meses sin que se cumpla, deducir recurso contencioso-administrativo (art. 29.1). No son admisibles los recursos contra actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes ni los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en plazo (art. 28).

Legitimación activa en el recurso contencioso-administrativo

Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos; la Administración del Estado, cuando ostente derecho o interés legítimo; y el Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley (art. 19.1 LJCA). Se reconoce la acción popular en los casos expresamente previstos por las leyes. La Administración autora de un acto no puede recurrirlo directamente: debe declararlo previamente lesivo (art. 107 LPAC).

Plazos de interposición del recurso contencioso-administrativo

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto (art. 46.1 LJCA). Si el acto fue recurrido en reposición, el plazo será de dos meses desde la resolución expresa del recurso o de seis meses desde la desestimación presunta. La declaración de lesividad se impugna en el plazo de dos meses desde que se declaró (art. 46.4). Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro de los previstos en la Ley, salvo en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales (art. 128.2). El recurso se inicia por escrito de interposición, al que se acompañan los documentos acreditativos de la representación y del acto impugnado (art. 45).

Procedimiento ordinario y procedimiento abreviado

La LJCA distingue un procedimiento ordinario, con fase escrita de demanda y contestación seguida de un periodo probatorio y vista o conclusiones, y un procedimiento abreviado, más ágil, con vista oral, aplicable a los asuntos que sean competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo cuando se trate de cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas (salvo lo relativo al nacimiento o extinción de la relación de servicio de los funcionarios de carrera), extranjería, disciplina deportiva en materia de dopaje y, además, cuando la cuantía no exceda de 30.000 euros (art. 78.1 LJCA). Existe también un procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona (arts. 114 y siguientes).

Órganos competentes por razón de la materia y cuantía

Conocerán en primera o única instancia los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (art. 8), los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (art. 9), las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 10), de la Audiencia Nacional (art. 11) y del Tribunal Supremo (art. 12), según la materia, la cuantía y el órgano autor del acto impugnado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conoce, entre otros, de los recursos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros; la Audiencia Nacional, de los recursos contra disposiciones y actos de los ministros y secretarios de Estado. La competencia territorial se rige por el artículo 14.

Recursos contra las sentencias: apelación y casación

Las sentencias de los Juzgados son apelables ante la Sala correspondiente, salvo las dictadas en los asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros y otros supuestos legales (art. 81 LJCA). El recurso de casación se prepara ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días contados desde el siguiente a la notificación de la resolución (art. 89.1). Cabe contra las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, cuando el recurso presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (art. 88), sistema introducido por la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015. Se resuelve por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, previa admisión por la Sección de Admisión mediante auto motivado.

Medios adecuados de solución de controversias

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha introducido los medios adecuados de solución de controversias (MASC), con el carácter de requisito de procedibilidad en el orden civil, y ha modificado las leyes procesales de otros órdenes jurisdiccionales. Quien haya de acudir a la vía judicial debe comprobar en cada caso los requisitos previos vigentes antes de demandar; este extremo debe contrastarse con el texto consolidado.

Especialidad de la Seguridad Social: el orden jurisdiccional social

Las resoluciones de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en materia de prestaciones se impugnan ante el orden jurisdiccional social, previa reclamación administrativa previa cuando proceda, conforme a la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), y no ante el orden contencioso-administrativo. Los recursos administrativos ordinarios de alzada y reposición no son, por tanto, el cauce habitual en materia de prestaciones de Seguridad Social.

La reclamación previa a la vía judicial social

Antes de formular demanda ante el orden social contra resoluciones de las entidades gestoras de la Seguridad Social, es preciso, con carácter general y con las excepciones previstas en la LRJS (arts. 69 a 71), agotar la vía administrativa previa mediante la reclamación previa, que se presenta ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de treinta días desde su notificación o desde la producción de los efectos del silencio. La reclamación previa se resuelve y notifica en el plazo de cuarenta y cinco días; transcurrido ese plazo sin respuesta, se entiende denegada por silencio negativo y queda abierta la vía para acudir a los Juzgados de lo Social. La demanda se interpone dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la resolución de la reclamación o a la finalización de los cuarenta y cinco días.

Cuestiones de competencia entre órdenes jurisdiccionales

La determinación del orden jurisdiccional competente para conocer de una controversia relacionada con la Seguridad Social depende de la naturaleza de la relación jurídica controvertida. Las cuestiones sobre prestaciones de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, corresponden al orden social (art. 2.o LRJS). Determinados actos de gestión relativos a la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas, cotización y recaudación se atribuyen, en general y con excepciones legales, al orden contencioso-administrativo (art. 3.f LRJS). Estas reglas deben verificarse en cada supuesto según la normativa vigente.

Gratuidad de la justicia en el orden social

Los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social gozan en el orden jurisdiccional social del derecho a la asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar (art. 2.d de la Ley 1/1996). En las costas de la instancia solo se imponen al litigante vencido por temeridad o mala fe (art. 235 LRJS), regla que facilita el acceso a la tutela judicial efectiva de los beneficiarios del sistema.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Alzada: un mes si el acto es expreso; si es presunto, en cualquier momento. Se resuelve en tres meses. Reposición: un mes si el acto es expreso; si es presunto, en cualquier momento. Se resuelve en un mes. Trampa: no confundir con los tres meses de la Ley 30/1992, ya derogada.
  • Reposición: potestativa, solo contra actos que ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano. Si se interpone, no puede acudirse a la vía judicial hasta resolución expresa o desestimación presunta.
  • Extraordinario de revisión: contra actos firmes en vía administrativa, por causas tasadas. Plazo de cuatro años para el error de hecho; tres meses para las demás causas (documentos esenciales, falsedad declarada por sentencia, prevaricación u otra conducta punible). Lo resuelve el órgano que dictó el acto.
  • La interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto, salvo disposición en contrario (art. 117.1). Si transcurre un mes desde la solicitud de suspensión sin resolución expresa, la ejecución se entiende suspendida (art. 117.3).
  • Solo son recurribles de forma autónoma los actos de trámite cualificados: deciden directa o indirectamente el fondo, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable (art. 112.1).
  • Recurso contencioso-administrativo: dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto expreso que pone fin a la vía administrativa; seis meses para el acto presunto (art. 46.1 LJCA). En agosto no corre el plazo (art. 128.2 LJCA).
  • Procedimiento abreviado (art. 78 LJCA): personal (salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera), extranjería, dopaje y cuantía inferior o igual a 30.000 euros, ante Juzgados.
  • Casación: interés casacional objetivo (Ley Orgánica 7/2015); preparación ante la Sala de instancia en treinta días; resuelve la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
  • Seguridad Social: prestaciones se impugnan ante el orden social, previa reclamación previa (arts. 69 a 71 LRJS); no se usan los recursos de alzada y reposición. Actos de encuadramiento y recaudación suelen ir al orden contencioso-administrativo.
  • Principio de no agravación (reformatio in peius): la resolución del recurso no puede agravar la situación inicial del recurrente (art. 119.3 LPAC).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Si el acto es presunto (silencio administrativo), el recurso de alzada puede interponerse:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 18 de Administrativo Seguridad Social?

Los recursos administrativos son los medios que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los interesados para impugnar los actos administrativos que consideren lesivos de sus derechos o intereses, obteniendo un nuevo pronunciamiento de la propia Administración antes, en su caso, de acudir a los tribunales. La Ley 39/2015 regula tres recursos: alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión, además de los procedimientos sustitutivos del artículo 112.2. Frente a la actuación administrativa se abre después el recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, regulado en la Ley 29/1998. En materia de Seguridad Social, conviene recordar que los recursos administrativos ordinarios se sustituyen por la reclamación previa a la vía judicial social frente a resoluciones de las entidades gestoras en materia de prestaciones, y que la impugnación judicial corresponde en ese caso al orden social, sin perjuicio de que otras cuestiones de gestión se revisen en el orden contencioso-administrativo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?

Alzada: un mes si el acto es expreso; si es presunto, en cualquier momento. Se resuelve en tres meses. Reposición: un mes si el acto es expreso; si es presunto, en cualquier momento. Se resuelve en un mes. Trampa: no confundir con los tres meses de la Ley 30/1992, ya derogada. Reposición: potestativa, solo contra actos que ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano. Si se interpone, no puede acudirse a la vía judicial hasta resolución expresa o desestimación presunta. Extraordinario de revisión: contra actos firmes en vía administrativa, por causas tasadas. Plazo de cuatro años para el error de hecho; tres meses para las demás causas (documentos esenciales, falsedad declarada por sentencia, prevaricación u otra conducta punible). Lo resuelve el órgano que dictó el acto. La interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto, salvo disposición en contrario (art. 117.1). Si transcurre un mes desde la solicitud de suspensión sin resolución expresa, la ejecución se entiende suspendida (art. 117.3). Solo son recurribles de forma autónoma los actos de trámite cualificados: deciden directa o indirectamente el fondo, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable (art. 112.1). Recurso contencioso-administrativo: dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto expreso que pone fin a la vía administrativa; seis meses para el acto presunto (art. 46.1 LJCA). En agosto no corre el plazo (art. 128.2 LJCA). Procedimiento abreviado (art. 78 LJCA): personal (salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera), extranjería, dopaje y cuantía inferior o igual a 30.000 euros, ante Juzgados. Casación: interés casacional objetivo (Ley Orgánica 7/2015); preparación ante la Sala de instancia en treinta días; resuelve la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Seguridad Social: prestaciones se impugnan ante el orden social, previa reclamación previa (arts. 69 a 71 LRJS); no se usan los recursos de alzada y reposición. Actos de encuadramiento y recaudación suelen ir al orden contencioso-administrativo. Principio de no agravación (reformatio in peius): la resolución del recurso no puede agravar la situación inicial del recurrente (art. 119.3 LPAC).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 112 a 126 (BOE-A-2015-10565).
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 1, 2, 8 a 12, 19, 25 a 30, 45, 46, 78, 81, 88, 89 y 128 (BOE-A-1998-16718).
  • Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.
  • Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, arts. 2, 3, 69 a 71 y 235.
  • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, art. 2.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

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